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• Las RSF cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica
• Combatientes de las RSF atacaron deliberadamente a niños y niñas durante los ataques
• Urge un alto el fuego y una fuerza internacional de protección

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante su campaña para tomar El Fasher, en el estado de Darfur Septentrional, en Sudán, ha concluido Amnistía Internacional en un importante nuevo informe. La organización pide ahora un alto el fuego inmediato en Sudán, así como el despliegue urgente de una fuerza internacional para proteger a la población civil.

Ciudad sitiada, niños y niñas bajo fuego: Crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur Septentrional documenta casos de civiles asesinados, heridos, golpeados, torturados y detenidos en El Fasher y sus alrededores entre principios de 2024 y octubre de 2025, mientras las RSF combatían contra las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas Conjuntas aliadas en una guerra que devastó Darfur Septentrional. Los crímenes de las RSF incluyen el asesinato, el traslado forzoso, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, otras formas de violencia sexual, la esclavitud, el exterminio y la persecución.

Cientos de miles de niños y niñas han sido desplazados; muchos de ellos se han expuesto repetidamente a la muerte o a sufrir lesiones durante los ataques o mientras huían. Innumerables han quedado huérfanos. Las personas con discapacidad y las de edad avanzada se han enfrentado a riesgos graves, como ataques selectivos, abandono y exclusión de la asistencia esencial.

En los ataques contra Darfur Septentrional, las RSF empleaban habitualmente términos como falangay, que sugieren esclavitud o servidumbre, contra civiles de etnia no árabe.

Se advirtió al mundo de los horrores a los que se enfrentaba la población civil de El Fasher a medida que las RSF sitiaban la ciudad.Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

“La guerra en Sudán es una guerra contra la población civil. Se advirtió al mundo de los horrores a los que se enfrentaba la población civil de El Fasher a medida que las RSF sitiaban la ciudad. Es una mancha en la conciencia de la humanidad”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Los niños y las niñas no son daños colaterales de esta violencia; muy a menudo, son objetivos deliberados y han sufrido enormemente. Han sido asesinados, heridos, violados, secuestrados y reclutados por la fuerza a gran escala”.

“Se necesita de inmediato un alto el fuego a nivel nacional. Debe desplegarse en Sudán una fuerza internacional independiente y dotada de recursos suficientes para proteger a la población civil de los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto. Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes, los ataques contra la población civil —y el inmenso sufrimiento y trauma que se infligen a los niños y las niñas— continuarán sin obstáculos”.

Para elaborar el informe, Amnistía Internacional entrevistó a 247 personas, entre ellas 208 sobrevivientes (169 adultos y 39 menores de edad) que habían sufrido o presenciado abusos relacionados con el conflicto. El informe también contiene análisis de fuentes abiertas, que incluye 89 vídeos y un análisis exhaustivo de imágenes de satélite de Darfur Septentrional.

El 10 de junio de 2026, Amnistía Internacional envió una carta al general Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de las RSF, en la que se documentaban las conclusiones del informe. En el momento de la publicación, no se había recibido respuesta.

El análisis de las pruebas reunidas dentro del ámbito geográfico y temporal examinado en este informe permite concluir, sin reservas, que se produjo una persecución por motivos de identidad étnica. Amnistía Internacional considera que los actos documentados en este informe, así como otros presuntos crímenes objeto de investigaciones paralelas, podrían ser pertinentes a efectos de la calificación del delito de genocidio. En el momento de publicarse este informe prosiguen las investigaciones de la organización en relación con estos actos.

Guerra de asedio

En noviembre de 2023, las RSF controlaban cuatro de las cinco capitales estatales de Darfur. El Fasher, capital de Darfur Septentrional, era el único reducto que resistía. A partir de 2024, las RSF atacaron sistemáticamente las aldeas, los pueblos y los campos de personas desplazadas en los alrededores de El Fasher, sometieron a la población residente a la violencia y el saqueo e incendiaron infraestructuras civiles.

Muchas de estas comunidades estaban compuestas predominantemente por miembros de la etnia zaghawa. Durante los ataques, los combatientes de las RSF incendiaron viviendas civiles mucho después de que sus habitantes hubieran huido, lo que apunta a la intención de dejar inhabitables esas zonas. Estas acciones, sumadas al control continuado de las RSF en las zonas —lo que impide el regreso de la población desplazada—, son compatibles con la limpieza étnica del pueblo zaghawa en las zonas cercanas a El Fasher.

