“Los acuerdos de alto el fuego, frágiles y temporales, entre Estados Unidos e Irán, y entre Israel y Líbano, deben ser sustituidos por un alto el fuego regional duradero, sostenible y completo que abarque todos los países afectados por este conflicto para evitar más sufrimiento catastrófico de la población civil y allanar el camino a la justicia, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos a largo plazo para todas las personas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Pese a la reducción de las hostilidades armadas, este sigue siendo un momento crítico y enormemente precario en todo Oriente Medio. Los dos acuerdos vigentes de alto el fuego son frágiles y temporales, y podrían romperse en cualquier momento y, una vez más, poner en peligro la vida de millones de civiles. Estados Unidos e Irán continúan intercambiando amenazas y llevando a cabo ataques e incautaciones de buques en el Estrecho de Ormuz. En Líbano, como viene ocurriendo desde 2024, el alto el fuego más reciente ha causado la reducción, aunque no el fin, de las hostilidades y el ejército israelí sigue en territorio libanés ordenando a residentes de decenas de pueblos de las zonas fronterizas que no regresen. Mientras tanto, la población civil de Irán se enfrenta al doble riesgo de sufrir crímenes atroces ligados a la reanudación de los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel, así como la represión letal de las autoridades iraníes.

“Los ataques del 28 de febrero de Estados Unidos e Israel contra Irán fueron ilegales, violaron la prohibición de la Carta de la ONU del uso de la fuerza y desencadenaron actos ilegítimos cometidos por las autoridades iraníes en represalia. Desde entonces, más de 5.000 personas han muerto y la vida de millones de civiles de todo Oriente Medio se ha visto trastornada debido a la intensificación de los conflictos interrelacionados en toda la región y a los ataques a civiles e infraestructura civil. Todas las partes —Estados Unidos, Israel, Irán y Hezbolá— han perpetrado ataques ilegales que muestran un escalofriante desprecio por la vida humana, mientras el presidente estadounidense ha amenazado abiertamente con cometer crímenes de guerra e incluso genocidio, y con borrar ‘una civilización entera’ en Irán”.

“La comunidad internacional debe marcar un límite: debe haber un alto el fuego duradero y auténtico, lo que exige el cese total de las hostilidades armadas por todas las partes en todos los países afectados”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Es evidente que los denominados acuerdos de alto el fuego alcanzados en Gaza en 2025 y en Líbano en 2024 no han detenido los ataques israelíes contra la población civil, pues desde entonces han muerto hasta 765 personas palestinas y se están produciendo ataques aéreos casi a diario y la destrucción generalizada de bienes civiles en el sur de Líbano”.

“En una región marcada desde hace tiempo por los conflictos, en medio de una impunidad arraigada para los crímenes de derecho internacional y la amenaza constante de la reanudación de la violencia, la población civil no puede permitirse otra pausa parcial, selectiva o breve que la deje viviendo en el temor y preparándose para que se repitan las atrocidades que ha sufrido”.

La comunidad internacional debe marcar un límite: debe haber un alto el fuego duradero y auténtico, lo que exige el cese total de las hostilidades armadas por todas las partes en todos los países afectados.

Agnès Callamard, secretaria general

Los conflictos armados se han extendido con rapidez a 12 países, poniendo en peligro la vida y la salud de millones de civiles con ataques que destruyen viviendas civiles e infraestructuras críticas, dañan el medioambiente y desencadenan repercusiones económicas que afectan a la región y al mundo.

Un alto el fuego sostenible y duradero es la única vía creíble para proteger a la población civil y allanar el camino a la seguridad a largo plazo, la protección de los derechos humanos y la justicia para toda la población de la región, incluidas las de Irán, Líbano, Israel, el Territorio Palestino Ocupado y los Estados del Golfo Pérsico.

