A tres años de que Ecuador votara mayoritariamente para proteger al Parque Nacional Yasuní de la extracción petrolera en uno de los referéndums ambientales más importantes de la historia de América Latina, las autoridades siguen sin cumplir plenamente con el resultado de la consulta y, al mismo tiempo, integrantes del colectivo YASunidos enfrentan sanciones económicas desproporcionadas por su participación en la campaña.

El plazo de un año establecido para el retiro progresivo y ordenado de las actividades petroleras venció en agosto de 2024. Sin embargo, la extracción continúa y el plan presentado por el gobierno a la Corte Constitucional contempla extender el proceso de cierre hasta 2034.

“Hace tres años, millones de personas hicieron historia al votar por la protección del Yasuní. Hoy, quienes dedicaron años de su vida para lograr la protección del parque enfrentan multas de 18.000 dólares. Esto es un claro hostigamiento contra la sociedad civil”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Defensores del Yasuní son perseguidos por defenderlo

Las sanciones impuestas a dos miembros del colectivo YASunidos son una muestra de las crecientes restricciones que enfrenta la sociedad civil ecuatoriana para realizar su trabajo de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y de la justicia climática, y evidencian el deterioro del espacio cívico bajo la administración del presidente Noboa.

YASunidos es un colectivo ciudadano que, durante más de una década, ha defendido el Parque Nacional Yasuní frente a la explotación petrolera y desempeñó un papel fundamental en el proceso que culminó con la consulta popular de agosto de 2023.

Ubicado en la Amazonía ecuatoriana, una de las áreas más biodiversas del mundo, el parque es un área protegida de 10,200 km2 que se encuentra amenazada por la extracción petrolera. Amnistía Internacional ha documentado cómo la Amazonía ecuatoriana se ha transformado en una zona de sacrificio para la industria petrolera.

En 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició un procedimiento contra integrantes de YASunidos por supuestas infracciones electorales relacionadas con irregularidades en el reporte de los donativos que recibieron para financiar la campaña en favor del Yasuní. De acuerdo con miembros del colectivo, estas irregularidades corresponden a una discrepancia de 39 centavos de dólar en sus reportes financieros. Un juez de primera instancia resolvió a favor de YASunidos, alegando que el colectivo no podía ser sancionado por ese incumplimiento ya que no es un partido político, sino una iniciativa ciudadana.

Sin embargo, tras una apelación del CNE, un tribunal de segunda instancia impuso a dos de sus integrantes multas que suman aproximadamente 18.000 dólares, las cuales fueron saldadas. El colectivo presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, alegando la vulneración de derechos constitucionales, que fue recibida el 7 mayo de 2026.

“Las autoridades ecuatorianas deben garantizar que los mecanismos de fiscalización no sean utilizados de una manera que intimide, silencie o desgaste a quienes defienden derechos humanos y ambientales”, señaló Ana Piquer.

Un espacio cívico bajo creciente presión

Las sanciones a YASunidos no ocurren de manera aislada. En los últimos años, Amnistía Internacional ha documentado las crecientes restricciones que afectan el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos en Ecuador, evidenciando el deterioro del espacio cívico bajo la administración del presidente Noboa.

En 2025, la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia Social y su reglamento generó preocupación por sus posibles impactos sobre la libertad de asociación. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil han denunciado el bloqueo o cierre de cuentas bancarias, incluyendo organizaciones dedicadas a la defensa ambiental y de los derechos humanos. A su vez, organizaciones sociales y personas defensoras han sido objeto de campañas de estigmatización por parte de autoridades del más alto nivel, incluyendo al presidente, quienes les ha llamado “antipatrias”.

A ello se suman obstáculos para acceder a información pública y mantener espacios efectivos de diálogo con las autoridades, así como preocupaciones sobre restricciones al derecho de reunión pacífica.

Durante una visita a Quito en mayo de este año, Amnistía Internacional se reunió con una veintena de organizaciones de la sociedad civil, quienes relataron que las sanciones contra YASunidos y el congelamiento de cuentas bancarias de otras organizaciones están teniendo un efecto amedrentador sobre la labor de defensa de los derechos humanos en el país.

Ante este contexto, Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de realizar acciones que impidan el pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación y que impidan la legítima defensa de los derechos humanos. Asimismo, en relación con el parque Yasuní, exhorta a que se cumpla con la decisión de la consulta popular de 2023, y a garantizar un entorno propicio para que organizaciones de la sociedad civil, incluyendo YAsunidos, puedan ejercer sus labores de defensa.

