En respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de Eslovenia de suspender la aplicación del artículo 8 de la Ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Seguridad Pública, Nataša Posel, directora de Amnistía Internacional Eslovenia, ha declarado:

“La medida provisional es una decisión judicial muy necesaria para proteger el derecho a la seguridad social de personas que ya están en una situación muy vulnerable e impedir que sean víctimas de estas medidas gubernamentales draconianas e irreflexivas. Algunas personas se han quedado sin asistencia social durante tres meses a causa de las nuevas facultades otorgadas a la Agencia Tributaria para confiscarles sus prestaciones basándose en que tienen al menos tres multas impagadas por delitos leves en los últimos dos años”.

“Desde enero de 2026, la Agencia Tributaria, en virtud de sus nuevas facultades, ha dictado 8.532 nuevas órdenes y ha confiscado más de medio millón de euros (599.849) a familias y personas receptoras de asistencia social. A principios de febrero de 2026, la Red Jurídica para la Protección de la Democracia, una coalición de ONG de la que forma parte Amnistía Internacional Eslovenia, presentó una apelación ante el Tribunal Constitucional esloveno y ante la Defensoría del Pueblo”.

“El mensaje claramente transmitido por la comunidad y los miembros de Amnistía en todo el mundo, que escribieron al gobierno esloveno para pedirle que detenga la confiscación de la asistencia social, contribuyó notablemente a nuestras propias advertencias concertadas de que estas medidas injustificadas son desproporcionadas y discriminatorias y violan el derecho a la seguridad social. Aguardamos con esperanza la decisión final del Tribunal Constitucional y confiamos en que corregirá los errores y garantizará que se respeta el derecho a la seguridad social de todas las personas”.

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La Ley sobre Medidas Urgentes para Garantizar la Seguridad Pública fue aprobada en noviembre de 2025 como respuesta automática a un incidente fatal ocurrido unas semanas antes en la ciudad de Novo Mesto y en el que estuvo implicado un miembro de la comunidad romaní.

Hasta el momento se han presentado ante el Tribunal Constitucional apelaciones contra dos artículos de la Ley. Amnistía había pedido insistentemente que no se aprobara la Ley y, una vez que ésta entró en vigor, que se reformara para garantizar que cumpla las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Eslovenia.

Eslovenia es parte en una serie de tratados de derechos humanos internacionales y regionales que la obligan a garantizar un nivel adecuado de seguridad social a todas las personas, sin discriminación, con el fin de asegurar que la población goza de un nivel de vida adecuado.

Si desean más información, pónganse en contacto con press@amnesty.org

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El 31 de julio, ante la vergonzosa inacción de la Unión Europea, que no tomó ninguna medida concreta para detener el genocidio israelí en Gaza, Eslovenia anunció que adoptaría medidas de ámbito nacional para prohibir la exportación y el tránsito de armas y equipo militar a Israel. Sin embargo, las autoridades eslovenas confirmaron posteriormente que se permitió que el buque de bandera liberiana ZIM New Zealand, que contenía “máquinas eléctricas” y productos “militares” —según los registros de embarque— saliera de Eslovenia hacia Israel el 7 de agosto porque se había anunciado antes de que el gobierno prohibiera las exportaciones de armas a Israel.

“Las informaciones de los medios de comunicación según las cuales un buque que transportaba cargamento militar salió de Eslovenia hacia Israel justo siete días después de que las autoridades eslovenas anunciaran la prohibición de la exportación y el tránsito de armas militares a Israel son muy alarmantes y suscitan enorme preocupación por el compromiso declarado de Eslovenia de ‘respetar el derecho internacional y proteger los derechos humanos’. Existe un riesgo real de que este cargamento contribuya a la comisión de genocidio y crímenes de guerra”, declaró Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

Al permitir a sabiendas la transferencia de armas a Israel, lo que incluye el tránsito de buques que llevan armas y explosivos, Eslovenia viola claramente su obligación de derecho internacional de garantizar el respeto de los Convenios de Ginebra. Estas acciones podrían facilitar la comisión de infracciones graves del derecho internacional.Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional

El derecho internacional prohíbe a todos los Estados la transferencia de armas a cualquier parte en un conflicto armado cuando exista un riesgo claro de que la transferencia pudiera contribuir a la comisión de violaciones del derecho internacional humanitario. Esta obligación se aplica con independencia de la fecha de las decisiones y resoluciones nacionales. Para cumplir su deber de prevenir la complicidad en posibles crímenes de derecho internacional, Eslovenia debe abstenerse de permitir que se usen sus puertos para la transferencia de armas a Israel.

La investigación de Amnistía Internacional muestra que el ejército israelí usa armas explosivas para llevar a cabo ataques selectivos contra civiles e infraestructura civil, así como ataques indiscriminados en Gaza. En concreto, la investigación de Amnistía ha identificado el uso de una bomba fabricada por IMI, empresa propiedad de Elbit, en un ataque ilícito israelí contra la vivienda de la familia Radwan el 19 de abril de 2024 que causó la muerte de nueve civiles, seis niños y niñas entre ellos. Israel también ha bloqueado la asistencia humanitaria a Gaza e infligido un castigo colectivo a la población palestina.

Por lo tanto, los Estados que continúan transfiriendo armas a Israel están incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del artículo 1 común de los Convenios de Ginebra y deben actuar para evitar con urgencia todas esas transferencias.  Las empresas que fabrican y exportan armas también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a lo largo de toda su cadena de valor. Esta responsabilidad es independiente de las obligaciones propias del Estado en materia de derechos humanos y existe más allá del cumplimiento de las leyes y normas nacionales.

“Mientras Israel siga cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza y manteniendo su ocupación ilegal del Territorio Palestino y su sistema de apartheid contra toda la población palestina cuyos derechos controla, entre otras violaciones graves del derecho internacional, todos los Estados deben suspender urgentemente las transferencias de armas, incluido su tránsito y transbordos, a Israel. Los Estados deben hacer cumplir estrictamente la suspensión mediante la investigación y, en su caso, el enjuiciamiento de quienes cometan infracciones”.

“Las empresas deben cumplir sus responsabilidades en materia de derechos humanos, lo que incluye asegurarse de que no contribuyen a que actores estatales y no estatales cometen violaciones. Cualquier empresa o entidad privada que siga proporcionando a Israel asistencia o equipos usados para cometer crímenes de derecho internacional, incluido el genocidio y crímenes de guerra, podría ser cómplice de estos crímenes”, concluyó Erika Guevara Rosas.

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El buque ZIM New Zealand partió el 7 de agosto del puerto esloveno de Koper y llegó al puerto israelí de Haifa el 14 de agosto. El buque transportaba cargamento militar a Israel a pesar de la decisión de Eslovenia de prohibir la exportación, la importación y el tránsito de equipo militar a y desde Israel. El buque es propiedad de ZIM Integrated Shipping Solutions, compañía naviera global con sede en Haifa.

Amnistía Internacional se dirigió a ZIM Integrated Shipping Solutions, A-E Electronics y Elbit Systems para recabar sus comentarios.

Elbit Systems rechazó las conclusiones de Amnistía Internacional y declaró que “no conoce, incluso a día de hoy, ninguna decisión formal del gobierno esloveno que limite la transferencia de productos militares a/desde Israel” y que no “conocía […] el paradero exacto de este cargamento específico en este momento”. Cuando se publica este comunicado, ZIM Integrated Shipping Solutions y A-E Electronics no habían respondido.

Según los registros de embarque más recientes, el buque ZIM New Zealand está atracado en Koper (Eslovenia).

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