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“La Copa Mundial masculina 2026 evidenció que los dirigentes de la FIFA no aplicaron sus propias políticas en materia de derechos humanos al anteponer la búsqueda de ingresos récord a la imparcialidad y la igualdad”, declaran la Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe en un informe conjunto que se ha presentado hoy. El informe de 50 páginas, titulado Profit Over People: The 2026 FIFA Men’s World Cup, documenta un torneo caracterizado por el clima de temor habida cuenta del contexto de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes, prohibiciones discriminatorias de visados, barreras de precio y accesibilidad para afición, jugadores y periodistas, criterios poco claros en materia de protección y requisitos de acceso, y ausencia de acceso efectivo a una vía de recurso.
“La Copa Mundial 2026 evidenció que las prioridades y la orientación marcadas por los dirigentes de la FIFA antepusieron los beneficios a las personas”, dijo Andrea Florence, directora ejecutiva de la Sport & Rights Alliance. “Para todas las personas a quienes les importaba el campeonato, el acceso y la participación fueron limitados por la condición económica, la nacionalidad, el estatus migratorio, la discapacidad, la identidad de género y la orientación sexual o las circunstancias políticas. La FIFA no solo no ejerció su influencia para cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos, sino que decidió ensalzar a un gobierno que viola activamente los derechos humanos concediendo al presidente Donald Trump un ‘Premio de la Paz de la FIFA’ que no pasó por proceso de aprobación alguno”.
La Copa Mundial masculina 2026, con 48 naciones participantes y 104 partidos, celebrada por primera vez en tres países —Canadá, Estados Unidos y México—, fue el mayor megaevento deportivo de la historia y la FIFA prometió que sería un torneo donde cada persona “se sienta a salvo, incluida y libre para ejercer sus derechos”. El campeonato fue la primera Copa Mundial celebrada con el reconocimiento de la FIFA y la adopción de unas obligaciones internacionales en materia empresarial y de derechos humanos gracias a su Política de Derechos Humanos de 2017, a la integración de criterios de derechos humanos en el proceso de selección de candidaturas y a un “Marco de Derechos Humanos de la Copa Mundial de la FIFA 2026” para 16 comités organizadores locales. No obstante, debido a la preocupación creciente por posibles abusos contra los derechos humanos en la competición, más de 65.000 personas se unieron al llamamiento de Amnistía Internacional dirigido a la FIFA y a los países anfitriones para que hicieran frente a los riesgos y garantizaran una Copa Mundial para todas las personas.
“La unidad y alegría que vimos en el campo y en las gradas estaban a un mundo de distancia del temor y la división que había más allá de los estadios. Aumentaron las redadas del ICE, se bloquearon protestas y las políticas discriminatorias sobre visados impidieron a muchos aficionados y aficionadas disfrutar de lo que se anunció como ‘la Copa Mundial más inclusiva’”, declaró Frank Conde Tanberg, asesor de política de Amnistía Internacional. “Aunque muchas de estas violaciones se debieron a políticas gubernamentales represivas y abusivas, la FIFA no ejerció su influencia para proteger a la afición y a las comunidades locales, sino que invirtió su capital político en obtener el máximo de ingresos en lugar de defender los derechos humanos”.
El informe detalla cómo el precio excesivo de las entradas, unido a los costosos requisitos para obtener el visado y a la ausencia de un transporte interurbano asequible, así como las restricciones impuestas a más de 39 países para viajar a Estados Unidos, excluyeron de forma desproporcionada a aficionados y aficionadas con discapacidad, ingresos limitados y/o procedentes del Sur Global. Los equipos y directivos de los países participantes se vieron afectados por trastornos de gravedad: se retrasaron o denegaron los visados estadounidenses a miembros del equipo nacional iraní y, para dos partidos con Estados Unidos, el equipo tuvo que entrar y salir del país el mismo día; por su parte, al árbitro somalí Omar Artan, pese a contar con un visado válido, se le denegó la entrada en el aeropuerto internacional de Miami tras 11 horas de interrogatorio. Estos y otros obstáculos surgieron en paralelo a una aplicación agresiva de la legislación estadounidense en materia de inmigración: como documentó Human Rights Watch, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) practicó más de 167.000 detenciones en 11 ciudades sede de la Copa Mundial y en sus alrededores en el periodo previo al torneo. Aunque la información sobre detenciones del ICE en el interior de recintos de la Copa Mundial fue escasa, las medidas de control aumentaron durante el campeonato: durante cinco días a finales de junio, fueron detenidas alrededor de 10.000 personas.
