“Sólo por participar en un debate sobre la guerra y difundir una publicación en redes sociales, Lev Shlosberg se enfrenta a pasar más de 11 años entre rejas. Su arbitrario enjuiciamiento y condena es una represalia manifiesta por su ejercicio del derecho a la libertad de expresión para pedir la paz”.

“La descalificación del partido Yabloko para presentarse a las elecciones al Parlamento ruso (Duma) es una prueba más de que el pluralismo político y las expresiones en contra de la guerra actualmente no tienen cabida en Rusia.

Las autoridades rusas deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Lev Shlosberg y anular su sentencia condenatoria. Deben derogar la legislación que penaliza la expresión pacífica contra la guerra, poner fin a la persecución de miembros y simpatizantes del partido Yabloko y respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y el derecho a la participación política de toda la población rusa”.

En su alegato final en el juicio, Lev Shlosberg afirmó que en Rusia se ha actuado contra “miles y miles” de personas por sus convicciones “pacíficas, no violentas y humanistas”. Y concluyó: “En realidad, en esta sala judicial yo soy la Federación Rusa, a la que han metido en una jaula y quieren obligar a callar”.

Información complementaria

El 17 de agosto, el Tribunal Municipal de Pskov condenó a Lev Shlosberg, veterano político y periodista y vicepresidente del partido Yabloko, a cumplir 11 años y un mes en una colonia penitenciaria. Fue procesado en aplicación del artículo 280.3.1 del Código Penal ruso por “desacreditación reiterada de las Fuerzas Armadas rusas” y del artículo 207.3.2.d por “difusión de información deliberadamente falsa sobre las fuerzas armadas rusas”. Los cargos están relacionados con su participación en un debate en línea sobre la guerra contra Ucrania y haber difundido en redes sociales una portada del diario Daily Mirror en la que aparecían Vladimir Putin y una mujer ucraniana ensangrentada.

El juicio de Lev Shlosberg concluyó en medio de una presión creciente sobre Yabloko. El 10 de agosto de 2026, el Tribunal Supremo de Rusia prohibió que el partido se presentara a las próximas elecciones al Parlamento. Yabloko recurrió la decisión y al menos 30 de sus simpatizantes fueron detenidos en el exterior de la sede del Tribunal Supremo en Moscú el día de la vista de apelación, 17 de agosto.

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“Maksim Kruglov ha sido encarcelado, no por un delito penal reconocible, sino sencillamente por expresar sus opiniones y pedir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra. Su caso es el más reciente de los de centenares de personas que están siendo perseguidas en Rusia por expresar opiniones contrarias a la guerra.”

“Su dura pena de prisión es un castigo por exigir justicia para las víctimas de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y también forma parte de una campaña más amplia para atacar al partido Yabloko en el periodo previo a las elecciones al Parlamento que se celebrarán en septiembre. Maksim Kruglov es uno de los varios miembros de Yabloko que han sido blanco de la campaña de las autoridades para silenciar al único partido político registrado en Rusia que pide abiertamente el fin inmediato de las hostilidades.”

“Las autoridades rusas deben ponerlo en libertad de forma inmediata e incondicional, a él y a todas las demás personas encarceladas exclusivamente por oponerse de forma pacífica a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Las autoridades deben anular su declaración de culpabilidad y su condena y derogar toda la legislación conocida como ‘leyes de censura de guerra’.”

Información complementaria

El 24 de junio, el Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky, Moscú, condenó a Maksim Kruglov a siete años en una colonia penitenciaria. Kruglov había sido detenido en San Petersburgo en octubre de 2025 por cargos de difundir “deliberadamente información falsa” sobre el ejército ruso en publicaciones en Telegram y VKontakte en las que hacía referencia a muertes de civiles en Ucrania, en lugares como Mariúpol y Bucha.

Poco después de su detención, Maksim Kruglov fue añadido al registro ruso de “terroristas y extremistas”. En diciembre de 2025, otro copresidente del partido Yabloko, Lev Shlosberg, fue acusado de los mismos delitos. Al menos nueve activistas del partido se han enfrentado a procesamientos penales, decenas han sufrido detención administrativa y 12 cargos del partido han sido tachados de “agentes extranjeros”, lo que los descalifica para presentarse a las próximas elecciones al Parlamento.

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La decisión de calificar la Red LGBT de Rusia de “organización extremista” y prohibir sus actividades en todo el país, adoptada por un tribunal de la segunda ciudad más importante de Rusia, no hará sino agravar la marginación de las personas LGBTI y sus derechos humanos; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La sentencia del Tribunal Municipal de San Petersburgo estuvo precedida de varias vistas a puerta cerrada, como había solicitado el Ministerio de Justicia, y se dictó dos meses después de resoluciones similares que calificaron de este modo a otros cinco grupos LGBTI —Coming Out en San Petersburgo, el Centro de Recursos LGBTI en Ekaterimburgo, el Centro Comunitario de Moscú para Iniciativas LGBT+, el grupo LGBTI Irida en Samara y el proyecto mediático de temática LGBTI Parni+— fueran calificados de “organizaciones extremistas” en sentencias parecidas.

