Durante el último año, familiares de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos (CLIPPVE) han documentado decenas de casos con lesiones graves y padecimientos oncológicos, renales, gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicos. La falta de atención médica adecuada y de medidas humanitarias oportunas ha comprometido la vida de los detenidos, derivando en fallecimientos bajo custodia o tras liberaciones tardías.

En un nuevo documento titulado “Salud y vida bajo custodia. Situación de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos con patologías graves en Venezuela”, Amnistía Internacional analiza la desatención de las autoridades a sus obligaciones y el riesgo inminente para la vida que enfrentan las personas privadas de libertad por razones políticas en el país.

El documento, elaborado a partir de los registros suministrados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) con fecha de corte al 13 de agosto de 2026, examina la situación clínica de 37 personas detenidas (civiles y militares). Entre las afecciones documentadas destacan diagnósticos de alta complejidad como cáncer, insuficiencia renal, cardiopatías, patologías neurológicas e infecciosas, afecciones de salud mental, así como pérdidas funcionales y lesiones presuntamente derivadas de tratos crueles, inhumanos o degradantes y/o torturas, o malas condiciones de reclusión.

Amnistía Internacional resalta que la privación de libertad no suspende el derecho a la salud y exige al Estado venezolano cumplir con su posición de garante, permitiendo evaluaciones médicas independientes y traslados hospitalarios urgentes.

La obligación estatal

Amnistía Internacional subraya que, al privar de libertad a una persona, el Estado asume una posición de garante y un deber reforzado de protección respecto a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. Dado que las personas bajo custodia no pueden procurarse alimentos, medicamentos ni atención especializada por sus propios medios, la falta de asistencia adecuada constituye una violación directa de los estándares internacionales.

El documento fundamenta sus exigencias en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y las Reglas Nelson Mandela, las cuales estipulan la gratuidad, independencia y urgencia de la atención médica penitenciaria, así como el traslado inmediato a centros hospitalarios especializados cuando el penal no pueda cubrir la emergencia.

Los registros que ha hecho CLIPPVE se enmarcan en un patrón continuado de criminalización de la disidencia que Amnistía Internacional ha documentado desde 2017 (Silencio a la fuerza) y profundizado en investigaciones posteriores como Vidas detenidas (2023) o Detenciones sin rastro(2025). Hasta mediados de agosto de 2026, organizaciones de derechos humanos registraban al menos 448 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, sufriendo en muchos casos incomunicación prolongada, hacinamiento y un patrón de denegación o dilación prolongada de la atención médica.

Exigencias urgentes al Estado venezolano

Amnistía Internacional ratifica el pedido de libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. Más allá de la revisión de la legalidad de las detenciones o de las solicitudes de medidas humanitarias y liberaciones correspondientes, Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a garantizar de forma inmediata:

1. Acceso y valoración de personal médico independiente: La realización de exámenes integrales y actualizados por parte de profesionales de la salud capacitados y de confianza de las personas detenidas.
2. Traslados hospitalarios oportunos: La remisión urgente a centros sanitarios del nivel de complejidad adecuado y el inicio sin demoras de los tratamientos e intervenciones quirúrgicas pendientes.
3. Continuidad del tratamiento médico: El suministro sostenido de medicamentos y el acceso efectivo a procedimientos diagnósticos (como biopsias e imágenes) suspendidos.
4. Contacto con familiares y defensa legal: La garantía plena del acceso de las personas detenidas a sus familiares, abogados y a atención médica independiente, así como la comunicación oportuna e inmediata sobre cualquier traslado.

Amnistía Internacional concluye que la inacción u omisión en la atención sanitaria de personas bajo custodia estatal no sólo contraviene los tratados internacionales ratificados por Venezuela, sino que transforma la privación de libertad en una pena adicional cruel e inhumana que pone en riesgo inminente la vida de los prisioneros.

