En la tarde del 24 de junio de 2026, dos terremotos golpearon la región norte de Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5. Los terremotos afectaron principalmente a estados densamente poblados, incluyendo La Guaira, Caracas, Carabobo, Falcón, Aragua, Miranda y Yaracuy. Al 29 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que al menos 1.719 personas habían muerto, 5.000 resultaron heridas y 15.000 habían sido desplazadas de sus hogares. Cientos de bloques de apartamentos y otros edificios colapsaron o sufrieron daños estructurales. Estas cifras se consideran ampliamente como insuficientes para reflejar plenamente la magnitud total del daño humano y material causado por los terremotos, ya que se informa que miles siguen desaparecidos y continúan ocurriendo réplicas.

El 25 de junio, Amnistía Internacional emitió un comunicado de prensa alertando sobre el devastador impacto que estos terremotos probablemente tendrían en la población de Venezuela, tras una emergencia humanitaria compleja que ha durado una década y una política sistemática de represión y, de manera crítica, un sistema de salud colapsado. En este sentido, la organización señaló que “el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido severamente restringidos como resultado de años de censura patrocinada por el Estado, incluyendo el cierre de docenas de medios de comunicación, el bloqueo de plataformas de redes sociales como X, y la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos. En el contexto de la actual emergencia humanitaria, la organización enfatiza la importancia crítica de levantar de manera inmediata todas las restricciones indebidas sobre la prensa, las plataformas de redes sociales y los canales esenciales de comunicación en línea. El impacto potencial de no hacerlo podría medirse en vidas perdidas y derechos irreparablemente afectados”. En respuesta a los informes públicos sobre las continuas restricciones y la censura del trabajo de los periodistas en el terreno, este llamamiento sigue siendo fundamental para un plan de respuesta humanitaria efectivo y basado en los derechos. 

Además, Amnistía Internacional declaró que “las ONG de derechos humanos y humanitarias están operando actualmente en un entorno sumamente restrictivo como resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y a atacar cualquier forma de disidencia percibida. Para ofrecer un plan de respuesta de ayuda eficaz, las autoridades venezolanas deben derogar de inmediato la llamada Ley Antiong y todos los demás mecanismos legales que restrinjan, controlen y limiten las actividades lícitas y necesarias de estas organizaciones de la sociedad civil.” Este llamado se ha vuelto aún más urgente para asistir a aquellos grupos más vulnerables a la discriminación y la marginación, a saber, los niños y las personas mayores. La organización ha registrado informes iniciales sumamente preocupantes sobre presuntos casos de niños que podrían haber sufrido graves violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional está monitoreando de manera continua y cercana la situación en el país, en plena solidaridad con el pueblo venezolano, los defensores de los derechos humanos, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos afectados trágicamente por este desastre.

Antes del ataque cardíaco que Narges Mohammadi sufrió el 24 de marzo de 2026, las autoridades penitenciarias de la prisión de Zanjan le habían negado atención médica adecuada, en particular para el dolor en el pecho, las fluctuaciones de la presión sanguínea, así como para los fuertes dolores de cabeza, las nauseas y la visión doble que comenzó a sufrir a raíz de la tortura y otros malos tratos a los que la sometieron unos agentes tras ser arrestada el 12 de diciembre de 2025.

La detuvieron mientras ejercía pacíficamente sus derechos humanos durante una ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi celebrada en Mashhad. Tras el arresto y durante su reclusión en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia, Narges Mohammadi se encontró indispuesta en varias ocasiones; sufrió mareos, perdió el conocimiento y se desplomó sobre el suelo. Con todo, se le negó el acceso a atención médica adecuada. Según fuentes fidedignas, durante los interrogatorios en el centro de detención, las autoridades presionaron a Narges Mohammadi para que escribiera declaraciones públicas condenando el levantamiento nacional en Irán que había comenzado el 28 de diciembre de 2025; a lo que ella se negó.

