Nicaragua castiga a mujeres activistas con cárcel en plena pandemia de COVID-19

“El elemento sexual siempre está presente, la amenaza sexual que va no solamente dirigida a ellas, sino a sus hijas. También vemos la invalidación de los liderazgos de las mujeres, el poner en duda su honestidad y su capacidad”, contó a Amnistía Internacional una defensora de los derechos humanos que pidió permanecer en el anonimato. “También está el elemento de la familia. Muchas de las mujeres tienen a cargo a sus familias y cuando están en las cárceles se generan situaciones muy complejas”.

Tras su detención, María fue trasladada a El Chipote, una comisaría de policía de Managua tristemente célebre por el trato brutal que sufren allí las personas detenidas. No informaron a nadie de que María estaba allí.

“Yo me di cuenta que mi mamá había sido secuestrada en la tarde del 26. Había estado buscándola por todos lados. Pensamos que la habían matado y la habían tirado por algún lugar. Nos dio mucha angustia”, recuerda Shirley.

Cuando las autoridades finalmente permitieron a Shirley ver a su madre, observó que María tenía marcas en los brazos y las piernas.

“La habían golpeado durante los interrogatorios”, afirma Shirley. “Ahí no pudimos hablar mucho porque todos están escuchando. Cada vez que me contaba se ponía a llorar entonces no hablamos mucho”.

María había sido acusada de tráfico de drogas, un cargo que profesionales de la abogacía de Nicaragua aseguran que las autoridades utilizan para castigar y desacreditar a activistas.

Aquel fue sólo el principio de su pesadilla. Unas dos semanas después de su detención inicial, a María la llevaron a La Esperanza. Era principios de febrero, y por entonces apenas se hablaba de la pandemia de coronavirus en Nicaragua.

A María la recluyeron en un bloque con otras 75 mujeres, algunas de las cuales, como ella, sufren enfermedades crónicas. Contó a sus familiares que las hileras de camas no dejaban mucho espacio entre ellas. Se consideraba afortunada por tener una ventana pequeña justo encima de su cama.

Shirley, que la visita cada 15 días, cuenta que las condiciones en la prisión son inhumanas: “La comida es terrible. Nosotros le llevamos cosas que le duren como avena, galletas, platanitos, queso, cosas que le duren y le ayuden a mantener su alimentación. El día de la visita, yo le llevo cosas hechas para que coma ese día”.

Cuando María y sus familiares se enteraron de la existencia del mortal virus, su preocupación se convirtió en miedo. María sufre asma e hipertensión, lo que la hace especialmente vulnerable en caso de contraer la enfermedad.

“Ella nos decía llorando que no quería morirse ahí. Nosotros empezamos a enviarle más productos de limpieza, más jabón, más cloro, más detergente. Al principio ni a los familiares nos dejaban entrar con mascarillas y con el tiempo fueron cediendo eso”, cuenta Shirley.

Desde que, a finales de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 una pandemia, las autoridades de Nicaragua trataron de restar importancia a su impacto en el país. Promovieron reuniones públicas y mantuvieron las escuelas abiertas. Profesionales de la abogacía que representan a activistas de derechos humanos en la cárcel contaron a Amnistía Internacional que a algunos funcionarios estatales les impedían usar equipo de protección.

Las presas de La Esperanza empezaron a mostrar síntomas tales como tos, fiebre y dolor de cuerpo. La atención médica era sumamente limitada, y la realización de pruebas de COVID-19 era impensable, según las familias de las personas encarceladas y activistas de derechos humanos.

“Las presas lloraban, diciendo que tenían el virus”, recuerda Shirley que decía su madre. “Nosotras le llevamos como un mini botiquín y de ahí ella saca pastillas para darle a sus compañeras”.

Para finales de marzo, cuando María sufrió un ataque de asma que alertó a su familia del deficiente trato que estaba recibiendo, los rumores de contagio de coronavirus entre rejas se habían extendido como pólvora por todo el sistema penitenciario nicaragüense.

Las autoridades, sucumbiendo a la presión, y quizás en un intento de descongestionar las prisiones, finalmente ordenaron la liberación de 4.515 reclusos y reclusas en junio. A mediados de julio se liberó a 1.605 más.

Sin embargo, únicamente cuatro de las al menos 80 personas recluidas por cargos de motivación política fueron puestas en libertad, según las organizaciones locales de derechos humanos.

Para quienes siguen entre rejas, las cosas han cambiado poco. María sigue estando en condiciones de hacinamiento, según cuenta su familia. Las visitas pueden llevar mascarilla y deben lavarse las manos y someterse a un control de temperatura antes de entrar. Sin embargo, la atención médica de quienes tienen síntomas no ha mejorado. No se realizan pruebas a nadie, y nadie recibe atención médica adecuada, según abogados y familiares.

Lo que sucede tras los muros de las cárceles para mujeres de Nicaragua sigue siendo un misterio; sólo se conoce lo que dicen los testimonios de quienes han pasado tiempo allí. Desde hace años que a las organizaciones de derechos humanos no se les permite ingresar a verificar las condiciones penitenciaras. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reporta que desde el 2010 no ha obtenido autorización para ingresar en los centros penitenciarios del país.

Los abogados, abogadas y familiares de algunas de las activistas entre rejas dicen que hay dos categorías de presas: las recluidas por delitos comunes y las que participan en alguna forma de protesta o crítica contra el gobierno.

“A ellas [las detenidas por motivos políticos] las tratan diferente: no las dejan salir al patio, participar de actividades. En las requisas me revisan de más. Les roban la comida o no le entregan las cosas que les llevamos”, explica Shirley.