Yagoub*, joven zaghawa de 17 años, se encontraba en la finca de su familia cerca de Abu Zerega, localidad situada 35 kilómetros al sur de El Fasher, cuando las RSF lanzaron su ataque en diciembre de 2024. Intentó huir, pero las RSF lo capturaron. Según contó a Amnistía Internacional: “Me ataron y me golpearon con palos y con la culata de un AK-47. Entonces, uno de ellos se acercó montado en un camello y dijo: ‘Éste es el hijo de un falangay’ […] y sin más me disparó en la pierna”.

Yagoub ahora utiliza muletas para caminar. Ocho de sus primos, entre ellos cuatro niños de entre 11 y 17 años, murieron en el mismo ataque.

Tras desplazar por la fuerza a la población de los pueblos cercanos a El Fasher, las RSF efectuaron un asedio brutal sobre la ciudad desde mayo de 2024 hasta octubre de 2025, restringieron la entrada de alimentos y suministros humanitarios, y bombardearon la ciudad casi a diario. La hambruna se propagó y obligó a la población a comer ambaz, un subproducto de la producción de aceite de cacahuete que normalmente se utiliza como pienso para animales. Toda la población civil, pero en especial niños y niñas —en quienes las enfermedades y la desnutrición pueden tener efectos irreversibles—, sufrió las peores consecuencias de esta hambruna provocada.

Algunas mujeres relataron que habían dado a luz en medio de graves privaciones y estrés: en sofocantes refugios antiaéreos subterráneos, en hospitales que fueron bombardeados o mientras huían de la violencia. Al no poder obtener una nutrición adecuada ellas mismas, a menudo no podían producir suficiente leche para alimentar a sus recién nacidos. A falta de alternativas seguras, muchas mujeres vieron cómo sus bebés se consumían.

Rashida*, mujer de 39 años, perdió a su hijo menor, un gemelo de un año, en agosto de 2025. En sus palabras: “[Mi hijo] se estaba debilitando mucho [y] no tomaba leche. Se quedó muy delgado”.

La toma de El Fasher

El 26 de octubre de 2025, las RSF lanzaron su ofensiva final contra El Fasher. Cuando los civiles intentaron huir, se encontraron con una red de terraplenes de 57 kilómetros. A continuación se produjo una masacre: cientos de personas fueron ejecutadas y muchas otras, torturadas o detenidas.

Amnistía Internacional entrevistó a 70 sobrevivientes, casi todos los cuales habían presenciado ejecuciones, violaciones, otras formas de tortura o la toma de rehenes. Una mujer de 58 años calculaba haber visto más de 1.000 cadáveres: “A las personas a las que dispararon las arrojaron dentro del terraplén. […] [Las RSF] dijeron que rellenarían el terraplén con los cadáveres”.

Entre los asesinados en el terraplén había muchos niños y niñas. Taiseer*, una mujer zaghawa de 68 años que huía con sus cinco nietos, vio cómo las RSF disparaban y mataban al niño de 12 años que los acompañaba.

Zubeida*, una niña de 15 años, sobrevivió a una masacre de unas 25 personas en el terraplén sólo porque se identificó como medio árabe y afirmó en falso que su padre formaba parte de las RSF. Fue testigo de la ejecución de hombres y niños, del asesinato de mujeres que se resistieron a ser violadas y del tiroteo contra niños y niñas pequeños. Dijo: “Soy la única sobreviviente”.

Quienes permanecieron en El Fasher fueron testigos de terribles violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional entrevistó a 18 personas que se encontraban en el Hospital Materno Saudí, entre ellas miembros del personal, pacientes y familiares de pacientes, que vieron cómo las RSF mataban a decenas de personas allí. Atacar el Hospital Materno Saudí, objeto protegido en virtud del derecho internacional, constituye un crimen de guerra.

Violencia sexual, toma de rehenes y reclutamiento de menores de edad

Las RSF cometieron violaciones y otras formas de violencia sexual a gran escala en numerosos contextos. Amnistía Internacional entrevistó a 26 sobrevivientes de violencia sexual, incluidas 20 mujeres víctimas de violación, entre ellas tres niñas menores de 18 años y una joven violada cuando tenía 17 años. Las sobrevivientes describieron haber sido sometidas a graves humillaciones y abusos que les causaron daños físicos y psicológicos duraderos.

Tasneem*, una niña zaghawa de 13 años, fue secuestrada a principios de abril de 2025 cuando combatientes de las RSF atacaron su aldea, al oeste de El Fasher. Tasneem estaba pastoreando el ganado de la familia con su padre cuando se acercaron combatientes de las RSF. Tasneem vio cómo las RSF mataban a tiros a su padre antes de que la secuestraran y se la llevaran a El Daein, a unos 350 kilómetros de distancia.