“Cuando el Tribunal Supremo prohibió en noviembre de 2023 el inexistente ‘movimiento internacional LGBT’ por ‘extremista’, estaba claro que las autoridades no iban a detenerse ahí. Las designaciones de la Red LGBT y otras organizaciones rusas como ‘extremistas’ son eslabones de la misma cadena de persecución e injusticia por parte de las autoridades rusas contra las personas LGBTI”, ha manifestado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

Las designaciones de la Red LGBT y otras organizaciones rusas como ‘extremistas’ son eslabones de la misma cadena de persecución e injusticia por parte de las autoridades rusas contra las personas LGBTI.Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central

“Durante casi dos decenios, la Red LGBT rusa ha reunido a activistas de todo el país, ha prestado ayuda de emergencia y ha realizado investigaciones fundamentales sobre la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI. Prohibirla es un gran golpe premeditado contra la comunidad LGBTI y sus aliados.”

Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y personas voluntarias desempeñan una función esencial al ofrecer apoyo jurídico, psicológico y social, documentar abusos y evacuar a quienes corren peligro. Pese a su labor legítima de derechos humanos, un número creciente de organizaciones han sido calificadas arbitrariamente de “extremistas”.

“Las autoridades rusas deben renunciar de inmediato a utilizar la legislación contra el extremismo para reprimir a la comunidad LGBTI, revertir las políticas homófobas y garantizar los derechos de las personas LGBTI a la libertad de expresión y asociación y a no sufrir discriminación, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos. La legislación discriminatoria contra las personas LGBTI debe ser totalmente abolida, y las decisiones judiciales que califican al ‘movimiento internacional LGBT’ y a organizaciones individuales como ‘extremistas’ deben ser revocadas”, ha afirmado Marie Struthers.

Más represalias y silenciamiento de personas LGBTI

Desde el fin de 2025, las autoridades han intensificado la represión contra los derechos de las personas LGBTI mediante procesos penales, arrestos y multas contra personas individuales, reuniones privadas y plataformas de medios de comunicación.

El 8 de diciembre de 2025, un tribunal de Cherkesk condenó a un residente de la república de Karacháyevo-Cherkesia a dos años y medio de prisión por unirse a un chat grupal y publicar comentarios que las autoridades calificaron de promoción de las “relaciones sexuales no tradicionales”. El 4 de diciembre de 2025, un tribunal de Uliánovsk impuso arresto domiciliario a tres residentes acusados de “organizar y participar en las actividades de una organización extremista” por celebrar fiestas de temática LGBTI y espectáculos drag queen de carácter privado entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

En enero de 2026, el artista drag Aleksandr Knyagin huyó de Rusia tras ser incluido en una lista federal de personas buscadas a raíz de una redada policial en un lugar donde se celebraba un acto LGBTI en Kirov el 1 de noviembre de 2025.

El 18 de diciembre de 2025, la educadora sexual y activista LGBTI Sasha (Aleksandra) Kazantseva fue condenada in absentia a nueve años de prisión por cargos que incluían difusión de “información falsa” sobre las fuerzas armadas rusas y presunta participación en un “movimiento extremista LGBT”. A finales de 2025 se habían abierto al menos 23 causas penales por cargos de “extremismo” relacionados con actividades LGBTI.

El 23 de marzo, un tribunal de Chita, en Siberia Oriental, condenó a la empresaria Tatiana Zorina, de 23 años, a cuatro años de reclusión en una colonia penitenciaria por “organizar las actividades de una organización extremista” en un club nocturno del que era copropietaria.

Las autoridades también han recurrido a la imposición de elevadas multas para reprimir el apoyo a los derechos LGBTI. El 2 de febrero se abrieron tres causas penales por presunta “propaganda LGBT” contra Yevgeny Pisemsky, fundador del prohibido proyecto mediático Parni+ y de Phoenix Plus, ONG que ya había sido calificada de “agente extranjero” y optó por disolverse. Ese mismo mes se impuso una multa de 100.000 rublos (1.300 dólares estadounidenses) al periodista Vadim Vaganov, también por “propaganda LGBT” —la tercera que sufría— y poco después se iniciaron acciones administrativas contra él por cuarta vez. Los días 18 y 25 de febrero se impusieron sendas multas de 200.000 rublos (2.600 dólares) al periodista Yaroslav Rasputin por publicaciones en redes sociales.

El 16 de abril, un tribunal de Saratov multó a la agencia de noticias SaratovBusinessConsulting con 500.000 rublos (6.700 dólares) por publicar una reseña de la serie televisiva “Rivalidad encarnizada”, que las autoridades consideraban “propaganda LGBT”.

“Además de las actuaciones penales y las multas administrativas, también estamos viendo el borrado sistemático de las personas LGBTI de la vida pública, incluso mediante censura y medidas contra centros culturales, editoriales, librerías, plataformas de streaming y espacios en línea”, ha dicho Marie Struthers.