“Las y los ecuatorianos ya decidieron. Ahora corresponde al Estado respetar esa decisión y garantizar que quienes trabajan por hacerla realidad puedan hacerlo sin temor a represalias”, concluyó Ana Piquer.

Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a press@amnesty.org

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Amnistía Internacional se une al llamado de las Guerreras por la Amazonía (GxA), que cinco años después de ganar una sentencia histórica que exige a Ecuador eliminar los mecheros petroleros cercanos a centros poblados, así como reparaciones a las comunidades afectadas, siguen exigiendo su cumplimiento. 

«Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática. Sin embargo, se siguen enfrentando a la indolencia de las autoridades, a acciones que simulan el cumplimiento de la sentencia, así como con actos de estigmatización e incluso ataques en su contra”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática.” Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

La eliminación de los mecheros: avances parciales y simulaciones 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) de Ecuador, para 2023 en la Amazonía Ecuatoriana existían 486 mecheros, 424 operados por la empresa estatal Petroecuador, y 62 por empresas privadas. La sentencia ordenó su eliminación progresiva hasta 2030, comenzando por aquellos cercanos a centros poblados. Estos últimos debían ser eliminados en un plazo de 18 meses, que venció el 29 de marzo de 2023. Para cumplir con esta obligación, el MAE emitió en 2022 un reglamento que considera cercanos a centros poblados únicamente a los mecheros situados a menos de 100 metros de una concentración de al menos 20 viviendas contiguas.  

En su informe “Arde la Amazonía, Arde el Futuro”, Amnistía Internacional documentó en agosto del 2024 al menos 52 mecheros ubicados a menos de cinco kilómetros de centros poblados, distancia hasta donde pueden llegar contaminantes. Pese a ello, las autoridades consideraron cumplido el primer plazo tras eliminar únicamente dos mecheros situados dentro del criterio restrictivo de 100 metros. 

Petroecuador informó en julio de 2026 que había eliminado 183 mecheros y comprometido 600 millones de dólares para continuar con el proceso de eliminación. Para finales de 2025, solo nueve de los 62 mecheros operados por empresas privadas habían sido eliminados. 

Según el monitoreo satelital anual del Banco Mundial que rastrea el progreso mundial hacia la meta de cero quema rutinaria de gas en mecheros para 2030, aunque el volumen de gas quemado de Ecuador cayó en 9% de 2024 a 2025, este sigue estando 34% por arriba del volumen en 2021, año en que tenía que arrancar el programa de eliminación de mecheros. 

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Cinco años después, los mecheros siguen afectando a las comunidades 

Amnistía Internacional verificó en julio de 2026, a través de datos del Banco Mundial, documentos oficiales y entrevistas, que, al menos tres sitios de quema ubicados a menos de 5 km de las viviendas de las GxA (y en general de centros poblados), siguen activos. 

Dayra Shirap, de 16 años, es una de las GxA, integrante de la nacionalidad indígena shuar; vive a casi 2 km de la Estación Sur Oeste de Shushufindi. Según datos del Banco Mundial, el volumen de gas quemado en ese sitio aumentó 53% desde 2021. 

“Todos los días cuando voy al colegio puedo verlo [al mechero] y parece fuego forestal” relató Dayra. 

También, reportó que solamente una vez apagaron los mecheros de esa estación durante una visita de delegados de Ministerios que fueron a constatar el cumplimiento de la sentencia, pero luego lo volvieron a encender.  

Leonela Moncayo, de 15 años, Guerrera por la Amazonía, convivía con un mechero frente a su casa. Según su testimonio, este no fue eliminado: la tubería que transportaba el gas fue redireccionada hacia otra estación a casi 2 km de su casa. 

 “No lo eliminaron. Cambiaron la dirección de la tubería, la pasaron por la entrada de mi casa y llevaron el gas a la estación que estaba cerca”, explicó Leonela. 

Este gas fue redireccionado a la estación Lago Norte, la cual duplicó su quema de gas entre 2024 y 2025, alcanzando un máximo histórico de 7.32 millones de metros cúbicos anuales. Los dos mecheros del sitio están incluidos en el plan de eliminación progresiva, con desmantelamiento previsto hasta el 31 de diciembre de 2027. 

Jamileth Jurado, de 18 años, alterna su residencia entre las casas de su padre y de su madre. La vivienda de su padre se encuentra a unos 150 metros de una plataforma petrolera afectada recurrentemente por derrames. La de su madre está en Shushufindi, una ciudad rodeada de mecheros. 