La organización reitera que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad, la salud y la vida de las personas privadas de libertad. Por ello, la adopción de medidas humanitarias urgentes, la atención médica cualificada e independiente y la revisión individualizada de cada caso resultan exigencias impostergables para evitar daños irreversibles o pérdidas de vidas humanas bajo la responsabilidad de las autoridades.

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En el contexto de los terremotos que sacudieron Venezuela la tarde del 24 de junio y de las labores de respuesta, Amnistía Internacional alerta sobre los efectos potencialmente devastadores que este desastre puede tener sobre la población venezolana y llama a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para brindar asistencia a las personas afectadas. 

“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas directa o indirectamente por este desastre, que ahora corre el riesgo de agravar aún más una crisis de derechos humanos y una emergencia humanitaria ya severas y prolongadas, que el pueblo venezolano ha sufrido durante más de una década. El sistema de salud del país ha sido diezmado, mientras que la represión estatal ha debilitado gravemente la protección de los derechos humanos”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. 

Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas directa o indirectamente por este desastre, que ahora corre el riesgo de agravar aún más una crisis de derechos humanos y una emergencia humanitaria ya severas y prolongadas, que el pueblo venezolano ha sufrido durante más de una década.” Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. 

“El pueblo venezolano ha mostrado una resiliencia y una solidaridad extraordinarias frente a esta prolongada crisis de derechos humanos. Debe recibir apoyo urgente mientras enfrenta una nueva tragedia de gran magnitud, y debe ser protegido frente al abandono o la injusticia.” 

“Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a brindar asistencia y responder a los terremotos en cumplimiento de las normas humanitarias y de respuesta ante desastres, así como del derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, la comunidad internacional debe movilizarse con urgencia para proporcionar y entregar la asistencia humanitaria crítica que el pueblo venezolano necesita de manera tan apremiante.” 

Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a brindar asistencia y responder a los terremotos en cumplimiento de las normas humanitarias y de respuesta ante desastres, así como del derecho internacional de los derechos humanos.” Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Las autoridades venezolanas han divulgado información limitada y no corroborada sobre la magnitud total de los daños humanos y materiales causados por los terremotos. En este sentido, Amnistía Internacional llama a las autoridades venezolanas a garantizar la divulgación pronta, creíble y periódica de información sobre el alcance de los daños, el número y las características de las personas fallecidas o heridas, las labores de asistencia desplegadas, las rutas de atención para las personas afectadas y el plan de contingencia para la búsqueda de personas desaparecidas, así como para el rescate y atención de las personas sobrevivientes. 

La organización subraya que las autoridades deben garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad mientras asisten a la población. 

El acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido severamente restringidos como consecuencia de años de censura patrocinada por el Estado, incluido el cierre de decenas de medios de comunicación, el bloqueo de plataformas de redes sociales como X y la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En el contexto de la actual emergencia humanitaria, la organización destaca la importancia crítica de levantar de inmediato todas las restricciones indebidas a la prensa, a las plataformas de redes sociales y a los canales esenciales de comunicación en línea. El impacto potencial de no hacerlo podría medirse en vidas perdidas y en derechos irreparablemente afectados. 

Las ONG de derechos humanos y humanitarias operan actualmente en un entorno sumamente restrictivo como resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y atacar cualquier forma de disidencia percibida. Para ofrecer un plan de respuesta efectivo, las autoridades venezolanas deben derogar de inmediato la llamada ley anti-ONG y todos los demás mecanismos legales que restringen, controlan y limitan las actividades legítimas y necesarias de estas organizaciones de la sociedad civil. 

De manera crítica, Amnistía Internacional expresa su preocupación por las personas que permanecen detenidas y por su situación actual tras los terremotos. Aunque la organización sigue exigiendo la liberación de todas las personas sometidas a detención arbitraria por motivos políticos, en el contexto actual Amnistía Internacional también subraya la necesidad urgente de que organismos humanitarios y de derechos humanos, así como familiares de las personas detenidas, tengan acceso a todos los centros de detención a fin de verificar la seguridad de todas las personas detenidas y suministrar necesidades básicas, incluida atención médica crítica. Asimismo, las autoridades venezolanas deben levantar de inmediato las restricciones ilegales y desproporcionadas a la libertad de miles de ex víctimas de detención arbitraria. Por ejemplo, deben suspenderse las medidas cautelares impuestas a quienes fueron detenidos arbitrariamente por razones políticas. Estas medidas deben ser anuladas, si no completamente levantadas. 

