Las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF) deben garantizar la liberación inmediata de 10 miembros de la Caravana Global Sumud, en detención arbitraria desde hace más de dos semanas en el este de Libia sólo por tratar de llevar ayuda a Gaza en medio del genocidio que está perpetrando Israel, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El 24 de mayo de 2026, un grupo armado afín a las autoproclamadas LAAF, autoridades de facto en el este y sur de Libia, detuvieron arbitrariamente a 10 activistas humanitarios de ocho países (cuatro hombres y seis mujeres) que se dirigían a Sirte para negociar con las autoridades locales el paso de la caravana.

Tras periodos de desaparición forzada de entre dos a nueve días, las personas detenidas fueron interrogadas por fiscales que ordenaron su detención en espera de juicio mientras se investigaban los cargos de “reunión no autorizada”, por los que podrían ser condenadas hasta a seis meses de cárcel y/o pago de multa.

“En un momento en que la población palestina de la Franja de Gaza se enfrenta al genocidio que está perpetrando Israel y a condiciones humanitarias catastróficas, es realmente vergonzoso que unas personas que tratan de hacer llegar ayuda humanitaria y terminar con el bloqueo ilegal impuesto por Israel hayan sido objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y procesamiento por cargos falsos en Libia”, ha declarado Mahmoud Shalaby, investigador regional de Amnistía Internacional.

“Ninguna persona debe ser castigada por llevar a cabo acciones humanitarias e intentar poner fin a abusos contra los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas Árabes Libias deben garantizar la liberación inmediata e incondicional de estos activistas y, hasta entonces, asegurarse de que pueden acceder sin demora y de manera regular a sus familiares, representantes consulares y abogados, así como a la atención médica que necesiten.”

Entre el 1 y (al menos) el 4 de junio de 2026, las personas detenidas, de edades comprendidas entre los 30 y los 70 años y de diferentes nacionalidades (argentina, estadounidense, italiana, polaca, portuguesa, tunecina y uruguaya), estuvieron en huelga de hambre en protesta por su detención y por no poder acceder a abogados y familiares.

Para investigar el arresto y la detención de los activistas, Amnistía Internacional entrevistó a un miembro del equipo jurídico de la Global Sumud Flotilla que estuvo en contacto con ellos hasta su detención, a un miembro de una organización internacional presente en Libia que tiene información sobre el caso y a una persona que recibió una llamada telefónica de uno de los detenidos el 4 de junio de 2026.

El 17 de mayo de 2026, la caravana, en la que participaban más de 200 personas que tenían la intención de llegar a Gaza por tierra, se detuvo y acampó en un lugar situado a unos 9 kilómetros de Sirte ante la preocupación por la concentración de hombres armados en las cercanías. Una semana después, el 24 de mayo, una delegación formada por 10 de sus integrantes se dirigió hacia Sirte para solicitar permiso de las autoridades locales para que el convoy continuara su viaje. Un grupo armado afín a las LAAF detuvo a la delegación en un puesto de control de seguridad cercano a Sirte, sin informarles de los motivos de la detención.

Los 10 activistas fueron conducidos hacia unas furgonetas blancas sin matrícula y obligados a subir a un avión que los llevó hasta Bengasi, donde quedaron retenidos en un centro de detención desconocido, sin que les permitieran ponerse en contacto con abogados ni familiares. Las autoridades del este de Libia ocultaron la suerte y el paradero exacto de ocho de los activistas desde su detención, el 24 de mayo, hasta el 2 de junio, lo que la convierte en una desaparición forzada. Las autoridades mantuvieron dos días en situación de desaparición forzada a los otros dos hasta que un representante diplomático consiguió visitarlos, el 27 de mayo de 2026.

La misión de la Caravana Global Sumud acabó el 25 de mayo de 2026, cuando unos hombres armados sin identificar desmantelaron su campamento y obligaron a sus miembros a volver a Trípoli. Ese mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores del “Gobierno Libio” radicado en Bengasi, aliado con las LAAF, declaró que el convoy había entrado en Libia en su viaje hacia Gaza sin haber realizado los trámites legales necesarios ni obtenido los permisos para entrar y circular por el país.

El miembro del equipo legal de la Global Sumud Flotilla dijo a Amnistía Internacional que el grupo había pasado meses coordinándose con las autoridades pertinentes y había obtenido garantías respecto al paso seguro del convoy.

