Casi cuatro meses después del ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra la Escuela Shajareh Tayyebeh de enseñanza primaria en Minab, Irán, que mató a más de 150 personas, entre ellas 120 niños y niñas, Amanda Klasing, directora nacional para Relaciones Institucionales y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:

“Han transcurrido cuatro meses desde el ataque aéreo estadounidense contra la población civil más mortífero que se recuerda, pero no estamos más cerca de obtener de las autoridades de Estados Unidos respuestas sobre por qué sucedió y quién fue responsable. ¿Por qué tanto tiempo? La opinión pública y las familias de las víctimas deben ver transparencia y rendición de cuentas, y las familias deben obtener verdad, justicia y reparación”.

“El presidente Trump ha hecho declaraciones contradictorias, el Pentágono responde con evasivas al Congreso, y tanto los legisladores y legisladoras como la opinión pública sienten cada vez más frustración por la respuesta automática del secretario Hegseth y otras personas, que dicen que el incidente aún está siendo investigado.”

 “Esto es lo que sabemos: el ejército estadounidense fue responsable del homicidio de más de 150 personas en un ataque con misiles guiados de precisión Tomahawk contra una escuela llena de niños y niñas. Independientemente de que el Pentágono utilizara o no inteligencia artificial para señalar la escuela como blanco, está claro que no tomó todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños a civiles en su ataque.”

“De hecho, no cabe duda de que Estados Unidos debería haber sabido que el edificio era una escuela, no un objetivo militar. Tras el ataque, Amnistía Internacional, al igual que los medios de comunicación y otras organizaciones, verificó sin demora que el edificio era una escuela, y que llevaba años siéndolo. El Pentágono, con una capacidad y una tecnología mucho más avanzadas en la recopilación de información, debería sin duda haber reunido y verificado esa misma información, y eso debería haber llevado a la decisión de no atacar la escuela.” 

“Tampoco se nos ha proporcionado más información sobre el posible uso de inteligencia artificial en la elección de objetivos. El consejero delegado de Anthropic admitió en una entrevista con Bloomberg que no sabe si su software de inteligencia artificial se utilizó, ni cómo, para seleccionar objetivos en los ataques de Estados Unidos contra Irán, pero se apresuró a trasladar la responsabilidad a las fuerzas armadas, en especial a un ‘humano’ de quien no dio el nombre que tomaba las decisiones finales sobre los objetivos.”

“Por desgracia, el horror de Minab es sólo el incidente más reciente en el que el ejército estadounidense ha matado a civiles desde que el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth ocuparon su cargo y redujeron drásticamente los programas del Pentágono para mitigar los daños a civiles en las operaciones militares el año pasado.”

“Necesitamos respuestas ya. El ejército ya ha tenido cuatro meses para explicar lo sucedido. El Pentágono debe terminar urgentemente su investigación y hacer públicos sus resultados. La investigación debe tener en cuenta la recopilación y evaluación de la información por parte del ejército, así como las decisiones sobre la selección de objetivos, las precauciones tomadas y el de la inteligencia artificial por parte de las fuerzas armadas. Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes deben procesar a cualquier persona sospechosa de tener responsabilidad penal. Además, el Pentágono debe restaurar las iniciativas de mitigación y respuesta a los daños a la población civil y garantizar que se cumple el derecho internacional humanitario en las operaciones militares, incluidas aquellas en las que se use la inteligencia artificial, para prevenir futuras violaciones de derechos.” 

“Cualquier otra cosa constituiría un encubrimiento de una grave infracción del derecho internacional humanitario y una traición a las víctimas y supervivientes de este espantoso ataque.”

Información complementaria

La población civil de Irán sufrió graves daños en los implacables ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel entre el 28 de febrero y el 7 de abril de 2026. Esos ataques mataron al menos a 2.362 civiles, entre ellos 383 niños y niñas, hirieron a más de 32.314 civiles, según cifras oficiales, y causaron una enorme destrucción y daños a la infraestructura civil.

Desde el día mismo del ataque aéreo en Minab, provincia de Hormozgán, el 28 de febrero de 2026, la opinión pública y los legisladores y legisladoras estadounidenses han exigido una investigación.

El 10 de marzo, una portavoz de la Casa Blanca confirmó que las investigaciones sobre el ataque a la escuela estaban en curso y que el Departamento de Defensa publicaría un informe completo. La semana pasada, Trump declaró que el incidente seguía sometido a investigación y que el ataque no se había lanzado “a propósito”, y remitió las preguntas al secretario Hegseth.

En el contexto de la constante falta de respuesta del Pentágono, el Comité de Servicios Armados del Senado aprobó su versión de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, según la cual se limitan los gastos de viaje del secretario Hegseth hasta que éste haga pública la investigación sobre el ataque contra la escuela de Minab y haga públicas también dos investigaciones sobre dos casos diferentes de daños a civiles en Yemen, así como los vídeos completos, no editados, de los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Mientras tanto, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, ha declarado que, si en el ataque se utilizó el software de inteligencia artificial Claude, perteneciente a su empresa, no fue una violación de las “líneas rojas” establecidas para su uso porque “la decisión final la tomó un humano, no Claude”.

The post Cuatro meses después del atroz ataque aéreo contra la escuela de Minab, la rendición de cuentas se demora first appeared on amnistia.org.mx.

The post Cuatro meses después del atroz ataque aéreo contra la escuela de Minab, la rendición de cuentas se demora appeared first on amnistia.org.mx.

“Las fuerzas armadas de Estados Unidos han conseguido un siniestro y vergonzoso hito al anunciar que han llevado a cabo tres asesinatos más en el Caribe, con lo que la cifra total de víctimas mortales se eleva a 150. Estas muertes son las más recientes en lo que, en virtud de la legislación nacional y del derecho internacional, tristemente se puede entender como decenas de asesinatos cometidos en el mar con total impunidad”.

“Hace tiempo que el Congreso debería haber actuado para detener esas muertes violentas. Desde que el pasado mes de septiembre las fuerzas armadas estadounidenses iniciaron su campaña de ataques aéreos, algunos congresistas han promovido la adopción de medidas legislativas para detenerlos; sin embargo, en términos generales el Congreso ha abdicado de su deber de hacer rendir cuentas al gobierno por sus acciones. El Congreso debe trabajar conjuntamente para ejercer su labor de control. Los legisladores deben hacer cuanto esté en su mano para detener los ataques y exigir rendición de cuentas por las políticas y las medidas que han dado lugar a esta serie de asesinatos”.

“Con independencia del dudoso pretexto que ofrezca el análisis del Departamento de Justicia, estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales, que son una forma de asesinato. La interceptación de embarcaciones sospechosas de transportar drogas es una operación de cumplimiento de la ley, sujeta a las normas dimanantes del derecho internacional de los derechos humanos, que dispone que todas las personas tienen derecho a la vida y a un juicio justo, y sólo permite a los Estados utilizar fuerza letal cuando exista una amenaza inminente para la vida y no baste con utilizar medios menos extremos, como la captura”. 

“Un Estado que mate intencionadamente a alguien fuera de estas circunstancias está cometiendo un homicidio extrajudicial, independientemente del presunto crimen que la persona en cuestión pueda haber cometido. Estos ataques deben cesar, y los responsables, incluidos los funcionarios de alto rango, deben ser obligados a rendir cuentas”.

Información complementaria

Desde el 2 de septiembre de 2025, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo una serie de ataques aéreos en el Caribe y el Pacífico oriental, presuntamente, contra cárteles de la droga, a los que los funcionarios de la Casa Blanca llaman “narcoterroristas.” Hasta la fecha, el gobierno no ha mostrado prueba alguna que respalde sus afirmaciones sobre las personas a las que ha matado.

The post El Congreso debe detener la implacable campaña de asesinatos en el mar, que se ha cobrado 150 vidas first appeared on amnistia.org.mx.

The post El Congreso debe detener la implacable campaña de asesinatos en el mar, que se ha cobrado 150 vidas appeared first on amnistia.org.mx.

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano continúan, ha advertido hoy Amnistía Internacional.

“La operación militar estadounidense en Venezuela constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Es un acto de agresión que pone en peligro a la población civil y destruye las salvaguardias del derecho internacional. El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no sólo fue ilegal, sino que también podría tener efectos devastadores sobre los derechos humanos de la población venezolana, alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Como ha declarado el propio presidente Trump, el control de los recursos y el poder geopolítico en la región han sido en gran medida los motivos del ataque del 3 de enero. Desde entonces, ha reivindicado abiertamente su autoridad para dirigir la política en Venezuela, incluso cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene una retórica desafiante mientras coopera con Estados Unidos. En medio de la incertidumbre generada por la volátil situación interna y la persistencia del aparato represivo del Estado, la población venezolana se enfrenta a un riesgo adicional: la creciente injerencia de Estados Unidos que, lejos de ofrecer soluciones en materia de derechos humanos, amenaza con infligir un daño adicional, potencialmente irreparable, a sus derechos y su seguridad.