Además de las actuaciones penales y las multas administrativas, también estamos viendo el borrado sistemático de las personas LGBTI de la vida pública, incluso mediante censura y medidas contra centros culturales, editoriales, librerías, plataformas de streaming y espacios en línea.Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central

El 2 de febrero de 2026, un tribunal de Moscú multó con 200.000 rublos (2.600 dólares) a un alto directivo del servicio de streaming Wink por dar acceso a películas de temática LGBTI. El 11 de febrero se impusieron multas de entre tres y tres millones y medio de rublos (38.700-45.250 dólares) a importantes plataformas —Kinopoisk, Ivi y Wink— por el mismo “delito”. Igualmente, el 20 de abril, un tribunal multó con ocho millones de rublos (106.900 dólares) a la plataforma de juegos Roblox.

El 30 de enero de 2026, la editorial feminista No Kidding Press, que había suspendido su actividad, fue multada con 800.000 rublos (10.300 dólares) por la publicación y distribución de la novela gráfica The Fruit of Knowledge (El fruto del conocimiento) de la autora sueca Liv Strömquist. Ese mismo mes se iniciaron actuaciones judiciales contra la cadena de librerías Chitai-gorod – Bukvoed por tener a la venta varios títulos, entre ellos la novela de ciencia ficción La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Le Guin. Con anterioridad, el 26 de noviembre de 2025, la novela de Stephen King It (Eso) se retiró de la venta a raíz de denuncias de “propaganda LGBT”.

El 21 de abril de 2026, agentes encargados de hacer cumplir la ley detuvieron al director de la editorial Eksmo, Yevgeny Kapyev, y varios miembros de su personal en relación con una causa por “extremismo” contra Popcorn Books, editorial asociada con literatura de temática LGBTI. Tras ser interrogados como testigos en la causa penal, quedaron en libertad.

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Ante las draconianas condenas impuestas a varios activistas jóvenes enjuiciados por su afiliación real o supuesta al movimiento democrático juvenil ruso Vesna (Primavera), Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

“La sentencia de hoy revela hasta qué punto el sistema judicial ruso sigue dando luz verde a represalias de motivación política. Los cargos formulados contra estas personas eran tan extravagantes, tan descaradamente falsos, y las ‘pruebas’ presentadas tan endebles, que lo único razonable que podía haber hecho el tribunal era desestimar la causa desde mismo el principio. En cambio, el tribunal dictó penas de prisión, castigándolas por expresar sus opiniones, y por su participación cívica y su activismo contra la guerra. Esta sentencia pone al descubierto que las autoridades rusas tratan el activismo contra la guerra basado en principios como un delito, etiquetándolo de ‘extremismo’”.

Los cargos formulados contra estas personas eran tan extravagantes, tan descaradamente falsos, y las “pruebas” presentadas tan endebles, que lo único razonable que podía haber hecho el tribunal era desestimar la causa desde el mismo principio.Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central

“Todas las personas encausadas en el caso Vesna deben ser puestas en libertad inmediata e incondicional, y la sentencia, anulada. Las autoridades rusas deben poner fin a su uso indebido de la legislación penal para silenciar la disidencia y cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el respeto total de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.

Información complementaria

El 8 de abril de 2026, el Tribunal Municipal de San Petersburgo dio a conocer su sentencia en la causa seguida contra seis jóvenes activistas a quienes las autoridades consideran miembros del movimiento democrático juvenil Vesna.

El tribunal dictó penas de prisión severas: 12 años para Anna Arkhipova; 11 para Yan Ksenzhepolsky; 10 para Vasiliy Neustroev; 7,5 años para Pavel Sinelnikov, y 6 años y dos meses para Evgeniy Zateev y Valentin Khoroshenin. Además, impuso prolongadas prohibiciones posteriores a la excarcelación para participar en actos públicos y publicar en Internet. Amnistía Internacional considera que Anna Arkhipova, Vasiliy Neustroev, Yan Ksenzhepolsky, Evgeniy Zateev y Pavel Sinelnikov son presos de conciencia.

Los seis activistas fueron detenidos el 6 de junio de 2023 en diferentes ciudades, trasladados a Moscú y sometidos a detención en espera de juicio. Fueron acusados de numerosos delitos, entre ellos los de organizar una “comunidad extremista” y participar en ella; “distribuir información falsa sobre las Fuerzas Armadas”, “faltar al respeto a los días de gloria militar y fecha memorables en Rusia”, “hacer llamamientos públicos para actividades consideradas una amenaza para la seguridad del Estado” e “incitar a organizar disturbios masivos” basándose en gran medida en publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas contra la guerra en Ucrania. Valentin Khoroshenin es el único que se declaró culpable de los cargos y declaró contra los demás procesados. Al menos otros 15 presuntos miembros de Vesna se han marchado de Rusia y están en listas de “buscados” de la policía.

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En respuesta a la condena de cuatro años en una colonia penal impuesta a la propietaria de una discoteca, Tatiana Zorina, por supuestamente organizar la “actividad extremista” de un inexistente “movimiento LGBT internacional” en su local, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

“La condena de Tatiana Zorina ilustra claramente cómo el abuso de la legislación sobre el ‘extremismo’ en Rusia se ha convertido en una persecución abierta contra las personas LGBTI y quienes las apoyan. Gestionar un local privado destinado a ser un espacio donde las personas LGBTI puedan ser ellas mismas con seguridad no es un delito. Negar este derecho es deplorable.”

