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Pedimos que Corte Interamericana de Derechos Humanos revise Ley de Seguridad

Fecha: 14 mayo, 2018

©Amnistía Internacional

Mediante un recurso de “Amicus Curiae”, Amnistía Internacional (AI) pretende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie sobre la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso en México.

Carlos Zazueta, investigador de la organización, explicó que la opinión técnica fue enviada a la Corte sobre el caso “Alvarado Espinoza y otros contra México”, referente a la desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009.

Ese es el primer caso que llega a la Corte Interamericana sobre desapariciones forzadas ocurridas en la llamada guerra contra el narcotráfico, en el Gobierno de Felipe Calderón.

“Le decimos al tribunal: uno, por qué la estrategia militarizada de seguridad en México viola el derecho internacional; dos, por qué la Ley de Seguridad Interior es una continuación y una expansión de esa estrategia y viola también el derecho internacional, y tres, por qué esa Ley es un hecho nuevo en este caso”, explicó Zazueta.

Agregó que si la CIDH considera la ley como un hecho nuevo podría analizarla y e incluso llegar a pedir que se modifique o que se derogue.

“Como es un caso de desaparición forzada y es un delito permanente mientras no aparezca la persona, las representantes de las víctimas sometieron a la Corte la Ley de Seguridad Interior como un hecho nuevo”, detalló el investigador.

Zazueta recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana como un hecho de desaparición forzada, cometida por militares, lo que en la audiencia pública el Estado mexicano rechazó.

Para el investigador de Amnistía Intencional, la Ley de Seguridad Interior podría aumentar las violaciones graves de derechos humanos, pues aumenta las facultades de las fuerzas armadas, les permite actuar sin intervención de autoridades civiles y les permite actuar en secreto.

La Ley de Seguridad Interior podría aumentar las violaciones graves de derechos humanos, pues aumenta las facultades de las fuerzas armadas, les permite actuar sin intervención de autoridades civiles y les permite actuar en secreto
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