Amnistía Internacional ha designado como presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ex representantes de los 48 cantones de Totonicapán, que llevan más de un año encarcelados injustamente solamente por haber hecho uso de su derecho de protesta pacífica y libertad de expresión. 

“Luis Pacheco y Héctor Chaclán nunca debieron ser encarcelados. Su detención y procesamiento constituyen un castigo arbitrario por haber participado en protestas pacíficas y por representar a su comunidad. Cada día que permanecen en prisión agrava la violación de sus derechos humanos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  

Luis Pacheco y Héctor Chaclán nunca debieron ser encarcelados. Su detención y procesamiento constituyen un castigo arbitrario por haber participado en protestas pacíficas y por representar a su comunidad. Cada día que permanecen en prisión agrava la violación de sus derechos humanos”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Luis y Héctor fueron detenidos el 23 de abril de 2025 y han permanecido en detención preventiva desde esta fecha. El Ministerio Público los acusa de los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, por el rol que desempeñaron durante las protestas pacíficas que bloquearon el país en octubre de 2023, delitos que suman penas superiores a los 30 años de prisión.  

Al momento de los hechos, ejercían un rol de servicio comunitario como alcaldes comunales nombrados de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo Maya K’iche’ de Totonicapán. Además, se desempeñaban respectivamente como presidente y tesorero de la junta directiva del Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, autoridad ancestral e indígena que aglutina las comunidades K’iche’ de este municipio del occidente del país. 

A partir de la revisión del expediente penal, Amnistía Internacional ha constatado múltiples arbitrariedades y demoras injustificadas que han entorpecido el proceso y constituyen violaciones de sus derechos a la defensa y a las garantías procesales. Por ejemplo, debido a los cambios sucesivos de jueces a cargo, el proceso se ha estancado, y no se ha celebrado la audiencia de fase intermedia, inicialmente agendada para inicios del mes de julio de 2025. Además, ha transcurrido más de un año sin que Luis Pacheco y Héctor Chaclán comparezcan ante un juez para la revisión de la privación de su libertad, y hasta la fecha, sus abogados no han podido acceder a todas las evidencias del expediente. Estas prácticas son características del patrón de criminalización contra personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas que han participado de la lucha contra la corrupción y la impunidad.  

Amnistía Internacional condena el uso indebido de los delitos de terrorismo y de asociación ilícita para castigar el uso legítimo de la libertad de expresión en violación de los estándares internacionales de derechos humanos, basados en una interpretación errónea de tipos penales cuya redacción ambigua abre una puerta a este tipo de arbitrariedades.  

Otras dos personas, también autoridades ancestrales, fueron arrestadas por esta misma causa y luego liberados con una medida de arresto domiciliario: Basilio Puac, ex integrante de la Junta Directiva de los 48 cantones,  acusado de los delitos de asociación ilícita, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia, y Esteban Toc Tsay, ex vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá acusado de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. 

La organización también alerta sobre el carácter discriminatorio de las acusaciones en contra de los cuatro representantes Indígenas en el país, que buscan castigar las formas de organización de los Pueblos Indígenas y disuadirles de hacer uso de su derecho de protesta pacífica. 

“En un país como Guatemala, cuya historia ha sido marcada por la violencia y el racismo sistemáticos en contra de los Pueblos Indígenas, recurrir a delitos graves como los de terrorismo, sedición y asociación ilícita contra representantes de los Pueblos Indígenas no es una casualidad. Estas acusaciones infundadas, que criminalizan sus formas de organización, son una manifestación más de la discriminación racial en su contra, que permanece profundamente arraigada en las instituciones de justicia”, agregó Ana Piquer.  

En un país como Guatemala, cuya historia ha sido marcada por la violencia y el racismo sistemáticos en contra de los Pueblos Indígenas, recurrir a delitos graves como los de terrorismo, sedición y asociación ilícita contra representantes de los Pueblos Indígenas no es una casualidad.”Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La designación como persona prisionera de conciencia por parte de Amnistía Internacional se basa en un riguroso análisis de las circunstancias de la detención. Este estatus se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad —como su origen étnico, religión, orientación sexual u otras características protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos—, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio. La organización pide la liberación inmediata e incondicional de estas personas. 

