María Millán
Activista del Equipo de Derechos Humanos de las Mujeres
Cuando en noviembre de 2018 Amnistía Internacional lanzaba la campaña “¡No Consiento!” y denunciaba en su informe “Ya es hora de que me creas” los tremendos obstáculos institucionales a los que tienen que hacer frente las mujeres que sufren una agresión sexual en España, desde el título mismo del trabajo, se hacía hincapié sobre el problema de base.
¿Qué es exactamente lo que es cuestionado recurrentemente en una comisaría o en un tribunal de justicia cuando una mujer denuncia o testifica sobre una violación u agresión sexual de alguna índole?
La falta de credibilidad otorgada a las voces de las mujeres víctimas de violencia sexual es algo que se repite en el tiempo y en el espacio,y es sostenida por imaginarios sexistas, iconografías sobre la violación y estereotipos de género de larga tradición. Sin embargo, no hay nada anecdótico tras una agresión sexual, de modo que quien duda recurrentemente de los relatos particulares banaliza todo el sufrimiento de las víctimas que la historia en sus hechos nos enseña que han ocurrido y, por tanto, posibilita su repetición.
Una mujer descansa junto a su equipaje antes de cruzar el arroyo Kaya cerca de la ciudad de Afoji, distrito de Moyo, en el norte de Uganda. © Natalia Jidovanu
La historia de las mujeres debe ser recuperada y tenida presente por la sociedad hasta en los pequeños gestos, especialmente en lo que respecta a los agentes del Estado. La justicia, la verdad y la reparación integral de las víctimas, entre las que están las garantías de no repetición, son derechos fundamentales de las supervivientes de violencia sexual.
Amnistía Internacional viene desde el año 1990 luchando por el reconocimiento efectivode los derechos humanos de las mujeres. En el año 91 la organización lanzó su primer gran informe sobre la afectación que la violencia específica ejercía sobre el disfrute desigual de los derechos humanos por parte de mujeres y hombres, titulado “Mujeres en primera línea”. A partir de ahí, le siguieron investigaciones pioneras publicadas a comienzos del 93 en las que se denunciaba el uso de la violación como arma de destrucción étnica en el conflicto que estaba en marchaen Bosnia. “A veces, los soldados toman cautivas a las mujeres con el solo propósito de violarlas” avisaba el texto. Quedaba aún mucho camino. Acongoja leer hoy los testimonios recabados en los informes realizados por la organización en años posteriores:
“Esta nación lo olvida todo. Nos olvida a las víctimas. Pero yo nunca olvidaré lo que me sucedió” decía Sabiha, entrevistada por Amnistía Internacional en 2009. “¿Existe acaso la justicia?… A lo mejor en algún otro sitio, pero no aquí, en Bosnia”. sentenciaba Bakira.
Una sobreviviente mirando una casa familiar destruida en el este de Bosnia. La asistencia estatal y los programas de ayuda a menudo no llegan a las mujeres en áreas remotas. © ZIYAHGAFIC
En la última investigación llevada a cabo en 2017 titulada “Necesitamos apoyo, no lástima” se continuaba denunciando la impunidad que impera todavía hoy sobre los delitos de violencia sexual en dicho país. De unas 20.000 mujeres y niñas que se estima que fueron abusadas o violadas entre el 92 y el 95, sólo 123 casos han sido juzgados y apenas 800 mujeres han recibido apoyo, asistencia o reconocimiento como supervivientes. Esto no es exclusivo de Bosnia, es una constante en la historia.
Desde mediados de los años noventa, la violación y otras formas de violencia sexual fueron reconocidas de forma creciente como algunos de los crímenes más graves previstos en el derecho internacional. Las sentencias sin precedentes de los tribunales internacionales establecidos para perseguir los crímenes cometidos en los conflictos de la ex Yugoslavia y Ruanda, así como la histórica adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998, pusieron de relieve la gravedad de la violación y de otros crímenes de violencia sexual. Gracias al trabajo realizado por diferentes organizaciones no gubernamentales, entre ellas Amnistía Internacional, se logró recoger en el Estatuto de Roma que la violencia contra las mujeres no está vinculada a conceptos como “el honor”, sino a la discriminación de género subyacente y que es obligado que quienes juzgan estos delitos estén formados desde esa perspectiva.