A poco más de 4 km de su vivienda está la Estación Norte Shushufindi, que, según los datos del Banco Mundial, registra el mayor volumen de quema de gas del país: alrededor de 69,1 millones de metros cúbicos al año. 

Jamileth también vive a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Estación Shushufindi Central, donde dos mecheros permanecerán activos hasta finales de 2028 de acuerdo con un informe de Petroecuador.  

“Vivir cerca de los mecheros es una amenaza diaria y una preocupación. Desde que entré al Caso Mecheros, he aprendido que esto puede causarme cáncer”, afirmó Jamileth 

El plan oficial de Petroecuador prevé eliminar 13 mecheros en 2026, 60 en 2027, 60 en 2028, 50 en 2029 y 54 en 2030. Sin embargo, Pablo Fajardo, abogado de las accionantes e integrante de la UDAPT, advirtió que han identificado nuevos mecheros y que solo un nuevo estudio nacional permitiría determinar con claridad cuántos permanecen activos.  

Petroecuador ha señalado que el cumplimiento de la planificación depende de condiciones operativas y de posibles pérdidas de producción petrolera. Para Amnistía Internacional, subordinar la eliminación de los mecheros a la continuidad de la producción implica privilegiar intereses económicos de la industria petrolera por encima de los derechos humanos, manteniendo a la Amazonía ecuatoriana como una “zona de sacrificio”.  

Las reparaciones siguen pendientes 

La sentencia también estableció reparaciones relacionadas con los derechos a la salud, al agua y al medio ambiente limpio, saludable y sostenible de las comunidades afectadas, que cinco años después siguen sin cumplirse.  

Según la UDAPT, el Ministerio de Salud Pública no ha presentado el estudio médico-científico que debía entregar a seis meses de establecida la sentencia, sobre el grado de afectación en la salud de las comunidades. Al no determinar la gravedad de esta afectación, tampoco ha implementado una Unidad Clínica Oncológica.  

“Yo siento que voy a seguir luchando por los derechos de los amazónicos. Seguiré luchando por los pacientes de cáncer de la Amazonía, yo sé lo que es vivir este sufrimiento en carne propia. Algún día se va a acabar esto”.  – afirmó Jamileth Jurado, hija de una de las 749 pacientes con cáncer registrados por UDAPT en las cercanías de los mecheros. 

Las autoridades tampoco han evaluado idóneamente la calidad del agua ni garantizado acceso a agua apta para consumo humano. Las personas de la zona tienen que usar agua de lluvia o subterránea, en muchos casos contaminada, o deben comprar agua embotellada.  

“No tenemos agua potable, usamos agua lluvia. Aunque intentemos hervirla, no se eliminan todas las toxinas.” – afirmó Leonela Moncayo, Guerrera por la Amazonía.  

Finalmente, la sentencia ordenó un sistema efectivo de monitoreo y verificación ambiental para identificar vulneraciones a los derechos de la Naturaleza. Sin embargo, la respuesta de las autoridades se resume a oficios formales. 

“Todos responden con reglamentos, con informes, pero maquillando, no responden el acatamiento de la sentencia, sino cosas que les permita evadir el cumplimiento de la sentencia”, señaló Pablo Fajardo, de la UDAPT.    

La lucha continúa

Frente al incumplimiento reiterado, las Guerreras y la UDAPT han exigido justicia ante distintas instancias, como la Asamblea Nacional del Ecuador o la Corte Constitucional. En dicha Corte han presentado dos acciones legales, una desestimada y otra en evaluación. Si bien el Estado no ha cumplido integralmente con la sentencia, según UDAPT, estos cinco años de lucha y resistencia han logrado cambios como una mayor comprensión de los efectos de los mecheros sobre la población.  

En 2024, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica incorporó una disposición que prohíbe la combustión al aire libre del llamado gas “natural” mediante mecheros que pongan en riesgo a las comunidades y a los ecosistemas. 

A pesar de la estigmatización y ataques que han sufrido las Guerreras por la Amazonía y la UDAPT, así como la  falta de medidas de protección estatales, las niñas y jóvenes no han desistido de su lucha. En 2024, seis niñas representantes de los pueblos shuar, kichwa, siona, siekopai, waorani y cofán se incorporaron al colectivo de las Guerreras por la Amazonía. Las Guerreras han recabado solidaridad internacional en espacios como la COP30. 

