- Las limitaciones afectan directamente a personas de las comunidades aledañas a dicha obra
- De no contar con equipo de protección suficiente, los trabajadores de la obra podrían contraer Covid-19 y poner en riesgo a las personas de las comunidades cercanas al proyecto
Amnistía Internacional expresa su preocupación por la falta de acceso a la información relacionada con las medidas adoptadas por el Estado mexicano para prevenir contagios por Covid-19, en la zona donde se construye el Tren Maya. Situación que afecta de manera directa a las personas de las comunidades indígenas cercanas a dicha obra.
Esta falta de transparencia se debe a la “suspensión del cómputo de plazos para la práctica de actuaciones” ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, decretada por el gobierno mexicano en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19. La medida inició el 23 de marzo y se mantendrá hasta el 30 de abril de 2020.
“Los estados deben cuidar que las medidas para frenar la pandemia no limiten o supriman el acceso a información pública, que es necesaria para realizar actividades de defensa de derechos humanos. La contención del COVID-19 no debe impedir que las personas y grupos puedan expresar sus críticas o desacuerdos con las decisiones de los gobiernos, tampoco dificultar que utilicen los mecanismos legales para expresar su desacuerdo”, declaró la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi.
“Desde Amnistía Internacional vemos con preocupación las limitaciones al acceso a la información y al acceso a la justicia que pueden obstaculizar que las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio en el sureste del país, desarrollen su legítima labor. Reiteramos que la defensa de los derechos humanos, particularmente la defensa de la tierra y el territorio, es una actividad que debe protegerse en todo momento”, agregó Tania Reneaum Panszi.
Aproximadamente 200 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de Yucatán han denunciado que, al continuar la construcción del Tren Maya, las personas de las comunidades aledañas a la obra están en riesgo latente de contraer Covid-19, lo que pone en peligro su salud y su vida. Situación en la que también se encuentran las y los trabajadores que participan del proyecto.
En su denuncia, las OSCs advierten que la obra del Tren Maya no cuenta con un estudio que refleje las implicaciones del mismo en las personas que trabajen en su ejecución, en el contexto de la pandemia por Covid-19. Dicho estudio, al igual que el de impacto ambiental, están considerados en el derecho ambiental internacional, advirtieron.
Las OSCs destacaron, además, las deficiencias que tuvo la consulta hecha a la población, en noviembre y diciembre de 2019, en torno a la ejecución de la obra, pues, dijeron, no cubrió con los parámetros internacionales de derechos humanos.
Antecedentes
Como es de conocimiento público, en el contexto de la emergencia sanitaria, el Estado mexicano decidió continuar la construcción de megaproyectos, entre ellos el Tren Maya, pese a no ser una actividad esencial.[1] Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, suspendió el cómputo de plazos para la práctica de sus actuaciones, del lunes 23 de marzo al jueves 30 de abril de 2020.[2]
Aunado a ello, el 13 de abril, el Consejo de la Judicatura Federal decretó la suspensión, en su totalidad, de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del 18 de marzo al 5 de mayo de 2020, con excepción de los casos urgentes.[3]
Organizaciones sociales de Yucatán, como Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C.; y Due Process of Law Foundation, han advertido que la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, les impide ejercer su derecho a la información respecto de los avances en la obra del Tren Maya.
Ligado a lo anterior, al estar cerrados los tribunales del Consejo de la Judicatura, las personas y organizaciones tampoco pueden interponer amparos ante actuaciones de autoridades relacionadas con la construcción del referido proyecto.
Amnistía Internacional reconoce que el Estado pueden otorgar prioridad a aquellas solicitudes de información relacionadas con Covid-19. Sin embargo, no debe establecer limitaciones generales respecto de otro tipo de solicitudes. En relación con la postergación de plazos, se debe fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para cumplir la obligación y admitir la apelación de las resoluciones.
Igualmente, se debe garantizar el acceso a la información en formatos adecuados a los diferentes grupos que lo soliciten y considerando sus necesidades diferenciadas.
[1] Diario Oficial de la Federación, 6 de abril de 2020, disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591234&fecha=06/04/2020
[2] Diario Oficial de la Federación, 22 de abril de 2020, disponible en
[3] Acuerdo general 6/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, acuerdo único, disponible en: https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral6_2020.pdf
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