Según contó a Amnistía Internacional: “[La primera vez que me violaron] fueron tres personas. Me vendaron los ojos […]. Me sujetaron […]. Me dijeron: ‘Esto te está pasando porque tus muchachos lucharon contra nosotros, los de los falangayat’.”

Las RSF también detuvieron ilícitamente a civiles y mantuvieron a muchos de ellos como rehenes para pedir rescate, a menudo en condiciones terribles. Amnistía Internacional entrevistó a 45 personas detenidas ilícitamente por las RSF, entre ellas ocho menores de edad, entre julio de 2024 y enero de 2026.

Las condiciones de detención eran abusivas y degradantes. Los entrevistados, entre los que se encontraban niños de tan sólo 13 años, afirmaron que los soldados de las RSF les golpearon y les insultaron con epítetos étnicos mientras estuvieron cautivos. Se les negó comida y agua suficientes y se les mantuvo en dependencias sofocantes y superpobladas. Se propagaron las enfermedades: muchos detenidos presenciaron cómo morían decenas de personas —en ocasiones, centenares— por deshidratación o enfermedad.

Amnistía Internacional entrevistó a nueve hombres que habían estado recluidos en el centro de detención de Mina al Bari, en la periferia oriental de El Fasher, durante periodos de hasta cinco meses entre mediados de 2024 y principios de 2026. Estos hombres afirmaron que los habían recluido en contenedores de transporte, que permanecían cerrados la mayor parte del tiempo. El calor sofocante y la mínima circulación del aire dificultaban la respiración.

Un hombre que estuvo recluido allí declaró: “No puedes estirar las piernas… No puedes dormir mucho rato… [Las RSF] me dijeron: ‘No nos importa si mueres’”.

Otro hombre que estuvo recluido en Mina al Bari describió la privación de comida y agua: Mi cuerpo se estaba [deshidratando] por completo, otras personas, al igual que yo, perdieron el conocimiento. [Las RSF] pensaron que habíamos muerto, así que simplemente nos echaron del contenedor. Al poco tiempo se dieron cuenta de que seguíamos vivos. Nos torturaron de nuevo y nos llevaron [de vuelta] al interior del contenedor”.

Amnistía Internacional también documentó el reclutamiento y la utilización generalizados de niños por parte de las RSF, ya fueran de grupos étnicos árabes aliados o secuestrados de grupos no árabes durante los ataques a pueblos y campos de personas desplazadas. Los niños desempeñaban diferentes funciones para el grupo, entre ellas combatir, recabar información y cuidar del ganado.

Rashid* fue secuestrado por las RSF en su pueblo hacia julio de 2024, cuando tenía unos 17 años. Durante casi nueve meses, lo mantuvieron en una zona rural y lo obligaron a pastorear cabras. Estaba custodiado por tres chicos armados, también reclutas de las RSF, que lo sometían a él y a otros detenidos a humillaciones y palizas y lo privaban de comida y agua. Dijo: “Me vigilaban, y si intentaba descansar, me disparaban […]. Me golpeaban por todo el cuerpo.”

Mandos identificados

Amnistía Internacional identificó a mandos de las RSF responsables de graves violaciones del derecho internacional.

Miembros de las RSF grabaron y difundieron públicamente vídeos de ejecuciones masivas. Amnistía Internacional recopiló y verificó 19 vídeos que documentaban una gran masacre cerca del terraplén, a unos 12 kilómetros al noroeste de El Fasher. Nueve de estos vídeos muestran al mando de las RSF Al-Fateh Abdullah Idris, más conocido como ‘Abu Lulu’, ejecutando a personas cautivas vestidas de civil.

Entre los altos mandos de las RSF en el centro de detención de Mina al Bari se encontraban el general de división Gedo Hamdan Ahmed Mohamed (‘Abu Shouk’), que dirigía los interrogatorios y participaba en las torturas, y el teniente coronel Abbas Khater Bakhit, a quien se vio ordenar la tortura de presos y facilitar pagos.

Estas violaciones se produjeron de forma reiterada y a gran escala, lo que indica que quienes ocupaban puestos de autoridad sabían —o debían saber— lo que ocurría y no hicieron nada por impedirlo ni por exigir responsabilidades a nadie.

Recomendaciones

“La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones de preocupación y adoptar medidas concretas para proteger a la población civil, rompiendo el ciclo de impunidad”, ha afirmado Agnès Callamard.