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Hoy, jueves 12 de febrero el juzgado segundo pluripersonal de primera instancia en materia penal de la ciudad de Guatemala revisará la detención preventiva del periodista y preso de conciencia Jose Rubén Zamora. Ante esta audiencia, Astrid Valencia, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, declaró: 

“Tras meses de espera e irregularidades, esta audiencia abre una oportunidad para poner fin a la prolongada detención arbitraria de Jose Rubén Zamora y empezar a romper el círculo de la injusticia. Exhortamos a las autoridades a respetar plenamente las garantías del debido proceso y la aplicación de los estándares internacionales sobre la prisión preventiva. Jose Rubén no debe pasar ni un día más en la cárcel.” 

Amnistía Internacional recuerda que bajo el derecho internacional de los derechos humanos, al cual están obligadas todas las autoridades en Guatemala, la prisión preventiva debe ser usada solamente en circunstancias excepcionales y debidamente justificadas. 

Jose Rubén lleva más de 1290 días injustamente privado de la libertad. Este proceso penal donde se le acusa de usar documentos falsificados lleva 32 meses estancado, debido a múltiples maniobras dilatorias. Más de tres años después de su inicio, Jose Rubén sigue esperando que un juez decida si se cierra, o si hay motivos suficientes para enviarlo a juicio. 

Amnistía Internacional ha señado que los procesos penales infundados en su contra se enmarcan en un patrón de persecución penal por motivos políticos en contra de personas operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos que han luchado contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. En 2024, tras un riguroso análisis, la organización declaró a Jose Rubén Zamora preso de conciencia, por considerar que está encarcelado solamente por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción.  

Más información

Guatemala: Amnistía Internacional condena el regreso a prisión del periodista Jose Rubén Zamora, 10 de marzo de 2025, https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/03/guatemala-amnistia-internacional-condena-el-regreso-a-prision-del-periodista-jose-ruben-zamora/  

Guatemala: Amnistía Internacional nombra a José Rubén Zamora preso de conciencia y exige su liberación, 1 de agosto de 2024, https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/08/guatemala-amnistia-internacional-nombra-jose-ruben-zamora-preso-conciencia-exige-liberacion/  

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: press@amnesty.org

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Hoy, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una condena en contra del Estado de Guatemala por la violación de los derechos humanos de Fátima, una niña que sobrevivió a la violencia sexual reiterada por parte de un profesor, y que fue forzada a continuar con el embarazo y la maternidad producto de violación. Esta decisión, que fue posible gracias al litigio iniciado en 2019 por el Movimiento Son Niñas, No Madres, reafirma un principio fundamental: ninguna niña debe ser forzada a enfrentar un embarazo y una maternidad no deseada.

“Esta condena es un precedente fundamental en la protección de los derechos humanos de niñas víctimas de violencia sexual y reafirma la responsabilidad de las autoridades guatemaltecas de garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral y la no repetición. Igual de importante es que esta condena es un paso crucial hacia la justicia para Fátima y su firme deseo de que a ninguna niña se le arrebate su infancia.”, expresó el movimiento Son Niñas, No Madres.

Esta condena es un precedente fundamental en la protección de los derechos humanos de niñas víctimas de violencia sexual y reafirma la responsabilidad de las autoridades guatemaltecas de garantizar el acceso a la justicia, la reparación integral y la no repetición. Igual de importante es que esta condena es un paso crucial hacia la justicia para Fátima y su firme deseo de que a ninguna niña se le arrebate su infanciaMovimiento Son Niñas, No Madres

En su condena, el Comité destacó que al forzar a Fátima a mantener un embarazo con el que explícitamente manifestó no querer continuar, el Estado violó sus derechos a una vida digna, a decidir de manera autónoma sobre su cuerpo, a recibir información, y a la igualdad y no discriminación. En ese sentido, resaltó que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, educativos y profesionales de las niñas, y restringe gravemente su derecho a una vida digna.