Las autoridades iraníes retrasaron o negaron reiteradamente a Narges Mohammadi el acceso a atención médica adecuada en prisión, poniendo así en riesgo su vida. Por ejemplo, el 16 de febrero de 2022, Narges Mohammadi sufrió una serie de ataques al corazón y fue sometida a cirugía cardíaca, pero la llevaron de nuevo a prisión el 19 de febrero en contra del consejo médico. El 11 de noviembre de 2023, la autoridades volvieron a bloquear su traslado al hospital y lo condicionaron a que se sometiera al uso obligatorio del velo, aunque los médicos le habían encontrado líquido alrededor del corazón y una obstrucción de hasta el 80% de dos arterias, lo que requería una angioplastia. Finalmente, fue llevada al hospital el 16 de noviembre, pero ese mismo día la devolvieron a prisión en contra de la recomendación médica. Además, según sus familiares, los partes médicos de Narges Mohammadi de julio de 2024 y septiembre de 2024 indicaban un deterioro de su estado de salud, debido, entre otras cosas, a que un stent que le habían insertado en una arteria durante una operación quirúrgica de emergencia en febrero de 2022 debía ser reemplazado a causa de un bloqueo. El reemplazo del stent finalmente se realizó en octubre de 2024. El 3 de noviembre de 2024, el abogado de Narges Mohammadi escribió en X que su cliente sufría varias patologías que requerían seguimiento médico constante, como habían insistido sus médicos. El 4 de diciembre de 2024 se suspendió temporalmente la pena de prisión de Narges Mohammadi, pero de nuevo fue arrestada arbitrariamente el 12 diciembre de 2025 en Mashhad. Permanece encarcelada desde entonces.

Narges Mohammadi lleva casi 25 años sufriendo represalias de las autoridades iraníes por su trabajo en favor de los derechos humanos, incluidas reiteradas penas injustas de prisión. Los últimos casos de acoso judicial que ha sufrido se remontan a una condena a dos años y seis meses de prisión que se le impuso en mayo de 2021 en relación con su participación pacífica, durante un periodo de encarcelamiento anterior, en diciembre de 2019, en una sentada con otras presas en el ala femenina de la prisión de Evin. Protestaban por el homicidio ilícito de manifestantes y transeúntes durante las protestas que tuvieron lugar en todo el país en noviembre de 2019. Fue arrestada arbitrariamente el 16 de noviembre de 2021 para que cumpliera su condena. Posteriormente, fue condenada en otros siete casos distintos siempre por cargos relacionados con su activismo pacífico. Entre dichas condenas figuran una sentencia condenatoria dictada por un Tribunal Revolucionario por cargos relacionados con la seguridad nacional y penas de prisión y otras sanciones, incluidos latigazos, así como una causa penal en la que fue condenada a otra pena de prisión. Más recientemente, el 8 de febrero de 2026, Narges Mohammadi informó a uno de sus abogados de que la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Mashhad la había condenado por delitos relacionados con la seguridad nacional y le había impuesto una pena de siete años y seis meses de prisión, además de otras sanciones. El 6 de octubre de 2023, Narges Mohammadi fue nombrada ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023 “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

El pueblo iraní, incluidas las personas presas, se ha visto atrapado entre los ataques ilícitos de Estados Unidos e Israel y la letal represión interna. Entre el 28 de febrero y el 7 de abril de 2026, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo decenas de miles de ataques aéreos sobre objetivos en todo Irán causando graves daños a la población civil. Durante los ataques, familiares de personas presas y defensores y defensoras de los derechos humanos informaron a Amnistía Internacional de que se habían producido explosiones en varias cárceles y centros en los que había personas presas, incluso cerca de la prisión de Zanjan. Tanto durante los ataques como a partir del frágil alto el fuego anunciado el 7 de abril de 2026, familiares de personas presas y defensores y defensoras de los derechos humanos han informado asimismo sobre la escasez de alimentos, agua potable y productos de higiene dentro de las prisiones. Dichos ataques comenzaron cuando en Irán la población se seguía recuperando de las masacres sin precedentes de miles manifestantes y transeúntes durante el levantamiento de enero de 2026. En este contexto, el peligro de crímenes atroces contra el pueblo iraní, perpetrados por las autoridades en el país y por las fuerzas estadounidenses e israelíes desde el exterior, se ha multiplicado.

Siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, ambos periodistas, Amaro fundó el medio digital La Prensa de Tlaxcala en 2018. Pero en menos de un año empezó a recibir amenazas relacionadas con sus investigaciones sobre la política local y el crimen y corrupción.

El estado más pequeño de México, Tlaxcala, es un importante centro de trata de personas y esclavitud sexual. La zona es hogar de poderosas redes criminales familiares que traficaba con niñas y jóvenes por México y Estados Unidos, entre otras actividades ilícitas. Amaro relató que, desde 2019, ha sido atacado, amenazado y arrestado por agentes de policía e intimidado por miembros de grupos de crimen organizado. La gente le ha fotografiado a él y a su esposa y niños, hackearon su página web y mancharon su reputación en publicaciones de Facebook acusándole de ser un criminal. Mientras conducía, agresores han intentado bloquear su paso y obligarlo a salir de la carretera, y un pistolero a bordo de una moto le ha disparado. Intrusos han intentado entrar en su casa, han disparado contra su propiedad, y han envenenado fatalmente a uno de sus perros mascotas.