La respuesta urgente necesaria para afrontar esta emergencia requerirá asistencia humanitaria internacional y solidaridad para movilizar cooperación multilateral y recursos estatales a gran escala. Los principios humanitarios internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos deben guiar la obtención y el despliegue de estos recursos, en particular los ya mencionados principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados, actores humanitarios y donantes para que ofrezcan estos fondos y recursos, y lo hagan en cooperación con organizaciones locales de la sociedad civil. 

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A casi dos meses de la aprobación de la ley de amnistía que otorgaría libertad a las personas procesadas y detenidas por motivos políticos en Venezuela, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades venezolanas que su aplicación no puede hacerse con criterios discrecionales que perpetúen la represión por motivos políticos que, en teoría, dicha ley propone subsanar. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional ha dicho:

“La misma arbitrariedad con la que en Venezuela ha encarcelado a miles de personas en los últimos años, hoy día marca la forma en que los tribunales aplican a conveniencia la ley de amnistía, materializando el riesgo denunciado por las organizaciones de derechos humanos sobre la urgencia de reparar a decenas de miles personas que han sido detenidas por motivos políticos en el país”.

“Aunque cientos de personas han sido beneficiadas por la ley, otros cientos han visto sus solicitudes de amnistía rechazadas, sin criterios claros o procedimientos que garanticen que podrán acceder a una justicia imparcial. Por ejemplo, la amnistía les ha sido negada sin explicación a Samantha Hernández, adolescente de 16 años con imputación de ‘terrorismo’, y a Perkins Rocha, abogado que había recibido una medida de casa por cárcel”, continuó Piquer.

“Esto es una pequeña muestra del patrón de arbitrariedad y discrecionalidad con el que las autoridades venezolanas continúan violando derechos humanos de manera sistemática. Todo esto debe ser investigado hasta el más alto nivel. La justicia internacional debe abrirse paso y darles a las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto la reparación que merecen”, concluyó Ana Piquer.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

press@amnesty.org

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“Mientras se restituye la libertad de las víctimas, es fundamental que la Misión de Determinación de los Hechos, creada por la ONU en 2019, pueda acceder al país y certificar que este proceso avanza de acuerdo con los estándares internacionales. El aporte que esta Misión puede hacer es esencial para dirigir a Venezuela hacia un futuro de respeto y garantía de los derechos humanos,” ha añadido.

“El gobierno debe abrir las puertas a un escrutinio imparcial para emprender el camino hacia la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo las garantías de no repetición para los miles de víctimas y la sociedad venezolana,” ha resaltado Valentina Ballesta.

“En este contexto, que incluye la discusión de la llamada ‘Ley de Amnistía’, recordamos que quienes cometieron graves violacionesde derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, así como sus cadenas de mando, no pueden ser beneficiados con procesos, mecanismos o leyes que propicien la impunidad,” ha finalizado Ballesta.

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Tras las excarcelaciones de un pequeño número de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela el 8 de enero de 2026, del total de alrededor de mil personas detenidas por motivos políticos (según organizaciones de sociedad civil locales), y que incluyeron a la presa de conciencia Rocío San Miguel y nacionales españoles como Jose María Basoa y Andrés Martínez, así como al líder político Enrique Márquez y el periodista Biagio Pilieri, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:  

“El fin de cada detención arbitraria es un alivio necesario y esperado para las víctimas que han sido liberadas. El hecho de que personas detenidas injustamente, como la presa de conciencia Rocío San Miguel, hayan podido reunirse con sus seres queridos es una buena noticia. No por ello dejan de ser medidas insuficientes, en cuanto en siga habiendo cientos de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluidas personas defensoras de derechos humanos como Kennedy Tejeda, Javier Tarazona, Eduardo Torres y Carlos Julio Rojas. Amnistía Internacional exige su libertad inmediata y la de las cientos de personas que aún están detenidas y cuyos familiares y comunidades esperan sean puestas en libertad tras los anuncios del gobierno de Rodríguez.” 

