En respuesta a la sentencia dictada en la revisión judicial de la prohibición de Palestine Action, Tom Southerden, director de Legislación y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Reino Unido, ha declarado:

“La sentencia de hoy es una afirmación fundamental del derecho a la protesta en un momento en el que ese derecho ha sido blanco de ataques sostenidos y deliberados. La decisión del Tribunal Superior transmite un mensaje claro: el gobierno no puede limitarse a arrogarse amplias competencias contra el terrorismo para silenciar las críticas o reprimir la disidencia. Recibimos con satisfacción esta sentencia, que consideramos un freno esencial a la extralimitación y un poderoso recordatorio de que las libertades fundamentales siguen teniendo peso en la legislación de Reino Unido”.

“Nos alivia —y nos anima— que el tribunal haya reconocido los peligros que entraña tratar la acción directa como terrorismo. Esta decisión pone freno a un patrón de crecientes restricciones, agresivas tácticas policiales y una definición cada vez más amplia de lo que constituye ‘terrorismo’. Traza una importante línea roja contra los intentos de limitar el espacio democrático y socavar la confianza pública en el derecho a alzar la voz”.

“Tiene profundas implicaciones. Miles de personas que se manifestaban pacíficamente —entre ellas las que participaban en la campaña Defendamos a Nuestros Jurados— han sido detenidas por acciones que nunca deberían haber sido delito. Esta sentencia brinda esperanza no sólo a estas personas, sino a cualquiera que crea que plantar cara a quienes ocupan el poder es una parte legítima y necesaria de la vida pública”.

“Una democracia sana depende de que la población pueda organizarse, protestar y exigir rendición de cuentas sin miedo a ser tachada de amenaza. El resultado de hoy fortalece ese principio y subraya la importancia de proteger nuestros derechos frente a la injerencia desproporcionada y de motivación política”.

“Amnistía Internacional seguirá sacando a la luz los intentos de erosionar estas libertades, apoyando a quienes sufren ataques por su activismo pacífico y defendiendo el derecho a la protesta donde quiera que se vea amenazado. Esta decisión constituye un importante paso adelante, y seguiremos trabajando para garantizar que el gobierno respeta tanto la letra como el espíritu de la sentencia de hoy”.

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