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Venezuela: Represión calculada

Carolina Flores — Thu, 10 Feb 2022 17:20:33 +0000

El presente informe proviene de la colaboración del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), el Foro Penal y Amnistía Internacional.

La siguiente investigación tuvo como hipótesis de partida, como se ha dicho, la existencia de una correlación entre las detenciones arbitrarias por motivos políticos y las estigmatizaciones difundidas por medios de comunicación vinculados al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. A su vez, se pueden establecer indicios sobre el funcionamiento de la represión, cuáles son sus actores clave y qué dinámica de represión se ha seguido a través de los años.

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El apartheid israelí contra la población palestina

Carolina Flores — Tue, 01 Feb 2022 16:58:00 +0000

Desde su creación en 1948, Israel persigue una política de establecer y mantener una hegemonía demográfica judía y maximizar su control sobre la tierra en beneficio de la población israelí judía al tiempo que restringe los derechos de la población palestina e impide que las personas refugiadas palestinas regresen a sus hogares. En 1967, Israel amplió esta política a Cisjordania y la Franja de Gaza, que ocupa desde entonces.

Amnistía Internacional ha analizado el propósito de Israel de crear y mantener un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina y ha examinado sus componentes clave: fragmentación territorial, segregación y control, desposesión de tierras y propiedades, y negación de derechos económicos y sociales. La organización ha llegado a la conclusión de que este sistema constituye apartheid. También ha documentado actos ilegales cometidos por Israel contra la población palestina con la intención de mantener este sistema, como traslados forzosos, detenciones administrativas y torturas, homicidios ilegítimos, la negación de libertades básicas y la persecución. Amnistía Internacional llega a la conclusión de que dichos actos forman parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid.

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Nicaragua: Cinco razones por las que las elecciones no garantizan derechos humanos

Carolina Flores — Fri, 05 Nov 2021 04:54:08 +0000

El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril del 2018. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas.

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Ningún lugar seguro: las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional

Carolina Flores — Fri, 29 Oct 2021 15:20:32 +0000

Mientras la situación política y económica sigue deteriorándose en Haití, lo que facilita que se cometan violaciones masivas de derechos humanos, secuestros y actos de violencia generalizada, decenas de miles de personas haitianas atraviesan las Américas en busca de seguridad. Sin embargo, los Estados de la región no la proporcionan.

Este documento muestra que hay países que están limitando el acceso a la protección internacional y no están salvaguardando a las personas haitianas de una serie de violaciones de derechos humanos en los países de acogida, como detenciones y devoluciones sumarias ilegales, extorsión, racismo hacia las personas negras, abusos que incluyen la violencia de género a manos de grupos armados, y desamparo.

Los Estados deben proporcionar con urgencia a las personas haitianas medidas de protección que incluyan el asilo y otras vías para obtener la residencia legal con el fin de que puedan reconstruir su vida en condiciones de seguridad.

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Empujados al Peligro

Carolina Flores — Fri, 11 Jun 2021 09:00:00 +0000

Al igual que la población adulta, los niños y niñas tienen el derecho humano universal de solicitar y recibir asilo en caso de persecución. Con frecuencia, se persigue a los niños y niñas migrantes no acompañados precisamente por ser menores de edad, y ser más vulnerables a las violaciones de derechos humanos que las personas adultas. Los posibles daños a los que se enfrentan en cada país y a cada paso del trayecto migratorio, se ven agravados por el hecho de que, habitualmente, se les niegue acceso a asilo y a otros sistemas de protección.

Entre 2018 y 2021, los gobiernos de México y Estados Unidos han devuelto a sus países de origen a niñas y niños migrantes no acompañados, sin haber evaluado antes, de manera adecuada, los irreparables daños que pueden sufrir allí. No obstante, antes incluso de esa fecha, las infancias migrantes no acompañadas no tenían en todo momento acceso a procedimientos de asilo ni dentro de México ni en la frontera de Estados Unidos con México, situación que persiste hoy en día.

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Tiempo de verdad y de justicia: Vulneraciones de Derechos Humanos en los casos de “Bebés robados”

Carolina Flores — Tue, 16 Mar 2021 20:33:22 +0000

Desde el año 2011 se han presentado miles de denuncias por casos de sustracciones de menores, por hechos comúnmente englobados bajo la denominación de “bebés robados”.