El informe “Nadie garantiza mi seguridad” de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) documenta las graves deficiencias y fallos estructurales del Mecanismo Federal de Protección de los periodistas de México. El informe destaca que varios periodistas han sido atacados e incluso asesinados bajo protección estatal, demostrando que las medidas existentes a menudo son insuficientes, mal implementadas o no están debidamente monitorizadas. En este contexto, las preocupaciones de Alberto Amaro Jordán sobre los fallos en su propio esquema de protección deben ser tratadas con la máxima seriedad y urgencia tanto por las autoridades federales como estatales.

Ha habido un patrón documentado de la persecución contra Alberto Amaro, incluyendo una anterior campaña de Acción Urgente lanzada en 2024, y cerrada más tarde ese mismo año. Los riesgos extremos que asumió le obligaron finalmente a buscar refugio en España desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025 a través del programa de protección de defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.

Los informes emitidos por Artículo 19 México y Centroamérica, una organización especializada en la libertad de expresión y la protección de periodistas, documentan patrones de violencia, vigilancia, acoso e intimidación contra miembros de la prensa, así como la falta de protección eficaz por parte de las autoridades. Estos hallazgos refuerzan las preocupaciones sobre las deficiencias del Mecanismo Federal de Protección en México.

A lo largo del siglo XXI, México ha continuado como uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas. El CPJ ha registrado 88 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios en México desde 2012 y ha verificado que 37 de ellos fueron asesinados en relación con su trabajo. [9] Los estados más peligrosos de ese periodo han sido Veracruz (21 asesinatos), Guerrero (10), Oaxaca (9) y Sonora (7). El CPJ distingue entre asesinatos que se han confirmado estar directamente vinculados al trabajo de la víctima y asesinatos cuyo motivo aún no está claro.

Fidel Zavala es portavoz de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC). Fue arrestado el 25 de febrero de 2025 durante una redada en las oficinas de UNIDEHC tras haber respaldado unas denuncias relacionadas con la comunidad de La Floresta, grupo de más de 200 familias de San Juan Opico que se enfrentan al desalojo y que han presentado reclamaciones legales sobre la tenencia de tierras. En la misma operación se detuvo también a más de 20 dirigentes comunitarios.

Tras el arresto de Zavala se iniciaron varios procesos penales contra él en 2025. En los procesos por estafa agravada, los tribunales ordenaron el archivo definitivo, declararon extinguida la acción penal tras alcanzarse un acuerdo de conciliación o desestimaron la responsabilidad de Zavala. En ninguna de las causas ha sido declarado culpable.

En la acción jurídica relacionada con La Floresta, se enfrenta a cargos de asociación ilícita, comercialización ilegal de tierras y práctica ilegal de una profesión. El 13 de marzo de 2025, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado ordenó su detención preventiva durante seis meses. Posteriormente, el plazo de instrucción se amplió hasta marzo de 2026. Según la información disponible, la Fiscalía General no ha aportado a los procedimientos prueba anticipada autorizada por el tribunal. Ésta es la única orden de detención vigente contra él actualmente.

Se ha expresado preocupación por las inadecuadas condiciones de detención en los calabozos del Centro Judicial Isidro Menéndez, incluida la falta de acceso a agua durante varios días. Según los informes recibidos, su familia se habría ocupado de cubrir sus necesidades básicas.

En el mismo contexto se dictaron órdenes de detención contra los abogados de UNIDEHC Ivania Cruz y Rudy Joya. En 2025, INTERPOL emitió notificaciones rojas contra ellos, pero posteriormente fueron revocadas porque vulneraban el artículo 3 del Estatuto de la INTERPOL, que prohíbe las intervenciones de motivación política. Pese a ello se iniciaron procedimientos de extradición en España. Varios procedimientos especiales de la ONU han expresado preocupación por que dichas acciones pueden constituir represión transnacional.

El 15 de mayo de 2025, los procedimientos especiales de la ONU enviaron una comunicación oficial al Estado de El Salvador (Ref. AL SLV 2/2025) en la que expresaron preocupación por la presunta detención arbitraria y la posible criminalización como represalia por su trabajo de derechos humanos. La comunicación cuenta, entre otras, con la firma de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos Mary Lawlor. El gobierno salvadoreño no ofreció respuesta dentro del plazo de 60 días, por lo que la carta se hizo pública.

El Caso de Fidel Zavala se enmarca en el contexto del estado de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, durante el cual varias organizaciones nacionales e internacionales han documentado patrones de detención arbitraria y restricciones del espacio de la sociedad civil.