Según cifras oficiales, en Irán, a 7 de abril, los ataques de Estados Unidos e Israel han causado la muerte de al menos 3.375 personas y heridas a 25.000, entre ellas cientos de niños y niñas. Los ataques de Estados Unidos e Israel se produjeron cuando la población estaba aún recuperándose de las masacres sin precedentes de miles de manifestantes y viandantes perpetradas por las autoridades iraníes durante la represión de las protestas de enero de 2026.

En Líbano, cuando se anunció el alto el fuego, habían muerto 2.294 personas, entre ellas 177 niños y niñas, y resultado heridas más de 7.500. Desde el alto el fuego, Israel y Hezbolá han seguido intercambiando ataques mientras continúan llegando informes sobre víctimas civiles.

Al menos 21 civiles han muerto en Israel, donde la población sufre ataques de Irán y de Hezbolá. En la Cisjordania ocupada han muerto cuatro personas. Entre el 28 de febrero y el 15 de abril de 2026, han muerto al menos 29 personas en el Golfo Pérsico: 13 en Emiratos Árabes Unidos, siete en Kuwait, tres en Bahréin, tres en Omán y tres en Arabia Saudí. Estas cifras no incluyen las bajas militares estadounidenses.

En un documento publicado hoy, Amnistía Internacional detalla el doble riesgo que sufre actualmente la población de Irán, atrapada entre el conflicto armado y una represión letal. La organización subraya la necesidad de un enfoque diplomático doble, centrado en las personas, que combine iniciativas para establecer un alto el fuego duradero con medidas concretas para prevenir que las autoridades iraníes cometan crímenes atroces.

“Un alto el fuego que no vaya acompañado de soluciones a largo plazo que salvaguarden los derechos humanos y aborden las causas fundamentales es poco más que poner un parche temporal sobre una herida profunda. Esto es especialmente cierto en Irán, donde la población sigue corriendo el riesgo de sufrir más atrocidades a manos de las autoridades de la República Islámica, y en Líbano, donde la población civil afronta la perspectiva de la reanudación del conflicto, el desplazamiento indefinido de civiles y la destrucción de sus casas”, añadió Agnès Callamard.

“Estamos ante una erosión peligrosa y continua del orden jurídico internacional global y del respeto al derecho internacional humanitario. La comunidad internacional debe investigar a fondo los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en violación de la Carta de la ONU y todos los crímenes de derecho internacional, y garantizar que tanto Estados como personas responden de sus actos”.

Víctimas civiles en Líbano

En  Líbano , donde los ataques de Israel han tenido un impacto devastador en la población civil y han continuado en los últimos días, es urgente un alto el fuego duradero que se aplique tanto a Israel como a Hezbolá y garantice la protección de toda la población civil a largo plazo a ambos lados de la frontera. El ejército israelí debe cesar inmediatamente los ataques, dejar de arrasar edificios civiles, y retirarse de Líbano. Se debe permitir el retorno de todas las personas desplazadas de sus hogares. Hezbolá debe dejar de lanzar ataques en Israel.

Israel ha afirmado que se abstendría de realizar ataques ofensivos durante el alto el fuego, pero que se reservaba el derecho de tomar “todas las medidas necesarias de defensa propia en cualquier momento contra ataques planeados, inminentes o en curso” y que no se retiraría de territorio libanés. Durante el alto el fuego actual y también en el anterior, acordado en noviembre de 2024, Israel ha seguido realizando ataques casi a diario y destruyendo bienes civiles libaneses a lo largo de la frontera. Para la población civil, esto ha provocado el desplazamiento prolongado, la destrucción de sus medios de subsistencia y la angustia de vivir en la incertidumbre mientras sigue sin haber ni rastro de rendición de cuentas y reparación.

Hezbolá también ha lanzado ataques, incluso en el norte de Israel, desde el actual acuerdo de alto el fuego de 2026.

