Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represión generalizada y ha cometido abusos en todas las facetas de la vida del país. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Fortify Rights y Human Rights Watch. Las atrocidades cometidas por el ejército desde el golpe de Estado, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han ido en aumento durante el último año a medida que la junta ha tratado de afianzar su gobierno mediante operaciones militares abusivas y elecciones orquestadas.

Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los gobiernos de la región y otros Estados interesados deberían brindar más apoyo a la población de Myanmar y hacer que la junta rinda cuentas de sus crímenes. Las elecciones, fuertemente controladas y celebradas en tres fases entre el 28 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026, han sido ampliamente descalificadas por considerarse fraudulentas y organizadas para garantizar la victoria del partido respaldado por el ejército.

“No es un accidente que estas elecciones hayan sido posibles mediante un aumento de los abusos contra los derechos humanos, que van desde la detención arbitraria hasta los ataques ilegítimos contra la población civil, en lo que ha sido el modus operandi del ejército durante decenios”, ha manifestado Ejaz Min Khant, especialista en derechos humanos de Fortify Rights. “A medida que esta crisis se adentra en su sexto año, el gobierno debe centrarse en las iniciativas de rendición de cuentas y justicia por los numerosos crímenes cometidos por el ejército de Myanmar, unas iniciativas sin las que el país no puede avanzar.”

Desde el golpe de Estado, la junta ha prohibido sistemáticamente decenas de partidos políticos y ha detenido a más de 30.000 personas por motivos políticos. En enero, la junta informó de que había emprendido acciones legales contra más de 400 personas en virtud de una ley de “protección de las elecciones” aprobada en julio, en la que se tipificaban como delito las críticas a las elecciones y se prohibían los discursos y la organización o celebración de protestas que alteraran cualquier parte del proceso electoral.

Las elecciones han sido una pieza central de los intentos de la junta de sofocar toda la oposición política, hacer descarrilar las iniciativas para restaurar el gobierno civil y afianzar el sistema de Estado controlado por el ejército. Tal como se esperaba, y por diseño, los resultados electorales indican una victoria aplastante del representante del ejército, el Partido para la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión.

China y Rusia, principales suministradores de aviones y armas para la junta, enviaron observadores electorales a los comicios. Los dos países llevan mucho tiempo apoyando a la junta mientras bloquean en el Consejo de Seguridad de la ONU la acción internacional sobre las atrocidades cometidas por el ejército. Malasia, que el año pasado presidió la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ha declarado que el bloque no ha enviado observadores para certificar las votaciones.

En una ampliación de las operaciones militares en vísperas de las elecciones, en 2025 la junta intensificó sus ataques aéreos, incluidos ataques deliberados e indiscriminados contra personas e infraestructuras civiles, en lo que constituye una violación del derecho internacional humanitario. Los ataques aéreos han alcanzado escuelas, hospitales, lugares de culto religioso y campos de personas desplazadas, y han matado a miles de personas durante el último año.

El ejército también ha intensificado su uso de drones armados, paramotores y autogiros en ataques ilícitos, que han representado nuevas amenazas para la población civil. El 6 de octubre, un ataque militar con paramotor contra un festival budista en la región de Sagaing mató al menos a 24 personas, tres de ellas menores de edad. Desde diciembre de 2024 se ha informado de más de 135 ataques con paramotor. Myanmar es uno de los poquísimos países que siguen utilizando munición de racimo y minas terrestres antipersonal, prohibidas internacionalmente.

“Los cinco últimos años son una sombría ilustración de la estrategia militar fallida de Myanmar de afianzar el control matando y aterrorizando a civiles”, ha manifestado Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar. “Los ataques militares aéreos y con drones alcanzaron nuevas cotas en 2025, cuando la junta intensificó su ya de por sí brutal campaña contra las zonas de oposición; cada vez más personas viven con miedo a que caigan bombas desde el cielo.”

Desde que en febrero de 2024 se promulgó una ley de reclutamiento, la junta ha utilizado tácticas abusivas como el secuestro de jóvenes y muchachos y la detención como rehenes de familiares de reclutas en paradero desconocido. Desde el golpe de Estado, el ejército ha aumentado el reclutamiento y uso de niños soldados.