Gestionar un local privado destinado a ser un espacio donde las personas LGBTI puedan ser ellas mismas con seguridad no es un delito. Negar este derecho es deplorable.Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central

“Las autoridades rusas deben anular inmediatamente esta condena y poner en libertad a Tatiana Zorina. También deben derogar las leyes que califican arbitrariamente de ‘extremismo’ la expresión y la asociación pacíficas simplemente porque guardan relación con una orientación sexual o una identidad de género que no se ajustan a los denominados ‘valores tradicionales’. Esta caza de brujas homófoba debe acabar ya.”

Información complementaria

El 23 de marzo, el Tribunal del Distrito de Ingodinsky de Chita, en Siberia Oriental, condenó a la empresaria Tatiana Zorina, de 23 años, a cuatro años en una colonia penal por “organizar las actividades de una organización extremista”. Además, el tribunal le prohibió administrar foros en línea o dirigir asociaciones públicas durante cuatro años tras su puesta en libertad.

Tatiana Zorina fue detenida a finales de octubre de 2024 tras una redada policial en la discoteca Tochka, antes conocida como Jackson. La investigación sostuvo que el local se utilizaba para “promover la ideología” del denominado “movimiento LGBT internacional”, una entidad inexistente designada como organización “extremista” en Rusia el 30 de octubre de 2023 e invocada para perseguir arbitrariamente a las personas LGBTI y a quienes se asocian con ellas.

A finales de 2025, se habían abierto al menos 23 causas penales por cargos de “extremismo” relacionados con actividades LGBTI.

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Con motivo del segundo aniversario de la muerte bajo custodia del político de la oposición rusa y preso de conciencia Alekséi Navalny, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha realizado las siguientes declaraciones:

“Han transcurrido dos años desde que Alekséi Navalny, preso de conciencia y una de las voces más valientes frente a la corrupción y a la represión estatal en Rusia, muriera en una remota colonia penal del Círculo Polar Ártico. Aunque las autoridades rusas siguen eludiendo la rendición de cuentas, la verdad no ha quedado enterrada. Por el contrario, las últimas revelaciones que indican que Navalny fue asesinado con epibatidina, una sustancia altamente tóxica, demuestran que los intentos de ocultar las circunstancias de su muerte han fracasado.”

“Estos hallazgos fueron posibles no solo por la cooperación internacional, sino también por el coraje, la determinación y el compromiso de quienes, desde dentro de Rusia, se aseguraron de que las pruebas fundamentales se conservaran y estuvieran disponibles para el examen pericial. Corriendo riesgos extraordinarios, las amistades y colegas de Alekséi Navalny aseguraron lo necesario para revelar la verdad cuando Putin trató de enterrarla.

Esa misma determinación explica por qué las autoridades rusas mantienen su represión. Están tratando de destruir el movimiento que Alekséi Navalny creó criminalizando su Fundación Anticorrupción (ACF/FBK), enjuiciando a sus simpatizantes y castigando la más mínima expresión de remembranza y solidaridad.”

Aunque las autoridades rusas siguen eludiendo la rendición de cuentas, la verdad no ha quedado enterrada. Por el contrario, las últimas revelaciones que indican que Navalny fue asesinado con epibatidina, una sustancia altamente tóxica, demuestran que los intentos de ocultar las circunstancias de su muerte han fracasado. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“El año pasado se dictaron largas penas de prisión para los abogados de Navalny —Alekséi Liptser, Vadim Kobzev e Igor Sergunin—, así como para cuatro colaboradores —los profesionales de medios de comunicación Antonina Favorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabov y Artyom Kriger— únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.” Deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones, y deben anularse las condenas injustas que se les impusieron.

“Estos enjuiciamientos forman parte de una oleada de represión mucho más amplia. Las autoridades rusas han abierto más de 100 causas penales por supuestas donaciones a la FBK, a la que, de hecho, han etiquetado arbitrariamente de organización “extremista” y, más recientemente, “terrorista”. La persecución generalizada y sistemática de simpatizantes de Navalny aumenta en escala y ferocidad cada año. Bajo la nueva etiqueta de “terroristas”‘, los y las simpatizantes podrían enfrentarse a sanciones aún más duras, incluida la cadena perpetua.”

“Las autoridades rusas deben liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas que han sido encerradas por el simple hecho de estar vinculadas con Alekséi Navalny o con su trabajo, y anular sus sentencias condenatorias injustas. Rusia debe cesar en el abuso de las leyes contra el “extremismo” y el “terrorismo” para perseguir a quienes critican de manera pacífica a las autoridades. Pedimos asimismo a los Estados y a las organizaciones internacionales que divulguen casos individuales, apoyen los esfuerzos internacionales en materia de vigilancia y rendición de cuentas, y brinden protección internacional, incluido asilo, a simpatizantes de Navalny que corren el riesgo de sufrir procesamientos penales por motivos políticos en Rusia.”

