Ante la desestimación por el Tribunal de Apelación de Hong Kong de los recursos de 12 de las personas enjuiciadas en el caso de los 47 de Hong Kong, Fernando Cheung, portavoz de Amnistía Internacional Hong Kong en el Exterior, ha declarado:

“La desestimación por el tribunal de estos recursos pone de relieve la gravedad de la situación de los derechos humanos en Hong Kong y demuestra, una vez más, la motivación política que hay tras el caso de los 47 de Hong Kong”.

“Ninguna de estas 12 personas ha cometido un delito reconocido internacionalmente; todas ellas cumplen largas condenas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en los asuntos públicos.”

“Es enormemente preocupante que, desde la introducción de la Ley del Artículo 23 en 2024, se haya denegado, según informes, al menos a ocho de las personas procesadas en el caso de los 47 de Hong Kong la excarcelación anticipada basándose en nuevas justificaciones de seguridad nacional poco precisas, lo que contrasta con la práctica anterior de larga data en Hong Kong”.

“Esto demuestra que esta ley, igual que la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín y esgrimida para enjuiciar a los 47 de Hong Kong, se está usando para imponer medidas punitivas adicionales y retroactivas a disidentes, y también para silenciar a quienes ya están en prisión”.

“Al no anular hoy estas injustas sentencias condenatorias y condenas, el tribunal ha perdido una oportunidad crítica de corregir esta injusticia masiva”.

“La oposición pacífica a un gobierno no es un crimen, y todas las personas pertenecientes al grupo de los 47 de Hong Kong que siguen en prisión deben ser excarceladas de forma inmediata e incondicional”.

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El Tribunal de Apelación de Hong Kong ha desestimado hoy los recursos presentados por 12 de las personas enjuiciadas en el caso de los 47 de Hong Kong.

En la mayor causa abierta en Hong Kong en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín, que entró en vigor en junio de 2020, 47 figuras de la oposición fueron acusadas conjuntamente de “conspiración para cometer subversión”. De las 47, 31 se declararon culpables del cargo mientras que 16 se declararon inocentes, dos de las cuales fueron absueltas.

Los cargos contra los 47 de Hong Kong tienen relación con la organización de unas “primarias” para las elecciones al Consejo Legislativo de 2020 y su participación en ellas; las autoridades aplazaron finalmente los comicios alegando la pandemia de COVID-19 antes de la introducción de un nuevo sistema electoral que controlaba estrictamente quién podía presentarse a las elecciones.

Tratar las “primarias” organizadas por los partidos políticos para seleccionar sus candidaturas como una amenaza real para la existencia, la integridad territorial y la independencia política de Hong Kong no cumple el estricto criterio para la aplicación de la “seguridad nacional” que exigen las normas internacionales de derechos humanos.

En marzo de 2024, Hong Kong introdujo su Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, citada a menudo como “Ley del Artículo 23”, que ha reducido aún más las libertades de la población y ha permitido a las autoridades intensificar su represión del activismo pacífico en la ciudad y fuera de ella.

La Ley del Artículo 23 también se ha utilizado para imponer medidas punitivas adicionales a disidentes que ya están cumpliendo condena. Antes de su promulgación, las Normas Penitenciarias establecían que las personas reclusas que tuvieran buena conducta tenían derecho a la excarcelación anticipada tras cumplir dos tercios de su condena. Sin embargo, según las nuevas normas introducidas en virtud de la Ley del Artículo 23, las autoridades penitenciarias pueden negar la excarcelación anticipada por motivos de “seguridad nacional”.

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En respuesta a la sentencia condenatoria dictada en virtud de la Ley del Artículo 23 de la ciudad por un tribunal de Hong Kong contra el padre de la activista en favor de la democracia residente en Estados Unidos Anna Kwok, Joey Siu, portavoz de Amnistía Internacional Hong Kong en el Exterior, ha declarado:

“Es la primera vez que se aplica la legislación hongkonesa de seguridad nacional para condenar al familiar de una persona residente en el extranjero que hace activismo en favor de la democracia. Esto supone una alarmante escalada del uso represivo de la Ley del Artículo 23 por parte del gobierno de Hong Kong”.

“La absurda recompensa que se ofrece por la cabeza de Anna Kwok por su activismo ya de por sí es un ataque flagrante a su libertad de expresión. Ahora, las autoridades hongkonesas han caído aún más bajo, pues el padre de Anna Kwok se enfrenta a prisión sólo por un presunto intento de acceder a los fondos de un seguro de su hija”.

“Esta sentencia condenatoria, al parecer por motivos políticos, contra el familiar cercano de una activista también sienta un peligroso precedente, y su propósito es amedrentar y silenciar a quienes desde el extranjero alzan la voz sobre cuestiones relacionadas con Hong Kong”.