El Comité reconoció también que la violencia sexual, el embarazo y la maternidad forzada que Fátima tuvo que enfrentar le causaron un sufrimiento extremo, que incluyeron intentos de suicidio. Asimismo, que la negativa del Estado a prestarle los servicios de salud reproductiva a los que tenía derecho constituyeron trato cruel e inhumano, y una forma de discriminación basada en estereotipos sobre la función reproductiva de la mujer.

El Comité también establece medidas de no repetición para evitar que ocurran otros casos como el de Fátima, una decisión especialmente relevante dado el preocupante panorama guatemalteco en materia de embarazo infantil. Las cifras son contundentes: entre 2018 y 2024, el Registro Nacional de las Personas (RENAP) documentó más de 14.000 partos en niñas de 10 a 14 años (un promedio de 2.000 partos por año). La tendencia se mantiene, como lo evidencia el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), que entre enero y marzo de 2025 documentó 556 nacimientos en niñas del mismo rango de edad.

Entre las medidas que el Comité le exigió al Estado de Guatemala están:

• Garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva, eliminando barreras médicas, judiciales y administrativas, así como fortalecer los protocolos para el aborto terapéutico existentes.
• Emprender acciones para prevenir la violencia sexual, incluyendo el acceso a educación sexual integral.
• Crear una política pública de reparación para sobrevivientes de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada, abarcando educación, salud y acompañamiento psicosocial.
• Crear un sistema nacional de registro unificado que documente casos de violencia sexual y embarazos forzados para diseñar políticas públicas efectivas.
• Capacitar obligatoriamente al personal de salud, justicia y educación en temas de género, niñez y derechos humanos.

La decisión del caso Fátima se suma a condenas previas contra Ecuador y Nicaragua (casos Norma, Lucía y Susana, enero 2025) y contra Perú (caso Camila, 2023 ante el Comité de Derechos de la Niñez).

Conoce más sobre las anteriores condenas

“Con la decisión del caso Fátima, las Naciones Unidas han reconocido algo que no podemos seguir ignorando: ninguna niña en este mundo debe ser forzada jamás a convertirse en madre. Nuestras niñas nacieron para aprender, para jugar, para soñar con futuros brillantes—no para maternar ni cargar con las consecuencias de la violencia. La maternidad forzada es una forma de tortura. Así lo ha establecido la ONU. Es deber de los Estados actuar en consecuencia para erradicar la violencia sexual, asegurar servicios de salud esenciales y garantizar la protección de los derechos de las niñas, incluido el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida. Hoy, en honor a la valentía de Fátima, le recordamos al mundo entero una verdad fundamental: Son niñas, no madres”, señaló Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

Con la decisión del caso Fátima, las Naciones Unidas han reconocido algo que no podemos seguir ignorando: ninguna niña en este mundo debe ser forzada jamás a convertirse en madre. Nuestras niñas nacieron para aprender, para jugar, para soñar con futuros brillantes—no para maternar ni cargar con las consecuencias de la violencia. La maternidad forzada es una forma de tortura.Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos

“Cada condena no solo es una reivindicación para las niñas que sobrevivieron a estas violencias, y que por años esperaron justicia de parte de los sistemas judiciales de sus países, sino también un faro de esperanza para miles que aún enfrentan un panorama de desprotección luego de sobrevivir a un evento tan doloroso como la violación. Con esta condena ratificamos el poder que tienen las voces de las sobrevivientes , la importancia de la lucha colectiva, y la urgencia de los abordajes integrales para prevenir que ninguna otra niña deba abandonar su infancia por una maternidad forzada”, señala Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras del movimiento.

Esta decisión es un hito en la garantía de los derechos humanos, no solo en el ámbito local, sino también a nivel global, pues obliga a Guatemala y a los más de 170 Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a modificar su legislación para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que ninguna niña enfrente embarazos o maternidades forzadas.