Desde el 2 de marzo de 2026, el ejército israelí ha llevado a cabo incesantes ataques aéreos en todo el país, causando la muerte y heridas a civiles, personal sanitario y periodistas. Las órdenes de “evacuación” masiva, excesivamente generales, del ejército israelí que abarcan enormes extensiones del sur de Líbano y los suburbios meridionales de Beirut han desplazado a más de un millón de personas. Las fuerzas israelíes también han llevado a cabo la destrucción generalizada de zonas residenciales y otras infraestructuras civiles en el sur de Líbano y continúan derribando viviendas en pueblos de la frontera. En una de las peores jornadas, el 8 de abril, el ejército israelí alardeó de haber realizado en Líbano 100 ataques en apenas 10 minutos que habían matado a más de 350 personas, incluidos ataques simultáneos en zonas civiles concurridas del centro de Beirut sin aviso previo. La impunidad absoluta de la que goza Israel por sus ataques ilegales de 2024 en Líbano ha propiciado que cometa nuevas violaciones en 2026.

Después de reiterados episodios de conflicto devastador caracterizados por crímenes de derecho internacional, una impunidad absoluta y vidas civiles afectadas una y otra vez, deben elaborarse e implementarse planes para la rendición de cuentas. Los crímenes de derecho internacional deben investigarse de forma creíble y los presuntos perpetradores, ser enjuiciados por tribunales nacionales o internacionales. El gobierno libanés debe facilitar las iniciativas de rendición de cuentas, lo que incluye aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La población civil perjudicada por las violaciones del derecho internacional humanitario debe recibir reparaciones sin demora, adecuadas y efectivas que reconozcan el alcance del daño sufrido.

La población iraní se enfrenta a un doble riesgo de sufrir atrocidades

En Irán, decenas de miles de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel entre el 28 de febrero y el 7 de abril han causado graves daños a la población civil. En un incidente atroz, un ataque ilegal estadounidense contra una escuela en Minab mató a 156 personas, 120 de ellas menores. Los ataques de Estados Unidos e Israel también han destruido y causado daños generalizados a infraestructura civil como centrales eléctricas, puentes, universidades, escuelas, edificios de viviendas, centros médicos, fábricas siderúrgicas e instalaciones petroquímicas, poniendo en peligro la vida y los medios de subsistencia de millones de personas y dañando el medioambiente.

Sin embargo, ni siquiera un alto el fuego duradero puede garantizar por sí solo la protección de la población civil ni salvaguardar los derechos humanos de las personas en Irán. Manifestantes, disidentes y otras personas que propugnan un cambio político fundamental siguen corriendo un grave riesgo de sufrir atrocidades a manos de las autoridades iraníes. Desde los ataques de Estados Unidos e Israel, las autoridades iraníes han intensificado su represión de toda oposición, real o percibida, en medio del cierre de Internet impuesto por el Estado más largo registrado en el país. En las últimas semanas, las autoridades han hecho declaraciones amenazantes equiparando cualquier tipo de disidencia con ponerse del lado del “enemigo”, y han amenazado abiertamente con más homicidios masivos de quienes expresen disidencia o propugnen de forma pacífica la caída del sistema de la República Islámica, alardeando públicamente de haber llevado a cabo miles de homicidios ilegítimos de manifestantes en enero de 2026. Las autoridades también han ejecutado arbitrariamente al menos a 21 personas condenadas en causas de motivación política: nueve manifestantes, nueve disidentes y tres personas acusadas de “rebelión armada contra el Estado” o de espionaje para Estados Unidos o Israel. Además, las autoridades persisten en llevar a cabo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y torturas para acabar con la disidencia.

La repetición de atrocidades en Irán tiene su origen en una estructura constitucional que refuerza la impunidad y la discriminación sistémica, y priva a la población de acceso a la justicia y de recursos efectivos.

Para garantizar que la población de Irán no corre el riesgo de sufrir nuevas masacres, el alto el fuego debe ir acompañado de medidas diplomáticas urgentes de la comunidad internacional destinadas a impedir que las autoridades iraníes cometan crímenes atroces y apoyar los llamamientos encabezados por la sociedad civil iraní en favor de cambios fundamentales, incluso a la Constitución, para garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a la vida.

