“El presidente Abinader consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género. La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas”.

El presidente Abinader consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género. La sociedad dominicana merece un Código que garantice derechos humanos, no uno que perpetúe la draconiana prohibición absoluta del aborto, poniendo en riesgo la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas.Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional

La República Dominicana es uno de los países con las cifras más altas de mortalidad materna en la región; y se estima que al menos el 10% de estas muertes están relacionadas con abortos inseguros. A pesar de esta realidad, el nuevo Código Penal mantiene la criminalización total del aborto, incluso en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la gestante. 

Organizaciones dominicanas de derechos humanos denunciaron que, además, el nuevo Código tiene otras falencias que agudizan la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas. Entre ellas, la prescripción de la acción penal relativa a la violencia sexual contra mujeres adultas, una regresiva tipificación de la violencia sexual en el contexto de pareja, que no cumple con estándares internacionales, la tolerancia al castigo físico contra niñas y niños y la omisión de sancionar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

“No es casualidad que el aborto y la correcta tipificación y sanción de la violencia sexual sean parte de los pendientes de este Código Penal. Estas omisiones reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres” – Johanna Cilano Pelaez, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional.

No es casualidad que el aborto y la correcta tipificación y sanción de la violencia sexual sean parte de los pendientes de este Código Penal. Estas omisiones reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres. Johanna Cilano Pelaez, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente la discriminación contra las mujeres en la República Dominicana sea ella por políticas migratorias que ponen en riesgo la vida y salud de mujeres embarazadas o por leyes nocivas que perpetúan el control sobre sus cuerpos. Frente a esta regresión, Amnistía Internacional urge a las autoridades y al Congreso Nacional a enmendar el Código Penal antes de su entrada en vigor en 2026, garantizando que los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ sean ejes centrales de la legislación penal.

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