El Movimiento Son Niñas, No Madres hace un llamado urgente al Estado guatemalteco a cumplir con sus obligaciones internacionales e implementar todas las medidas necesarias para que ninguna niña tenga que ser forzada a renunciar a sus sueños y proyectos de vida para asumir una maternidad forzada.

La historia de Fátima

Fátima era una niña de bajos recursos socioeconómicos de Guatemala. Entre 2009 y 2010, cuando tenía 13 años fue violada por un profesor que, paradójicamente, había sido funcionario del organismo encargado de proteger la niñez, y posteriormente fue obligada a continuar con el embarazo resultante del abuso. El sistema falló completamente: el personal de salud la culpabilizó por su embarazo y la justicia no ha logrado capturar a su agresor.

Durante el embarazo, tras hostigamientos del personal educativo, Fátima se vio forzada a abandonar la escuela. Cuando quiso regresar, condicionaron su reingreso a la escuela a que ésta contrajera matrimonio. Luego, a pesar de que ocupaba el primer lugar de rendimiento académico en el instituto, no le permitieron llevar la bandera en el desfile de las fiestas porque “qué iba a decir la sociedad de que había una niña embarazada en el instituto». La niña y su familia tuvieron que buscar acompañamiento legal para poder volver a estudiar.

A raiz de la violencia sexual y el embarazo no deseado, Fátima tuvo ideas suicidas. En el sistema de salud fue maltratada por el personal médico que la culpó de la violencia sexual sufrida.

Sobre el movimiento Son Niñas, No Madres

Son Niñas, No Madres, es un movimiento latinoamericano a favor de los derechos de las niñas latinoamericanas que ha liderado el innovador litigio estratégico de los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Las organizaciones colitigantes son el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global (Global), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Guatemala), Surkuna (Ecuador) y Promsex (Perú), que realizaron una estrategia de litigio en conjunto, de alcance internacional, para evitar que estos casos vuelvan a repetirse y generar las reparaciones correspondientes. Busca informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas.

El movimiento fue fundado por Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, el Grupo de Información para la Reproducción Elegida (GIRE) y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) con el objetivo de informar sobre las graves consecuencias de la violencia sexual y las maternidades forzadas en las niñas. Son niñas, no madres, hoy está conformado por más de una decena de organizaciones de toda la región de las Américas para asegurar que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras, y puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y su futuro.

Conoce las historias completas aquí

Conoce más de los casos con el podcast ‘Son Niñas, No Madres’ en Spotify: https://open.spotify.com/show/3CRfE5tXaOIHqWx0nECfUW

Más sobre el movimiento:

Página web: https://www.ninasnomadres.org/

 Tik Tok: https://www.tiktok.com/@ninasnomadresla

 Instagram: https://www.instagram.com/ninasnomadresla/

 X: https://x.com/NinasNoMadresLA

 Facebook: https://www.facebook.com/NinasNoMadres/

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Jose Rubén Zamora, de 68 años llevaba cuatro meses con una medida de arresto domiciliario. Sin embargo el 4 de marzo una sala de apelaciones anuló parcialmente el proceso y revocó la decisión de arresto domiciliario. Sus abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el cual aún no ha sido resuelto.  

“Condenamos la nueva detención, a todas luces arbitraria, del periodista Jose Rubén Zamora, que está siendo nuevamente encarcelado hoy solamente por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción” declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

“Su detención es un atropello más en la larga lista de violaciones a sus derechos humanos. Exigimos su liberación inmediata y el levantamiento de todos los cargos en su contra. Urge poner fin al acoso judicial para acallar voces disidentes”, agregó. 

Jose Rubén Zamora es un destacado periodista, fundador de varios medios en su país. Entre julio de 2022 y octubre de 2024, pasó más de 800 días detenido injustamente, a raíz de dos procesos penales infundados abiertos en su contra. 

En mayo de 2024 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria calificó de arbitraria la detención del periodista y recomendó su liberación inmediata. El 1 de agosto, a partir de una documentación rigurosa del caso, Amnistía Internacional determinó que el periodista está siendo perseguido únicamente por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción y lo nombró preso de conciencia 

Los procesos penales infundados en su contra se enmarcan en el contexto de persecución penal por motivos políticos en contra de personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que han luchado contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. 