“Las autoridades hongkonesas deben liberar de inmediato al padre de Anna Kwok, así como a todas las demás personas acusadas de ayudar a activistas en el exilio, salvo que puedan demostrar que éstas han cometido un delito reconocido internacionalmente”.

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Hoy, el padre de Anna Kwok ha sido declarado culpable de intentar gestionar fondos de una “fugitiva”, acción tipificada como delito por la Ley de Protección de la Seguridad Nacional de Hong Kong, también conocida como “Ley del Artículo 23”.

Anna Kwok es una activista hongkonesa residente en Estados Unidos buscada por “connivencia con fuerzas extranjeras”, y la policía de seguridad nacional ofrece una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (unos 128.000 dólares estadounidenses) por información que conduzca a su captura. Es una de los 34 activistas en el exilio por quienes se ofrece recompensa.

A finales de 2024, Chris Tang, secretario de Seguridad de Hong Kong invocó las facultades que le confiere el Artículo 23 para anular el pasaporte hongkonés de Anna Kwok, declararla “fugitiva” y prohibirle gestionar fondos y otros activos financieros o recursos económicos en Hong Kong; dictó las mismas medidas contra otros seis activistas exiliados.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, en junio de 2020, la situación de los derechos humanos en la ciudad se ha deteriorado drásticamente, y los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación están entre los que sufren un ataque constante.

La Ley del Artículo 23, promulgada en marzo de 2024, ha contraído aún más las libertades de la población y ha permitido a las autoridades intensificar su represión del activismo pacífico en la ciudad y fuera de ella.

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Ante la condena a 20 años de cárcel impuesta al activista en favor de la democracia Jimmy Lai por delitos contra la “seguridad nacional”, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Esta condena es otro sombrío hito en la transformación de Hong Kong, una ciudad que era gobernada por el Estado de derecho, en una gobernada por el miedo. Encarcelar a un hombre de 78 años por no hacer nada más que ejercer sus derechos muestra un desprecio total hacia la dignidad humana. Cada día que pasa entre rejas es una grave injusticia”.

“Con esta sentencia vemos una vez más cómo se está usando la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong para distorsionar las libertades fundamentales convirtiéndolas en actos delictivos. El encarcelamiento de Jimmy Lai es un ataque a sangre fría contra la libertad de expresión que resume el desmantelamiento sistemático de los derechos que una vez definieron Hong Kong”.

“Jimmy Lai es un preso de conciencia que nunca debió haber pasado un solo día entre rejas. Las autoridades de Hong Kong deben ponerlo en libertad inmediata e incondicional”.

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El Tribunal Superior de Hong Kong ha condenado hoy al activista en favor de la democracia Jimmy Lai a 20 años de prisión por conspiración para actuar en connivencia con fuerzas extranjeras y conspiración para cometer sedición. La condena sigue a la sentencia condenatoria dictada en diciembre de 2025.

El 11 de diciembre de 2020, Lai fue acusado de “connivencia con un país extranjero y elementos externos” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional (NSL) impuesta por Pekín. Está en prisión desde el 31 de diciembre de 2020. Posteriormente fue acusado de dos cargos más de “concierto para delinquir con un país extranjero o elementos extranjeros” en virtud de la NSL, y un delito más de “conspiración para publicar publicaciones sediciosas” en virtud de la Ordenanza sobre Delincuencia.

Las autoridades de Hong Kong declararon que los cargos tenían relación con la publicación de unos artículos en Apple Daily, periódico propiedad de Lai, en los que se pedía a países extranjeros que impusieran sanciones. También citaron las reuniones de Lai con figuras políticas estadounidenses y sus entrevistas con medios de comunicación extranjeros, sus publicaciones en Twitter (actualmente X) y su lista de seguidores en esta plataforma, entre los que había destacadas figuras políticas y ONG de otros países que apoyaban al movimiento prodemocracia de Hong Kong.

A Lai, de nacionalidad británica, se le denegó la libertad bajo fianza en febrero de 2021, cuando el máximo tribunal de Hong Kong resolvió que los juicios sobre seguridad nacional constituían una excepción de la presunción a favor de la libertad bajo fianza. Según la investigación de Amnistía Internacional publicada en junio de 2025, esto fue lo que ocurrió en el 89% de los casos de seguridad nacional. El gobierno de Hong Kong también prohibió al abogado británico de Lai, Timothy Owen, que lo representara.

Jimmy Lai fundó el Apple Daily, de índole franca y abierta, en 1995. Poco después de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional el 30 de junio de 2020, alrededor de 200 policías asaltaron la sede del diario. Fue la primera vez que se invocó la Ley para registrar las instalaciones de un medio de comunicación, y Lai fue detenido junto con sus dos hijos y varios altos cargos del periódico.

