Jerónimo Munguia
Activista de Amnistía Internacional del grupo de Mérida.
- noviembre 27, 2020
- Por Amnistía Internacional
Uno de los principales asuntos públicos a tratar, que desde las promesas de campaña viene en el discurso del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la corrupción, visto siempre desde un enfoque económico y político, casi nunca de derechos humanos.
La corrupción se manifiesta de diversas formas: la vemos en todas partes y con los gobiernos de todos los partidos y sus burocracias. También la percibimos en las y los funcionarios públicos de todos los niveles, o sea, en el clientelismo político, en el nepotismo, o a través del mundo jurídico mediante delitos del orden federal: malversación de fondos públicos, cohecho, peculado, abuso de funciones, soborno, etc.
Existe a veces indignación social cuando se visibilizan formas de corrupción que implican delitos graves. Un ejemplo es el caso de La Estafa Maestra, desde donde se desviaron recursos públicos destinados a garantizar derechos como el de alimentación o educación. Sin embargo, aún no se está visualizando que la corrupción puede tener implicaciones graves en los derechos humanos.
Desde hace ya aproximadamente una década, se han publicado documentos e informes de comités de la ONU, profesionales de la academia, así como resoluciones de organismos interamericanos que señalan las afectaciones que la corrupción puede tener en los derechos humanos. Lo más lamentable, es lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al destacar que “la corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos históricamente discriminados, tales como
las personas en situación de pobreza, personas migrantes, mujeres, personas indígenas, entre otras”. 1
Un ejemplo de actos de corrupción que pueden conducir a la violación de derechos humanos, es cuando hay desvíos de recursos públicos destinados a garantizar derechos a la salud, alimentación, vivienda o educación, o cuando personas del servicio público realizan desalojos forzosos de vivienda a personas en situación de pobreza por no poder pagar sobornos.
En ese sentido, es importante entender que la lucha contra la corrupción debe ir acompañada con enfoque de derechos humanos, cuestión hasta ahora omisa puesto que la legislación nacional no considera que algunos actos de corrupción sean la causa de violaciones a derechos humanos, sino faltas administrativas de personas servidoras públicas y en determinados casos delitos contra el Estado.
En la medida en que sigamos normalizando las diversas formas de corrupción en menores escalas, estaremos fomentando su tolerancia social, lo que dificulta erradicar prácticas corruptas, que lógicamente, pueden luego realizarse a gran escala.
La corrupción no sólo es económica y/o política, también puede tener implicaciones en los derechos humanos, por lo tanto, para quienes nos consideramos defensores y defensoras de los mismos, principalmente de las personas y grupos en situaciones de mayor desigualdad y vulnerabilidad, el combate a la corrupción es una estrategia indispensable para trabajar.
1 CIDH, Resolución 1/17. Derechos Humanos y Lucha contra la impunidad y la corrupción,
septiembre de 2017, https://bit.ly/2shUM7R, p. 1.
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