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“José Rubén Zamora está perseguido por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en el marco de sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción. Lamentablemente, José Rubén Zamora es una víctima más de la estrategia de persecución por motivos políticos llevada a cabo por el Ministerio Público y el Organismo Judicial. No debe pasar ni un día más en la cárcel, su sufrimiento debe detenerse inmediatamente” declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El 29 de julio de 2024, el periodista de 67 años, fundador del medio de investigación El Periódico, cumplirá dos años en la cárcel militar de Mariscal Zavala. Fue detenido el 29 de julio de 2022 en su casa en la ciudad de Guatemala y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. El Ministerio Público lo acusa del delito de lavado de dinero. El 14 de junio de 2023, un tribunal lo declaró culpable y lo condenó a una pena de seis años de prisión. Sin embargo, en octubre de este año, la Corte de Apelaciones anuló esta sentencia y ordenó repetir el juicio, algo que no ha ocurrido a la fecha. Mientras tanto, el Ministerio Público abrió dos procesos penales más en su contra, que incluyen cargos de obstrucción de la justicia y uso de documentos falsificados.

En marzo de 2024, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró la detención de José Rubén Zamora arbitraria y exigió su liberación. En julio, sus abogados enviaron una comunicación urgente a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, alertando sobre las condiciones de detención del periodista e incluso hechos que podrían constituir actos de tortura, tratos crueles e inhumanos.

Amnistía Internacional ha documentado numerosas violaciones de los derechos humanos de José Rubén Zamora, incluido el derecho a la libertad personal en razón de su detención arbitraria y el derecho a un juicio justo. Se han documentado violaciones a su derecho de defensa, incluyendo el hostigamiento contra sus abogados, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, y los numerosos retrasos indebidos y estrategias dilatorias, entre otras vulneraciones.

José Rubén Zamora es un destacado periodista guatemalteco, reconocido con varios premios internacionales. Los procesos penales infundados en su contra se enmarcan en el contexto de persecución penal por motivos políticos en contra de personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos que han luchado contra la corrupción y la impunidad, que ha documentado Amnistía Internacional.

“La detención arbitraria prolongada y los procesos penales infundados que enfrenta no solamente son violaciones a los derechos humanos de José Rubén Zamora, sino que estas estrategias malintencionadas están siendo usadas para coartar la libertad de expresión a todas las personas en Guatemala. Liberar inmediatamente a José Rubén es un imperativo para las autoridades guatemaltecas a la luz de sus compromisos en materia de derechos humanos”, agregó Ana Piquer.

Información de contexto

La determinación de Amnistía Internacional de la condición de preso de conciencia se basa en la información de que dispone Amnistía Internacional sobre las circunstancias que llevaron a la detención de la persona. Al nombrar a una persona presa de conciencia, Amnistía Internacional afirma que esa persona debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones, pero no respalda sus opiniones o conducta pasadas o presentes.

Para más información o solicitar una entrevista, por favor contacte a press@amnesty.org

Información adicional

Guatemala: Amnistía Internacional denuncia nueva condena contra la exfiscal Virginia Laparra. (Noticias, Julio 8, 2024)

Guatemala: Todo el sistema en contra: Criminalización de mujeres operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos en Guatemala. (Investigación, Mayo 23, 2024)

Guatemala: Temporada de caza contra operadores de justicia en Guatemala. (Noticias, Noviembre 22, 2023)

Guatemala: Bernardo Caal Xol nunca debió pasar un día en prisión. (Noticias, Marzo 25, 2022)

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“Es a todas luces intolerable que Virginia Laparra regrese de nuevo a la cárcel. Esta nueva condena, a penas 18 meses después de la primera, dictada en 2022, es muestra del ensañamiento del Organismo Judicial y del Ministerio Público en contra de la exfiscal”.