“La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Las víctimas siguen esperando; no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición. Al mismo tiempo, el espacio de la sociedad civil sigue reduciéndose, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones se enfrentan a una persecución y criminalización persistentes”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Seamos claros: Amnistía Internacional condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas contra el pueblo de Venezuela. La denuncia de la acción militar ilegal de Estados Unidos no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano”.

“Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas.”

Las amenazas abiertas del presidente Trump de intensificar la acción militar unilateral en otros lugares, junto con la retórica sobre “dirigir” Venezuela y controlar su petróleo, aceleran el desmantelamiento de las normas del derecho internacional destinadas a proteger a la población civil y prevenir los conflictos, lo que amenaza los derechos humanos en todo el mundo. Desde que atacó Venezuela, el presidente Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán y México. Mientras tanto, China sigue llevando a cabo acciones amenazadoras contra Taiwán y sus vecinos, y Rusia continúa su agresión contra Ucrania y ha sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN.

“No nos equivoquemos, se trata de esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de ‘la fuerza hace el derecho’ en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de derechos humanos y otros pilares del orden internacional. Otros Estados deben oponerse a estos esfuerzos imprudentes por desmantelar las normas mundiales diseñadas para mantener la paz, proteger a la población civil en los conflictos y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar.”

Por qué se trató de un uso ilícito de la fuerza y un acto de agresión

El derecho internacional no puede ser más claro: El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El artículo 2, párrafo 3, exige el arreglo pacífico de las controversias. La Declaración sobre Relaciones de Amistad (Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU) establece la prohibición de la intervención armada. Por otra parte, la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU define la agresión, señalando que el primer uso de la fuerza armada por parte de un Estado en violación de la Carta constituye prueba prima facie de un acto de agresión, incluidos el bombardeo o los ataques contra las fuerzas armadas de otro Estado. La operación del 3 de enero implicó precisamente esas modalidades.

El gobierno de Estados Unidos inició su escalada militar con ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales y llevó a cabo la captura ilegal de Nicolás Maduro con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, sólo para revelar sin ambigüedades su verdadera motivación: el control de los recursos naturales de Venezuela. Más allá de la justificación oficial, siempre cambiante, los hechos son inequívocos y constituyen graves violaciones del derecho internacional. Incluso si se aceptaran las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que se trata de combatir el narcotráfico, seguiría siendo ilícito ejercer la jurisdicción coercitiva en el territorio de otro Estado sin su consentimiento, lo que constituye una violación de la soberanía largamente reconocida en el derecho internacional. Las acusaciones de narcotráfico no constituyen un “ataque armado” que pueda desencadenar la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta.

El Comité Jurídico Interamericano ha afirmado igualmente que, para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las únicas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza son la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, límites cuyo objetivo es precisamente salvaguardar la paz y los derechos humanos en la región.

El ataque de Estados Unidos cumple claramente tres de los siete actos prohibidos que la Resolución 3314 define como actos de agresión: “La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado”; “el bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado”; y “el ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea”.

El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. La Observación general núm. 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja claro que los actos de agresión que provocan la privación de la vida violan el artículo 6 del PIDCP ipso facto, y que no resolver las controversias por medios pacíficos puede suponer un incumplimiento del deber de proteger la vida.

“Ninguna etiqueta puede convertir un bombardeo en ‘hacer cumplir la ley’. Son los hechos, y no la retórica política, los que determinan el derecho aplicable. Sin la autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela fue ilícito y constituyó un acto de agresión. El derecho a la vida no se suspende cuando un gobierno decide ignorar la Carta de las Naciones Unidas”, ha afirmado Agnès Callamard.

Dentro de Venezuela: una maquinaria de represión que no se detuvo el 3 de enero

Durante años, Amnistía Internacional y múltiples investigaciones internacionales han documentado la política sistemática de represión, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, dirigidos especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, personas opositoras políticas, personas manifestantes, periodistas y críticas —reales o percibidas— del gobierno.

En 2019, Amnistía Internacional estableció la existencia de un ataque generalizado y sistemático por parte de las autoridades venezolanas bajo el mandato de Nicolás Maduro contra la población civil, y concluyó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. Desde entonces, la organización ha publicado nuevas pruebas de persecución y desapariciones forzadas, así como otros crímenes de lesa humanidad, al tiempo que ha pedido y respaldado las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), así como las investigaciones penales en curso en virtud del principio de jurisdicción universal en Argentina.

“Los crímenes de lesa humanidad no terminan con la destitución de Maduro. Los crímenes continúan cometiéndose, las víctimas venezolanas, las personas sobrevivientes y sus familias conservan las cicatrices físicas y psicológicas, y la maquinaria estatal responsable de esos crímenes sigue firmemente en su lugar, ahora exacerbada por el involucramiento de las autoridades estadounidenses”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Aunque, días después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno venezolano anunció la liberación de un número significativo de personas detenidas por razones de motivación política, sólo una pequeña proporción ha sido realmente puesta en libertad. Las personas excarceladas siguen sometidas a procesos penales arbitrarios, lo que convierte la medida en un gesto cruel para las víctimas de detenciones por motivos políticos y sus familias. Existe un alto riesgo de que la agresión de Estados Unidos haga que las autoridades venezolanas impongan graves consecuencias a quienes consideren que critican al gobierno o apoyan las acciones de Estados Unidos. Es probable que se amplíe significativamente el espectro de quiénes se consideran personas críticas o partidarias, lo que expondría a muchas más personas a la política de represión del gobierno.

Durante el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia (el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de carácter civil, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, de carácter militar) y los grupos armados progubernamentales han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero, entre otras cosas mediante el establecimiento de puestos de control y obligando a las personas a desbloquear su teléfono para revisiones arbitrarias. Los reportes desde el terreno también confirman nuevas detenciones arbitrarias —entre ellas, la de 14 periodistas que cubrían una rueda de prensa oficial y que ya han sido puestos en libertad—, amenazas y represalias, lo que se hace eco de los patrones bien documentados del último decenio.

“Las autoridades de Venezuela deben poner en libertad inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, poner fin a las desapariciones forzadas y la tortura de inmediato, y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Medidas que no alcancen estos cambios perpetúan nuevos ciclos de violaciones, afianzan la impunidad y niegan a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, ha afirmado Agnès Callamard.

En 2020, la Fiscalía de la CPI declaró que creía que había “motivos razonables para concluir” que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017, y en noviembre de 2021 la Fiscalía abrió formalmente una investigación. Desde entonces, la Sala de Cuestiones Preliminares I y la Sala de Apelaciones de la CPI han autorizado la continuación de la investigación, pese a los intentos de Venezuela de detenerla, señalando que las autoridades nacionales no han demostrado que existan procedimientos genuinos contra las mismas categorías de responsables, a saber, altos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Ante estos consistentes hallazgos, incluida la cadena de mando documentada, el papel central de la presidencia en el aparato de seguridad e inteligencia de Venezuela, y la magnitud y el carácter sistemático de las violaciones, Nicolás Maduro es una de las personas con más probabilidades de entrar en el ámbito de investigación y enjuiciamiento de la CPI, si las pruebas alcanzan el umbral establecido en el Estatuto de Roma para la responsabilidad penal individual.

“Las víctimas venezolanas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes de lesa humanidad sufridos. Instamos a la Corte Penal Internacional a que agilice su trabajo, incluida la emisión de órdenes de detención cuando se cumpla el umbral probatorio. La justicia demorada es justicia negada, especialmente para la población venezolana que ha esperado años para ser escuchada. Sin embargo, las acciones del gobierno de Estados Unidos actualmente hacen que la perspectiva de cualquier posible proceso judicial contra Nicolás Maduro sea mucho más difícil y compleja”, ha afirmado Agnès Callamard.

Un peligroso precedente más allá de Venezuela

Desde que tomó esta medida, el presidente Trump ha afirmado que no se considera obligado por el derecho internacional y que el hemisferio occidental es una región que Estados Unidos tiene derecho a controlar, incluso mediante la fuerza armada, según considere oportuno, posición que se conoce cada vez más como “doctrina Don-roe”. No es la primera vez que Estados Unidos recurre al uso unilateral de la fuerza, pero sí puede ser la primera vez que intenta justificar sus acciones de una manera que contraviene flagrantemente los principios del derecho internacional. En cambio, el presidente Trump y sus principales asesores parecen decididos a declararse libres de las restricciones del marco jurídico internacional que su propio país contribuyó a diseñar después de la Segunda Guerra Mundial.

El ataque del 3 de enero culmina también meses de ataques letales de Estados Unidos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, conducta que Amnistía Internacional y numerosos expertos jurídicos han denunciado como constitutiva de ejecuciones extrajudiciales. Se ha producido al menos un ataque adicional desde el acto de agresión. La acumulación de recursos navales estadounidenses en el Caribe y la intención declarada de utilizar la fuerza contra los grupos criminales han difuminado aún más la línea entre la aplicación de la ley y la guerra, alimentando los temores de una escalada regional.

