Amnistía Internacional documentó una gran variedad de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del ICE, de la Patrulla Fronteriza de la CBP y de otros organismos federales durante las operaciones de control de la inmigración efectuadas en Chicago, Mineápolis-Saint Paul, Nueva Orleans y sus alrededores, así como en el área metropolitana de Washington D. C.: discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación, uso ilegítimo de la fuerza —especialmente fuerza letal, que en algunos casos podría constituir ejecución extrajudicial—, represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, y detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada. Estas violaciones de los derechos humanos se dirigieron contra las comunidades migrantes y otras poblaciones racializadas que se consideraba que formaban parte de las comunidades migrantes, así como contra quienes las defendían. La recurrencia de estas violaciones en los cuatro lugares analizados en este informe pone de manifiesto que no se trataba de hechos aislados ni excepcionales, sino que eran característicos de la manera en que se llevaban a cabo las operaciones y reflejaban unos patrones nacionales más amplios.