El Apple Daily cerró en junio de 2021 tras otro registro policial y la congelación de sus activos, operación que Amnistía Internacional calificó en su momento de “flagrante ataque a la libertad de prensa”.

Antes de la condena impuesta hoy, los tribunales de Hong Kong habían declarado culpable a Lai, en otras cuatro causas, de “reuniones no autorizadas” y fraude, y lo habían condenado a más de siete años de prisión en total.

En 2024, Amnistía Internacional reconoció a Lai como preso de conciencia junto con Chow Hang-tung y Ding Jiaxi, abogada y abogado de derechos humanos, respectivamente.

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“El enjuiciamiento de activistas de Hong Kong por conmemorar la represión de Tiananmen de 1989 es otra escalada del uso por las autoridades de las leyes sobre seguridad nacional para silenciar la disidencia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, en el inicio del juicio oral.

La abogada Chow Hang-tung y el sindicalista Lee Cheuk-yan llevan más de cuatro años en prisión en espera de juicio y podrían estar más años entre rejas por cargos relacionados con la seguridad nacional. Chow y Lee pertenecían a la ahora disuelta Alianza de Hong Kong que organizó en la ciudad durante más de tres décadas una vigilia anual con velas por los sucesos de la plaza de Tiananmen hasta que fue prohibida en un contexto de restricciones de los derechos humanos.

Cientos, si no miles, de personas murieron cuando las tropas chinas abrieron fuego contra quienes protestaban en la plaza de Tiananmen (Pekín) y sus alrededores el 4 de junio de 1989.

“Este caso no tiene que ver con la seguridad nacional, sino con reescribir la historia y castigar a quienes se niegan a olvidar a las víctimas de la represión de Tiananmen”, declaró Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional.

“El principal ‘delito’ de Chow y Lee es reclamar verdad y justicia para quienes protestaban y murieron por disparos de las tropas chinas, y para las familias que quedaron en duelo. Este cínico caso contra ellos es un claro ejemplo de cómo el gobierno de Hong Kong usa unas leyes sobre seguridad nacional poco precisas y excesivamente amplias como herramientas de represión”.

Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan son algunos de los miembros de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China (Alianza de Hong Kong) acusados en septiembre de 2021 de “incitar a la subversión del poder del Estado” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

Llevan en prisión preventiva desde esa fecha, después de que se les haya denegado varias veces la libertad bajo fianza y, si son declarados culpables, podrían ser condenados a penas de hasta 10 años de cárcel. Amnistía Internacional ha declarado a ambos presos de conciencia.

Las autoridades afirmaron que la vigilia anual por Tiananmen que organizaba la Alianza de Hong Kong desde 1990 era prueba de que el grupo “ponía en peligro la seguridad nacional”.

Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por que se está usando la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, promulgada en junio de 2020, para atacar a grupos de la sociedad civil, periodistas, activistas políticos y miembros de la Academia por actos plenamente protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

La organización pide a las autoridades de Hong Kong que retiren todos los cargos contra miembros de la Alianza de Hong Kong detenidos sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación; deroguen la Ley de Seguridad Nacional, y respeten y faciliten la conmemoración pacífica de la represión de Tiananmen.

“La historia no se puede borrar. Los tribunales de Hong Kong se enfrentan ahora a una prueba fundamental: si van a respetar los derechos humanos o van a seguir dando legitimidad judicial a una represión generalizada de la disidencia”, concluyó Sarah Brooks.

“Chow Hang-tung y Lee Cheuk-yan son presos de conciencia, encarcelados exclusivamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las autoridades de Hong Kong deben ponerlos en libertad inmediata e incondicional”.

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El 4 de junio de 1989, tropas chinas abrieron fuego contra estudiantes y trabajadores y trabajadoras que protestaban pacíficamente en favor de reformas políticas en la pekinesa plaza de Tiananmen y sus alrededores, y mataron a cientos —posiblemente miles— de personas. En la posterior campaña de represión fueron detenidas decenas de miles de personas en toda China.

En los 36 años transcurridos desde la represión, en China se ha censurado férreamente todo debate sobre el incidente, pues las autoridades han intentado efectivamente borrarlo de la historia. Está prohibida la conmemoración o mera mención pública de la represión de Tiananmen.

Mientras conmemorar la represión de Tiananmen estaba prohibido en la China continental, en el parque Victoria de Hong Kong se reunían todos los años multitudes de hasta cientos de miles de personas para recordar a las personas fallecidas y pedir a las autoridades chinas que revelaran la verdad de lo ocurrido y asumieran la responsabilidad por la atrocidad.

La vigilia de Hong Kong se prohibió en 2020 y 2021 so pretexto de la COVID-19, y desde entonces, nuevas leyes represivas como la Ley de Seguridad Nacional de 2020 han criminalizado de hecho la protesta pacífica en la ciudad.

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