Qué debe suceder ahora: nuestras demandas de protección y justicia

Todos los Estados deben reafirmar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas y el consenso mundial sobre el carácter imperativo de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En los foros multilaterales y los compromisos bilaterales, los gobiernos deben rechazar la normalización del uso unilateral de la fuerza como herramienta política y centrarse en la protección de la población civil y los derechos humanos.

“El silencio de hoy será el permiso de mañana. Los Estados deben trazar una línea clara, aquí y ahora. El sufrimiento de las personas perjudicadas por el uso ilícito de la fuerza y el sufrimiento de quienes sufren la brutalidad de sus propias autoridades no son tragedias que compitan entre sí. El único camino que respeta su dignidad es el que se basa en el derecho: cumplir el derecho internacional, proteger a la población civil, investigar las violaciones y garantizar la justicia”, ha declarado Agnès Callamard.

Estados Unidos debe cesar cualquier uso o amenaza de fuerza contra Venezuela. Cuando existan pruebas creíbles que demuestren la muerte de civiles u homicidios ilícitos, debe investigar de forma rápida, independiente e imparcial, y proporcionar reparaciones. Estas medidas son esenciales no sólo en virtud del derecho internacional, sino también para restablecer la confianza mínima de que la población civil no es moneda de cambio en una estrategia geopolítica.

Las autoridades venezolanas deben poner fin a los crímenes de lesa humanidad: garantizar el derecho a la vida y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente; acabar con las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos; desmantelar los grupos armados progubernamentales, que también son responsables de graves violaciones de los derechos humanos; y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación, participación política y reunión pacífica. Las autoridades deben desmantelar la política de represión en su conjunto y establecer garantías de no repetición, comenzando por reforzar la independencia del poder judicial y otras instituciones del Estado. Los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas. Se deben cumplir los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Este contexto de emergencia renovado no puede servir de pretexto para afianzar la maquinaria de la represión.

The post Estados Unidos: El acto de agresión contra Venezuela debilita aún más el orden internacional basado en normas y deja a la población venezolana de nuevo a la espera de justicia first appeared on amnistia.org.mx.

The post <strong>Estados Unidos: El acto de agresión contra Venezuela debilita aún más el orden internacional basado en normas y deja a la población venezolana de nuevo a la espera de justicia</strong> appeared first on amnistia.org.mx.

Tras una nueva muerte por disparos de agentes federales en Minneapolis, Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:

“Los disparos mortales realizados hoy por agentes de la Patrulla de Fronteras estadounidense en las calles de Minneapolis son un devastador recordatorio, el más reciente, de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla de Fronteras y Aduanas no están convirtiendo nuestras comunidades en lugares más seguros. Al contrario, están actuando impunemente, utilizando fuerza letal a plena luz del día, aterrorizando a barrios enteros y arrancando a niños y niñas pequeños de los brazos de sus familias.”

“Este homicidio no es un incidente aislado. Forma parte de un patrón más amplio en el que se ha dado vía libre al ICE, con sus operaciones tipo paramilitar, para que lleve a cabo prácticas abusivas de detención y aplicación de la ley sin apenas supervisión ni rendición de cuentas. Desde operaciones mortales en las calles hasta torturas, desatención y otros abusos documentados en los centros de detención para inmigrantes, el ICE ha violado reiteradamente derechos humanos sin sufrir prácticamente ninguna consecuencia. De hecho, la Cámara votó el jueves a favor de incrementar su financiación en miles de millones de dólares.”

“¿Cuánta gente más tiene que morir para que los dirigentes estadounidenses actúen? En un momento en el que se están arrebatando vidas y en el que las comunidades están exigiendo respuestas, el Congreso debe dejar de mirar hacia otro lado. El Senado de Estados Unidos se enfrenta a una decisión urgente en los próximos días: seguir derramando miles de millones de dólares de los contribuyentes en una agencia sin ley que pone impunemente vidas en peligro, o emprender acciones significativas para refrenar al ICE y dejar de financiar sus abusos.”

“Amnistía Internacional pide al Congreso que rechace cualquier financiación adicional del ICE y que tome medidas inmediatas para hacer que este organismo rinda cuentas por las muertes y otras violaciones de derechos humanos que ha causado, y que ponga fin a las mortales prácticas de aplicación de la ley. No debe perderse ninguna vida más. No debe gastarse ni un céntimo más en permitir este horror.”

The post Tras un nuevo homicidio, el Congreso debe dejar de financiar los mortíferos abusos del ICE first appeared on amnistia.org.mx.

The post Tras un nuevo homicidio, el Congreso debe dejar de financiar los mortíferos abusos del ICE appeared first on amnistia.org.mx.

En el primer aniversario del regreso al cargo del presidente Trump, Amnistía Internacional hace sonar las alarmas sobre el número creciente de prácticas autoritarias en Estados Unidos y la devastadora erosión de los derechos humanos.

En un nuevo informe publicado hoy, Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights in the United States, Amnistía Internacional documenta cómo la escalada de prácticas autoritarias de la administración Trump, que incluye el cierre del espacio de la sociedad civil y el menoscabo del Estado de derecho, está erosionando los derechos humanos en Estados Unidos y también en otros lugares. 

“El mundo entero es testigo de la peligrosa deriva del presidente Trump que ya ha desembocado en una emergencia de derechos humanos”, manifestó Paul O’Brien, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Triturando normas y concentrando el poder, la administración intenta que sea imposible que se les pidan responsabilidades. No hay duda de que estas prácticas autoritarias de la administración Trump están erosionando los derechos humanos y aumentando el riesgo para periodistas y quienes alzan la voz o disienten como manifestantes, profesionales de la abogacía, estudiantes y quienes defienden los derechos humanos”. 

El informe incluye doce áreas interconectadas en las que la administración Trump está agrietando los pilares de una sociedad libre: ataques contra la libertad de prensa y el acceso a la información, la libertad de expresión y de reunión pacífica, organizaciones de la sociedad civil y universidades, la oposición política y la disidencia, la judicatura, la abogacía y el sistema jurídico, y las garantías procesales. También documenta ataques contra los derechos de las personas refugiadas y migrantes, el uso como chivo expiatorio de ciertas comunidades y el retroceso de las protecciones frente a la discriminación, el uso del ejército para fines internos, el desmantelamiento de la rendición de cuentas de las empresas y de las medidas anticorrupción, la ampliación de la vigilancia sin una supervisión significativa, y los esfuerzos para debilitar sistemas internacionales concebidos para proteger los derechos humanos.

Como se detalla en el informe, estas tácticas autoritarias se refuerzan mutuamente: se arresta y detiene a estudiantes por protestar en campus universitarios, agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) invaden y aterrorizan a comunidades enteras y se está empezando a normalizar la militarización de ciudades de todo Estados Unidos. Al mismo tiempo, la intimidación de la prensa hace que las violaciones de derechos humanos y los abusos sean más difíciles de denunciar; la gente teme hablar debido a las represalias contra las protestas; la ampliación de la vigilancia y de la militarización aumenta el coste de la disidencia, y los ataques contra los tribunales de justicia, la abogacía y los órganos de supervisión hacen más difícil la aplicación de la rendición de cuentas. Estas tácticas erosionan claramente derechos humanos como la libertad de expresión, la reunión pacífica, la libertad de prensa, el acceso a la información, la igualdad y la no discriminación, las garantías procesales, la libertad de cátedra; y los derechos a no sufrir detención arbitraria, a pedir asilo, a un juicio conforme a las normas internacionales e incluso el derecho a la vida.

Amnistía Internacional lleva tiempo documentando patrones similares en países de todo el mundo. Aunque los contextos difieren, los gobiernos consolidan el poder, controlan la información, desacreditan las críticas, castigan la disidencia, reducen el espacio de la sociedad civil y debilitan mecanismos concebidos para garantizar la rendición de cuentas.

“El ataque contra el espacio de la sociedad civil y el Estado de derecho, y la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos reflejan un patrón global que Amnistía lleva décadas observando y advirtiendo”, añadió O’Brien. “Es importante destacar que nuestra experiencia muestra que cuando las prácticas autoritarias están totalmente consolidadas, las instituciones concebidas para limitar los abusos de poder ya están gravemente comprometidas”.

En el informe, Amnistía Internacional expone un conjunto completo de recomendaciones —al poder ejecutivo de Estados Unidos, al Congreso, a los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley locales y estatales, a actores internacionales y otros gobiernos, a empresas como las compañías tecnológicas, y a la ciudadanía— con el objetivo de revertir esta aceptación de las prácticas autoritarias y prevenir la normalización del aumento de la represión y de las violaciones de derechos humanos. Pide medidas urgentes para proteger el espacio de la sociedad civil, restablecer las salvaguardias del Estado de derecho, reforzar la rendición de cuentas y garantizar que las violaciones de derechos humanos no son ignoradas ni aceptadas como inevitables.