“La afición fue tratada como objetos de los que aprovecharse más que como la esencia del juego”, dijo Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe. “Cuando los precios de las entradas son los más elevados de la historia de la Copa Mundial, se ignoran los requisitos legales sobre accesibilidad para aficionados y aficionadas con discapacidad, y la afición más fiel se enfrenta a denegaciones discriminatorias de visados o a la aplicación militarizada de las leyes fronterizas, ya no cabe hablar de una celebración global sino sólo de un espectáculo exclusivo y aséptico destinado exclusivamente a la élite”.
El informe documenta también otros abusos contra los derechos humanos cometidos en México, donde la policía respondió a las protestas previstas con gas lacrimógeno y detuvo a dos periodistas. En Canadá, los preparativos se caracterizaron por operaciones de limpieza en las calles de las ciudades sede que desplazaron a residentes sin hogar; además, las autoridades de inmigración rechazaron un número de solicitudes de visado para la Copa Mundial, en su mayoría de personas procedentes del Sur Global, superior al número de concesiones. Dentro del control directo de la FIFA, sigue habiendo dudas sobre si la Federación aplicó su propia política sobre la competición que exigía expresamente a los deportistas que declarasen que nunca habían sido investigados por un delito sexual u otro delito violento, dado que en la Copa Mundial 2026 compitieron al menos ocho jugadores que se enfrentan a causas o acusaciones pendientes de agresión sexual. El periodismo independiente también sufrió graves restricciones debido a la opacidad de los procesos de acreditación de la FIFA para medios de comunicación, a las barreras estadounidenses para la obtención de visados y a la inexistencia de conferencias de prensa periódicas con intervención de los máximos dirigentes.
“En los últimos años, Estados Unidos —país donde se celebró la mayoría de los partidos de la Copa Mundial— bajó del puesto 45 al 64 en nuestra Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y ha habido periodistas que han sufrido violencia, detención y deportación”, declaró Clayton Weimers, director ejecutivo de Reporteros sin Fronteras (RSF) Estados Unidos. “Aun así, la falta de claridad por parte de la FIFA sobre la acreditación de medios de comunicación, la falta de coordinación con los trámites para la obtención de visados y la actitud indiferente hacia las ruedas de prensa pusieron de manifiesto la inacción de la FIFA a la hora de defender los derechos humanos. Además de todo esto, la persistente falta de publicidad por parte de la FIFA sobre su mecanismo de reclamación para periodistas, jugadores, afición, trabajadores y trabajadoras, y miembros de la comunidad impida que conozcamos el verdadero alcance de los daños”.
La FIFA necesita claramente una reforma sistémica de su gobernanza que incorpore los derechos humanos y la buena gobernanza en las estructuras de dirección y las decisorias, incluya un sistema independiente de controles y contrapesos, y garantice una rendición de cuentas significativa cuando no se cumplan sus compromisos.
“La lección de la Copa Mundial 2026 no es que los organismos deportivos internacionales pueden garantizar la conducta de unos gobiernos soberanos, sino que son los riesgos para los derechos humanos los que deben determinar la forma en que se premian, se planifican, se contratan, se supervisan y se llevan a cabo las competiciones; y que los máximos dirigentes de la FIFA y otros organismos reguladores del deporte deben estar dispuestos a actuar, especialmente cuando cambian las circunstancias”, concluyó Florence.
Como se detalla en el informe, la Sport & Rights Alliance y Football Supporters Europe piden a la FIFA y a todas las candidaturas a las elecciones presidenciales de 2027 que:
Hagan vinculantes los requisitos en materia de derechos humanos y establezcan unas condiciones exigibles en los acuerdos para sedes de todas las futuras Copas Mundiales masculinas y femeninas, respaldadas por una supervisión independiente y unas consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Establezcan un marco de elegibilidad transparente y centrado en los y las supervivientes para deportistas y directivos contra quienes pesen acusaciones graves de conducta indebida o violencia sexual que sustituya la discrecionalidad caso por caso.
Garanticen un acceso significativo y sin discriminación a futuras competiciones para afición, deportistas, periodistas y otros/as participantes acreditados, y se aseguren de que los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y a la libertad de prensa están garantizados en el contexto de los torneos de la FIFA.
Garanticen la igualdad de acceso a las entradas a aficionados y aficionadas con discapacidad, y un asiento gratuito para su acompañante, al tiempo que se evita la fijación de precios abusivos de las entradas.
Y hagan visibles y accesibles los mecanismos de reclamación y recurso de la FIFA, restablezcan un Consejo Asesor de Derechos Humanos permanente e independiente, reformen de manera integral la Comisión de Ética de la FIFA, y creen un Fondo de Reparación permanente para las personas y comunidades perjudicadas por la organización de torneos, tanto en el pasado como en el futuro.