 Amnistía Internacional exige su libertad inmediata y la de las cientos de personas que aún están detenidas y cuyos familiares y comunidades esperan sean puestas en libertad tras los anuncios del gobierno de Rodríguez.” Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

“Queremos reconocer la lucha incansable de las familias y las organizaciones que las acompañan, nos unimos a su llamado a que reciban justicia y reparación y a que se garantice que nadie más estará detenido por motivos políticos en Venezuela”, comentó Piquer.   

Amnistía Internacional rechaza que cualquier persona excarcelada, habiendo sido víctima de una detención arbitraria por motivos políticos, siga siendo sometida a investigaciones y procesos penales arbitrarios y discriminatorios por parte de las autoridades de Venezuela. Estos procesos suelen incluir medidas restrictivas de la libertad personal, como por ejemplo prohibición de salida del país o registro periódico ante tribunales, pero también perpetúan el temor y la revictimización de las víctimas. Es por ello que la organización reitera su llamado a que las excarcelaciones vayan acompañadas del cierre definitivo e incondicional de los procesos penales contra cada víctima. 

“No se debe ignorar el hecho de que la política de represión del gobierno venezolano sigue intacta y vigente. El 3 de enero se decretó el estado de conmoción exterior que incluye un artículo donde se insta a las autoridades a “la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República”.  

Esta misma semana, en los días previos a estas excarcelaciones, la organización recibió numerosos reportes de nuevas detenciones arbitrarias, incluidas las de 14 periodistas que posteriormente fueron liberadas. La cruel puerta giratoria de detenciones y excarcelaciones debe cesar de una vez por todas. 

La práctica generalizada y sistemática de detenciones arbitrarias por motivos políticos forma parte de una política estatal que busca silenciar la disidencia, sea real o percibida como tal. Son crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como por tribunales nacionales bajo el principio de jurisdicción universal. Amnistía Internacional recuerda que, en la medida en que continúa habiendo personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos -algunas con necesidad urgente de atención médica, como Emirlendris Benítez-, estamos hablando de una grave violación de derechos humanos y un crimen de derecho internacional, el que siguen cometiendo las autoridades venezolanas al día de hoy. 

“Llamamos en los términos más contundentes a que se desarticule la política de represión, cesen las detenciones arbitrarias por motivos políticos, y que se investiguen a las personas -hasta el más alto nivel- que tengan responsabilidad penal individual por estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.” 

Llamamos en los términos más contundentes a que se desarticule la política de represión, cesen las detenciones arbitrarias por motivos políticos, y que se investiguen a las personas que tengan responsabilidad penal individual por estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.” Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

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Las autoridades venezolanas han cometido, y siguen cometiendo, desapariciones forzadas como parte de su política de represión a la disidencia y a quienes perciben como tales, dijo Amnistía Internacional en su informe Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela, que analiza la situación de 15 personas desaparecidas forzadamente desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025. 

Con base en este nuevo informe y al conjunto de investigaciones de la organización a lo largo de la última década, Amnistía Internacional concluye que estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional se están cometiendo como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela.

“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite. La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, en qué condiciones se encuentra, ni siquiera si está vivo o muerto. Es un crimen que pone en grave riesgo la vida e integridad de la persona desaparecida forzadamente y también somete a su familia a un sufrimiento constante, marcado por la incertidumbre, la angustia y el tormento diario de preguntarse cuál es el paradero de su ser querido,” dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela. La escala y gravedad de los crímenes que se cometen en el país, en concreto la desaparición forzada de personas, deben movilizar la conciencia del mundo, e impulsar la acción de la justicia internacional. Al ser un crimen internacional, acarrea no solo responsabilidad del Estado, sino también la responsabilidad penal de los funcionarios particulares que lo cometan.” 