En España son muchas las personas que hoy por hoy desconocen múltiples aspectos vitales sobre sí mismas y sobre su pasado. Se trata de personas que desconocen la identidad de sus madres y padres biológicos, su propia identidad o las circunstancias que rodearon a su nacimiento. Algunas de ellas, hoy personas adultas, albergan dudas legítimas sobre si pudieron haber sido separadas de sus madres y sus familiares al nacer. Algunas de estas personas han podido constatar que fueron registradas como hijas e hijos biológicos de las familias a las que fueron entregadas, sustituyendo su identidad y vulnerando sus derechos humanos. Los procedimientos a través de los cuales se realizaban muchas de estas entregas de niños y niñas contaban en gran medida con la participación de instituciones administrativas, sanitarias y religiosas.

Amnistía Internacional ha recabado testimonios y documentado denuncias de sustracción ilegal de menores que dan cuenta de hechos que podrían constituir desaparición forzada, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Desde el momento en que existen motivos razonables para sospechar que una persona ha podido ser víctima de desaparición forzada, se origina para el Estado una obligación absoluta de investigar hasta esclarecer los hechos y conocer la verdad.

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Hora de decidir sobre Guantánamo

Carolina Flores — Wed, 13 Jan 2021 17:05:11 +0000

Este informe regresa al centro de detención de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo cuando nos acercamos a sus 20 años de existencia y mientras un nuevo presidente se dispone a entrar en la Casa Blanca y convertirse en el cuarto titular del cargo durante la vida de esta prisión. Cada uno de sus tres predecesores plasmó sus preferencias políticas sobre este tema. Sin embargo, incluso mientras la política de la administración cambiaba, pasando de “encontrar un centro de detención y llenarlo”, a “revisar las detenciones y cerrar la prisión”, y a “mantenerlo abierto y prepararlo para recibir a más detenidos”, el fantasma en la sombra ha sido el derecho internacional de los derechos humanos, del que se ha hecho caso omiso en virtud de un marco de “leyes de la guerra” defendida por todos los gobiernos de los últimos 19 años.

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Morir ante un juez: Detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo en Venezuela

Carolina Flores — Wed, 09 Sep 2020 16:36:31 +0000

Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la existencia de una política de represión instaurada por el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de silenciar la disidencia y controlar a la población en Venezuela.

El uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales por parte de distintos cuerpos policiales, las detenciones arbitrarias, y el uso de la tortura en el marco de estas detenciones conforman esta política de represión. En los últimos años han salido a la luz distintos casos que reflejan ratos crueles, inhumanos y degradantes por las condiciones de reclusión, hasta extremos de tortura y de denuncias de confesiones obtenidas bajo este método.

Amnistía Internacional ha identificado y documentado casos de tortura en Venezuela, que se enmarcan en el patrón descrito y denunciado por la Alta Comisionada. En particular, la organización ha tenido acceso a un extracto del expediente de investigación penal en contra de dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la DGCIM que supuestamente habrían tenido participación en la muerte de Rafael Acosta Arévalo, capitán retirado de la Marina venezolana.

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De selva a granja: Ganado de cría ilegal en la amazonía brasileña descubierto en la cadena de suministro de JBS

Carolina Flores — Mon, 03 Aug 2020 21:39:07 +0000

En la Amazonía brasileña, las apropiaciones de tierras para actividades ganaderas comerciales ilegales están aumentando a expensas de los derechos de los pueblos indígenas y los habitantes tradicionales de las reservas.Estas apropiaciones amenazan sus tierras y su futuro. Ni indígenas ni residentes de las reservas pueden entrar en las zonas ocupadas, por lo que ven reducidas sus posibilidades de cazar o recolectar recursos naturales.

Las apropiaciones ilegales de tierras suelen ir acompañadas de amenazas e intimidación a quienes viven en esos territorios e intentan defender su propiedad. Los indígenas y habitantes tradicionales de las reservas normalmente temen resultar heridos o muertos si van a estas zonas. En los peores casos, se ven obligados a huir de sus hogares.

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Obstaculización del acceso de organizaciones de derechos humanos a estaciones migratorias

Carlos Guzmán — Wed, 29 Jan 2020 23:37:41 +0000

La liberación de una mujer a la que han obligado a pasar un decenio entre rejas en El Salvador tras haber sufrido complicaciones del embarazo que provocaron que diera a luz a un bebé muerto debe abrir la puerta al final de la extrema legislación del país contra el aborto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Teodora del Carmen Vásquez fue puesta en libertad el jueves después de que un tribunal redujera su condena, pero al menos 27 mujeres permanecen encarceladas a causa de la prohibición total del aborto, según las organizaciones que defienden los derechos humanos de las mujeres en el país.