En mayo de 2026, GxA, la UDAPT y Amnistía Internacional, entregaron al MAE 492.174 acciones de apoyo de personas de todo el mundo que piden el cumplimiento de la sentencia. Tras esa reunión, el Ministerio se comprometió a impulsar mesas técnicas interinstitucionales para avanzar en la eliminación de los mecheros y en las reparaciones.  

“Las Guerreras, la UDAPT y las comunidades que enfrentan los mecheros no son víctimas pasivas. Su resistencia activa está presionando al Estado ecuatoriano y se ha convertido en un referente regional e internacional de la lucha por la justicia ambiental y climática. El Estado ecuatoriano debe dejar a un lado la simulación y cumplir con su obligación de eliminar los mecheros y abandonar progresivamente los combustibles fósiles que convierten en zona de sacrificio la Amazonía ecuatoriana”. – afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

El Estado ecuatoriano debe dejar a un lado la simulación y cumplir con su obligación de eliminar los mecheros y abandonar progresivamente los combustibles fósiles que convierten en zona de sacrificio la Amazonía ecuatoriana.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional 

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En vísperas de la próxima sesión del Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada en Ginebra, Suiza, que, entre el 10 y el 12 de marzo, evaluará los avances y desafíos que Ecuador enfrenta para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional manifestó que estos crímenes siguen impunes, y podrían repetirse, mientras la política de seguridad militarizada del presidente Daniel Noboa se mantenga. 

“Estamos ante una oportunidad crucial para que la comunidad internacional conozca que, bajo la administración de Noboa, los militares han cometido desapariciones forzadas y que las familias de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación. Hoy más que nunca, debemos hacernos eco de sus exigencias,” dijo Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Estamos ante una oportunidad crucial para que la comunidad internacional conozca que, bajo la administración de Noboa, los militares han cometido desapariciones forzadas y que las familias de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación.” Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

La organización presentó información al Comité basada en su informe “Son militares, yo los vi: Desapariciones forzadas por las fuerzas armadas en Ecuador”, que documenta la desaparición de diez personas en cinco operativos de seguridad ocurridos en 2024 en el marco de la estrategia de seguridad militarizada impulsada por el presidente Noboa. 

Avances recientes 

El 22 de diciembre de 2025, un tribunal dictó una sentencia histórica condenando a once militares a 34 años y ocho meses de prisión tras la desaparición forzada de cuatro adolescentes afrodescendientes del barrio “Las Malvinas” en Guayaquil. Otros cinco recibieron penas reducidas de 30 meses de prisión tras colaborar con la investigación,mientras que un teniente coronel procesado como cómplice fue absuelto. La sentencia ordena, además, medidas de reparación como disculpas públicas y una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura. El fallo fue publicado oficialmente el 24 de febrero de 2026 e inmediatamente  fue apelado por dos de los sentenciados. 

Aún está pendiente una sentencia de la Corte Constitucional que podría fortalecer el marco de reparación integral para las víctimas y sus familias. 

“Este fallo representa un paso decisivo hacia la verdad, justicia, y la reparación para las víctimas y un alivio para sus familias. Sin embargo, la búsqueda e investigación penal de todas las denuncias de desaparición forzada sigue siendo una tarea urgente. Para avanzar en este camino, la colaboración plena de las Fuerzas Armadas es indispensable.” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

 La búsqueda e investigación penal de todas las denuncias de desaparición forzada sigue siendo una tarea urgente. Para avanzar en este camino, la colaboración plena de las Fuerzas Armadas es indispensable.”   Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Asimismo, gracias a la presión nacional e internacional, la Fiscalía General incorporó en enero de 2026 un nuevo fiscal a la Unidad especializada para investigar el uso ilegítimo de la fuerza, la cual está a cargo de las investigaciones de desapariciones forzadas. Hasta diciembre de 2025, esta unidad contaba con apenas siete fiscales para todo el país y solo uno en la región costera, donde se concentran la mayor cantidad de denuncias de desapariciones forzadas, incluyendo las más de 20 para las cuales el Comité ha emitido acciones urgentes. Si bien la incorporación de un nuevo fiscal es una noticia positiva, la medida resulta insuficiente para garantizar investigaciones prontas y exhaustivas. 

Preocupaciones persistentes y nuevos riesgos 

El 24 de diciembre de 2025, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras de personas desaparecidas, al considerar que enfrentan riesgo grave e irreparable en el contexto de la estrategia de seguridad militarizada. 