La investigación de Amnistía Internacional se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual se deben dar tres elementos de forma concurrente para que se configure una desaparición forzada: (1) la detención de una persona; (2) por agentes estatales, o personas actuando con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado; y (3) la negación oficial de la detención u el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona detenida.

El marco temporal del informe inicia con la elección presidencial del 28 de julio de 2024 e incluye la represión que siguió al cuestionado resultado anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro. Las estrategias del gobierno para reprimir las expresiones a favor de un cambio político siguieron un patrón conocido y recurrente, aunque a una escala no vista anteriormente: 25 personas perdieron la vida, al menos 2.200 personas fueron privadas arbitraria e ilegalmente de la libertad, y, posiblemente, cientos de ellas sufrieron una desaparición forzada al negarse su detención u ocultarse su suerte o paradero. En relación a las 15 personas cuyas desapariciones forzadas investigó Amnistía Internacional, destacan la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) como los principales organismos responsables de las detenciones arbitrarias.

Se desconoce el paradero de 11 de las 15 personas cuyas desapariciones forzadas fueron investigadas por Amnistía Internacional. Se trata de Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, Jose María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush. Únicamente se logró establecer el paradero de cuatro personas: Alfredo Díaz, quien estuvo sometido a desaparición forzada durante cuatro días; Eduardo Torres, desparecido forzadamente por ocho días; y Rosa Chirinos y Raymar Pérez quienes estuvieron desaparecidas de manera forzada durante cuatro meses.

Al cierre de este informe, al menos 46 personas podrían estar desaparecidas forzadamente, según información recabada por la organización Foro Penal.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y OCULTAMIENTO DEL PARADERO

En la mayoría de las instancias analizadas por Amnistía Internacional, la detención habría sido arbitraria debido a que no existía base legal para ello. Además, la motivación de la detención en prácticamente todos los casos fue política: las víctimas fueron detenidas por haber participado en protestas, por haber transportado a personas de alto perfil político, o por ser parte de partidos políticos de oposición, activistas, periodistas críticas o defensoras de derechos humanos.

Por ejemplo, se presume que la detención de Rory Branker, detenido el 20 de febrero de 2025 por el SEBIN y que continúa en paradero desconocido, tuvo como finalidad castigar al medio La Patilla, donde él es editor, conocido por su línea editorial crítica hacia el gobierno. 

En general, las autoridades negaron información sobre la detención de todas estas personas. Cuando sí las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familias recorrieron sin descanso organismos de gobierno, fiscalía, poder judicial y varios centros de reclusión para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta. Destacan la sede de la DGCIM en Boleíta, la sede del SEBIN conocida como El Helicoide, así como el centro de reclusión Rodeo I, todos ellos en Caracas o sus alrededores, como los lugares más utilizados por el Estado para mantener a las personas en situación de desaparición forzada.

La esposa y el equipo de trabajo de Eduardo Torres, abogado de la organización de derechos humanos PROVEA, con detenido arbitrariamente el 9 de mayo de 2025 y en paradero desconocido durante días, presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, intentando sin éxito interponer recursos contra la detención, y recorriendo múltiples centros de detención —incluido El Helicoide— en un esfuerzo por confirmar su detención y encontrarlo. Tras una rueda de prensa en la que PROVEA denunció su desaparición forzada, el fiscal general reconoció públicamente su detención, aunque sin revelar su ubicación. Finalmente, el 17 de mayo, custodios del SEBIN confirmaron que se encontraba bajo su custodia.

