- Las organizaciones de la sociedad civil celebran la publicación del Acuerdo de Escazú en el DOF. Desde el 9 de diciembre ya es exigible en México.
- La implementación efectiva del Acuerdo de Escazú será fundamental para lograr el derecho a un ambiente sano y la protección de personas defensoras de la naturaleza.
- Invitamos a las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras ambientales a conocer, utilizar y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
Las organizaciones de la sociedad civil que hemos impulsado el proceso para lograr un instrumento vinculante sobre los derechos de acceso celebramos que, con fecha del 9 de diciembre de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú.
Con la publicación en el DOF, dicho instrumento cobra validez y fuerza obligatoria, permitiendo que sea exigible. Ante la realidad de violencia socio ambiental que vive el país, este Acuerdo propone una transformación de la gobernanza ambiental. Además, pone en el centro los derechos humanos de las personas afectadas y las obligaciones del Estado; establece herramientas que permiten la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Finalmente crea y fortalece las capacidades, cooperación y protección de personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano.
Desde 2006, en México se han identificado 879 conflictos socio-ambientales en los cuales la violencia ha sido una constante contra las personas y comunidades; asimismo, desde 2012 se han documentado más de 500 agresiones a personas defensoras ambientales en el contexto de megaproyectos de desarrollo. Confiamos en que las autoridades del Estado mexicano cumplan con sus obligaciones y, de manera pronta, puedan implementar plena y efectivamente el Acuerdo de Escazú para lograr el goce del derecho a un ambiente sano para todas y, sobre todo, para garantizar la protección de las personas defensoras de los recursos naturales y el territorio.
Cultura Ecológica
Comunicación y Educación Ambiental
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Centro de Colaboración Cívica
Amnistía Internacional
Firmas en apoyo:
Alianza mexicana contra el fracking (AMCF)
Artículo 19
Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C.
CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil.
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).
Instituto Mexicano de Desarrollo Humano y Aprovechamiento Sustentable SC
Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en Mexico (RAPAM)
Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA)
Fernando Bejarano
Mateo Castillo Ceja