“En un país que se está recuperando del efecto combinado de devastadores bombardeos estadounidenses e israelíes, y masacres orquestadas por el Estado, el riesgo de que las autoridades iraníes cometan crímenes atroces contra la población del país sigue siendo significativo. La población sufre la amenaza de nuevos ataques aéreos y homicidios masivos si se rompe la tregua, y la perspectiva de vivir una represión letal y otra oleada grave de homicidios a manos de unas fuerzas de seguridad listas para disparar contra manifestantes y disidentes a quienes etiquetan de ‘enemigos’”, dijo Agnès Callamard.

“La comunidad internacional debe reconocer que la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán, agravada ahora por los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel, y el enorme sufrimiento de la población civil exigen una respuesta diplomática doble y centrada en las personas. Esto significa combinar iniciativas para investigar las violaciones de la Carta de la ONU, proteger a la población civil y defender el derecho internacional humanitario con acciones destinadas a prevenir crímenes atroces de las autoridades iraníes y apoyar los llamamientos de la sociedad civil iraní en favor de una constitución que respete los derechos. También significa establecer vías para la justicia internacional, que incluye la remisión por el Consejo de Seguridad de la ONU de la situación de Irán a la Corte Penal Internacional”.

Daños a la población civil de la región

Un alto el fuego duradero y sostenible es también el único medio de garantizar la protección de la población civil y un futuro seguro, justo y sostenible para las personas de toda la región.

La población civil de Israel y el Territorio Palestino Ocupado ha sufrido ataques tanto de misiles iraníes como de cohetes de Hezbolá. En Israel, han muerto al menos 34 personas en 2026: 21 civiles y 13 soldados en operaciones de combate en el sur de Líbano. En un ataque ilegal, Amnistía Internacional halló que se había usado un misil balístico tremendamente impreciso para efectuar un ataque que alcanzó una sinagoga en Beit Shemesh y que causó la muerte de nueve civiles israelíes. El grupo armado huzí en Yemen también ha lanzado misiles de forma reiterada contra Israel, incluso en marzo de 2026. Cuatro mujeres palestinas murieron en la Cisjordania ocupada debido a ataques de misiles iraníes. Durante la escalada de 2024, Amnistía Internacional documentó el uso por Hezbolá de armas intrínsecamente imprecisas para lanzar ataques ilegales con cohetes que causaron la muerte y heridas a civiles en Israel en violación del derecho internacional humanitario.

Las autoridades israelíes deben abstenerse de realizar ataques ilegales y comprometerse públicamente a respetar plenamente el derecho internacional humanitario, y en concreto, la prohibición de dirigir ataques contra civiles y bienes de carácter civil. Si no se toman medidas reales y concretas para acabar con las violaciones del derecho internacional y abordar la impunidad arraigada, el riesgo de que se repitan episodios de conflicto armado, crímenes de guerra y otras violaciones graves seguirá siendo constante.

Los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, Bahréin y Omán han intensificado los riesgos para la población civil, pues estos ataques se extienden más allá de las bases militares estadounidenses y dañan infraestructura energética, aeropuertos, plantas desalinizadoras y barrios residenciales. Las autoridades iraníes han declarado abiertamente su intención de causar daños económicos y atacar los intereses económicos estadounidenses.

“La escalada regional más reciente se produce después de más de dos años y medio de conflicto incesante en todo Oriente Medio, desde los ataques dirigidos por Hamás contra civiles en el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 hasta el genocidio cometido por Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, y los ataques de Israel de 2024 en Líbano”, concluyó Agnès Callamard.

