Por Julissa García
Activista de Amnistía Internacional México
Defender la tierra es mucho más que proteger un territorio; es salvaguardar la identidad, cultura y forma de vida de comunidades enteras, así como asegurar el futuro de las próximas generaciones. Sin embargo, en México, este acto de resistencia sigue siendo motivo de persecución, violencia e impunidad.
El 13 de febrero de 2025, la violencia cobró la vida de tres activistas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), quienes fueron emboscados en la comunidad de Río del Sol, en la zona limítrofe entre los municipios de Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Las víctimas, identificadas como Wilfrido Atanacio (64 años), Victoriano Quirino (37 años) y Abraham Chirino (84 años), viajaban en una camioneta cuando fueron emboscados y asesinados por un grupo armado.
Este trágico suceso también resultó en la desaparición de Leonel Cristóbal, agente municipal de El Platanillo. Este es un claro ejemplo de los peligros a los que se exponen aquellos que luchan por la defensa de sus tierras y los derechos de sus comunidades en México.
Trayectoria de UCIZONI en la defensa de los territorios indígenas
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) es una organización con más de 41 años de trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec. Desde su fundación, ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo la represión por parte de gobiernos y la persecución judicial derivada de su oposición a obras como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y los megaproyectos eólicos, los cuales han generado conflictos por la tierra y han sido señalados por su impacto ambiental y social. Por lo que, su resistencia ha sido fundamental para visibilizar las problemáticas que enfrentan las comunidades indígenas ante proyectos que amenazan su modo de vida y entorno.
En octubre de 2021, la UCIZONI denunció una creciente campaña de agresiones en su contra por oponerse al proyecto del Transístmico, una infraestructura clave dentro del CIIT. Según la organización, esta campaña se ha intensificado con el paso del tiempo, enfrentando hostigamiento tanto físico como judicial. Esta situación ha generado un clima de temor e incertidumbre en las comunidades del Istmo, quienes, a pesar de las amenazas, siguen luchando por la defensa de sus derechos y tierras.
Los megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec: ¿desarrollo o despojo?
Uno de los principales conflictos en la región es la implementación del megaproyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, que ha sido promovido bajo el argumento de la transición energética y el desarrollo económico. Sin embargo, este proyecto demuestra cómo el modelo de desarrollo capitalista reproduce condiciones de desigualdad, afectando a las comunidades indígenas sin garantizar su bienestar.
Los contratos de arrendamiento de tierras han sido señalados por su falta de transparencia y por favorecer principalmente a empresas privadas, dejando a las y los pobladores con pagos mínimos y sin poder de decisión sobre su propio territorio. Además, la infraestructura necesaria para la instalación de estos parques eólicos ha causado impactos ambientales irreversibles y ha generado divisiones dentro de las comunidades.
Los riesgos de ser defensor del territorio en México
El asesinato de los tres activistas de la UCIZONI es solo uno de muchos ejemplos de la violencia sistemática que enfrentan quienes luchan por proteger sus territorios en México. Las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente son blanco constante de ataques, intimidaciones y asesinatos, en un contexto donde la impunidad y la falta de protección efectiva permiten que estos crímenes sigan ocurriendo.
A pesar de que el gobierno promueve megaproyectos, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), bajo el argumento de impulsar el desarrollo regional, las comunidades afectadas denuncian prácticas que incluyen despojos, agresiones y violaciones a derechos humanos. Estos proyectos no solo alteran el entorno natural, sino también, desgarran el tejido social de las comunidades, arrebatándoles su identidad y autonomía. Así mismo, beneficia predominantemente a intereses privados y capitalistas, ignorando las necesidades y derechos fundamentales de los pueblos indígenas y locales.
La situación actual del caso
Tras este hecho, organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han exigido respuestas claras y la captura de los responsables. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer avances significativos en la investigación, lo que muestra la impunidad que existe en muchos casos de violencia contra quienes defienden los derechos humanos en México.
La respuesta del gobierno mexicano ante la violencia en esta región ha sido insuficiente. La falta de una política pública robusta de protección a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en zonas de alto riesgo como el Istmo de Tehuantepec, contribuye a la vulnerabilidad de estos activistas.
A pesar de los esfuerzos de organizaciones civiles, como el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que han condenado este hecho ocurrido, las autoridades continúan sin ofrecer garantías de seguridad para quienes luchan por los derechos territoriales en el sur de México. Ambas organizaciones mencionaron que ese suceso no es un hecho aislado, “sino parte de la guerra de exterminio que los malos gobiernos, los caciques y los intereses capitalistas imponen contra nuestros pueblos. En donde, buscan despojos de tierras con terror, persecución y muerte, al servicio de intereses oscuros”.
Apesar de que la investigación sobre el asesinato de los miembros de la UCIZONI sigue sin avances sustanciales, las comunidades indígenas continúan exigiendo que el gobierno cumpla con sus compromisos internacionales y brinde protección real a las personas defensoras de derechos humanos.
Llamado urgente a la acción
El asesinato de Wilfrido, Victoriano y Abraham no puede quedar impune. La comunidad nacional e internacional debe exigir al gobierno mexicano el esclarecimiento del caso, la detención de los responsables y la implementación de medidas efectivas de protección para personas defensoras del territorio.
Es urgente que se fortalezcan los mecanismos de seguridad y que se respete el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades ante la imposición de megaproyectos. No podemos seguir permitiendo que la lucha por la justicia y la protección de la tierra cueste la vida de quienes defienden nuestro futuro.
La violencia contra quienes protegen el medio ambiente debe cesar, y es deber de la sociedad en su conjunto exigir justicia, protección y un modelo de desarrollo que respete la vida, la cultura y los derechos de las comunidades indígenas.
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