Un tribunal de Quetzaltenango declaró a Virginia Laparra culpable del delito de revelación de información confidencial y la condenó a una sentencia de 5 años conmutable. Es la segunda condena en contra de la exfiscal. El 16 de diciembre de 2022, un tribunal de la Ciudad de Guatemala la condenó a cuatro años de cárcel en otro proceso penal infundado.

Amnistía Internacional ha documentado violaciones a su derecho de defensa y presiones a su equipo legal a lo largo de los dos procesos penales contra Virginia Laparra. En un informe publicado en mayo, la organización ha señalado que las acciones del Organismo Judicial y el Ministerio Público en este caso y otros conforman un patrón de criminalización hacia personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas que han luchado contra la corrupción y la impunidad.

“La condena de hoy lamentablemente es un ejemplo más de la persecución por motivos políticos impulsada por el Organismo Judicial y el Ministerio Público en contra de quienes han luchado contra la corrupción, y que no existen las garantías del debido proceso legal para estas personas. Nos solidarizamos con Virginia Laparra y con su familia ante estas nuevas injusticias.” agregó Ana Piquer.

En 2022, Amnistía Internacional declaró presa de conciencia a Virginia Laparra, por considerar que los procesos infundados penales en contra de la exfiscal se debían únicamente a su trabajo en defensa de la justicia y los derechos humanos. Amnistía Internacional seguirá su libertad y que se levanten todos los cargos en su contra.

Para más información o solicitar una entrevista, por favor contacte a press@amnesty.org

Más información:

Guatemala. Organizaciones internacionales denuncian la persecución judicial en contra de la exfiscal Virginia Laparra, 6 de mayo de 2024

Guatemala: Liberación de presa de conciencia Virginia Laparra es un triunfo contra la injusticia(Noticias, 3 de enero de 2024)

Guatemala: Amnistía Internacional exige libertad de Virginia Laparra a un año de su injusta condena (Noticias, 15 de diciembre de 2023)

Temporada de caza contra operadores de justicia en Guatemala (noticias, 22 de noviembre de 2023)

Guatemala: Amnistía Internacional condena violaciones a las garantías procesales de presa de conciencia Virginia Laparra (Noticias, 21 de abril de 2023)

Guatemala: Presa de conciencia Virginia Laparra cumple un año detenida arbitrariamente en la cárcel (Noticias, 23 de febrero de 2023)

Guatemala: Presa de conciencia Virginia Laparra es condenada a cuatro años de cárcel (Noticias, 16 de diciembre de 2022)

Guatemala: Amnistía Internacional exige la inmediata e incondicional liberación de la presa de conciencia Virginia Laparra (Noticias, 28 de noviembre de 2022)

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El 16 de diciembre de 2022, Virginia Laparra fue condenada a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad, al cabo de un proceso plagado de irregularidades y violaciones de sus derechos humanos, que llevó Amnistía Internacional a declararla presa de conciencia.

En mayo de 2023, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró que la detención de la ex fiscal anticorrupción era arbitraria y solicitó su liberación inmediata. Sin embargo, en unos días Virginia Laparra cumplirá 22 meses privada de la libertad, lejos de sus dos hijas y de su familia. Recientemente, La Corte Suprema de Justicia que tiene en sus manos un recurso que podría permitir su liberación condicional, ha suspendido en dos ocasiones la audiencia para conocer de este recurso.

“Virginia Laparra es una víctima más de la persecución penal injusta de quienes han defendido la justicia y los derechos humanos. No debe pasar ni un día más en la cárcel. Urge que las autoridades guatemaltecas atiendan el llamado del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y de toda la comunidad internacional para liberarla inmediatamente”, dijo Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.

La criminalización generalizada impulsada por el sistema de justicia de Guatemala contra operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que ha contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad, ha obligado a decenas de personas a exiliarse en los últimos años. Se estima que al menos 45 fiscales y jueces se vieron forzados a huir de Guatemala desde 2018 para evitar procesos injustos e infundados que, al igual que Virginia Laparra, les llevarían a la cárcel.