En los casos de las 15 personas, no solo se les negó de manera sistemática las garantías procesales y el derecho a un juicio justo, sino que ciertos mecanismos del aparato judicial sirvieron para conferir apariencia de legalidad a procedimientos esencialmente arbitrarios e ilegales y facilitar la desaparición forzada. Entre los elementos más ilustradores de estos mecanismos figuran: las audiencias de presentación realizadas en secreto; la imposición de defensores públicos sin voluntad ni capacidad de actuar como defensa legal independiente; la utilización de tribunales carentes de independencia —como los denominados Tribunales contra el Terrorismo—; la anulación de facto del recurso habeas corpus de la víctima; y la instrumentalización del Ministerio Público como órgano de persecución política, bajo el ropaje de la lucha contra el supuesto ‘terrorismo’. Sumado a todo ello, en muchos casos las autoridades estatales también identificaron y estigmatizaron públicamente a las víctimas.

Asimismo, ciertos indicios apuntan a que varias de las personas desaparecidas forzadamente podrían haber sido sometidas a tortura u otros malos tratos con el objetivo de obtener o fabricar una ‘confesión’, o forzar un ‘testimonio’ que incrimine a terceros. 

DETENCIONES Y DESAPARICIONES FORZADAS DE PERSONAS EXTRANJERAS

Tras las elecciones del 28 de julio de 2024 el gobierno de Nicolás Maduro anunció la detención de más de 150 “mercenarios extranjeros”. Al parecer, las autoridades venezolanas estarían utilizando esta práctica para justificar sus narrativas sobre conspiraciones extranjeras y como moneda de cambio con fines de negociación con terceros países. Amnistía Internacional documentó varios casos de personas cuya detención habría sido motivada principalmente por su nacionalidad.

“Recordamos a cualquier funcionario que pueda estar involucrado en desapariciones forzadas —incluidas aquellas que afectan a personas extranjeras—que la prohibición de este crimen es absoluta y no admite excepciones, ni siquiera en el marco de la lucha contra el supuesto ‘terrorismo’. La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe,” dijo Agnès Callamard.

Yevhenii Petrovich Trush, un joven ucraniano de 19 años que vive con un Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, fue detenido sin causa aparente mientras solicitaba refugio en el Puente Internacional Atanasio Girardot, estado Táchira, en la frontera con Colombia. Desde el 20 de octubre de 2024 se desconoce su suerte y paradero a pesar de las múltiples diligencias y acciones de búsqueda realizadas por la madre de su pareja venezolana.

Los ciudadanos españoles Andrés Martínez y Jose María Basoa fueron detenidos en septiembre de 2024, acusados de pertenecer presuntamente al servicio de inteligencia español (Centro Nacional de Inteligencia, CNI) y de integrar una supuesta red de “mercenarios” cuyo objetivo sería atentar contra el gobierno de Venezuela, según declaró el ministro del Interior en una rueda de prensa ofrecida días después. Ambos hombres habían ingresado al país con fines turísticos, y las autoridades españolas negaron cualquier vínculo entre ellos y el CNI. Hasta la fecha, permanecen desaparecidos de manera forzada.

PARTE DE UN ATAQUE GENERALIZADO Y SISTEMÁTICO

A la luz de la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el análisis de Amnistía Internacional también se centra en el crimen de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en base al Estatuto de Roma de la CPI. 

En su artículo 7, el Estatuto dispone que un conjunto de actos, incluida la “desaparición forzada de personas”, constituyen crímenes de lesa humanidad cuando se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. 

En 2019, Amnistía Internacional concluyó que en Venezuela existía un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. En ese momento, la organización identificó las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, y las lesiones por uso excesivo de la fuerza como elementos de una política de represión del Estado. Posteriormente también incluyó el posible crimen de persecución.

En su nuevo informe, Amnistía Internacional concluye que al menos algunos de los actos de desaparición forzada documentados fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Venezuela, y que también constituyen un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. 

RECOMENDACIONES

“Ante la incesante comisión de crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una imperante impunidad en el país, llamamos a la Fiscalía de la CPI a avanzar de manera firme sobre la situación en Venezuela, y considerar incluir el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada en su investigación,” dijo Agnès Callamard.

