• Arabia Saudita ejecutó 81 personas en un solo día

• Se tuvo noticia de ejecuciones llevadas a cabo en al menos 20 países

• Seis países abolieron la pena de muerte total o parcialmente

“Las ejecuciones registradas en 2022 alcanzaron la cifra más alta en cinco años debido a los baños de sangre que llevaron a cabo los ejecutores más célebres de Oriente Medio y el norte de África”, declaró hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su Informe global Condenas a muerte y ejecuciones 2022.

Se tiene conocimiento de la ejecución de un total de 883 personas en 20 países, lo que representa un aumento del 53 por ciento respecto de 2021. Este incremento —que no incluye las miles que se cree llevó a cabo en China el año pasado— fue encabezado por países de Oriente Medio y el norte de África, donde las cifras documentadas pasaron de 520 en 2021 a 825 en 2022.

“Los países de la región de Oriente Medio y el norte de África violaron el derecho internacional al aumentar las ejecuciones durante el año 2022, revelando una cruel indiferencia hacia la vida humana. El número de personas a las que se privó de la vida aumentó de forma relevante en toda la región; Arabia Saudita ejecutó a 81 personas en un solo día, una cifra impresionante. Más recientemente, en un intento desesperado de acabar con el levantamiento popular, Irán ejecutó a personas sólo por haber ejercido su derecho a protestar”, dijo Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional.

Lo alarmante es que el 90 por ciento de las ejecuciones conocidas en el mundo, sin contar las efectuadas por China, fueron llevadas a cabo por sólo 3 países de la región. Las ejecuciones registradas en Irán aumentaron de 314 en 2021, a 576 en 2022; en Arabia Saudita, las cifras se triplicaron y pasaron de 65 en 2021, a 196 en 2022 —la más alta registrada por Amnistía Internacional en 30 años—, mientras que en Egipto ejecutaron a 24 personas.

La aplicación de la pena de muerte siguió rodeada de hermetismo en varios países, entre ellos China, Corea del Norte y Vietnam —en los que se tiene constancia de que se usa ampliamente la pena capital—, lo que significa que la cifra global real es mucho mayor. Aunque se desconoce el número preciso de personas ejecutadas en China, es evidente que siguió siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, por delante de Irán, Arabia Saudita, Egipto y Estados Unidos.

Cinco países reanudaron las ejecuciones

En 2022, se reanudaron las ejecuciones en cinco países —Afganistán, el Estado de Palestina, Kuwait, Myanmar y Singapur— al mismo tiempo que éstas aumentaron en Irán (de 314 a 576), Arabia Saudita (de 65 a 196) y Estados Unidos (de 11 a 18).

El número documentado de personas ejecutadas por delitos relacionados con drogas se duplicó de manera relevante en 2022 en relación con 2021. Las ejecuciones por ese delito violan el derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo con el cual sólo deberán llevarse a cabo ejecuciones por “los delitos más graves”, es decir, aquellos en los que hubo homicidio intencional. Se documentaron ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudita (57), China e Irán (255) y Singapur (11), que representaron el 37 por ciento de todas las ejecuciones documentadas en todo el mundo por Amnistía Internacional.

Es probable que también se llevaran a cabo ejecuciones por ese delito en Vietnam, aunque la cifras seguían siendo secreto de Estado.

“En una cruel ironía, casi el 40 por ciento de todas las ejecuciones conocidas fueron por delitos de drogas. Lo que es peor: este cruel castigo suele afectar desproporcionadamente a las personas de entornos desfavorecidos”, declaró Agnès Callamard. “Ya es hora de que los gobiernos y la ONU aumenten la presión sobre los responsables de estas violaciones flagrantes de los derechos humanos y garanticen el establecimiento de salvaguardias internacionales.”

Aunque las ejecuciones aumentaron, el número total de condenas a muerte impuestas siguió siendo básicamente el mismo con un ligero incremento: de 2.052 en 2021 a 2.016 en 2022.

Un rayo de esperanza

En este sombrío contexto, hubo un rayo de esperanza, pues seis países abolieron la pena de muerte total o parcialmente.

Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana abolieron la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Guinea Ecuatorial y Zambia la abolieron sólo para los delitos comunes.

En diciembre de 2022, 112 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 9 la habían abolido sólo para los delitos comunes.

El impulso positivo para abolir la pena de muerte continuó con las medidas legislativas adoptadas por Liberia y Ghana, mientras que las autoridades de Sri Lanka y Maldivas declararon que no iban a ejecutar las condenas a muerte ya dictadas. Además, se presentaron proyectos de ley para abolir la pena de muerte preceptiva en el Parlamento malasio.

“Cuando tantos países siguen relegando la pena de muerte al vertedero de la historia, es hora de que otros sigan su ejemplo. Acciones brutales como las realizadas en países como Irán y Arabia Saudita, así como en China, Corea del Norte y Vietnam, son ya una minoría. Estos países deben adaptarse con urgencia a los tiempos, proteger los derechos humanos y hacer justicia en lugar de hacer ejecuciones”, concluyó Agnès Callamard.