Para más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Carlos Mendoza: +52 55 4145 7003, carlos.mendoza@amnesty.org

Información complementaria:

Temporada de caza contra operadores de justicia en Guatemala (noticias, 22 de noviembre de 2023)

Guatemala: Amnistía Internacional condena violaciones a las garantías procesales de presa de conciencia Virginia Laparra (Noticias, 21 de abril de 2023)

Guatemala: Presa de conciencia Virginia Laparra cumple un año detenida arbitrariamente en la cárcel (Noticias, 23 de febrero de 2023)

Guatemala: Presa de conciencia Virginia Laparra es condenada a cuatro años de cárcel (Noticias, 16 de diciembre de 2022)

Guatemala: Amnistía Internacional exige la inmediata e incondicional liberación de la presa de conciencia Virginia Laparra (Noticias, 28 de noviembre de 2022)

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Hoy, 24 de marzo de 2022, Bernardo Caal Xol salió del centro penitenciario de Cobán después de más de cuatro años. Los abogados del defensor informaron que un juez había ordenado su liberación por buen comportamiento.

“Es una gran noticia para Bernardo, su familia y las comunidades Indígenas maya Q’eqchi’ de Guatemala, que pueda salir de prisión y reunirse de nuevo con sus seres queridos después de más de cuatro años de ser un preso de conciencia. Sin embargo, Bernardo sigue condenado por un delito que no cometió y, por lo tanto, las autoridades guatemaltecas siguen criminalizándolo por su labor de defensa de derechos humanos y el medio ambiente”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, Amnistía Internacional encontró que no había evidencia de los delitos de que se le acusa. El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala. Por ello, Amnistía Internacional considera a Bernardo Caal Xol un preso de conciencia y ha impulsado, por años, una campaña global para su liberación inmediata e incondicional.

“Es lamentable que en Guatemala las persecuciones penales infundadas con el objetivo de hostigar y obstaculizar el trabajo de las personas defensoras, en particular medio ambientalistas e Indígenas, y quienes luchan contra la impunidad y la corrupción, sea una táctica tan común en el país. El pueblo de Guatemala ha sufrido en los últimos años una regresión en materia de derechos humanos sin precedentes. Las autoridades han tratado de desmantelar el sistema de justicia y el tejido social, criminalizando a toda persona que lucha por un país más justo y digno”, dijo Erika Guevara Rosas.

Información adicional

Bernardo Caal Xol, de 50 años, maestro indígena, sindicalista y defensor de los derechos del pueblo indígena maya Q’eqchi’ y de la tierra, el territorio y el medio ambiente, fue encarcelado injustamente desde el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades Maya Q’eqchi‘ afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río sagrado Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz, al norte de Guatemala. A pesar de la falta de pruebas fácticas que sustenten los cargos, el 9 de noviembre de 2018, el tribunal de Cobán lo condenó a 7 años y 4 meses de prisión por los delitos de robo agravado y detención ilegal agravada.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. El defensor guatemalteco es una de las personas incluidas en la campaña global anual de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos de 2021, durante la cual personas de todo el mundo tomaron alrededor de medio millón de acciones por la liberación de Bernardo Caal.

Bernardo Caal y sus abogados presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2021 para revisar la sentencia por fallas a sus derechos humanos, pero la Sala Penal del Tribunal Supremo lo rechazó. Inmediatamente después, Bernardo Caal y sus abogados presentaron un recurso de amparo contra esta decisión que aún no ha sido resuelto.

En Guatemala, organizaciones locales e internacionales han registrado altos niveles de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente los que participan en la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como contra periodistas. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA) registró 839 ataques contra personas defensoras de enero a noviembre de 2021. Guatemala es además uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente, según el último informe de Global Witness. En 2020, 13 activistas medioambientales fueron asesinados, una vez más la cuarta tasa más alta de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente per cápita.

Más información:

Ayuda a la liberación de Bernardo Caal (Petición)

El maestro maya encarcelado por defender un río sagrado (Noticias, 15 de noviembre de 2021)

Guatemala: Amnistía Internacional declara a Bernardo Caal Xol preso de conciencia (Noticias, 16 de julio de 2020)

Para más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con:

Duncan Tucker: +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

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