La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones de preocupación y adoptar medidas concretas para proteger a la población civil.Agnès Callamard

“Sudán se ha visto sacudido por el impacto de los recortes en la financiación humanitaria, lo que ha agravado una crisis de derechos humanos ya de por sí catastrófica para unas comunidades que lo han perdido todo. Todos los socios internacionales de Sudán deben garantizar que la ayuda adecuada llegue a las personas refugiadas y desplazadas, incluidos los servicios centrados en la infancia, para ayudar a mitigar la crisis.

“También requiere reforzar la rendición de cuentas, garantizando un apoyo suficiente a todos los mecanismos de rendición de cuentas existentes para Sudán, incluidas la Corte Penal Internacional y las misiones de investigación respaldadas por la ONU y la Unión Africana. Los mandos identificados en este informe deben ser investigados y, cuando haya suficientes pruebas admisibles, procesados”.

Todos los países deben dejar de suministrar inmediatamente armas y municiones a todas las partes en el conflicto de Sudán. En particular, deben dejar de suministrar armas a Emiratos Árabes Unidos —el principal patrocinador de las RSF— hasta que este país cumpla con el embargo de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU también debe ampliar el actual embargo de armas de Darfur al resto del país.

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“Los donantes internacionales que asisten a la conferencia de ayuda humanitaria para Sudán deben conseguir más financiación y presionar a las partes enfrentadas para garantizar el acceso humanitario sin trabas y permitir la entrega en el país de servicios sanitarios vitales para la población civil, incluidas las sobrevivientes de violencia sexual”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la celebración de la Conferencia Ministerial Internacional sobre Sudán en Berlín el 15 de abril.

Tres años de conflicto entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y sus respectivos aliados han creado una crisis humanitaria y sanitaria en Sudán, donde más de 33 millones de personas necesitan asistencia. No obstante, los actuales recortes de la ayuda internacional hacen peligrar los esfuerzos para abordar toda una serie de riesgos para la salud como la desnutrición, el cólera, los traumatismos y las lesiones.

“Mientras la ayuda ha disminuido en Sudán, las necesidades no han hecho más que aumentar. Detrás de estas cifras hay vidas reales, personas reales que han perdido su hogar, a sus seres queridos y sus medios de subsistencia que luchan por sobrevivir a la guerra y a las enfermedades y el hambre que esta conlleva”, declaró Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“La reunión de Berlín no debe ser otro foro de intercambio de opiniones. Los donantes internacionales deben aprovechar esta oportunidad para prometer más financiación a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de primera línea que trabajan en Sudán, reconocer el terrible sufrimiento de la población civil y tomar medidas significativas para aliviarlo.

Esta financiación de los donantes, necesaria con tanta urgencia, debe ir acompañada de un redoblamiento de los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional para proteger a la población civil —incluidos personal humanitario, sanitario, y de intervención local— y exigir responsabilidades y justicia por las violaciones cometidas en todo Sudán”.

Las graves consecuencias de una financiación precaria

A finales de 2025, Amnistía Internacional habló con siete ONG que facilitan servicios directamente —desde entregas de combustible a hospitales a atención posterior a la violación para menores en Sudán— o vigilan las violaciones de derechos humanos. La organización también entrevistó a muchas personas que habían huido del país.

Todas las ONG dijeron que la falta de financiación había interrumpido sus actividades obligándolas a cerrar o a reducir personal. Algunas carecían de medicinas básicas, como analgésicos y antibióticos. A una ONG internacional (ONGI), el suministro limitado de antibióticos la obligó a tomar decisiones difíciles sobre a quién dar prioridad.

Una ONGI dijo a Amnistía Internacional que necesita con urgencia alimentos terapéuticos listos para consumir —una pasta densa de nutrientes ideada para tratar a niños y niñas con desnutrición aguda grave— y que sólo puede cubrir las necesidades del 50% de los casos. CARE International calcula que han cerrado hasta el 80% de las cocinas comunitarias debido a la disminución de la ayuda, lo que empeora aún más la crisis de desnutrición.

Mujeres y niños y niñas afectados desproporcionadamente

Los servicios de salud para sobrevivientes de la violencia sexual generalizada que cometen todas las partes enfrentadas se han visto afectados de forma significativa por los recortes en las ayudas.

Una defensora de los derechos de las mujeres y activista dijo a Amnistía Internacional que los grupos de base ya estaban recibiendo muy poca financiación vital: “Y después, tras los recortes en la financiación y los obstáculos para los compromisos de los donantes, no están recibiendo nada. Y eso ha influido en el hecho de que cientos de mujeres y niñas de corta edad estén totalmente abandonadas”.

Calificó el acceso a la atención a la salud reproductiva y sexual de “caos” y dijo que, para las sobrevivientes de violencia sexual con fístula traumática, la situación es “más que dolorosa”.