“Con 125 Estados miembros de la ONU —el número más alto a la fecha— que piden una moratoria de las ejecuciones, Amnistía Internacional no ha sentido jamás tanta esperanza como ahora de que este abominable castigo puede ser relegado a los anales de la historia y de que así va a ser. Las trágicas cifras de 2022, sin embargo, nos recuerdan que no podemos dormirnos en los laureles. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todo el planeta”.

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“El gobierno del presidente López Obrador ha mostrado voluntad por avanzar parcialmente en algunas iniciativas, sobre todo en el tema de desapariciones en el país. Sin embargo, después de un año de su gobierno, no se observan cambios substanciales en la vida de millones de personas que enfrentan una gravísima crisis en materia de derechos humanos que se ha prolongado por más de una década. Los altísimos niveles de violencia que atentan contra el derecho a la vida, la tortura que aún es generalizada, los alarmantes índices de violencia contra las mujeres, y una estrategia de seguridad militarizada más viva que nunca, son una muestra de la trágica realidad en México,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En agosto, el gobierno anunció un paso positivo al confirmar que México reconocería la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar las comunicaciones sobre casos individuales, dando así solución a una de las reiteradas demandas de familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, esta medida aún no ha sido implementada.

“Vemos una incongruencia abismal entre lo que el gobierno dice y lo que luego hace. Promete un trato más humano a las personas migrantes y en necesidad de protección internacional, pero manda a la Guardia Nacional a perseguirles y detenerles. Dice que protegerá a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero les desacredita públicamente. Es preocupante que las violaciones de derechos humanos sigan siendo la regla en México y no la excepción”, añadió Erika Guevara Rosas.

El gobierno del presidente López Obrador no se ha alejado sustancialmente de la estrategia de seguridad altamente militarizada de sus predecesores, se ha negado a reconocer a la tortura como práctica generalizada y ha endurecido la gestión migratoria del país. Asimismo, ha restringido indebidamente y puesto en riesgo el ejercicio de la libertad de reunión pacífica y ha estigmatizado consistentemente a periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil que han criticado sus políticas, manteniendo un ambiente hostil en contra de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones.

Por otra parte, la violencia por motivos de género contra las mujeres y las niñas sigue siendo generalizada en México. Las políticas estatales y los avances legislativos han sido insuficientes para atender el creciente número de homicidios, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos en contra de mujeres y niñas en todo el país. A pesar de que el gobierno dio un paso positivo en septiembre, cuando presentó una iniciativa de ley que preveía una amnistía para mujeres que hubieran abortado, aún falta mucho por garantizar los derechos sexuales y reproductivos en todo el país.

“Aún quedan muchos pendientes en materia de violencia de género. El más urgente de ellos es erradicar los feminicidios. De enero hasta el 30 de septiembre de este año, se reportaron 748 víctimas de feminicidio en México, con un promedio mensual de casos al alza. No se distinguen, ni en el corto, ni en el mediano plazo, medidas concretas que permitan superar la renuencia a investigar de manera correcta los casos de feminicidio y acabar con la impunidad”, declaró Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Amnistía Internacional considera que, para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia, asegurándose que cualquier política de la actual administración tenga a los derechos humanos y sus obligaciones internacionales como un eje fundamental.

Algunas de las recomendaciones que hace la organización al gobierno del presidente López Obrador incluyen desmilitarizar la Guardia Nacional; desarrollar una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas con enfoque colectivo y comunitario; poner fin a las prácticas ilegales de devolución de migrantes en situación irregular, asegurando el acceso al asilo para personas cuya vida está en riesgo; y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de mujeres por motivos de género.

Otros temas que el gobierno debe abordar de forma urgente incluyen los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios, la situación de violencia que enfrentan las personas LGBTI, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, y el ejercicio de derechos sociales y económicos.

“El gobierno del presidente López Obrador tiene un mandato robusto y una oportunidad histórica para cambiar el rumbo del país. Le urgimos a asumir el reto de establecer una nueva etapa en la historia del país de respeto para los derechos humanos de todas las personas”, dijo Tania Reneaum Panszi.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Alejandro Juárez (Amnistía Internacional México): +52 55 3121 9146, prensa@amnistia.org.mx

Duncan Tucker (Amnistía Internacional Américas): +52 55 4848 8266, duncan.tucker@amnesty.org

Más información:

Cuando las palabras no bastan (Investigación, 27 de noviembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/1126/2019/es/

México: A casi un año del nuevo gobierno, las familias de Ayotzinapa siguen esperando justicia (Noticias, 24 de septiembre de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/09/mexico-familias-de-ayotzinapa-siguen-esperando-justicia/

México: Gobierno de López Obrador debe poner como prioridad los derechos humanos (Noticias, 12 de marzo de 2019) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/03/mexico-gobierno-de-lopez-obrador-debe-poner-como-prioridad-los-derechos-humanos/

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