“Podemos y debemos forjar un camino diferente”, concluyó O’Brien. “Las prácticas autoritarias sólo enraízan cuando se permite que se normalicen. No podemos dejar que eso ocurra en Estados Unidos. Si nos unimos, tenemos una oportunidad, y la responsabilidad, de estar a la altura de estos tiempos difíciles de nuestra historia y proteger los derechos humanos”.

The post Un año después del regreso al cargo del presidente Trump, las prácticas autoritarias erosionan los derechos humanos first appeared on amnistia.org.mx.

The post <strong>Un año después del regreso al cargo del presidente Trump, las prácticas autoritarias erosionan los derechos humanos</strong> appeared first on amnistia.org.mx.

Ante el anuncio de la administración Trump de que Estados Unidos se retira de 66 organizaciones, convenios y tratados internacionales, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Esto es una agresión vengativa y temeraria contra la legitimidad y la integridad de las Naciones Unidas y el orden internacional basado en normas que ha sido la base de la cooperación global en los últimos 80 años. Con este último ataque, que se suma a una serie de otras iniciativas nocivas, el presidente Trump redobla vergonzosamente sus esfuerzos para destruir el sistema multilateral que Estados Unidos ayudó a crear a partir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial para garantizar los derechos humanos universales y la protección de todas las personas”.

“Ha sido un anuncio falaz, puesto que Estados Unidos ya se había desvinculado de muchos de estos organismos y decidido retirar la financiación a agencias clave de la ONU. Y es otro inquietante ejemplo del cruel desprecio de la administración Trump hacia el derecho internacional y los compromisos globales en áreas cruciales como promover el desarrollo, abordar la crisis climática, poner fin a la violencia contra la infancia y alcanzar la igualdad de género. Por ejemplo, el Fondo de Población de la ONU, de la que la administración ahora ha anunciado que abandona después de haberle retirado la financiación, es vital en la lucha contra la violencia de género y la defensa de millones de mujeres y niñas de todo el mundo”.

“Más aún, al retirarse públicamente de organizaciones de las que ya se había desvinculado, la administración ha aprovechado la ocasión para difundir su racismo abierto hacia las personas negras. Cuando el secretario de Estado Marco Rubio citó los ‘mandatos de diversidad, equidad e inclusión’ como justificación para la retirada, el anuncio de la administración de que abandonaba el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes —organismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del que ya se había retirado Estados Unidos— no fue más que un acto deliberado de racismo y sabotaje institucional”.

Los Estados miembros de la ONU y las organizaciones internacionales afectadas deben actuar de inmediato para reforzar la arquitectura legal multilateral e internacional esencial para los derechos humanos. Erika Guevara Rosas

“Estas decisiones no son sólo crueles, racistas y discriminatorias, sino que, sin duda, también son devastadoramente miopes al menoscabar los intereses de las personas en Estados Unidos y en todo el mundo”.

“Retirarse de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en concreto, no tiene precedentes y Estados Unidos será el único país que lo haya hecho. Junto con su retirada del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y otros organismos relacionados con el clima, irá en detrimento activamente de la actuación en materia climática tanto en Estados Unidos como globalmente. Inhibirá los esfuerzos para proteger a la población estadounidense de los efectos de la crisis climática y podría provocar más desplazamientos relacionados con el clima procedentes de otros países. Aun así, otros Estados deberían aprovechar esta oportunidad para emprender ya la importante labor de eliminar gradualmente y de forma justa los combustibles fósiles y financiar una transición justa, y pedir a Estados Unidos que se reincorpore más adelante”.

“Retirarse de mecanismos y organismos de consolidación de la paz contradice directamente los llamamientos del gobierno estadounidense para que la ONU priorice ‘la paz y la seguridad’. Esto es especialmente alarmante en un momento en que el presidente Trump amenaza a varios países con acciones militares y el mismo día pidió un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares. Las consecuencias de estas retiradas podrían desencadenar la desestabilización global, que pondría en mayor peligro los derechos humanos en todas partes y perjudicaría desproporcionadamente a las comunidades más marginadas”.

“Los Estados miembros de la ONU y las organizaciones internacionales afectadas deben actuar de inmediato para reforzar la arquitectura legal multilateral e internacional esencial para los derechos humanos, lo que incluye defender enérgicamente estos sistemas y unas reformas significativas para preservar la rendición de cuentas, prevenir la erosión de las normas y proteger a las personas en todo el mundo”.

The post La retirada de organismos internacionales, un empeño vengativo para hacer añicos un sistema global de cooperación  first appeared on amnistia.org.mx.

The post La retirada de organismos internacionales, un empeño vengativo para hacer añicos un sistema global de cooperación  appeared first on amnistia.org.mx.

El informe, titulado Tortura y desapariciones forzadas en el estado del sol: violaciones de derechos humanos en “Alligator Alcatraz” y Krome de Florida, revela las violaciones de derechos humanos, en algunos casos constitutivas de tortura, que se cometen en Krome y en “Alligator Alcatraz” en un ambiente cada vez más hostil contra la inmigración en Florida bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, cuya administración ha intensificado la criminalización y las detenciones en masa de migrantes y personas que buscan seguridad. Las conclusiones del informe se extrajeron durante una visita de investigación realizada en septiembre de 2025. 

“Estas conclusiones confirman la existencia de un sistema deliberado construido para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas”, ha manifestado Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas. “El control de la inmigración no puede funcionar fuera del Estado de derecho ni estar exento de cumplir las normas de derechos humanos. Lo que estamos viendo en Florida debería alarmar a toda la región.” 

Estas conclusiones confirman la existencia de un sistema deliberado construido para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas”.

Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.

El “Alcatraz de los Caimanes”: Una catástrofe de derechos humanos gestionada por el estado de Florida 

La investigación concluyó que las personas detenidas arbitrariamente en el “Alligator Alcatraz” viven en condiciones inhumanas e insalubres, con retretes atascados que provocan la presencia de materia fecal en los lugares donde duerme la gente, acceso limitado a las duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas las 24 horas del día, comida y agua de mala calidad y falta de intimidad, que incluye la instalación de cámaras sobre los retretes.  

Las personas entrevistadas contaron que el acceso a atención médica es inadecuado, se concede de forma desigual o se niega por completo, lo que pone a la población allí recluida en grave riesgo de sufrir daños físicos y mentales. Algunas denunciaron que cuando estaban fuera de su celda permanecían en todo momento encadenadas. Otros tratos que soportan las personas detenidas constituyen tortura, como por ejemplo ser recluidas en la “caja”, una estructura descrita como una estructura similar a una caja de 60X60 cm en la que se encierra a personas como castigo —en ocasiones durante horas, expuestas a los elementos y sin apenas agua—, con las manos y los pies atados a unas sujeciones en el suelo.  

“Alligator Alcatraz” funciona sin ninguna supervisión federal, y por tanto sin los sistemas básicos de seguimiento utilizados en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ausencia de mecanismos de inscripción en registro o seguimiento para las personas allí recluidas facilita la detención en régimen de incomunicación y constituye desaparición forzada cuando a la familia de una persona recluida en el centro se le niega la información sobre el paradero de ésta, y cuando no se permite el contacto con un abogado.   

“Estas condiciones, despreciables y nauseabundas, en el Alligator Alcatraz reflejan un patrón de desatención deliberada concebido para deshumanizar y castigar a las personas allí recluidas”, ha declarado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos.  “Esto es inverosímil. ¿Dónde está la supervisión?” 

Estas condiciones, despreciables y nauseabundas, en Alligator Alcatraz reflejan un patrón de desatención deliberada concebido para deshumanizar y castigar a las personas allí recluidas”.

Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos. 

Krome: Hacinamiento, caos y peligro 

En el centro de detención de Krome, perteneciente al ICE pero gestionado por una empresa privada con ánimo de lucro, la investigación confirmó que, a pesar de la existencia de instalaciones médicas, las personas allí recluidas denunciaban una grave desatención en lo relativo a la salud, que incluía la negativa a proporcionar tratamientos y exámenes médicos. Las personas detenidas en Krome confirmaron los informes anteriores de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, había informes de hacinamiento, de reclusión prolongada y arbitraria en régimen de aislamiento, de falta de atención médica adecuada, de retretes atascados, de falta de acceso a las duchas, de iluminación constante y de averías del aire acondicionado.  

La gente relataba violencia y malos tratos por parte de los guardias. El equipo de Amnistía Internacional presenció cómo un guardia golpeaba violentamente la mano herida de un hombre con un trozo de metal de una puerta de una celda de aislamiento. Otras personas denunciaron haber recibido golpes y puñetazos de guardias. También hubo quienes informaron de que habían tenido dificultades para acceder a asistencia letrada, y no sabían durante cuánto tiempo permanecerían detenidas ni qué les sucedería a continuación. 

“El hacinamiento extremo en Krome, la desatención médica y las denuncias de trato humillante y degradante trazan una imagen de estremecedoras violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Amy Fischer.  

El hacinamiento extremo en Krome, la desatención médica y las denuncias de trato humillante y degradante trazan una imagen de estremecedoras violaciones de derechos humanos”. 

Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos.

