El Salvador: La deuda pública hipoteca el futuro del país sin garantizar derechos en el presente 

Foto: Amnistía Internacional.

El aumento del gasto público y del endeudamiento en El Salvador durante la última década no se ha traducido en mejoras proporcionales y sostenibles en el acceso a derechos económicos y sociales, concluye el nuevo informe de Amnistía Internacional “Cuando el presupuesto no garantiza derechos”.

El informe analiza la evolución del presupuesto público entre 2015 y 2025 y documenta cómo la creciente carga de la deuda, la falta de transparencia y la concentración de decisiones en el Poder Ejecutivo han reducido la capacidad del Estado para utilizar el máximo de recursos disponibles en favor de derechos como la salud, la educación y la protección social.

“Los hallazgos muestran una contradicción alarmante: el Estado salvadoreño gasta más y se endeuda más, pero esta disponibilidad de recursos no se refleja en mejoras equivalentes para la población. Cuando el pago de la deuda absorbe más presupuesto que la salud o la educación, es legítimo preguntar a dónde se destina ese dinero y por qué”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La deuda desplaza recursos indispensables para los derechos humanos

En los últimos diez años, el pago de la deuda pública se ha convertido en el principal componente del presupuesto nacional. En 2025, dos de cada diez dólares del presupuesto se destinaron al pago de intereses y amortizaciones, una cantidad superior al gasto programado a salud y mayor que el gasto combinado en educación, protección social y pensiones.

De acuerdo con la evidencia, el servicio de la deuda se triplicó en términos reales durante la última década, mientras que la economía salvadoreña mantuvo un crecimiento promedio de apenas 2.5 % anual. Esto implica que la deuda ahora representa un porcentaje mayor de la economía. Esta tendencia reduce progresivamente el espacio fiscal disponible para financiar servicios públicos esenciales y aumenta el riesgo de futuros ajustes que impacten negativamente a la población salvadoreña, especialmente a quienes ya enfrentan pobreza, desigualdad o discriminación.

La investigación también identifica graves problemas de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Entre ellos, destaca la dificultad para rastrear la ejecución de partidas presupuestarias clave, la limitada disponibilidad de información sobre contratos y adquisiciones, y la creciente centralización de la inversión pública.

Uno de los cambios más significativos observados por Amnistía Internacional es la sustitución del histórico sistema de transferencias municipales por mecanismos administrados desde el Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). Esta transformación ha concentrado la selección y ejecución de proyectos de infraestructura sin que haya criterios públicos de priorización ni mecanismos robustos de participación ciudadana sobre la definición de las prioridades y la rendición de cuentas de las autoridades.

“La transparencia no es un requisito administrativo secundario; es una condición indispensable para que la población pueda saber cómo se usan los recursos públicos y exigir rendición de cuentas. Sin información accesible y sin controles efectivos, aumenta el riesgo de discrecionalidad, corrupción e ineficiencia”, señaló Piquer.

Más presupuesto no ha significado una mejora en la garantía de derechos humanos

Aunque la inversión en infraestructura ha registrado uno de los mayores crecimientos presupuestarios de la década, el informe concluye que ello no se ha traducido en resultados proporcionales para el desarrollo económico o la reducción de las desigualdades. Asimismo, documenta retrasos, subejercicios presupuestarios y dificultades para evaluar el impacto real de numerosas obras públicas.

La organización también examinó los resultados en educación, salud y pobreza. En educación, el programa Mi Nueva Escuela prometió intervenir 5,150 centros escolares, pero hasta 2024 se habían reportado intervenciones en menos del 10% de la meta prevista. En salud, pese al incremento presupuestario, el número de médicos por habitante disminuyó y el gasto de bolsillo de las familias continuó aumentando.

En materia de pobreza, el informe señala que la pobreza extrema permanece por encima de sus niveles previos a la pandemia de COVID-19, mientras que algunos programas específicamente orientados a combatirla han experimentado reducciones presupuestarias.

“Los derechos humanos no pueden depender de la propaganda ni de la visibilidad de ciertas obras. Lo que importa es si las personas pueden acceder efectivamente a una educación de calidad, a servicios de salud oportunos, a una protección social suficiente y a condiciones de vida dignas. Esa es la medida real del éxito de una política pública en materia de derechos sociales”, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional insta a las autoridades salvadoreñas a fortalecer la transparencia presupuestaria, garantizar la trazabilidad del gasto público, establecer criterios claros y verificables para la inversión pública y adoptar una estrategia fiscal compatible con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular los económicos, sociales y culturales.

La organización también exhorta al Fondo Monetario Internacional y a otras instituciones financieras internacionales a incorporar evaluaciones de impacto en derechos humanos en sus programas de financiamiento y recomendaciones económicas para El Salvador.

Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a [email protected]

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