Guardia Nacional: Pico de iceberg en la criminalización de las migraciones

A 10 años de la Masacre de San Fernando, en la que 58 hombres y 14 mujeres migrantes fueron ejecutadas por integrantes del crimen organizado, sigue siendo urgente cambiar el enfoque de la política migratoria en México.

El año pasado vimos el surgimiento de la Guardia Nacional, esta institución en teoría de carácter civil, pero cuya conformación es en su mayoría militar. En reiteradas ocasiones se ha señalado que el uso de fuerzas armadas es contrario a los estándares internacionales en derechos humanos, y pone en una situación de mayor vulnerabilidad a grupos específicos, por ejemplo, a las personas en contexto de movilidad humana.

La Ley de la Guardia Nacional la faculta para intervenir en cuestiones migratorias, si bien requiere que lo haga en manera conjunta con el Instituto Nacional de Migración (INM), resulta sumamente problemático que una fuerza de corte militar realice actividades en contacto con un grupo vulnerable.

La teoría se materializó en violencia, en varias ocasiones ante la entrada de las caravanas centroamericanas, una de las más recientes fue enero de este año, cuando se informó que la Guardia Nacional realizó detenciones masivas, lanzó gases lacrimógenos e hizo uso desproporcionado de la fuerza. Pero ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Qué es lo que ha permitido?

El origen lo podemos encontrar justamente en el enfoque de la política migratoria de México, la cual ha considerado los asuntos migratorios como un tema de seguridad nacional, y esto se puede observar desde el artículo 1° de la Ley de Migración, la cual se encuentra vigente desde el 2011.

Considerar las migraciones como un “problema” de seguridad nacional, envía el mensaje de que las personas en contexto de movilidad humana son un “peligro”, son de quienes “hay que cuidarnos”, esto resulta criminalizador y perpetúa la xenofobia y el racismo.

Un enfoque descriminalizador de las migraciones implica romper con esta perspectiva de seguridad nacional y transformarla en una de seguridad humana. La perspectiva de seguridad humana visibiliza en los flujos migratorios a personas, personas con diversas necesidades y sujetas de derechos, ante las cuales el Estado debe cumplir con su obligación de garantizar, proteger y respetar sus derechos humanos.

Esta perspectiva ha sido impulsada últimamente a través del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Pacto de Marrakech), del cual México forma parte, y que establece un papel más activo para los Estados, en el que deberán cooperar para la protección de la vida de las personas en situación de movilidad, adoptar medidas contra la trata y el tráfico, facilitar las condiciones para la migración regular, etc.

La descriminalización de la migración implica mucho más que solo transitar de la perspectiva de seguridad nacional a seguridad humana, pero en el caso de México ese es el punto toral, ya que en la medida en la que se mantenga seguiremos viendo el grave peligro que es ser migrante en México: con estaciones migratorias sin medidas adecuadas ante crisis sanitarias, uso de la fuerza, ejecuciones y desapariciones.

FOTO: NOTIMEX