“Mientras se cierne la amenaza de nuevas atrocidades, la inacción global socava los mecanismos con los que cuenta la comunidad internacional para prevenir las atrocidades masivas y responder a ellas. Los líderes y lideresas del mundo deben unirse con urgencia para lograr la entrada en vigor inmediata de un alto el fuego duradero y total a fin de detener la normalización del sufrimiento masivo de la población civil, defender nuestra humanidad común y contribuir a crear en toda la región las condiciones para un futuro basado en los derechos humanos, la justicia y una estabilidad duradera”.

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Israel, Estados Unidos y la República Islámica de Irán deben cesar o abstenerse de lanzar ataques ilícitos contra infraestructuras energéticas, incluidas instalaciones que proporcionan servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua corriente. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, destacando los riesgos que esos ataques entrañan de causar un daño devastador a la población civil y provocar consecuencias medioambientales.

En los últimos días, los ataques aéreos de Israel y Estados Unidos han alcanzado múltiples instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible en Irán, y el ejército de la República Islámica de Irán ha lanzado ataques que han afectado a depósitos de combustible e infraestructuras de petróleo y gas en múltiples Estados del Golfo.

“El potencial de causar un daño enorme, predecible y devastador a la población civil con los ataques dirigidos contra infraestructuras energéticas —daño que incluye mortíferos incendios descontrolados, grandes alteraciones de servicios esenciales, daño medioambiental y riesgos severos y a largo plazo para la salud de millones de personas— significa que existe un riesgo sustancial de que esos ataques violen el derecho internacional humanitario y, en algunos casos, constituyan crímenes de guerra”, ha declarado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Independientemente de si se cita un objetivo militar para justificar los ataques contra infraestructura energética, el derecho internacional humanitario dispone que todas las partes tienen la obligación clara de tomar todas las precauciones factibles para reducir los daños civiles y abstenerse de lanzar ataques que causen muertes o heridas desproporcionadas a la población civil o dañen bienes civiles. Esto incluye cualquier efecto dominó indirecto y adverso sobre la vida y la salud de la población civil, como la exposición a químicos tóxicos.”

El potencial de causar un daño enorme, predecible y devastador a la población civil con los ataques dirigidos contra infraestructuras energéticas […] significa que existe un riesgo sustancial de que esos ataques violen el derecho internacional humanitario.

Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

En virtud del derecho internacional humanitario, una refinería de petróleo sólo puede ser atacada si reúne las condiciones para considerarse un objetivo militar, es decir, que se utilice para realizar una contribución efectiva a la acción militar —por ejemplo, produciendo combustible para las fuerzas armadas que realizan ataques— y que dañarlo proporcione una ventaja militar definida en las circunstancias que se dan en ese momento. Incluso si se cumplen estos dos requisitos, la parte atacante debe tomar todas las precauciones factibles para evitar o reducir al mínimo los daños colaterales a la población civil, como la liberación de sustancias tóxicas, y antes de atacar debe considerar si cualquiera de esos daños resultaría excesivo para la ventaja militar concreta y directa que se quiere lograr.

Ataques contra depósitos de petróleo en Irán

En Irán, unas aterradoras imágenes de vídeo de los momentos posteriores a los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos el 7 de marzo contra varios depósitos de combustible, algunos situados en los barrios de Shahran, Sohanak y Kouhak, en Teherán, en la ciudad de Shahr e Rey, en la provincia de Teherán, y en Fardis, en la provincia de Alborz, muestran llamas masivas y nubes de espeso humo negro, así como grandes incendios descontrolados en zonas civiles. Los testigos presenciales también describieron a Amnistía Internacional escenas escalofriantes de lluvia impregnada de petróleo.

Tras los ataques, la agencia medioambiental iraní y la Media Luna Roja iraní aconsejaron a la población de Teherán que permaneciera en interiores, advirtiendo del riesgo que entrañaba la propagación de sustancias químicas tóxicas que podían causar lluvia ácida a consecuencia de los ataques aéreos.

El ejército israelí ha emitido una declaración en la que confirma que lanzó ataques contra “una serie de instalaciones de almacenamiento de combustible en Teherán” y dice que el ejército iraní utilizaba esas instalaciones “para hacer funcionar infraestructura militar”.