Información complementaria

El 14 de febrero de 2026, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia hicieron un anuncio conjunto basado en una investigación coordinada entre servicios de inteligencia en el que afirmaban que Alekséi Navalny había sido asesinado con epibatidina —una sustancia altamente tóxica detectada, según informes, en muestras biológicas tomadas antes del entierro—, y que solo “el Estado ruso tenía los medios, los motivos y la ocasión de emplearla”. Reino Unido dijo que remitiría el asunto a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, señalando que la producción y el uso de tales toxinas están prohibidos en virtud de la Convención sobre Armas Químicas y la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, ambas vinculantes para Rusia.

En diciembre de 2025, el Tribunal Municipal de Moscú confirmó las condenas de cinco años y medio de prisión impuestas a Antonina Favorskaya y Artyom Kriger —periodistas del proyecto mediático SotaVision, que cubrían la actualidad de Alekséi Navalny y la FBK—, así como a Sergei Karelin y Konstantin Gabov, profesionales independientes del canal de YouTube Navalny Live. En septiembre de 2025, un tribunal confirmó también las condenas que se habían impuesto en enero de ese año a los abogados de Alekséi Navalny, Vadim Kobzev (cinco años y medio), Aleksei Liptser (cinco años) e Igor Sergunin (tres años y medio).

Sólo en 2025, los tribunales rusos examinaron al menos 79 causas penales relacionadas con donaciones a la FBK, lo que representa un fuerte aumento en comparación con años anteriores: dos casos abiertos en 2022, cuatro en 2023 y 27 en 2024. En 2025 se procesó al menos a 96 personas, a menudo por donaciones que oscilaban entre los 100 y 14.000 rublos (entre 1,30 y 180 dólares estadounidenses). En ocho casos, los tribunales dictaron penas de cárcel de entre tres meses y cinco años, y en uno se impuso una condena de 12 años. Es probable que el número real de casos sea mayor, dado que no se publican estadísticas oficiales y los datos de los tribunales siguen estando incompletos.

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Ante la decisión de las autoridades rusas de restringir aún más el servicio de mensajería de Telegram reduciendo considerablemente su velocidad, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:

“Como es habitual, las autoridades rusas están recurriendo a la más contundente de sus herramientas de represión digital: censura y obstrucción disfrazados de protección de los derechos e intereses de la ciudadanía. Bloquear o ralentizar Telegram tiene poco que ver con proteger a las personas del delito o el fraude en Internet, y mucho más que ver con restringir aún más su capacidad de comunicarse con libertad y seguridad”.

“Estas restricciones parecen formar parte de un endurecimiento general del control estatal sobre las comunicaciones digitales en Rusia, que ya ha causado el bloqueo o la interrupción de otros servicios de mensajería. Estas medidas han obligado a millones de usuarios a depender de herramientas de elusión para comunicarse libremente, o a utilizar alternativas menos seguras patrocinadas por el Estado.

Si a las autoridades les preocupan de verdad las amenazas en línea, deben abordarlas con medidas lícitas, transparentes y proporcionadas que cumplan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando que toda restricción de la libertad de expresión sea estrictamente necesaria, ejercida por los medios menos invasivos y sometida a vigilancia independiente. El gobierno ruso debe eliminar de inmediato las restricciones de Telegram y otras plataformas de mensajería y redes sociales y garantizar que la ciudadanía rusa puede comunicarse con libertad y seguridad, y sin miedo”.

Información complementaria

El 10 de febrero, las autoridades rusas empezaron a restringir el acceso a Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares en el país. La autoridad encargada de la vigilancia de las comunicaciones (Roskomnadzor) anunció, sin dar detalles, que continuará “imponiendo restricciones coherentes” en Telegram para garantizar el “cumplimiento de la legislación rusa y garantizar la protección de la ciudadanía.” Usuarios de toda Rusia se quejaron de alteraciones generalizadas del funcionamiento de Telegram durante varios días.

En agosto de 2025, Roskomnadzor limitó las llamadas de voz y videollamadas por Telegram y WhatsApp con el pretexto de que los servicios se estaban utilizando para cometer fraude y otras actividades delictivas. En octubre se aplicaron “restricciones parciales” a ambas plataformas, tras la ralentización de los mensajes multimedia en WhatsApp en diciembre. Se han bloqueado otros servicios de mensajería, como Signal en agosto de 2024 y Viber en diciembre de 2024. En 2018, Telegram fue bloqueado temporalmente por orden de un tribunal a raíz de denuncias según las cuales su empresa matriz se negaba a proporcionar las claves de cifrado a los servicios de seguridad.

Las autoridades rusas han promocionado recientemente la aplicación de mensajería MAX, de producción nacional, que ha suscitado preocupación entre grupos de derechos humanos y especialistas en tecnologías de la información por su seguridad y privacidad.

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Ante la iniciativa del Ministerio de Justicia para que se prohíba por “extremistas” a dos destacadas organizaciones LGBTI de Rusia, –Red LGBT Rusia y el grupo Vykhod (Salida), con sede en San Petersburgo– Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

“Una vez más, las autoridades rusas están haciendo un uso indebido de las leyes contra el ‘extremismo’ para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos, eliminar la sociedad civil independiente e intimidar a las personas cuya identidad no encaja en una narrativa aprobada por el Estado”.