También desde el golpe, más de 2.200 personas han muerto, según los informes, bajo custodia de la junta, aunque la cifra real es probablemente más alta. La tortura, la violencia sexual y otros malos tratos imperan en las prisiones, los centros de interrogatorio, las bases militares y otros lugares de detención, con informes sobre violación sexual, palizas, mantenimiento prolongado de posturas en tensión, descargas eléctricas y quemaduras, negación de la atención médica y privación de la comida, el agua y el sueño. En julio, Ma Wutt Yee Aung, activista de 26 años, murió en la prisión de Insein a causa de una presunta falta de atención médica para las lesiones sufridas hacía tiempo en la cabeza a consecuencia de torturas.

Tras el terremoto de marzo de 2025 que azotó el centro de Myanmar, la junta obstaculizó el acceso a servicios vitales en zonas controladas por la oposición. Los años de ataques ilegítimos lanzados por la junta contra centros médicos y personal sanitario dificultaron seriamente la respuesta de emergencia. A pesar del anuncio de un alto el fuego, el ejército lanzó más de 550 ataques en los dos meses siguientes al terremoto.

Los abusos cometidos por los militares y la escalada de combates han obligado al menos a 3,6 millones de personas a desplazarse internamente. Los recortes de la ayuda exterior, la subida vertiginosa de los precios y las restricciones a la atención médica y los suministros humanitarios han agravado la malnutrición, las enfermedades transmitidas por el agua y las muertes evitables. Más de 15 millones de personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, que afecta especialmente al estado de Rajine.

Millones de personas que han huido del país sufren crecientes amenazas y corren peligro de devolución forzada.

Desde finales de 2023, la población civil rohinyá se ha visto atrapada en los combates entre la junta y las fuerzas étnicas del Ejército de Arakán, que ha impuesto medidas opresivas contra la población rohinyá en el norte del estado de Rajine, medidas que incluyen trabajos forzados y detención arbitraria.

Desde el golpe de Estado han proliferado la trata de seres humanos, los centros de estafas, la extracción de recursos no regulada, la producción de drogas y otras operaciones ilícitas. Los centros de estafa online a lo largo de la frontera de Myanmar con Tailandia —gestionados por sindicatos criminales globales dirigidos por ciudadanos chinos— dependen principalmente de la trata de seres humanos, el trabajo forzado y la tortura para poder llevar a cabo sus estafas, que forman parte de un negocio que mueve miles de millones de dólares en toda la región.

Los abusos generalizados y sistemáticos cometidos por el ejército se han visto alimentados por decenios de impunidad e insuficientes iniciativas internacionales para ponerles fin.

Las medidas de rendición de cuentas que se están tomando en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional (CPI) son vitales, pero siguen limitándose a las atrocidades cometidas antes del golpe de Estado. En noviembre de 2024, el fiscal de la CPI solicitó una orden de detención contra el general Min Aung Hlaing, comandante en jefe del ejército, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en 2017; los jueces aún no han emitido una decisión pública sobre esa solicitud.

El Consejo de Seguridad de la ONU permanece básicamente bloqueado, sin poder hacer un seguimiento de su resolución de diciembre de 2022 —en la que denunciaba los abusos cometidos por el ejército después del golpe de Estado—, a causa de medidas tangibles debidas a la oposición de China y Rusia.

Los miembros del Consejo de Seguridad deben exponer las medidas específicas de rendición de cuentas que se tomarán contra la junta por su negativa a cumplir con la resolución del Consejo y otros numerosos llamamientos internacionales. La celebración de reuniones abiertas periódicas sobre Myanmar pueden ayudar a impulsar una resolución de seguimiento para remitir a la CPI toda la situación del país y dictar un embargo global de armas y de combustible para aviones.

“Cinco años después del golpe, la catástrofe humanitaria y de derechos humanos de Myanmar se enfrenta a una disminución de la atención y la asistencia extranjera”, ha manifestado Shayna Bauchner, investigadora sobre Asia de Human Rights Watch. “Para poner fin a esta crisis se necesitan una presión internacional sostenida, una rendición de cuentas significativa y un apoyo humanitario, político y técnico concreto para las personas que permanecen en Myanmar y los millones que se han visto obligadas a huir.”