La intensificación del conflicto en Sudán ha causado la huida de más de 4,5 millones de personas a los países vecinos. En febrero, la ONU emitió una petición de 1.600 millones de dólares estadounidenses para ayudar a la población refugiada en la región.

Entre quienes corren mayor riesgo destacan los niños y niñas, y las personas adultas con discapacidad. Muchos que viven en campos para personas desplazadas en Chad contaron a Amnistía Internacional sus dificultades para acceder a la educación y a la atención médica, así como a sillas de ruedas y otros dispositivos que necesitan para desplazarse.

Yagoub*, de 17 años, camina ahora con una muleta y tiene movilidad limitada después de que las RSF le disparasen en una pierna en su pueblo, en Darfur Septentrional. Dijo a Amnistía Internacional que no podía pagarse la operación para extraer la metralla que seguía teniendo en el cuerpo: “[El personal médico] me remitió a un hospital avanzado […] para que me hicieran una radiografía y ecografías […] Necesito mucho dinero […] Según mi consulta previa, la cirugía cuesta alrededor de cinco millones de libras sudanesas (1.470 dólares estadounidenses)”.

Yagoub dijo que no podía ir a la escuela porque tardaría entre 10 y 20 minutos a pie y no tenía asistencia para ayudarle a llegar.

Makawi*, un chico de 15 años que sufre aparentemente una parálisis cerebral, huyó de Darfur Septentrional a espaldas de su abuela. Sin silla de ruedas, no puede moverse por el campo de personas refugiadas de Chad donde vive ahora. No hay aseos ni duchas cerca de la tienda que comparte con su abuela: “Si necesito ir [al aseo] por la noche, es casi imposible”.

Makawi sueña con ir a la escuela, pero es difícil llegar hasta ella y demasiado caro.

Los compromisos políticos deben traducirse en más ayuda

Para las ONG que trabajan en Sudán, proporcionar atención sanitaria en un conflicto puede ser complejo y costoso. La financiación intermitente de los donantes lo ha hecho especialmente difícil. Las ONG explicaron que los programas deben planificarse con meses de antelación debido al colapso de los sistemas bancarios, y es difícil encontrar transporte y seguridad.

El panorama que describen es de escasez y violaciones generalizadas de los derechos a la salud y a la vida. Como dijo el dirigente de una ONGI: “Verán que siguen existiendo organizaciones en el terreno. Pero, si hablamos de eso, ¿se pueden conseguir suficientes suministros para mantener estas instalaciones? Mi respuesta sería que no. ¿Se pueden encontrar suficientes alimentos nutricionales para estas instalaciones sanitarias? Les diré que no. ¿Se pueden conseguir vacunas suficientes para estas instalaciones? Mi respuesta será que no… No sabemos lo que ocurrirá mañana”.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la financiación de Estados Unidos al plan humanitario coordinado de Sudán se redujo a la mitad entre 2024 y 2025, y en 2025, menos del 40% del plan fue financiado por todos los donantes.

En una reciente decisión muy positiva, después de un informe de la Comisión Independiente para el Impacto de la Ayuda sobre la financiación de Reino Unido en Sudán, el Ministerio de Exteriores de este país priorizó Sudán y, en especial, a las mujeres y las niñas, aunque sigue habiendo cuestiones sobre cómo se materializarán estos compromisos en un contexto de recortes drásticos de personal y de los programas para desarrollo de Reino Unido.

“Es vital que se respeten los derechos humanos, incluidos los relativos a la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y al agua de millones de civiles pese a la intensificación del conflicto. Para hacer realidad estos derechos, los donantes deben garantizar con urgencia suficiente ayuda internacional para satisfacer las necesidades inmediatas esenciales al mismo tiempo que toman otras medidas necesarias a más largo plazo, como el alivio de la deuda incluida su cancelación, para permitir que Sudán dedique más gastos a bienes y servicios públicos vitales”, concluyó Tigere Chagutah.

Durante décadas, los Estados de altos ingresos han adoptado compromisos políticos a gran escala para asignar como mínimo el 0,7% de su producto interior bruto a ayuda exterior y, en virtud de las leyes y normas internacionales de derechos humanos, muchos Estados tienen también obligaciones extraterritoriales de garantizar estos derechos. Este compromiso debe traducirse en un aumento de la ayuda humanitaria destinada a las ONG sudanesas a fin de permitirles responder a las emergencias sanitarias.

Sudán, como otros países muy dependientes de la ayuda en conflictos prolongados, necesita que la comunidad internacional actúe.

• Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas entrevistadas.

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