“Todas las personas que están en un centro de detención están sufriendo”: Control de la inmigración y detención en Florida 

En febrero de 2025, Florida aprobó unas leyes de inmigración extremas y discriminatorias que ponen en grave peligro a las comunidades inmigrantes. La ampliación de los acuerdos 287.g que permiten a los agentes locales encargados de hacer cumplir la ley actuar como funcionarios de inmigración y detener a personas por cuestiones migratorias ha dado lugar a detenciones indebidas, establecimiento de perfiles raciales y un temor generalizado que impide a las familias acceder a escuelas, hospitales y otros servicios esenciales. 

Florida se ha convertido en un campo de pruebas para políticas abusivas de aplicación de las leyes de inmigración, estrechamente alineadas con la agenda racista y contraria a la inmigración del gobierno de Trump. Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, el estado ha intensificado la criminalización de la migración y ha utilizado amplios poderes de emergencia para incrementar rápidamente las detenciones en masa. Desde enero de 2025, Florida ha aumentado en más de un 50% el número de personas detenidas por motivos de inmigración. Únicamente entre junio y agosto de 2025, el estado firmó 34 contratos sin licitación por valor de más de 360 millones de dólares para el “Alcatraz de los Caimanes” —cuyos costos operativos anuales previstos son de 450 millones—, mientras recortó miles de millones de programas esenciales de salud, seguridad alimentaria, respuesta a emergencias y vivienda.  

“La decisión de priorizar el castigo, la deshumanización y la crueldad sobre el bienestar público es desoladora”, ha declarado Amy Fischer.  

La detención por motivos de inmigración en Estados Unidos cuenta con un largo historial de abusos. El presidente Trump ha incrementado su uso en casi un 70% desde antes del comienzo de su segundo mandato, al tiempo que las condiciones de reclusión han sufrido un acusado deterioro. De las al menos 24 personas muertas bajo custodia del ICE desde octubre de 2024, seis fallecieron en centros de Florida, cuatro de ellas en Krome.  

Recomendaciones 

Amnistía Internacional pide a los gobiernos tanto de Florida como de Estados Unidos que aborden las violaciones sistémicas de derechos humanos cometidas en los centros de detención de inmigrantes. La organización insta a las autoridades de Florida a cerrar “Alligator Alcatraz” y a prohibir el uso de todos los centros de detención para inmigrantes gestionados por el estado. Florida debe poner fin al uso indebido de los poderes de emergencia, abandonar toda práctica de concesión de contratos sin licitación y redirigir la financiación dedicada a la detención hacia programas esenciales de atención médica, vivienda y ayuda en caso de desastres. Las recomendaciones incluyen también: prohibir el encadenamiento, la reclusión en régimen de aislamiento y la reclusión punitiva al aire libre; garantizar el acceso confidencial a asistencia letrada y a servicios de interpretación; llevar a cabo investigaciones transparentes e independientes sobre tortura y desatención médica; y establecer una supervisión significativa e independiente para todos los centros de detención. 

En el ámbito federal, el gobierno estadounidense debe poner fin a su cruel maquinaria de detención por motivos de inmigración, abandonar la criminalización de la migración y prohibir el uso de centros de propiedad estatal para la custodia federal por motivos de inmigración.  El gobierno estadounidense debe garantizar investigaciones exhaustivas sobre todas las muertes, las denuncias de tortura bajo custodia y otros abusos, y cumplir las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, el gobierno federal debe llevar a cabo una revisión exhaustiva de los contratos del ICE con actores estatales y privados para garantizar el respeto de los derechos humanos y la restauración de las salvaguardias para “lugares delicados” como escuelas, hospitales e iglesias, e incrementar la financiación federal para apoyar la asistencia letrada universal y servicios de interpretación en los procedimientos de inmigración. 

“Las condiciones que hemos documentado en “Alligator Alcatraz” y Krome no son hechos aislados: representan un sistema deliberado de crueldad concebido para castigar a quienes tratan de construirse una nueva vida en Estados Unidos”, ha manifestado Amy Fischer.  “Debemos dejar de detener a quienes componen nuestra comunidad de inmigrantes y a las personas que buscan seguridad, y en su lugar trabajar para lograr unas políticas de migración humanas y que respeten los derechos.” 

The post Nuevas investigaciones revelan violaciones de derechos humanos en los centros de detención de “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida  first appeared on amnistia.org.mx.

The post Nuevas investigaciones revelan violaciones de derechos humanos en los centros de detención de “Alligator Alcatraz” y Krome, en Florida  appeared first on amnistia.org.mx.

En respuesta al ataque letal declarado por las autoridades estadounidenses contra una embarcación que presuntamente había partido de Venezuela (extremo que las autoridades venezolanas han negado, calificando las imágenes como generadas con inteligencia artificial), Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado: 

“Amnistía Internacional está profundamente alarmada por el ataque que el gobierno estadounidense afirma haber realizado contra una pequeña embarcación que presuntamente partió de Venezuela, un ataque que, según los informes, provocó la muerte de 11 personas. Las circunstancias en torno al incidente suscitan serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos”. 

“Si se confirma, el ataque constituiría una clara violación del derecho a la vida en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y sentaría un peligroso precedente. El uso de fuerza letal en este contexto no tiene absolutamente ninguna justificación.” 

“El uso intencionado de medios letales se rige por las normas que regulan la aplicación de la ley en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que los medios letales intencionales sólo se emplearon cuando era estrictamente inevitable para proteger la vida, que no era posible utilizar ningún medio menos perjudicial, como la captura o la incapacitación no letal, y que el uso de la fuerza fue proporcionado dadas las circunstancias.”  

“Pedimos que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre este ataque. El gobierno estadounidense debe comprometerse a respetar el derecho internacional en todas sus operaciones, incluidas las que implican el uso de fuerza militar en contextos de aplicación de la ley, como parece ser aquí el caso.”

The post El ataque estadounidense en el mar Caribe del que se ha informado constituiría una violación del derecho internacional humanitario first appeared on amnistia.org.mx.

The post El ataque estadounidense en el mar Caribe del que se ha informado constituiría una violación del derecho internacional humanitario appeared first on amnistia.org.mx.

Amnistía Internacional ha examinado documentación de los archivos públicos del Departamento de Seguridad Nacional, y documentos previamente desvelados sobre adquisiciones y evaluaciones de la privacidad, que demuestran que las herramientas de IA Babel X, proporcionada por Babel Street, e Immigration OS de Palantir, cuentan con capacidades automatizadas que permiten el monitoreo, la vigilancia y la evaluación constantes de personas, a menudo de personas que no tienen la ciudadanía estadounidense. La investigación ha sacado también a la luz la manera en que el gobierno estadounidense está utilizando estas herramientas para rastrear a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y cómo en última instancia estas herramientas entrañan un elevado riesgo de ser utilizadas como parte de la iniciativa “Atrapar y revocar” (“Catch and Revoke”).

“Resulta sumamente preocupante que el gobierno estadounidense esté desplegando tecnologías invasivas impulsadas por IA en el contexto de una agenda de deportación masiva y de represión de las expresiones propalestinas, lo que conduce a una multitud de violaciones de derechos humanos. Estas tecnologías permiten a las autoridades rastrear rápidamente y tomar como blanco a estudiantes internacionales y otros grupos de personas migrantes marginadas en una escala y con una amplitud sin precedentes. Esta situación ha dado lugar a un patrón de detenciones ilegales y deportaciones en masa, ha creado un clima de temor y ha agravado el ‘efecto disuasorio’ para las comunidades migrantes y los y las estudiantes internacionales en escuelas y universidades”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.

La represiva iniciativa de “Atrapar y revocar” del Departamento de Estado, impulsada por IA, combina el monitoreo de redes sociales, el rastreo de la situación de visados y la amenaza de evaluaciones automatizadas de personas extranjeras que se encuentran en el país con visado, entre ellas estudiantes internacionales. Las herramientas de IA proporcionadas por Babel Street y Palantir desempeñan un papel crucial en la capacidad de las autoridades estadounidenses de identificar a personas, sus conductas y sus movimientos, con más rapidez y a una escala mayor para determinar si sus visados deben ser revocados.

Babel X lleva a cabo un análisis de sentimientos asignando un sentimiento y una intención probable a las publicaciones de personas basándose en el comportamiento online de éstas, mientras que tanto Babel X como Immigration OS pueden realizar un reconocimiento de patrones y un análisis automático de datos utilizando algoritmos.

Babel X, por ejemplo, se utiliza al parecer para, por ejemplo, analizar mediante la IA plataformas de redes sociales con el fin de detectar contenido relacionado con el “terrorismo”. Esta información puede ser utilizada por las autoridades estadounidenses para tomar decisiones sobre la revocación de visados individuales. Si el Departamento de Estado determina la revocación de un visado, se envían agentes de las oficinas locales sobre el terreno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que detengan y deporten a esa persona. Las tecnologías probabilísticas que se utilizan para extraer conclusiones sobre la intención de determinadas personas tienen unos enormes márgenes de error, a menudo pueden ser discriminatorias y sesgadas y pueden dar lugar a calificar falsamente contenido propalestino como antisemita.