A pesar de estas medidas, los riesgos en contra de personas buscadoras en Ecuador persisten. De acuerdo con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH Guayaquil), el 22 de enero de 2026, miembros de las Fuerzas Armadas  habrían ingresado al domicilio de familiares de Óscar Arturo Adrihan Bravo y Jonathan Gabriel Adrihan Bravo, para amedrentarles e intimidarles. Óscar y Jonathan se encuentran entre los beneficiaros de las recientes medidas cautelares de la CIDH por su desaparición. 

El día después, el 23 de enero, se instaló una mesa interinstitucional en la provincia de Guayas para dar seguimiento a las medidas de la CIDH, con participación de varios ministerios y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, de acuerdo con el CDH Guayaquil, el Ministerio de Defensa no asistió, pese a que las denuncias involucran principalmente a personal militar. 

El 2 de marzo, las autoridades ecuatorianas anunciaron un operativo conjunto con el propósito de enfrentar al crimen organizado. De acuerdo con una comunicación de la Embajada de Estados Unidos, en dicho operativo participaron las Fuerzas Armadas de Ecuador, el Comando Sur de Estados Unidos, y EUROPOL. Este anuncio despierta serias preocupaciones debido a la evidencia documentada de violaciones graves de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, y la falta de transparencia que ha caracterizado la ejecución de los operativos de seguridad en el marco del denominado Plan Fénix.  

Llamados urgentes 

Ante los avances limitados y las numerosas medidas pendientes para garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de desapariciones forzadas en Ecuador, Amnistía Internacional insta a las autoridades ecuatorianas a: 

• Llevar a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas, orientadas a determinar el paradero de las personas desaparecidas, e identificar a quienes hayan sido responsables de su desaparición para ser llevados ante la justicia.  
• Asegurar la participación y protección de las familias de las víctimas. 
• Garantizar la colaboración plena y de buena fe de las Fuerzas Armadas en los procesos judiciales. 
• Garantizar la protección y el derecho a la búsqueda de las familiares de las víctimas de desapariciones. 
• Revertir el enfoque militarizado de la seguridad pública que ha facilitado graves violaciones de derechos humanos. 
• Firmar prontamente y ratificar sin formular reservas la Convención de Liubliana – La Haya sobre cooperación internacional en la investigación y enjuiciamiento de crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y otros crímenes internacionales 

Además, la organización insta a las autoridades de los países vinculados a operativos de cumplimiento de la ley en Ecuador a que toda asistencia brindada se lleve a cabo con pleno respeto a las obligaciones internacionales de derechos humanos y bajo mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 

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El informe, titulado “Son militares, yo los vi”, documenta la desaparición forzada de 10 personas ocurridas durante cinco operativos de seguridad en 2024 en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas; y que forman parte de una creciente ola de denuncias que se multiplican en el país en un contexto de militarización sin precedentes. 

“Las desapariciones forzadas se multiplican en Ecuador mientras el gobierno insiste en una estrategia militarizada que no solo no ha reducido los delitos, sino que ha aumentado las violaciones de derechos humanos. El presidente Noboa debe revertir urgentemente este enfoque y garantizar que las Fuerzas Armadas colaboren plenamente con las investigaciones”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Las desapariciones forzadas se multiplican en Ecuador mientras el gobierno insiste en una estrategia militarizada que no solo no ha reducido los delitos, sino que ha aumentado las violaciones de derechos humanos. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Desapariciones forzadas que se repiten 

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado compartida con Amnistía Internacional, se han recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas desde 2023, año en que el presidente Noboa comenzó su primera administración.  

Amnistía internacional analizó minuciosamente 5 carpetas de investigación, verificó evidencia audiovisual y entrevistó a los familiares de personas desaparecidas durante operativos de seguridad. Todas ellas, personas jóvenes, o incluso niños, de la costa ecuatoriana. 

Cirilo Minota (35 años) fue detenido en abril por militares en Esmeraldas. Su familia cuenta con videos de la aprehensión, pero desde entonces su paradero sigue siendo desconocido. 

Dave Loor (20) y Juan Daniel Santillán (27) fueron arrestados en Los Ríos, en agosto, cuando se encontraban en la vía pública. Varios testigos confirmaron que estaban bajo custodia militar; sin embargo, las autoridades castrenses alegan no saber su paradero. 

Jostin Álvarez (17) y Jairo Tapia (16), primos, habitantes de Babahoyo, fueron detenidos en septiembre. Jostin reapareció semanas después, relatando torturas y denunciando la posible ejecución de su primo. Tras denunciar, volvió a desaparecer. 