“Esta iniciativa refleja una estrategia deliberada del Kremlin para legitimizar y utilizar la homofobia en su ataque a la disidencia, la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana. Una cínica política que, con el pretexto de ‘proteger los derechos tradicionales’, crea fisuras duraderas en la sociedad, estigmatiza comunidades enteras y hace verdadero daño a muchas personas.

“Las autoridades de Rusia deben detener de inmediato su implacable campaña contra las personas LGBTI, poner fin a todo intento de socavar, estigmatizar y perseguir a organizaciones LGBTI y activistas por los derechos LGBTI, y asegurarse de que cualquier persona —independientemente de cuál sea su orientación sexual o identidad de género— puede ejercer sus derechos a la libertad de asociación y de expresión sin temor a ser discriminada”.

Información complementaria

El 2 de febrero, el servicio de prensa de los tribunales de San Petersburgo anunció que el Ministerio de Justicia había emprendido acciones para que las dos destacadas iniciativas LGBTI sean calificadas de “organizaciones extremistas” y por tanto prohibidas. El Tribunal Municipal de San Petersburgo verá ambas causas el 24 de febrero. Las vistas serán a puerta cerrada, dado que supuestamente las demandas contienen “documentación secreta”.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró “extremista” el inexistente “movimiento público internacional LGBT”, lo cual provocó una oleada de arrestos, detenciones y multas por exhibir la bandera arcoíris y otros símbolos relacionados con los derechos LGBTI. En noviembre de 2025, la sección regional de Samara del Ministerio de Justicia emprendió acciones para que la iniciativa queer local Irida –cuyo dirigente Artyom Fokin había sido atacado por las autoridades en aplicación de la legislación sobre “extremismo» y “agentes extranjeros” en 2024– fuera declarada “extremista”.

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“Esta decisión forma parte del esfuerzo general del gobierno ruso para acallar la disidencia y aislar a la sociedad civil. En un país donde se ha encarcelado, asesinado o exiliado a decenas de activistas y disidentes, donde se ha difamado, bloqueado o forzado a autocensurarse a medios de comunicación independientes, y donde se han prohibido o eliminado organizaciones de la sociedad civil, si el Kremlin te prohíbe quiere decir que lo estás haciendo bien.

Las autoridades están tremendamente equivocadas si creen que calificando de ‘indeseable’ a nuestra organización vamos a suspender la labor de documentar y exponer violaciones de derechos humanos; todo lo contrario. No vamos a ceder ante las amenazas, y continuaremos nuestro trabajo sin inmutarnos para garantizar que la población de Rusia puede disfrutar de sus derechos humanos sin discriminación. Seguiremos documentando y hablando en todo el mundo sobre los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Redoblaremos nuestros esfuerzos por sacar a la luz las atroces violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia tanto en su país como en el extranjero.

Nunca dejaremos de luchar por la liberación de las personas presas de conciencia que han sido privadas de su libertad por defender los derechos humanos o la anulación de leyes represivas que impiden alzar la voz contra la injusticia en Rusia. Seguiremos trabajando sin descanso para garantizar que todos los responsables de cometer graves violaciones de derechos humanos, ya sea en Rusia, Ucrania u otro lugar, comparezcan ante la justicia. En definitiva, ningún asalto autoritario va a silenciar nuestra lucha por la justicia. Amnistía no se rendirá ni retrocederá en su lucha por hacer que se respeten los derechos humanos en Rusia y el resto del mundo”.

Información complementaria

El 19 de mayo de 2025, la Fiscalía General de Rusia declaró “organización indeseable” a Amnistía Internacional en aplicación de una represiva legislación rusa de 2015 que permite a las autoridades prohibir arbitrariamente toda organización extranjera y penalizar sus actividades en Rusia. En el anuncio se acusaba a Amnistía Internacional de promover “proyectos rusófobos” y se indicaba que el motivo de adoptar esta medida era el trabajo de la organización sobre la libertad de expresión y asociación en Rusia y su documentación y exposición de crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. La decisión se basa en una ley rusa que infringe el derecho internacional, y el texto de la decisión contradice los hechos al acusar a Amnistía Internacional de actividades que, según su Estatuto y sus políticas, no puede llevar a cabo.

Tres años antes de adoptar esta medida, las autoridades rusas ya bloquearon el acceso a los sitios web de Amnistía Internacional en Rusia y dieron de baja—cerraron en la práctica— la oficina de la organización en Moscú. La calificación de indeseable pone en riesgo de procesamiento en Rusia a organizaciones asociadas a Amnistía y a simpatizantes, periodistas y otras personas con las que la organización trabaja actualmente, o que las autoridades consideran que apoyan o promueven a la organización.

La legislación rusa castiga la participación en las actividades de una “organización indeseable”. Las infracciones cometidas por primera vez pueden dar lugar a multas administrativas de hasta 15.000 rublos (unos 185 dólares estadounidenses). Las infracciones reiteradas, así como financiar o dirigir tales organizaciones, pueden acarrear condenas de hasta seis años de prisión. La ley ya se ha aplicado anteriormente a la distribución o el reenvío de materiales de la organización, lo que incluye publicaciones y enlaces de Internet anteriores a su calificación de “indeseable”.

