Doce años de Ayotzinapa, y el eclipse de la verdad

Doce años se cumplen de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. En estos doce años, hemos presenciado el encubrimiento de la responsabilidad del Estado, y la deslegitimación del trabajo de acompañamiento de  organizaciones civiles; de los esfuerzos institucionales realizados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA); así como la descalificación de organismos del sistema internacional e interamericano de derechos humanos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Mientras los padres y madres de familia mantienen una lucha digna y sostenida a través del tiempo por la exigencia de verdad y justicia.  

El pasado 02 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció y publicó mediante la recomendación 208VG/2026, una narrativa oficial en la que se han descalificado las líneas de investigación y los hallazgos que fueron construidos con rigor técnico, cooperación internacional y evidencia documental, y que permitieron desmontar la mal llamada verdad histórica y delinear nuevas rutas de investigación fortaleciendo la indagatoria.  

En la recomendación, también no se cuestiona al Ejército sobre su actuación antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014, desestimando información relevante sobre las intervenciones ilegales de telecomunicaciones que los castrenses realizaban en Iguala, la complicidad de algunos de sus elementos con la organización criminal Guerreros Unidos, el monitoreo de las actividades políticas de los estudiantes, la infiltración ilegal de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la manipulación de las cámaras del C4 antes, durante y después de los ataques, la entrega de documentación faltante contenida en los folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), y la participación de los militares, junto con la Marina, en la tortura de las personas detenidas durante la investigación inicial. Todas estas cuestiones  no han sido respondidas durante doce años y justifican seguir exigiendo respuestas. 

A pesar de la vinculación a proceso del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivera el pasado 06 de agosto, aún existen pendientes fundamentales entre ellos, las extradiciones como la de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel, y de Ulises Bernabé, ex juez de barandilla de Iguala, que podrían aportar elementos sobre el paradero de los 43 normalistas. Y principalmente la entrega de 800 folios señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que hasta el momento han sido reservados por las fuerzas armadas, especialmente la relativa a la documentación del monitoreo y reportes de lo ocurrido en Iguala durante la noche del ataque y los días posteriores, que el grupo logró constatar en los propios archivos militares, y se presume pueden contener evidencia de la participación de elementos del ejército en la desaparición de los estudiantes.  

Frente al intento de eclipsar la verdad, en este caso desde el Ejército, en un caso de desaparición forzada, según el capítulo tercero, artículos 27, 28 y 29 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, constituye participar en la desaparición forzada.  

Artículo 27. “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”. 

Artículo 28. “Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30”.  

Artículo 29. “Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable”. 

Es decir, cuando soldados, oficiales y generales mienten sobre la desaparición, siguen desapareciendo. Por lo anterior, frente al eclipse de la verdad, donde la CNDH pretende zanjar la responsabilidad del Ejército, las madres y padres de familia, han denunciado que desde 2024 quedaron sin impulso líneas de investigación que son fundamentales para esclarecer el paradero de los normalistas, considerando inaceptable que desde las instituciones locales se pretenda dar carpetazo a las investigaciones realizadas durante una década, valiéndose únicamente de herramientas tecnológicas oficiales que se utilizan en la investigación, pero que en sí mismas no constituyen nuevas líneas de investigación que conduzcan al conocimiento sobre lo ocurrido con los estudiantes. 

En este sentido, una de las demandas de las madres y los padres de familia, es la de mantener la colaboración internacional en las investigaciones en materia de asistencia técnica que contribuya a las labores de búsqueda y al esclarecimiento del caso, por lo que la reincorporación del GIEI es clave para contribuir y fiscalizar de manera autónoma las líneas de investigación, además de contar con el aval técnico y supervisión de un cuerpo internacional confiable, ya que derivado de las investigaciones pasadas, se pudo establecer que información relevante sobre lo que pudo ocurrir con los jóvenes, estaba en manos del Ejército dentro de los documentos denominados (CRFI).  

Aunado a lo anterior, las madres y padres de familia, solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) que se retomen las líneas de investigación que se tenían o en su caso se construyan otras, particularmente: 1. Los separos de barandilla de la Policía municipal de Iguala, lugar al que fueron llevados los estudiantes y su posible traslado a un diverso sitio según los documentos CRFI del día 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014; y 2. La Colonia Jardines del Sol y Laguna de Tuxpan sitios al que probablemente habrían sido llevados por lo menos 11 estudiantes, según información contenida en los 33 documentos CRFI ya identificados y en poder de la CoVAJ.  

Por otra parte, también solicitan la creación de una comisión de trabajo integrada por cinco madres y padres de familia con cuatro de sus asesores jurídicos, la CoVAJ, y la UEILCA para analizar de manera exhaustiva los 33 folios CRFI con la finalidad de poder extraer datos relevantes que puedan ser diligenciados por el Ministerio Público y se integren datos de prueba para una posible judicialización de ser el caso.        

Es preciso señalar que después de la última reunión que tuvieron las familias de los 43 estudiantes con el Estado mexicano, el pasado mes de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que antes del 26 de septiembre, en el contexto del décimo segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, dará a conocer un informe sobre el caso Ayotzinapa que incorporará nuevas líneas de investigación. 

En un contexto de encubrimiento de la responsabilidad del Estado; así como la deslegitimación de organizaciones civiles que han acompañado a las madres y padres de familia, de los esfuerzos institucionales, y del trabajo de instancias internacionales que intervinieron conforme a sus atribuciones en el caso, se cumplen doce años de “Ayotzinapa”, doce años de lucha sostenida, razón por la que frente al intento de eclipsar la verdad, reiteramos al Estado mexicano que el único objetivo que ha impulsado a las madres y los padres de los 43 estudiantes, ha sido desde el primer día, encontrar a sus hijos y lograr que se haga justicia para los 43 jóvenes normalistas, sancionando a los responsables. 

Las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no claudican. Ellos son quienes han resistido y actuado dignamente en favor de la verdad y la justicia, y quienes en clave de lucha, solidaridad y digna resistencia han sostenido en condiciones adversas la agenda contra la crisis de desaparición de personas en México. ¡Hasta encontrarles!