“Resulta alentador ver a Teodora salir de la cárcel —donde nunca debió haber estado, para empezar—, pero El Salvador aún está lejos de garantizar plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en el país”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades de El Salvador deben derogar urgentemente esta indignante prohibición del aborto, que ha creado un contexto generalizado de discriminación, dolor e injusticia.”

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias. Los fiscales suelen acusarlas de “homicidio” o incluso “homicidio agravado”, que entraña una pena de hasta 50 años de prisión.

Teodora dio a luz a un bebé muerto en 2007, después de sentir unos dolores repentinos y muy fuertes mientras estaba trabajando. La policía la detuvo mientras yacía en un charco de sangre. Posteriormente fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado en un juicio enturbiado por las irregularidades.

El Ministerio de Justicia de El Salvador finalmente conmutó la condena de Teodora, pero no anuló la declaración de culpabilidad ni reconoció su inocencia. Los abogados de Teodora tienen intención de limpiar su nombre y pedir indemnización y reparación por los 10 años que ha pasado entre rejas.

Al menos otras 27 mujeres continúan encarceladas en virtud de las draconianas leyes salvadoreñas sobre el aborto. Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia. En su informe de 2014 “Al borde de la muerte”, Amnistía Internacional concluyó también que, en los casos documentados, se había violado el derecho a un juicio justo y a la igualdad ante la ley.

Amnistía Internacional pide una suspensión inmediata de la aplicación de la ley sobre el aborto, tal como recomendó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el 3 de marzo de 2017, con el objetivo de lograr la despenalización total del aborto, la libertad inmediata e incondicional de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo, y que se garantice a las mujeres acceso a un aborto seguro y legal, como mínimo, cuando su vida o su salud física o mental corran peligro, o en casos de violación, incesto o malformación mortal del feto.

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México: Amnistía Internacional alerta sobre la falta de avances en derechos humanos después de un año del nuevo gobierno

Carlos Guzmán — Wed, 29 Jan 2020 12:46:00 +0000

A casi un año de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente, su gobierno ha mostrado pocos avances substanciales para resolver la crisis de derechos humanos en México, dijo Amnistía Internacional hoy al presentar un balance sobre algunos de los temas más relevantes en la agenda nacional, en el informe “Cuando las Palabras No Bastan”.

“El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, después de un año de su gobierno, no se observan cambios substanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En agosto, el gobierno anunció un paso positivo al confirmar que México reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar las comunicaciones sobre casos individuales, dando así solución a una de las reiteradas demandas de familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, esta medida aún no ha sido implementada.

“Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente. Es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción”, añadió Erika Guevara Rosas.

El gobierno del presidente López Obrador no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores, se ha negado a reconocer a la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria del país. Asimismo, ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas, manteniendo un ambiente hostil en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones.

Por otra parte, la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada en México. Las políticas estatales y los avances legislativos han sido insuficientes para atender el creciente número de homicidios, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres y niñas en todo el país. A pesar de que el gobierno dio un paso positivo en septiembre, cuando presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado, aún falta mucho por garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.

“Aún quedan muchos pendientes en materia de violencia de género. El más urgente de ellos es erradicar los feminicidios. De enero hasta el 30 de septiembre de este año, se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México, con un promedio mensual de casos al alza. No se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”, declaró Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Amnistía Internacional considera que, para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia, asegurándose que cualquier política de la actual administración tenga a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales como un eje fundamental.

Algunas de las recomendaciones que hace la organización al gobierno del presidente López Obrador incluyen desmilitarizar la Guardia Nacional; desarrollar una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque colectivo y comunitario; poner fin a las prácticas ilegales de devolución de migrantes en situación irregular, asegurando el acceso al asilo para personas cuya vida está en riesgo; y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.

Otros temas que el gobierno debe abordar de forma urgente incluyen los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y el ejercicio de derechos sociales y económicos.

“El gobierno del presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país. Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”, dijo Tania Reneaum Panszi.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Alejandro Juárez (Amnistía Internacional México): +52 55 3121 9146, prensa@amnistia.org.mx

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

Más información:

Cuando las palabras no bastan (Investigación, 27 de noviembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/1126/2019/es/

México: A casi un año del nuevo gobierno, las familias de Ayotzinapa siguen esperando justicia (Noticias, 24 de septiembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/mexico-familias-de-ayotzinapa-siguen-esperando-justicia/

México: Gobierno de López Obrador debe poner como prioridad los derechos humanos (Noticias, 12 de marzo de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/03/mexico-gobierno-de-lopez-obrador-debe-poner-como-prioridad-los-derechos-humanos/

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