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ALGO

Fecha: 16 junio, 2018                                     Haz clic aquí para ver la versión en Náhuatl

Defensorxs del territorio bajo riesgo de ser procesadxs injustamente


En 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación penal por el delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos en contra de 7 personas defensoras de derechos humanos, integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan “TosepanTitataniske”, del Comité de Ordenamiento Ecológico Territorial Integral (COTIC) y del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP).

La denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se basa en la instalación de un campamento de protesta pacífica en contra de la construcción de una línea de alta y una subestación eléctrica.

Hoy  la defensa del territorio en Cuetzalan, Puebla, no tan sólo pone en riesgo su libertad, sino que ya podría haber cobrado la vida de un defensor medioambiental, que enfrentaba la misma investigación.

¡Firma y exige a las autoridades detener su criminalización!

Ramón Ernesto Badillo Aguilar

Delegado Estatal de la PGR en Puebla

Jaime Hernández Martínez

Director General de la CFE

Tengo conocimiento de la situación que afecta a las personas defensoras de derechos humanos en Cuetzalan, Puebla, quienes corren grave peligro, y recientemente han sufrido ataques e intimidación como resultado a su oposición a una obra de la CFE.

Me preocupa la posibilidad de que la apertura de una investigación penal pueda utilizarse como represalia ilegítima en contra de Rufina Edith Villa Hernández, Álvaro Aguilar Ayón, Nazario Diego Téllez, Luis Enrique Fernández Lomelín, Leonardo Durán Olguín, Alfredo Guerreo Santos y Francisco Jiménez Pablo, disuadiendo futuras protestas.

Por ello, le solicitamos que asegure que la investigación y, en su caso, los eventuales procesos judiciales que lleguen a incoarse, cumplan con las garantías de un juicio justo tal como éstas se consagran en el derecho internacional y, en especial, que se sustenten sólo en evidencias lícitas y suficientes para demostrar la responsabilidad penal individual de las personas procesadas. Es fundamental que no se haga un uso indebido del derecho penal como represalia por la labor de defensa de los derechos humanos.

Así mismo, instamos a la CFE a reconsiderar el uso del sistema de justicia penal y valorar la resolución del problema por una vía alterna que contemple la participación de todas las personas afectadas y garantice su derecho a la consulta libre, previa e informada.

Atentamente,

 

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