Las amenazas de esos sistemas para los derechos humanos se conocen bien desde hace tiempo. Durante el primer mandato de Trump, 55 grupos de derechos humanos (entre ellos Amnistía Internacional) y 54 personas expertas en tecnología escribieron a las autoridades para oponerse a la introducción de un sistema automatizado similar de “escrutinio extremo”, alegando que sería ineficaz y conduciría invariablemente a violaciones del derecho a no sufrir discriminación, el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos.

“La coercitiva iniciativa de ‘Atrapar y revocar’, facilitada por tecnologías de IA, amenaza con exacerbar las revocaciones arbitrarias e ilegales de visado, las deportaciones y las violaciones de una multitud de derechos humanos. Entre ellos se encuentran el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y al acceso a la información, a la libertad de circulación, a la igualdad y a la no discriminación, y el derecho a la libertad y la protesta”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional ha analizado documentos de adquisiciones, contratos y respuestas basadas en la Ley sobre Libertad de Acceso a la Información proporcionadas a peticiones previas de otras organizaciones, todo ello relacionado con proyectos de IA conocidos públicamente que actualmente utilizan el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, tanto ella como el ICE mantienen en estos momentos al menos 80 proyectos de IA.

Babel X por Babel Street

Según los documentos examinados, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lleva utilizando Babel X al menos desde 2019. La tecnología puede recopilar enormes cantidades de datos de un solo identificador, como el nombre de una persona, su dirección de correo electrónico o su número de teléfono. También puede acceder a publicaciones de redes sociales, direcciones IP, historiales laborales, e identidades únicas generadas para publicidad en aplicaciones móviles que pueden utilizarse para rastrear la ubicación de un dispositivo. Babel X permite un enorme monitoreo de diversos grupos, de personas tanto ciudadanas como no ciudadanas estadounidenses, y residentes permanentes, pero se le ha encargado específicamente el monitoreo de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, tal como desveló el análisis de umbral de la privacidad de la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para Babel X.

Babel X aparece actualmente citada en la página de proyectos activos de IA como “una herramienta adquirida comercialmente que ayuda a la CBP a recopilar información de redes sociales y de fuentes abiertas sobre viajeros que pueden ser objeto de un examen más a fondo por posible infracción de leyes que la CBP está autorizada a hacer cumplir o administrar”.

En febrero de 2025, el vicepresidente sénior de riesgos de Babel Street publicó un artículo en el que promovía el uso de información de fuentes abiertas habilitado por IA para contrarrestar y encontrar “contenido relacionado con el terrorismo” para interceptación y seguridad de fronteras, y para encontrar a personas y “grupos radicalizados” utilizando búsquedas de palabras clave en grandes bases de datos de documentos, artículos informativos y medios de comunicación online. Babel Street utiliza la “búsqueda persistente” para monitorear de forma continua cualquier información nueva que aparezca en la web respecto a una persona, o en otras bases de datos gubernamentales, incluso después de que se haya realizado una petición inicial de búsqueda. Mediante la automatización tanto del señalamiento como de la extracción de cantidades masivas de datos, de manera persistente, de las personas señaladas, Babel X amenaza con convertir a personas en sospechosas por defecto, y someterlas al riesgo de revocación de su visado, detención y deportación.

Immigration OS de Palantir

En abril de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas otorgó a Palantir un contrato de 30 millones de dólares para rastrear las “autodeportaciones” e identificar casos de deportación prioritarios, especialmente casos de personas que habían excedido la caducidad de su visado. Ese mismo mes, 404 Media informó de la filtración de un mensaje de Slack (interno) enviado por el director tecnológico de Palantir que decía: “durante las últimas semanas hemos establecido el prototipo de un nuevo conjunto de integraciones de datos y flujos de trabajo con el ICE”; añadía: “El enfoque de la nueva administración sobre el aprovechamiento de datos para impulsar operaciones de cumplimiento de la ley ha acelerado esos esfuerzos”.

El sistema, que recibe el nombre de Sistema Operativo del Ciclo Vital de Inmigración (Immigration Lifecycle Operating System, o Immigration OS), funciona como una actualización del sistema de Gestión Integrada de Casos (Integrated Case Management, o ICM) de Palantir, ya utilizado por el ICE desde 2014.

El ICM permite al personal del ICE “crear un expediente electrónico que organiza y enlaza todos los registros y documentos asociados a una investigación particular [relacionada con la inmigración], para que sea fácilmente accesible desde un único lugar. También permite al personal enlazar registros con investigaciones múltiples para extraer conexiones entre casos y permitir el acceso a una enorme diversidad de datos personales desde agencias y cuerpos encargados de hacer cumplir la ley estadounidenses.

La nueva versión de Immigration OS tiene las siguientes características:

• Simplificación del proceso de selección y aprehensión de personas basándose en las prioridades del ICE, y centrándose en organizaciones delictivas transnacionales, delincuentes violentos y personas que han excedido la caducidad de su visado.

• Monitoreo en tiempo real de la autodeportación y la integración con sistemas de priorización para servir de base a la elaboración de políticas y la asignación de recursos.

• Gestión de la migración de extremo a extremo, desde la identificación hasta la expulsión, centrándose en la eficiencia de la deportación.

Principalmente, Immigration OS automatiza un proceso ya de por sí muy deficiente y carente de rendición de cuentas que tiene un historial de desprecio del debido proceso y los derechos humanos, que lo enturbia y refuerza aún más.

Durante el primer mandato de Trump, en 2020, Amnistía Internacional escribió a Palantir en relación con sus procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos. Como respuesta, Palantir reconoció que había “[…] declinado deliberadamente establecer contratos con [las operaciones de cumplimiento de la ley y expulsión del ICE] y con la CBP bajo el [entonces] actual gobierno porque compartimos la preocupación de su organización por las posibles violaciones graves de derechos humanos contra personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México y los riesgos de aplicación desproporcionada de las leyes de inmigración en Estados Unidos”.

Un Estado que todo lo ve y el efecto disuasorio en los y las estudiantes internacionales que se manifiestan

El 8 de marzo de 2025, el gobierno estadounidense detuvo ilegalmente a Mahmoud Khalil, exestudiante licenciado por la Universidad de Columbia que actuó como portavoz de los manifestantes del campus, y que tiene un permiso de residencia permanente en Estados Unidos. El presidente Trump declaró que era “el primero de muchos”. Poco después, a nueve estudiantes extranjeros que habían participado en protestas o se habían pronunciado contra el genocidio de Israel en Gaza les revocaron los visados o los permisos de residencia. Mahmoud Khalil fue liberado el 20 de junio de la custodia del ICE.

En otro caso documentado, Rumeysa Ozturk, estudiante de doctorado turca de la Universidad de Tufts, fue interceptada cerca de su casa por seis agentes de inmigración vestidos de civil e introducida en un automóvil sin distintivos. Los agentes se negaron a identificarse hasta después de la detención de la estudiante. El único delito aparente de Rumeysa Ozturk era haber escrito conjuntamente un artículo de opinión en el que criticaba la falta de respuesta de su universidad a las demandas estudiantiles sobre Gaza. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional alegó más tarde, sin ofrecer ninguna prueba, que Rumeysa Ozturk “participaba en actividades en apoyo de Hamás”.

Aunque el gobierno estadounidense tiene la facultad discrecional de denegar y revocar visados a solicitantes, no puede hacerlo de maneras que violen los derechos protegidos por la Constitución estadounidense y el derecho internacional de los derechos humanos, incluidos el derecho a la libertad de expresión y el derecho al debido proceso.

Las tácticas represivas del actual gobierno y la revocación sumaria de la condición migratoria de personas demuestran un total desprecio por los derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Constituyen una violación evidente del derecho a la igualdad y a la no discriminación, en la que las personas titulares de visados y refugiadas son blanco explícito de los sistemas impulsados por IA.

El 10 de julio de 2025, Amnistía Internacional se puso en contacto con Palantir Technologies y Babel Street para que comentaran las averiguaciones de la organización. Babel Street no respondió. Palantir Technologies respondió el 24 de julio de 2025 declarando que su producto no se utilizaba para impulsar la iniciativa gubernamental de “Atrapar y revocar”, una iniciativa del Departamento de Estado, y aclaró que Palantir había sido contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional, que no se dirigía específicamente contra manifestantes estudiantiles y que sus productos no impulsan actuaciones que violen los derechos de inmigración. Palantir confirmó que la reciente ampliación de su Gestión Integrada de Casos (denominada “Immigration OS”) “[…] no incluye trabajo que sirva directamente a la misión de [operaciones de aplicación de la ley y expulsión]” y confirmó que eso incluía las siguientes capacidades: “a) Priorización y selección de las operaciones de aplicación de la ley, b) Rastreo de la autodeportación y c) Operaciones del ciclo vital de la inmigración”.