“Las autoridades venezolanasdeben poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas sin excusas ni demoras. Las familias tienen el derecho a conocer la suerte y el paradero de quienes han sido desaparecidos forzadamente., Además, todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos deben ser liberadas inmediatamente.”

“Los Estados deben utilizar todos los canales diplomáticos y multilaterales a su disposición para presionar a las autoridades venezolanas para que informen sobre la suerte y el paradero de las personas detenidas, y que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente. También deberían ejercitar la jurisdicción universal o cualquier otra forma de jurisdicción extraterritorial para investigar y, de existir evidencia suficiente, procesar a cualquier sospechoso de cometer una desaparición forzada.”

“Las autoridades venezolanas están intentando asfixiar a la sociedad civil, la cual, contra viento y marea, aguanta ataques y amenazas. Amnistía Internacional también pide a los Estados que fortalezcan el apoyo técnico, político y financiero a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil venezolanas que operan dentro y fuera de Venezuela.”

Información complementaria:

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, define a la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas la define de manera muy similar, como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

En septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Este examen, que nació a instancia propia de la Fiscal en ese momento, fue respaldado en 2018 por una remisión de seis Estados parte de la Corte: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, a quienes se le sumaron Uruguay y Ecuador en 2024 y 2025, respectivamente. En 2020, la Fiscalía concluyó que existían bases razonables para investigar crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017. 

Por el momento, la CPI está investigando los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables.

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“Cuando se trata de proteger y respetar los derechos humanos, hemos llegado al punto en el que podemos esperar lo peor del gobierno de Nicolás Maduro. Detener, torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás. Exigimos la liberación inmediata e incondicional y la reparación de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad interminable de las autoridades venezolanas.

“Estas violaciones y crímenes contra menores se enmarcan en patrones más amplios de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la integridad personal y a la libertad, y a un juicio justo, perpetrados por el gobierno de Maduro. Mientras Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil sacan a la luz nuevas y más oscuras formas de estos abusos de poder, los Estados de todo el mundo deben sumarse al clamor global y exigir que se respeten los derechos humanos en Venezuela, empezando por los derechos de los niños y niñas. También deben apoyar –pública, privada y financieramente la investigación en curso por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, todas las investigaciones penales bajo el principio de jurisdicción universal, y el riguroso escrutinio de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU”.

Información de contexto

Venezuela sufre una crisis de derechos humanos profunda y multidimensional desde hace al menos diez años. Durante este tiempo, Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de derechos humanos, así como crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de lesa humanidad, y una emergencia humanitaria compleja en curso, que han obligado a más del 25% de la población del país a huir al extranjero.

La última investigación de Amnistía Internacional enfatiza un elemento especialmente alarmante del más reciente aumento de represión del gobierno contra la disidencia tras las protestas contra la declaración de Nicolás Maduro como ganador de la elección del 28 de julio. Tras la elección presidencial y el anuncio de los resultados cuestionados y no públicos, las autoridades venezolanas han intensificado su política de represión de manera generalizada. En el primer mes tras las elecciones, las autoridades llevaron a cabo más de 2.000 detenciones, según cifras oficiales, que se suman a los centenares que ya estaban detenidos arbitrariamente desde antes del 28 de julio. Se presume que todos estos arrestos y detenciones en curso son arbitrarios y forman parte de la política de represión de larga data del gobierno de Maduro contra cualquier percepción de disidencia. 

Además de este aumento sin precedentes de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, que no solo incluían a niños sino también a personas que viven con una discapacidad, la represión también incluyó muertes ilegítimas, más denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados contra la sociedad civil, represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de las garantías de un juicio justo.

La misión internacional e independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela ha documentado exhaustivamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, así como las formas en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno. Su informe de 2024 concluyó que existen “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido” en el último año.

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando adelante una investigación penal sobre la situación en Venezuela, centrada en los “delitos de lesa humanidad de la privación de libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y la persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), cometidas al menos desde abril de 2017 por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados “colectivos”).

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