Un vídeo publicado en medios de comunicación locales el 2 de junio de 2026 mostraba cómo los activistas detenidos eran trasladados en vehículos policiales y se apeaban en las dependencias de la Fiscalía de Bengasi. Según informarn medios locales, tras ordenar los fiscales su detención, las autoridades trasladaron a los 10 activistas a un centro de detención de migrantes “ilegales”.

El 3 de junio de 2026, los fiscales interrogaron a los 10 activistas, acusados de “reunión no autorizada”, sin la presencia de ningún abogado, y ordenaron su detención en espera de juicio durante 10 días. Tras interrogarlos, las autoridades los trasladaron a la sede de la Agencia de Seguridad Interna (ISA) en Bengasi, y se les permitió hablar con sus familiares por primera vez desde su detención.

Desde su huelga de hambre, varios detenidos han sufrido problemas de salud. A pesar de ello, reciben poca o ninguna atención médica en el centro de detención de Bengasi dirigido por la Agencia de Seguridad Interna (ISA), grupo armado que opera bajo la autoridad de facto de las LAAF, en Bengasi, con un documentado historial de implicación en detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos y desapariciones forzadas. A fecha 4 de junio de 2026, la ISA continuaba negando a una de las personas detenidas el acceso regular a su medicación para la diabetes, y varias han presentado índices de hipoglucemia, algunas han sufrido desvanecimientos y una sufrió un episodio convulsivo.

Información complementaria

La Caravana Global Sumud (GSLC por sus siglas en inglés) es una misión humanitaria civil que partió de Mauritania el 25 de abril de 2026 con el objetivo de romper el asedio ilegal sobre Gaza, entregando ayuda humanitaria vital y apoyando los esfuerzos de rehabilitación.

Desde 2014, Libia está dividida entre dos entidades e instituciones paralelas que compiten por la legitimidad y el control. El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, designado mediante un proceso con mediación de la ONU en marzo de 2021, ha estado luchando por ejercer un control eficaz del territorio libio. Su rival, el “Gobierno Libio” radicado en Bengasi, está aliado con las LAAF, que controlan y desempeñan funciones de gobierno en Bengasi, la segunda ciudad más grande de Libia, y amplias zonas del este y el sur del país, incluido el distrito de Sirte. Cuando autoridades de facto, como las LAAF, controlan el territorio y ejercen funciones de gobierno, deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

*En una versión anterior del artículo se afirmaba erróneamente que los 10 activistas detenidos eran de nueve nacionalidades, una de ellas la canadiense. El artículo ha sido actualizado para aclarar que no hay ningún nacional canadiense entre las personas detenidas.

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Quince años después de que la población libia se levantara contra el régimen represivo de Muamar al Gadafi, la impunidad sistémica favorece que milicias y grupos armados cometan crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos mientras se elude proporcionar justicia y reparación a sobrevivientes y familiares de víctimas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

En lugar de comparecer ante tribunales en juicios justos, los presuntos autores de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otros crímenes de derecho internacional así como violaciones de derechos humanos han sido asesinados o continúan en libertad. Entre ellos hay fugitivos de la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de la positiva medida adoptada en mayo de 2025 por el Gobierno de Unidad Nacional con sede en Trípoli de aceptar la jurisdicción de la Corte sobre los presuntos crímenes cometidos en Libia de 2011 a 2027.

“Durante 15 años, las sucesivas autoridades libias no han desarticulado las redes de abuso que alimentan las violaciones de derechos constantes, sino que han financiado y legitimado a milicias tristemente conocidas por sus abusos y han incorporado a sus miembros en instituciones del Estado sin someterlos a las debidas comprobaciones de antecedentes. Al permitir que los presuntos responsables de crímenes de derecho internacional eludan la rendición de cuentas, las autoridades traicionan a las personas sobrevivientes y refuerzan un círculo vicioso de violencia y desgobierno que no da señales de acabar”, ha afirmado Mahmoud Shalaby, investigador de Amnistía Internacional sobre Egipto y Libia.