“Nos alarma enormemente el impacto que estos ataques pueden tener sobre la población civil. Las advertencias médicas sobre materiales peligrosos y sustancias tóxicas liberadas a la atmósfera ponen a millones de personas de Teherán en peligro de sufrir graves complicaciones de salud, como cáncer, enfermedades pulmonares y respiratorias y quemaduras cutáneas. Los Estados están obligados a respetar los derechos económicos y sociales tanto en la paz como durante los conflictos armados”, ha declarado Heba Morayef.

Según ha contado a Amnistía Internacional una fuente informada de Teherán, los ataques dañaron edificios residenciales alrededor de los depósitos de combustible en Shahran, y dejaron a gente sin hogar.

Un testigo presencial dijo a Amnistía Internacional: “Hoy [8 de marzo] el cielo sobre Teherán estaba negro. A continuación empezó a caer lluvia negra. El suelo entero se volvió negro, como si le hubieran echado una capa de cemento ligero”.

Otro testigo dijo, también el 8 de marzo: “Esta mañana, el aire era completamente negro. E de día, pero está tan oscuro que parece de noche. La ciudad está llena de hollín. Salí a la calle. Llovía un poco, y las manos se me pusieron negras de inmediato. Cae hollín del cielo. Es aterrador”.

El 8 de marzo, el gobernador político adjunto de la provincia de Alborz, Ghodratollah Seif, anunció que el ataque contra el depósito de combustible de Fardis había matado al menos a seis personas y herido a otras 21, entre ellas personas que vivían en las cercanías. El 9 de marzo, el presidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Alborz declaró que el incendio que siguió al ataque había destruido un centro de diálisis cercano al depósito de combustible de Fardis.

Los ataques contra la infraestructura energética de Irán agravan el sufrimiento de una población traumatizada por las masacres a manos de las autoridades de la República Islámica y que lleva años soportando un deterioro del acceso a la electricidad, el agua, aire limpio y un entorno seguro a causa de una mala gestión crónica por parte del Estado y de la violación sistémica del derecho humano de la población a participar en los asuntos públicos. Estos problemas, unidos a la severa represión política, han estado en el centro de sucesivas protestas nacionales, las más recientes las de enero de 2026, que reclamaban derechos humanos, dignidad y la caída del sistema de la República Islámica.

Ataques contra infraestructuras petroleras en países del Golfo

Desde el 28 de febrero se ha informado de numerosos ataques que afectan a la infraestructura energética en países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha declarado que sus fuerzas están “atacando bases, instalaciones y bienes estadounidenses” que, “por desgracia” estaban situados en sus países vecinos del Golfo, mientras que el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Balifar, proclamó que “mientras existan bases estadounidenses en la región, los países no tendrán tranquilidad”.

Las autoridades de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait han declarado que drones y misiles iraníes han atacado directamente instalaciones de petróleo y gas en Estados del Golfo, y que otras instalaciones se han visto afectadas por los restos procedentes de ataques interceptados. Los gobiernos del Golfo restringen severamente el acceso a la información y la expresión, lo que impide informar sobre los efectos directos de los ataques.

En Qatar, el 2 de marzo, el Ministerio de Defensa qatarí declaró que drones iraníes habían atacado instalaciones energéticas en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, principal núcleo de exportación de gas natural licuado (GNL) de Qatar, pero no se informó de que hubiera habido víctimas. Tras el ataque, Qatar Energy suspendió la producción de GNL declarando causas de fuerza mayor, según han publicado Reuters y Bloomberg News citando fuentes informadas.

El 7 de marzo, el Ministerio de Defensa saudí anunció que se habían interceptado y destruido en el desierto de Rub al Jali 21 drones que, en varias oleadas, se dirigían hacia el yacimiento de Shaybah, perteneciente a Aramco, uno de los yacimientos de petróleo más grandes del país, que incluye instalaciones para producir líquidos de gas natural utilizados en la industria petroquímica.