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• El ejército de Myanmar utiliza una flota fantasma para importar combustible de aviación, los datos apuntan a vínculos con Irán
• El 2025 es el año más mortífero registrado en ataques aéreos del ejército
• Más combustible de aviación importado en 2025 que en ningún otro año desde el golpe de Estado militar

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha concluido que el combustible de aviación que usa el ejército de Myanmar para lanzar ataques aéreos mortales contra la población civil sigue entrando en el país a través de una cadena de suministro opaca que está “fuera de control” cinco años después de que el ejército tomara el poder.

El análisis de Amnistía de datos sobre comercio, envíos, satélites y de las autoridades portuarias indica que el ejército de Myanmar está adoptando las tácticas para eludir sanciones de países como Rusia, Irán y Corea del Norte mediante la importación de combustible de aviación en “barcos fantasma” que apagan su sistema de identificación automática (AIS), que muestra su ubicación, para evitar la detección.

Este tipo de métodos hacen prácticamente imposible identificar al proveedor. Sin embargo, Amnistía Internacional ha rastreado múltiples envíos de combustible de aviación a Myanmar desde julio de 2024, incluso en dos barcos sancionados por Estados Unidos con antecedentes de exportar combustible desde Irán. Según Kpler —plataforma que proporciona inteligencia sobre productos básicos que rastrea flujos globales de combustibles y otros productos básicos—, se supone que todos los envíos realizados en estos dos barcos proceden de Irán, y las imágenes de satélite examinadas por Amnistía Internacional indican asimismo una conexión probable con Irán.

De manera significativa, los datos de la Autoridad Portuaria de Myanmar muestran que Myanmar importó en 2025 como mínimo 109.604 toneladas métricas de combustible de aviación —un 69% más que en 2024 y la mayor cantidad en cualquier año desde el golpe de Estado— a pesar de las sanciones impuestas para impedir que el combustible llegue al país.

“Cinco años después del golpe de Estado, nuestro análisis muestra que la junta militar de Myanmar sigue eludiendo las sanciones y encuentra nuevas formas de importar el combustible de aviación que usa para bombardear a su propia población civil; 2025 fue el año más mortífero registrado en cuanto a bombardeos aéreos desde que la junta tomó el poder en 2021”, ha declarado Montse Ferrer, directora regional de Investigación de Amnistía Internacional.

“Teniendo en cuenta que los envíos de combustible de aviación al país aumentan a pesar de las sanciones y el aumento documentado de ataques aéreos contra la población civil, la comunidad internacional debe tomar más medidas para impedir que empresas y gobiernos faciliten una cadena de suministro que está cada vez más fuera de control. Cada día de inacción costará más vidas”.

Barcos fantasma llevan un cargamento mortal a Myanmar

La investigación de Amnistía Internacional confirmó la entrega de al menos nueve envíos distintos de combustible de aviación a Myanmar por cuatro barcos entre mediados de 2024 y el final de 2025, al mismo tiempo que revelaba cambios significativos en la forma en que entró dicho combustible en Myanmar durante este periodo.

Un cambio destacable fue la importación de combustible mediante “barcos fantasma” que apagan su AIS durante la carga y/o la descarga —también conocido como “oscurecimiento”— y que, en algunos casos, transmiten posiciones falsas o manipuladas del barco para ocultar la ubicación real (conocido como “redireccionamiento”).

Estos barcos también pueden cambiar varias veces de nombre, pabellón o propietario, y a menudo cargan combustible a través de transferencias de barco a barco (STS) en aguas abiertas en lugar de hacerlo en puertos y terminales.

Estos métodos hacen dificultan enormemente el seguimiento de envíos y proveedores. Sin embargo, Amnistía ha confirmado la importación de combustible de aviación por Myanmar en los siguientes cuatro barcos desde mediados de 2024:

• Huitong 78 (IMO 9646479, denominado ahora Baraawe 1): Barco con pabellón chino que entregó un envío en julio de 2024 después de al menos nueve envíos más en 2023/2024. El envío del 12 de julio a la terminal Myan Oil de Yangón se hizo mientras el barco tenía aparentemente apagado su AIS. Según el análisis de datos del AIS y las imágenes de satélite, probablemente cargó en la zona de fondeadero en alta mar de Fujairah (Emiratos Árabes Unidos), zona de alta mar destinada a abastecimiento de combustible, transferencias de productos petrolíferos STS y otros servicios marítimos, donde fue visto entre el 13 y el 26 de junio.
• Yong Sheng 56 (IMO 9657507, denominado ahora LS Mercury): Barco con pabellón chino que transportó un envío el 30-31 de julio de 2024. Como el Huitong 78, los datos del AIS indican que el Yong Sheng 56 estaba en la zona de fondeadero en alta mar de Fujairah (EAU) entre el 15 y el 29 de junio y luego se dirigió a Myanmar a descargar.
• Reef (IMO 9263382, antes Baltic Horizon): Barco con pabellón de Guinea que entregó envíos en octubre de 2024, julio de 2025 y octubre de 2025. Aunque los datos de su AIS lo sitúan cerca de Kuwait y de nuevo cerca de EAU en el momento en que presuntamente cargaba, esto contradice otra información verificada —incluidas imágenes de satélite— que ha analizado el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional, que sitúa, con un alto grado de certeza, al barco en Bandar Abbas (provincia de Hormozgan, Irán) en septiembre de 2025. Durante ese mismo marco temporal, los datos del AIS del barco muestran también patrones geométricos de deambulación antinaturales en forma de caja a unos 750 kilómetros del puerto de Bandar Abbas, donde no hay presencia de barcos de tamaño similar al Reef. Esto es incompatible con una navegación normal, lo que indica manipulación o redireccionamiento del AIS.
• Noble (IMO 9162928, antes Astra): Barco con pabellón de Guinea que entregó cuatro envíos entre enero y junio de 2025. Los datos del AIS y las imágenes de satélite indican que deambuló por la zona de fondeadero en alta mar de Fujairah (EAU) antes de dirigirse a Myanmar, donde apagó su AIS. Sin embargo, en al menos uno de los envíos, las imágenes de satélite sitúan al Noble en Bandar Abbas (provincia de Hormozgan, Irán) después de estar en el fondeadero de Fujairah y antes de llegar a Myanmar (entrega de junio de 2025). 

Aunque Amnistía Internacional no pudo confirmar los proveedores ni el origen del combustible de aviación, varios datos indican la existencia de una conexión con Irán.

Tanto el Noble como el Reef tienen antecedentes documentados de transportar combustible objeto de sanciones desde Irán, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) estadounidense, y tanto el Reef como el Noble han sido vistos en el puerto iraní de Bandar Abbas en los últimos 13 meses. Además, Kpler supone —basándose en datos de AIS, imágenes de satélite, información de aduanas y otras fuentes— que todos los envíos del Noble y del Reef procedían de Irán.

Por último, los barcos mostraban patrones de conducta típicos de barcos cisterna de “flota fantasma” como vacíos en los datos del AIS, huellas anómalas o redireccionamiento, y transferencias STS opacas que reflejan métodos utilizados habitualmente por barcos cisterna que transportan combustible sometido a sanciones desde Irán.

Información complementaria

Desde el golpe de Estado militar en Myanmar de febrero de 2021, Amnistía Internacional ha documentado una cadena de suministro persistente y cambiante que permite que el ejército de Myanmar obtenga combustible de aviación empleado en ataques aéreos ilegítimos contra la población civil. Amnistía ha pedido la prohibición del combustible de aviación y la retirada de todas las empresas implicadas en la cadena de suministro para impedir que la población civil sufra más daños.

El informe Deadly Cargo de Amnistía Internacional, publicado en colaboración con Justice for Myanmar en noviembre de 2022, reveló que empresas multinacionales con sede en Singapur y Tailandia eran parte de la cadena de suministro que llevaba combustible de aviación Jet A-1 a Myanmar.

Tras las sanciones introducidas en 2023 dirigidas a partes de la cadena de suministro de combustible de aviación, el análisis de enero de 2024 y las conclusiones de julio de 2024 de Amnistía Internacional concluían que se había producido un cambio importante en los métodos. Las ventas directas disminuyeron; en su lugar, se compraba combustible y se revendía múltiples veces para ocultar su origen. Al menos nueve envíos llegaron a Myanmar en 2023 y principios de 2024, muchos de los cuales pasaron por una unidad de almacenamiento de Vietnam, lo que revela tácticas deliberadas para eludir las sanciones.

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