Aunque los contratos de Babel Street y Palantir están establecidos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, respectivamente, el departamento de Aplicación de las Operaciones de Expulsión (Enforcement Removal Operations, o ERO) del ICE gestiona todos los aspectos de la aplicación de los procesos de inmigración, incluidas “la identificación, la detención, la reclusión y la expulsión de extranjeros”. El ICE es el brazo operativo encargado de implementar las decisiones tomadas por todas las agencias estadounidenses, incluido el Departamento de Estado, sobre la gestión de la migración. En otras palabras, el ICE desempeña un papel fundamental a la hora de aplicar la política de “Atrapar y revocar” mediante el rastreo y las tácticas de detención agresivos, incluso aunque la política en su conjunto la implemente el Departamento de Estado. Estas respuestas no abordan de manera fundamental las preocupaciones planteadas por esta investigación; que las tecnologías de Palantir y Babel Street amenazan con contribuir a violaciones de derechos humanos de las personas migrantes a consecuencia de los contratos de ambas empresas con agencias federales de aplicación de las leyes de inmigración.

“Sistemas como Babel X e Immigration OS desempeñan un papel clave en la capacidad del gobierno estadounidense de llevar a cabo sus tácticas represivas, pues facilitan la toma rápida de decisiones automatizadas que han dado lugar a deportaciones masivas llevadas a cabo a una velocidad sin precedentes, que no permite un debido proceso adecuado y constituye un importante riesgo para los derechos humanos de todas las personas inmigrantes, incluidos los y las estudiantes que no tienen ciudadanía estadounidense”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Teniendo en cuenta la relación previa de Palantir y Babel Street con el gobierno estadounidense, y la intención pública del gobierno de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas, estas empresas podrían haber previsto razonablemente el riesgo de causar daño que se está viendo en todo el país y haber reconsiderado el establecimiento de estos contratos, para abordar estos riesgos de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.

Si Palantir y Babel Street hubieran ejercido adecuadamente la diligencia debida en materia de derechos humanos y hubieran cumplido sus responsabilidades de derechos humanos en 2025, estas empresas podrían, y deberían, haber declinado igualmente participar en estas iniciativas de deportación masiva. Al proporcionar esta tecnología sin salvaguardias adecuadas, empresas como Babel Street y Palantir amenazan con contribuir a las violaciones de derechos humanos que rodean estas iniciativas.

Amnistía Internacional reconoce la importancia de ejercer influencia cuando sea posible en cualquier relación comercial en la que estén implicados los derechos humanos. Es de la máxima importancia que las empresas no causen violaciones de derechos humanos ni contribuyan o se vinculen directamente a ellas.

“El uso de esta tecnología en este contexto amenaza con alimentar la capacidad del gobierno de Trump de tomar decisiones arbitrarias de deportar por capricho y en cantidades masivas a personas marginadas que apenas tienen acceso, si es que lo tienen, al debido proceso. No debemos olvidar que estos sistemas están ahora en manos de un gobierno que ya ha hecho desaparecer a personas rumbo a una cruel prisión en El Salvador basándose en la presunción de que podrían cometer delitos en el futuro”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

“Además, no se puede desestimar la precariedad de los visados, especialmente para los grupos marginados como algunos estudiantes internacionales. Palantir y Babel Street deberían llevar a cabo una investigación y publicar todas las conclusiones de los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos. A menos que Palantir y Babel Street puedan demostrar que pueden utilizar su influencia como suministradores para mejorar las graves consecuencias que para los derechos humanos tienen las políticas de sus clientes, estas empresas deberían cesar de inmediato su trabajo con el gobierno estadounidense en relación con las actuaciones de inmigración.”

Amnistía Internacional pide también al Congreso de Estados Unidos que tome medidas para fortalecer sus mecanismos normativos y de supervisión para garantizar que estas empresas tecnológicas no contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos.

Información complementaria

El 27 de marzo, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que desde enero había revocado los visados de al menos 300 estudiantes y visitantes.

Informes más recientes señalan que se ha revocado el visado de, como mínimo, 1.800 y hasta 4.000, estudiantes. Muchos de los estudiantes afectados afirman que nunca han participado en protestas ni han recibido notificación de la revocación, aunque algunos pueden haber tenido alguna interacción con agentes encargados de hacer cumplir la ley durante su estancia, en algunos casos por motivos tan nimios como multas de tráfico. Según una demanda presentada en favor de dos estudiantes en California, los y las estudiantes han sido objeto de las acciones del gobierno por ser de procedencia africana, árabe, asiática, de Oriente Medio o musulmana.

Amnistía Internacional ha documentado anteriormente el uso por parte del ICE del sistema de Gestión Integrada de Casos de Palantir para ejecutar políticas nocivas dirigidas contra personas migrantes y solicitantes de asilo, y ha destacado el elevado riesgo de que Palantir haya contribuido a abusos contra los derechos humanos mediante la forma en que la tecnología de la empresa ha facilitado históricamente las operaciones del ICE.

The post Estados Unidos/Global: La tecnología de Palantir y Babel Street amenaza con someter a vigilancia a manifestantes y migrantes en favor de Palestina first appeared on amnistia.org.mx.

The post <strong>Estados Unidos/Global: La tecnología de Palantir y Babel Street amenaza con someter a vigilancia a manifestantes y migrantes en favor de Palestina </strong> appeared first on amnistia.org.mx.

“Con la publicación del informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense, queda claro que el gobierno de Trump ha llevado a cabo una documentación muy selectiva de los abusos contra los derechos humanos cometidos en ciertos países.”

“Además de eliminar apartados enteros en determinados países —por ejemplo, la discriminación contra personas LGBTQ+—, también hay omisiones arbitrarias en los apartados existentes del informe dependiendo del país.”

“Hemos criticado informes anteriores cuando lo merecían, pero nunca habíamos visto un informe como este. Nunca habían llegado tan lejos los informes a la hora de priorizar la agenda política de un gobierno sobre un relato coherente y veraz de las violaciones de derechos humanos que se cometen en el mundo, suavizando las críticas en unos países e ignorando violaciones de derechos en otros. Respecto al informe, el Departamento de Estado ha dicho que menos es más. Sin embargo, para las víctimas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que dependen de estos informes para que los abusos y violaciones salgan a la luz, menos es simplemente menos.”

“El secretario Rubio sabe muy bien, por su época en el Senado, lo vitales que son estos informes para tomar decisiones políticas informadas y moldear las conversaciones diplomáticas, pero aun así ha tomado la decisión peligrosa y corta de miras de exponer una versión truncada que no cuenta la historia completa de las violaciones de derechos humanos. Esto transmite el estremecedor mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a pasar por alto algunos abusos, e indica que la gente que sufre violaciones de derechos humanos puede ser abandonada a su suerte.”

“El no informar adecuadamente sobre las violaciones de derechos humanos daña además la credibilidad de Estados Unidos respecto a las cuestiones de derechos humanos. Resulta vergonzoso que el gobierno de Trump y el secretario Rubio estén situando la política por encima de las vidas humanas.” 

The post El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense sitúa la política por encima de los derechos humanos first appeared on amnistia.org.mx.

The post <strong>El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense sitúa la política por encima de los derechos humanos </strong> appeared first on amnistia.org.mx.

Ante el despliegue por la administración Trump de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos, Paul O’Brien, ha declarado:

“El despliegue por el presidente Trump de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles como respuesta a las protestas contra las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es enormemente alarmante. Esto muestra que la administración Trump está dispuesta a hacer lo que haga falta —incluso desplegar fuerzas militares— para castigar a quienes hablen en defensa de los derechos humanos”.

“No se trata de proteger a comunidades, se trata de aplastar la disidencia e infundir miedo. Las tropas armadas no pertenecen a nuestros barrios. Esta militarización del control de la inmigración y en respuesta a personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión no debe tener cabida en un país que dice valorar la justicia y los derechos humanos”.

“Los miembros de las comunidades de Los Ángeles tomaron la calle para defender a sus amistades, vecinos y vecinas cuando agentes del ICE enmascarados y armados irrumpieron en sus comunidades y arrestaron al presidente de la organización sindical SEIU en California sin mostrar siquiera una orden judicial”.

“Llamar a la Guardia Nacional sin que lo hubieran pedido las autoridades locales exacerba las violaciones de derechos humanos generalizadas que ya se están cometiendo con la administración Trump y que incluyen arrestos ilícitos, detenciones multitudinarias y deportaciones masivas, expulsiones a prisiones peligrosas en otros países, la represión de la libertad de expresión, separaciones familiares y la negación del debido proceso”.

“Todo el mundo conoce los peligros de usar personal militar y las fuerzas del orden federales para vigilar las protestas. La dispersión de manifestantes del parque Lafayette en junio de 2020 es un escalofriante recordatorio de las consecuencias de desplegar contra civiles tropas y agentes federales sin formación en la vigilancia de protestas. El personal militar no tiene formación en control de multitudes ni en reducción de tensiones, y no debería emplearse para estos fines”.