“La aceptación de la jurisdicción de la CPI por el Gobierno de Unidad Nacional carece de valor si no va acompañada de medidas concretas. El homicidio de Saif al Islam Gadafi este mismo mes pone de manifiesto que la falta de capacidad y de voluntad del sistema de justicia libio para garantizar rendición de cuentas e irreversibilidad despoja a sobrevivientes y familiares de víctimas de su derecho a obtener verdad y justicia. Las autoridades libias deben cooperar de manera significativa con la CPI, entregar a los individuos buscados por crímenes de derecho internacional y garantizar que todas las personas sospechosas de responsabilidad penal comparecen ante la justicia en juicios justos.”

Desde que el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación de Libia a la Corte Penal Internacional en febrero de 2011, sólo uno de 14 sospechosos ha sido entregado a la Corte. El 1 de diciembre de 2025, las autoridades alemanas entregaron a la Corte a Khaled Mohamed Ali El Hishri (conocido como “Al Buti”), miembro veterano y alto cargo del Aparato Disuasorio para Combatir el Terrorismo y la Delincuencia Organizada (DACTO), también conocido como Al Radaa, milicia de pésima fama con sede en Trípoli. La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra él por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en relación con incidentes en la prisión de Mitiga de Trípoli, controlada por DACTO.

El Gobierno de Unidad Nacional, así como las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), que son las autoridades de facto en el este y sur de Libia, persisten en su negativa a arrestar o entregar a nacionales de Libia contra quienes pesan órdenes de detención de la CPI por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ocho ciudadanos libios sujetos a órdenes de detención de la CPI continúan en libertad.

Amnistía Internacional escribió a la Fiscalía General de Libia el 2 de febrero de 2026 para preguntar por el paradero de dos individuos arrestados en Libia y por las actuaciones penales contra ellos, ya que se desconoce su situación actual y se teme que los estén protegiendo de la rendición de cuentas. Son Osama AlMasri Njeem, exjefe del Departamento de Operaciones y Seguridad Judicial (DOJS) y miembro veterano de DACTO, y Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi, miembro destacado del grupo armado Al Kaniat. En el momento de redactarse este comunicado no se había recibido respuesta.

Homicidios en lugar de justicia

En Libia se ha observado un patrón de homicidios de personas sospechosas de participar en violaciones de derechos humanos que niegan a las víctimas la verdad y justicia que merecen.

El más reciente fue el 3 de febrero, cuando Saif al Islam Gadafi fue asesinado por agresores no identificados en circunstancias desconocidas. La Fiscalía de la CPI lo había acusado en 2011 de crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato y persecución. En 2017, un tribunal libio lo condenó a muerte in absentia en un juicio incompatible con las normas internacionales. En julio de ese año, un grupo armado de la ciudad occidental de Zintan que lo mantenía recluido desde 2011 había anunciado su liberación con motivo de una amnistía.

Las autoridades libias deben cooperar de manera significativa con la CPI, entregar a los individuos buscados por crímenes de derecho internacional y garantizar que todas las personas sospechosas de responsabilidad penal comparecen ante la justicia en juicios justos.Mahmoud Shalaby, Amnistía Internacional

Otro de los individuos buscados por la CPI que ha sido asesinado es Mahmoud al Werfalli, excomandante de la Brigada de las Fuerzas Especiales (Al Saiqa), afiliada a las Fuerzas Armadas Árabes Libias. En 2017, la CPI emitió una orden de detención contra él por crímenes de guerra. En 2021, Mahmoud al Werfalli fue abatido a tiros en Bengasi, segunda ciudad más importante de Libia, que está bajo la autoridad efectiva de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

Otro conocido comandante de milicia, Abdel Ghani al Kikli, o “Gheniwa”, fue asesinado en circunstancias poco claras en Trípoli el 12 de mayo de 2025, lo que desató enfrentamientos armados entre milicias rivales en Trípoli. Amnistía Internacional documentó crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos perpetradas por milicias bajo su mando —como la milicia Fuerzas de Seguridad Central/Abu Salim y la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA)— contra personas de nacionalidad libia así como refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Los crímenes documentados incluyen detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, desaparición forzada, violencia sexual y homicidio ilícito. Además, Amnistía Internacional documentó que las interceptaciones de personas refugiadas y migrantes en el mar por miembros de la milicia SSA desde septiembre de 2021 se han caracterizado por denuncias de violencia que han causado muertes en el mar.