Esta calificación sitúa a Amnistía Internacional entre decenas de ONG y medios de comunicación independientes contra los que se ha actuado en los últimos años como parte de una campaña general para reprimir la disidencia, desarticular la sociedad civil en Rusia y evitar que sus socios y observatorios internacionales les brinden apoyo y muestren solidaridad. Estas medidas son la médula de un patrón según el cual las autoridades rusas utilizan prácticas autoritarias para silenciar voces, socavar la rendición de cuentas y afianzarse en el poder.

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“Las autoridades rusas deben liberar de inmediato y sin condiciones a Maria Ponomarenko. Condenarla a seis años de prisión simplemente por alzar la voz contra la guerra, denunciar el bombardeo ruso del teatro de Mariúpol y llorar por la pérdida de vidas inocentes ya era algo inconcebible. Ampliar esa condena por cargos falsos de atacar a dos guardias —claramente una cortina de humo para castigarla por no cambiar de opinión y por defender la justicia— representa una nueva cota de vileza en el trato que las autoridades están dando a Maria”.

“Desde que comenzó la guerra de agresión contra Ucrania, las autoridades rusas han utilizado de forma habitual y con descaro tácticas para silenciar la disidencia, utilizando cargos falsos para encarcelar por motivos políticos a quienes las critican. Las autoridades rusas deben detener la guerra contra Ucrania, poner fin a la represión de su propia población, derogar la legislación de ‘censura de guerra’ y poner en libertad a todas las personas encarceladas en virtud de ella”.

Información complementaria

El 27 de marzo, el Tribunal de Distrito de Shipunovsky condenó a un año y 10 meses adicionales a Maria Ponomarenko y ordenó que la activista fuera sometida a tratamiento psiquiátrico ambulatorio después de su puesta en libertad. Teniendo en cuenta la coincidencia de las condenas, esta pena de 22 meses no se añadirá automáticamente a la pena previa de prisión de Maria Ponomarenko, lo que significa que su pena de prisión combinada es de menos de siete años y 10 meses.

Maria Ponomarenko es una periodista del medio de comunicación digital RusNews y activista de Barnaúl (krai de Altái). El 15 de febrero de 2023 fue condenada a seis años de prisión en virtud del artículo 207.3 del Código Penal ruso (“difundir a sabiendas información falsa sobre las fuerzas armadas rusas”). Los cargos se derivaban de las publicaciones de la periodista en las redes sociales sobre el bombardeo del teatro de Mariúpol, en el que según informes se refugiaban centenares de civiles.

Maria Ponomarenko cumple su pena en la colonia penitenciaria IK-6, en Shipunovo, un pueblo a 175 km de Barnaul. Durante su encarcelamiento ha sufrido malos tratos, como la reclusión en régimen de aislamiento en una celda de castigo (SHIZO) —una unidad de aislamiento dura y atestada utilizada para quebrar el ánimo de las personas allí recluidas mediante severas restricciones y privaciones— donde ha sido enviada en múltiples ocasiones por motivos falsos, y la negación de atención médica adecuada, incluso para su salud mental cada vez más deteriorada.

En noviembre de 2023, tan sólo unos meses después del traslado de Maria Ponomarenko a IK-6, las autoridades iniciaron otra causa penal contra ella. Esta vez se basaba en el artículo 321.2 del Código Penal ruso, y se la acusaba de atacar presuntamente a dos guardias varones de la colonia penitenciaria, cargos que ella niega tajantemente. Su procesamiento penal adicional continúa la tendencia por la que las autoridades rusas imponen sanciones penitenciarias adicionales a las personas encarceladas por cargos de motivación política, como demuestra el caso de Aleksei Gorinov, otra poderosa voz contra la guerra.

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Cuando se conmemora el primer aniversario de la muerte bajo custodia del político opositor y preso de conciencia ruso Alekséi Navalny, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha realizado las siguientes declaraciones:

“Ha transcurrido un año desde que Alekséi Navalny, preso de conciencia y voz audaz contra la corrupción y la represión del Estado ruso, perdiera la vida en una prisión remota de su país. Aprovechamos la ocasión para recordar a Putin que las preguntas sobre la muerte de Navalny no van a desaparecer, ni tampoco las peticiones de rendición de cuentas. El Kremlin se equivoca al dar por sentado que el recuerdo de Alekséi se desvanecerá y se podrá eludir la investigación exhaustiva de su muerte. Nuestra determinación en favor de la justicia sigue siendo tan firme como siempre. Lo único que puede garantizar que se esclarezca la verdad es una investigación realizada por expertos internacionales imparciales, y el mundo debe insistir en que se haga, sin concesiones”.

“Alekséi Navalny encarnaba la valentía y la resiliencia. Infundió optimismo y esperanza, al unir a miles de personas que se atrevieron a oponerse a los abusos de poder y a las violaciones de los derechos humanos. Desafió un statu quo estancado marcado por la represión y el silenciamiento de la oposición política y las minorías”.

“El Estado Ruso no pudo quebrar a Alekséi Navalny ni encarcelándolo injustamente, ni sometiéndolo a tortura y a aislamiento reiterado. Incluso muerto, su legado de resistencia continúa inspirado a quienes creen en un futuro mejor. Honramos su memoria al solidarizarnos con las personas que, pese a la represión creciente, siguen persiguiendo la verdad, la justicia y la libertad.