Dalton Ruiz (34) fue interceptado en octubre en un control militar en Babahoyo. Fotografías tomadas por transeúntes lo muestran rodeado de soldados armados, pero desde entonces no hay rastro de él. 

Cuatro niños de Guayaquil (Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, entre 11 y 15 años) fueron detenidos por la Fuerza Aérea en diciembre. Sus familias denunciaron la desaparición de inmediato, pero semanas después sus cuerpos fueron hallados sin vida. El caso desató una profunda indignación dentro y fuera de Ecuador, generando protestas y llamados de organizaciones nacionales e internacionales que exigieron verdad y justicia. 

Amnistía Internacional concluye que en todas estas denuncias se cumplen los tres elementos constitutivos de la desaparición forzada de personas bajo el derecho internacional: la privación de la libertad, la participación de agentes estatales y la negativa de las autoridades a reconocer la detención o informar el paradero de las víctimas. 

Las historias documentadas en este informe son solo una muestra de una realidad mucho más grave. Cada desaparición forzada no solo arranca a una persona de su familia y comunidad, sino que instala un vacío de dolor e incertidumbre que se prolonga indefinidamente. En palabras de la tía de Dave Loor: “Nadie jamás en la vida debería de pasar por esta situación. Es una situación demasiado fuerte. Es muy duro no saber dónde está tu familiar, no saber el motivo porque estos militares se ensañaron con ellos”. 

Nadie jamás en la vida debería de pasar por esta situación. Es una situación demasiado fuerte. Es muy duro no saber dónde está tu familiar, no saber el motivo porque estos militares se ensañaron con ellos. Tía de Dave Loor

Fuerzas Armadas obstruyen investigaciones 

El informe denuncia que la Fiscalía General ha enfrentado graves obstáculos para investigar. Las Fuerzas Armadas se han negado a entregar información, alegando “secreto” o “información reservada”. En paralelo, el informe da cuenta de omisiones graves de la propia Fiscalía: retrasos en diligencias clave, falta de preservación de pruebas y apertura de investigaciones bajo figuras jurídicas distintas a la desaparición forzada, lo que ha dilatado el acceso a la verdad y justicia de las víctimas. 

“Cada día que pasa sin que se esclarezcan estos crímenes es un suplicio para las familias que buscan a sus seres queridos. La verdad no puede seguir oculta detrás de excusas militares o de la indiferencia institucional. Las autoridades deben recordar que estamos hablando de niños y jóvenes cuyas vidas fueron truncadas, y de familias que merecen respuestas inmediatas y justicia real”. añadió Ana Piquer. 

Cada día que pasa sin que se esclarezcan estos crímenes es un suplicio para las familias que buscan a sus seres queridos. La verdad no puede seguir oculta detrás de excusas militares o de la indiferencia institucional. Las autoridades deben recordar que estamos hablando de niños y jóvenes cuyas vidas fueron truncadas, y de familias que merecen respuestas inmediatas y justicia real. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Crímenes que trascienden fronteras 

El impacto de esta política militarizada no ha pasado desapercibido a nivel internacional. En 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió 22 acciones urgentes relacionadas con Ecuador en casos ocurridos solo entre enero y diciembre. Por su parte, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil registró 33 desapariciones en el mismo año. 

Además, familiares de personas desaparecidas se han organizado en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ecuador, conformado en 2024 ante la creciente recurrencia de casos y la falta de respuestas estatales. Este colectivo realiza acciones de incidencia, acompañamiento y denuncia, exigiendo a las autoridades la búsqueda inmediata y efectiva de sus seres queridos. 

Militarización: una estrategia fallida 

La investigación expone cómo el gobierno de Daniel Noboa ha recurrido de manera sistemática a estados de excepción y a la declaración de un supuesto “conflicto armado interno” para justificar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo. 

Recomendaciones clave 

Amnistía Internacional urge a las autoridades ecuatorianas a: 

• Revertir la militarización de la seguridad pública y situar los derechos humanos en el centro de las políticas de seguridad. 
• Garantizar investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas. 
• Asegurar la cooperación plena de las Fuerzas Armadas con las autoridades judiciales. 
• Proteger a las familias de las víctimas y garantizar medidas de reparación integral. 
• Permitir que mecanismos internacionales de derechos humanos brinden asistencia técnica a la Fiscalía en la investigación de desapariciones forzadas. 

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