Negativa a entregar sospechosos buscados por la CPI

El sistema de justicia de Libia sigue demostrando que no quiere ni puede investigar eficazmente los crímenes cometidos por poderosas milicias y grupos armados. Además, las actuaciones judiciales allí se han visto empañadas por graves violaciones del derecho a un juicio justo, que incluye el derecho a una defensa adecuada, a no autoinculparse y a recibir protección frente a la tortura, mientras continúan los juicios de civiles ante tribunales militares. La propia fiscalía, en abril de 2025, calificó públicamente de “prácticamente ineficaces” a los organismos responsables de perseguir los casos y recopilar y preservar las pruebas debido a la injerencia de partidos influyentes afiliados a organismos de seguridad o grupos armados.

Pese a ello, las autoridades libias se niegan a entregar a la CPI a individuos sobre quienes pesan órdenes de detención de la Corte. En noviembre de 2025, la fiscalía ordenó la detención de Osama AlMasri Njeem en relación con casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas recluidas en la prisión de Mitiga y con una muerte bajo custodia. No hay disponible más información sobre el lugar de su detención ni sobre la situación de las actuaciones judiciales, en un contexto de profunda preocupación sobre sí comparecerá ante la justicia dado que la milicia DACTO, de la que ha sido un miembro destacado durante mucho tiempo, sigue ejerciendo el poder de facto en Trípoli. Las autoridades italianas lo habían arrestado en enero de 2025 en aplicación de una orden de detención de la CPI, pero ese mismo mes lo trasladaron en avión a Libia.

El 13 de julio de 2025, el Ministerio de Justicia del Gobierno de Unidad Nacional publicó una declaración en su página de Facebook en la que anunciaba su negativa a entregar a Osama AlMasri Njeem a la CPI, aunque la retiró enseguida. En ella decía que “Libia no ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, por tanto, ningún ciudadano libio será entregado fuera de la jurisdicción del territorio libio, y el poder judicial nacional es plenamente competente para considerar tales casos”.

En octubre de 2024, la CPI anunció órdenes de detención contra seis dirigentes, miembros destacados y afiliados de Al Kaniat, grupo armado que cometió crímenes de derecho internacional durante su reinado del terror en la ciudad libia de Tarhuna, incluidos homicidios ilícitos masivos, tortura, desaparición forzada y desplazamiento forzado. Los seis continúan en libertad o aún no han sido entregados a la Corte, o ambas cosas.

Uno de ellos es Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi, quien permanece bajo la custodia de DACTO desde 2024. En agosto de 2025, la fiscalía anunció que había ordenado la detención preventiva de un miembro de Al Kaniat; aunque no reveló su nombre, sí proporcionó credenciales que encajaban con los de Abdelbari Ayyad Ramadan al Shaqaqi. La acusación no aclaró los cargos en su contra y sólo manifestó que estaba siendo investigado por un presunto secuestro y homicidio cometido antes de 2020. No se ha publicado información sobre si ha sido remitido a juicio.

Falta de medidas para investigar o procesar a los líderes de milicias

Los sucesivos gobiernos libios han seguido introduciendo a miembros de milicias y grupos armados en las instituciones del Estado sin comprobar sus antecedentes para excluir a los presuntos autores de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos. Incluso en los casos excepcionales en que el gobierno ha desarticulado algunas milicias o apartado a sus líderes, no se han abierto investigaciones penales sobre ellos ni se han comprobado los antecedentes de sus miembros.

Muy recientemente, en mayo de 2025, el Gobierno de Unidad Nacional disolvió el grupo DOJS, encabezado por Osama AlMasri Njeem, e incorporó a sus miembros al Ministerio del Interior sin hacer comprobaciones de antecedentes individuales para excluir a aquellos de los que fuera razonable sospechar su participación en crímenes de derecho internacional y obligarlos a rendir cuentas.

El mismo mes, el gobierno destituyó a Lotfi al Harari, exjefe de la Agencia de Seguridad Interna (ISA) en Trípoli. Amnistía Internacional ha documentado casos de decenas de mujeres y hombres sometidos a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y desaparición forzada por parte de miembros de la ISA. No hubo investigaciones penales sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mando en dependencias de la Agencia de Seguridad Interna.

En virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un jefe militar u otra persona que actúe en la práctica como jefe militar será penalmente responsable de los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo si ese jefe militar tiene conocimiento de los crímenes, o debería haberlo tenido, y no los ha impedido ni ha castigado a nadie por ellos.

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