En Kuwait, el 7 de marzo, un portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití declaró que unos drones habían atacado tanques de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

En Omán, el 1 de marzo, los medios de comunicación estatales informaron de que dos drones habían alcanzado el puerto comercial de Duqm, en la costa oriental, y habían herido a un trabajador extranjero. El 2 de marzo, los medios de comunicación estatales declararon que se había producido un ataque con drones contra un petrolero en la costa de Muscat, que había matado a un tripulante indio.

Se han producido incendios en varias instalaciones, que las autoridades, dirigiéndose a los medios de comunicación, han atribuido a ataques de misiles o a restos de interceptaciones de drones. En algunos casos se ha informado de que empresas estatales del sector de los combustibles fósiles han suspendido la producción o los envíos tras sufrir ataques.

En Bahréin, el 5 de marzo estalló un incendio en una de las unidades de refinería de la empresa estatal Bapco Energies a consecuencia de un ataque iraní con misiles, según la agencia de noticias de Bahréin. La empresa declaró la interrupción de envíos de petróleo por causas de fuerza mayor.

En Arabia Saudí, el 2 de marzo, el Ministerio de Defensa declaró que se habían interceptado dos drones que intentaban atacar la refinería de petróleo de Ras Tanura, perteneciente a Saudi Aramco, en la Provincia Oriental, y que los restos caídos habían provocado un incendio dentro de las instalaciones.

En Emiratos Árabes Unidos, el 10 de marzo estalló un incendio en el Complejo Industrial Ruwais Industrial en Abu Dhabi tras un ataque con drones, según Reuters. También se produjeron incendios en la terminal de tanques de combustible de Musaffah el 2 de marzo, después de que fuera atacada por un dron, y el 3 de marzo en una zona petrolera de Fujairah, cuando los restos de la interceptación de un dron provocaron fuego.

El 9 de marzo, la agencia oficial de noticias de Kuwait informó de que los restos de drones habían provocado un incendio en un tanque de combustible en la central eléctrica de Al Subiya.

Además de los ataques contra Estados del Golfo, el transporte comercial a través del estrecho de Ormuz se ha interrumpido casi por completo. El 10 de marzo, el alto comisionado de las naciones Unidas para los derechos humanos advirtió de que el hundimiento del transporte comercial ya estaba afectando seriamente al acceso a “la energía, los alimentos y los fertilizantes para la población de la región y más allá”, y que un incremento del precio del petróleo tendría un efecto dominó tanto económico como social. Una vez más pidió que se invierta en energías renovables.

“Los ataques contra redes de suministro y distribución de combustible, o que las afectan seriamente, pueden provocar inseguridad alimentaria, ya que en la actualidad estos sistemas desempeñan un papel fundamental en el transporte, la cadena de suministro y la actividad industrial. Todas las partes deben garantizar que se abstienen de lanzar cualquier ataque ilícito y que sitúan la protección de la población civil en la primera línea de todas las decisiones militares”, ha manifestado Heba Morayef.

Información complementaria

Según las autoridades iraníes, al menos 1.255 personas han muerto en Irán desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Israel y Estados Unidos. Al menos 17 personas han muerto en el Golfo desde que Irán comenzó sus ataques a los países de la zona (dos en Bahréin, seis en Kuwait, una en Omán, dos en Arabia Saudí y seis en Emiratos Árabes Unidos). De esas 17 personas, 11 eran ciudadanos extranjeros de India, Irán, Indonesia y Bangladesh, entre otros países, que residían en Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait, Omán y Bahréin, según la información publicada por los medios de comunicación estatales. Al menos 570 personas han muerto en ataques israelíes contra Líbano, según las autoridades. Asimismo, los medios de comunicación han informado de la muerte de al menos 12 personas por ataques en Israel.

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