“Las redadas del ICE en sí mismas tienen sus raíces en la discriminación, la perfilación racial y la violación sistemática de derechos. Las personas tienen derecho a protestar contra estas injusticias. Aplastar ese derecho con la fuerza militar es contrario a los derechos humanos”.

“El gobierno estadounidense debe hacerlo mejor. Pedimos urgentemente a las autoridades que reduzcan la tensión, pongan fin al despliegue de la Guardia Nacional y respeten el derecho a la protesta pacífica. También pedimos a la administración Trump que acabe con estas deportaciones masivas que están desgarrando las comunidades. La solución real está en crear un sistema de inmigración que sea justo, humano y respetuoso con los derechos, que defienda la dignidad de todas las personas, que garantice la seguridad y que fortalezca a las comunidades”.

The post El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a las redadas del ICE es peligroso first appeared on amnistia.org.mx.

The post El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles en respuesta a las redadas del ICE es peligroso appeared first on amnistia.org.mx.

Amnistía Internacional ha publicado hoy un documento en el que expone graves violaciones de derechos humanos contra las personas inmigrantes detenidas en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso (EPSPC), en el contexto de la represión general de inmigrantes por parte del gobierno de Trump.

El documento, basado en una visita de investigación a El Paso en abril de 2025, que incluyó una visita guiada al EPSPC, documenta alarmantes patrones de abusos y violaciones sistémicas de derechos. Dehumanized by Design: Human Rights Violations in El Pasorevela malos tratos generalizados en el EPSPC y pone de relieve casos en los que se ha reforzado el control de la inmigración, en ocasiones de manera ilegal, y el uso alarmante de la Ley de Enemigos Extranjeros para clasificar como personas de alto riesgo y afiliadas a bandas a personas venezolanas que buscan seguridad, detenerlas y expulsarlas del país.

“El gobierno de Trump actúa descaradamente de forma selectiva contra nuestros familiares, amigos, amigas, vecinos y vecinas inmigrantes, y ha vuelto insoportable su vida”, ha manifestado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Se están practicando detenciones de inmigrantes en todo el país, incluidas personas solicitantes de asilo y otras que llevan años viviendo en Estados Unidos, a quienes se está negando acceso a representación letrada y al debido proceso, sometiendo a condiciones de reclusión abusivas y, en algunos casos, a desaparición forzada y traslado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Estas prácticas no sólo son inhumanas, sino también ilícitas”.

El equipo investigador de Amnistía Internacional se reunió con 27 personas detenidas y con organizaciones locales y proveedores de asistencia jurídica, ayuda humanitaria y servicios sociales. La organización observó un desprecio general por las normas de derechos humanos en una amplia variedad de medidas.

Detención arbitraria

Amnistía Internacional documentó numerosos casos de detención arbitraria, incluso de personas que llevaban mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y que habían presentado solicitud de asilo. Entre ellas había quienes huían de la violencia política, la tortura y la violencia de las bandas. Muchas denunciaron no tener acceso a representación letrada, estar en detención prolongada sin motivo, sufrir condiciones de reclusión crueles e inhumanas y ser objeto de traslados entre centros que afectan a su capacidad de comunicarse con sus seres queridos y con proveedores de servicios jurídicos.

Un hombre de la República Dominicana contó: “He estado en cuatro centros de detención en dos meses. Cada vez que me trasladan tengo que volver a pasar por los trámites, y mi fecha de comparecencia ante el tribunal, el juez y el estado de mi caso cambian”.

Otros describieron su separación familiar, en la que esposa e hijos se habían quedado sin apoyo ni comunicación con sus seres queridos, sufriendo angustia mental.

Un hombre de México dijo: “La mayoría tenemos los mismos problemas […] nuestros hijos y esposas han quedado abandonados. Estamos aquí porque el sistema no funciona”.

Violación del derecho al debido proceso y falta de recursos jurídicos

La reciente suspensión del Programa de Orientación Jurídica del Departamento de Justicia ha reducido gravemente la capacidad de las personas detenidas para conocer sus derechos y moverse por el sistema de inmigración. En El Paso, organizaciones consolidadas como Estrella del Paso, que en otro tiempo prestaba servicios esenciales a las personas migrantes a través de sesiones formativas en los centros de detención sobre la ley de inmigración y el sistema de justicia, y de apoyo a menores no acompañados ante los tribunales, se han quedado sin financiación, lo que deja a las personas inmigrantes atrapadas en el sistema, sin acceso a representación letrada ni al debido proceso.

La mayoría de las personas detenidas entrevistadas carecían de representación jurídica y varias dijeron que sentían frustración ante la falta de acceso a recursos legales, que incluía ser sistemáticamente privadas de acceso a la biblioteca jurídica. Otras dijeron que no tenían acceso a información de ninguna clase sobre su caso.

Un proveedor local de servicios dijo: “Lo más importante ahora mismo es que estamos luchando porque pasan muchas cosas y no tenemos ninguna información […] Están condicionando a la gente para que se marche por su voluntad”.

Actuación selectiva contra las personas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros

Utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, el gobierno de Trump ha actuado desproporcionadamente contra personas venezolanas calificándolas de afiliadas a bandas sin pruebas, deteniéndolas arbitrariamente y expulsándolas sin el debido proceso, en algunos casos a El Salvador, donde se enfrentan a condiciones de reclusión inhumanas y riesgo de tortura.

En el EPSPC hubo quienes denunciaron que las personas venezolanas sufren de manera desproporcionada malos tratos a manos de los guardias, régimen de aislamiento y la calificación de “enemigo extranjero” basada únicamente en la nacionalidad y la presencia de tatuajes, y todo ello sin el debido proceso. Desde el anonimato, varias personas detenidas contaron con detalle cómo los guardias las amenazaban con enviarlas a Guantánamo o El Salvador como táctica de terror o intimidación, o como medida disciplinaria.

Una persona de Venezuela detenida en el EPSPC contó a Amnistía Internacional: “Un hombre fue empujado al suelo y golpeado por los guardias por [saltarse] a alguien en la cola de la comida, y luego fue enviado a El Salvador. Otro venezolano fue a hablar con los funcionarios y volvió con la cara llena de golpes. Los guardias no sólo se acercan a la gente y tienen un comportamiento abusivo sino que además, si enojas a un guardia o algo parecido, te amenazan con enviarte a Guantánamo o El Salvador”.

Condiciones de detención inhumanas

Amnistía Internacional concluyó que las condiciones en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso (EPSPC) violan las normas de reclusión tanto estadounidenses como internacionales. Personas detenidas en el EPSPC denunciaron malos tratos de los guardias, uso del régimen de aislamiento, espacios insalubres y superpoblados (incluidos aseos disfuncionales), asistencia médica insuficiente y comida caducada y de mala calidad.

Muchas de las personas detenidas con las que habló Amnistía Internacional describieron experiencias muy parecidas. Una persona contó: “No tenemos acceso a la asistencia médica necesaria. Nos dan comida caducada y todos enfermamos. Nos dijeron que bebiéramos agua. El agua está caliente y no es potable. Huele mal. No nos dan ningún medicamento”.

Dejen de financiar este ataque cruel a las personas inmigrantes 

La visita de Amnistía Internacional dibuja un cuadro muy preocupante, repleto de violaciones de derechos humanos.

“Este gobierno está deteniendo a personas y llevando a cabo deportaciones masivas sin respetar los derechos humanos, la dignidad ni la rendición de cuentas”, ha dicho Fischer. “Esto no es una política funcional de inmigración, sino un ataque declarado a la comunidad inmigrante en el que la crueldad se utiliza como arma para conseguir que la gente renuncie a sus derechos y se autodeporte”.

Mientras, el gobierno de Trump solicita más de 200.000 millones de dólares estadounidenses para ampliar su capacidad de control de la inmigración, incluidos 45.000 destinados a triplicar la capacidad actual de detención hasta 150.000 personas al día.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a la detención masiva de inmigrantes, garantice la evaluación personalizada de cualquier detención con presunción de libertad, garantice el derecho a asistencia letrada y respete en todo momento las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, debe poner fin a su actuación selectiva contra las personas venezolanas en estricto cumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement).

El Congreso debe suspender la financiación de sistemas de detención y deportación que violan derechos humanos. El gobierno debe poner fin a las expulsiones en aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, garantizar el debido proceso y el retorno seguro de todas las personas afectadas y garantizar que quienes comparecen ante un tribunal de inmigración tienen acceso oportuno a representación letrada.

“El Congreso debe decir no a que se destine más dinero a ampliar este cruel sistema”, ha dicho Fischer. “Da igual lo que diga el presidente Trump, Estados Unidos tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas que viven dentro de sus fronteras. Las violaciones de derechos que documentamos en El Paso, entre otros muchos sitios, deben acabar ya”.

The post Amnistía Internacional expone las violaciones de derechos humanos en el centro de detención de inmigrantes de El Paso first appeared on amnistia.org.mx.

The post <strong>Amnistía Internacional expone las violaciones de derechos humanos en el centro de detención de inmigrantes de El Paso</strong> appeared first on amnistia.org.mx.