“Entre ellas se encuentran Antonina Favorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabov y Artyom Kriger, que se enfrentan a penas de prisión tras haber sido acusados de ‘participar en una comunidad extremista’ por trabajar con proyectos de medios de comunicación fundados por Alekséi Navalny. Su resiliencia encarna los principios mismos por los que luchó Navalny. Nos indigna la condena de ocho años que se ha impuesto a Daniel Kholodny, procesado por cargos arbitrarios de ‘extremismo’ similares por su trabajo como director de TIC en uno de los canales de medios de comunicación de Navalny”.

“También condenamos con firmeza el enjuiciamiento penal de los abogados de Navalny —Alekséi Lipster, Vadim Kobzev e Igor Sergunin—, que han sido encarcelados por cargos de ‘extremismo’ simplemente por defender a su cliente. Amnistía Internacional pide su libertad inmediata e incondicional e insta a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre el gobierno ruso para que ponga fin a estos y otros enjuiciamientos de motivación política”.

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Al menos 387 personas han sido detenidas en 39 ciudades de Rusia por participar en actividades en memoria de Alexéi Navalni tras su muerte el 16 de febrero, informó la organización rusa de observación de protestas OVD-Info. De acuerdo con diversos informes, en San Petersburgo fueron detenidas más de 200 personas por reunirse pacíficamente para rendir homenaje al político. Allí, los tribunales también han impuesto lo que se denominan “detenciones administrativas” al menos a 26 personas detenidas arbitrariamente en actos en memoria de Navalni, acusándolas de “desobedecer las órdenes de agentes de la policía”, “violar el procedimiento establecido para la organización o la celebración de reuniones” y otros presuntos delitos.

“Las autoridades rusas han recurrido a arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegítimas en todo el país contra personas que sólo trataban de llorar la muerte de Alexéi Navalni. Estos actos crueles no sólo muestran una escandalosa falta de sensibilidad, sino que son una flagrante violación del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión. En Surgut, por dejar flores, Bakyt Karypbaev al parecer fue víctima de tortura y otros malos tratos en una comisaría, fue golpeado y le apuntaron a la cabeza con una pistola”, declarado Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia.

“El caso del activista de derechos humanos Oleg Filatchev, condenado a 10 días de ‘detención administrativa’, y la hospitalización de Grigory Mikhnov-Vaitenko, religioso que sufrió un accidente cerebrovascular tras ser arrestado por la policía para que no pudiera continuar con su plan de celebrar una ceremonia en su memoria, son ejemplos alarmantes de la injusticia generalizada de la que son víctimas personas que intentan llorar la muerte de Alexéi Navalni, un dirigente muy respetado de la oposición rusa. No se trata de incidentes aislados, sino que forman parte de una campaña de ámbito nacional para silenciar la disidencia e infundir el temor en toda Rusia”.

El objetivo de las autoridades es “borrar su memoria”

En Ekaterimburgo (Urales), debido a la intimidación policial, un grupo de activistas políticos se vio obligado a cancelar un acto en memoria de Navalni que se iba a celebrar dentro de un local. En Barnaul, en el sur de Siberia, el poeta Artem Sájarov fue condenado a 30 días de detención por “violación reiterada” de las normas de un acto público. Había sido arrestado el 18 de febrero cuando dejaba flores en un monumento a las víctimas de la represión soviética.

Ese mismo 18 de febrero, Boris Kazadayev e Ilya Povyshev fueron arrestados en Moscú cuando agentes del orden descubrieron que en una de sus mochilas llevaban fotografías de Alexéi Navalni. Se les había marcado el alto en las cercanías de un memorial improvisado en honor del político de oposición Boris Nemtsov, cerca del lugar exacto en el que murió a tiros en 2015. Según informó OVD-Info, el tercer día de celebración de actos en memoria de Navalni en Moscú, la policía registró selectivamente a quienes asistían a ellos y confiscó fotos de Navalni, así como notas en las que figuraba su nombre.

“La represión a la que estamos asistiendo tras la muerte bajo custodia de Alexéi Navalni no sólo es un trágico recordatorio de aquello por lo que luchó, sino que indica claramente que el objetivo de las autoridades rusas es borrar su memoria. La retirada de sus fotos y la veloz anulación de actos en su memoria en todo el país, a veces directamente delante de quienes asisten a ellos, revela hasta qué punto las autoridades pretenden borrar su nombre de los libros de Historia”, ha manifestado Oleg Kozlovsky.

“Amnistía Internacional pide a las autoridades rusas que detengan inmediatamente su insensible campaña contra quienes rinden homenaje a Alexéi Navalni, pongan en libertad de inmediato a todas las personas detenidas únicamente por protestar o llorar su muerte pacíficamente y garanticen la rendición de cuentas por los abusos perpetrados contra ellas”, ha añadido Oleg Kozlovsky.

“Reiteramos asimismo nuestra petición de que se realice sin demora una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte bajo custodia de Alexéi Navalni, investigación que debe llevarse a cabo con total transparencia y con la participación de su familia”.

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