Pero la concepción de que las mujeres, y en concreto, sus cuerpos, su sexualidad y su capacidad reproductiva, son las depositarias del honor de la comunidad ha seguido funcionando en muchos lugares como motor de la violencia sexual perpetrada contra ellas. También como modo para aterrorizar a toda una comunidad o población, para destruir la identidad cultural, étnica o religiosa de un pueblo, para humillar al enemigo, como botín legítimo de los combatientes, como castigo normativo a toda ruptura del rol de género esperado o como castigo disciplinario por alzar la voz en la defensa de los derechos humanos,la violencia sexual es el modo en que el cuerpo de las mujeres ha sido conquistado como un territorio, expuesto como un lugar para la guerra en términos tan simbólicos como literales.
A partir del año 2004, con el lanzamiento de la campaña mundial “No más violencia contra las mujeres” el trabajo sobre la violencia sexual se convirtió en un eje principal de la agenda de Amnistía Internacional que perdura hasta la actualidad. En su informe “Está en nuestras manos: no más violencia contra las mujeres”, publicado en marzo de 2004, la organización describía cómo el control de la sexualidad por la familia, la comunidad y el Estado conduce a la violencia y la discriminación contra las mujeres en todo el mundo.
Mujeres con fístula como resultado de una brutal violación.Tal es el estigma de esta condición que las mujeres afectadas han fundado sus propios pueblos lejos del resto de la sociedad. Se estima que 250.000 mujeres han sido víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado librado en la República Democrática del Congo. Febrero de 2008. © Robin Hammond
Durante ese año se reportaron informes relevantes para denunciar la violencia sexual que sufrían mujeres y niñas en diferentes conflictos armados como el de Sudán o el de la República Democrática del Congo donde la violencia sexual se producía a gran escala y con ensañamiento. “Se ha sometido a mujeres a violaciones en grupo, agresiones sexuales con palos y mutilaciones con cuchillos” rezaba el informe de Darfur.
Las investigaciones en Ciudad Juárez retrataban la crudeza de los feminicidios y la dejación de funciones de las administraciones mexicanas a todos los niveles: “Cuando la encontramos, el cuerpo de mi hija hablaba de todo lo que le habían hecho” dijo a la organización la madre de Lilia Alejandra.
El informe de “Colombia: cuerpos marcados, crímenes silenciados de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado” tuvo consecuencias particularmente destacadas ya que en el año 2008 la Corte Constitucional de Colombia dicto el auto 092, convertido, según las organizaciones de mujeres, en un modelo para combatir la violencia sexual relacionada con el conflicto y los desplazamientos forzados, en el que se presentaba un anexo de 183 casos de violencia sexual que se mandó investigar a la Fiscalía, varios de ellos expuestos previamente en el informe de la organización. No obstante, un informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2011 llamaba la atención sobre el escaso avance producido en las investigaciones y sobre el clima de impunidad vigente respecto de la violencia sexual en el país:
“No importa si somos juiciosas, o si estamos en riesgo o si estamos vistiéndonos bien o mal, siempre [nos escogen] por ser mujeres […] a mí me hicieron sentir que ellos tenían el poder de hacerlo cuando quieran y con quien quieran” relató Mari (nombre ficticio), líder comunitaria y sobreviviente de la violencia sexual en 2011.
““No importa si somos juiciosas, o si estamos en riesgo o si estamos vistiéndonos bien o mal, siempre [nos escogen] por ser mujeres […] a mí me hicieron sentir que ellos tenían el poder de hacerlo cuando quieran y con quien quieran”
Algunos grupos de mujeres son especialmente vulnerables a la violencia sexual como es el caso de las mujeres que pertenecen a minorías étnicas, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, así como las mujeres en prisión, bajo custodia, o las mujeres desplazadas o refugiadas. Las mujeres yazidíes del norte de Irak son un claro ejemplo de ello. “Tal es el horror que padecen, que he oído hablar de distintas formas de suicidio: beber queroseno, cortarse las arterias, saltar de vehículos en marcha o desde edificios altos, e incluso prenderse fuego. Lo han hecho decenas de niñas en Aaj, Tal Afar y Mosul, en Irak; y en Al Tabaka y Palmira, en Siria”.
En 2018, con motivo de la entrega del Nobel de la Paz a Nadia Murad, mujer yazidi sobreviviente a la tortura y la violencia sexual y defensora de los derechos humanos, el secretario general de Amnistía Internacionaldeclaraba que: “el valiente testimonio de Nadia Murad ante las Naciones Unidas ha puesto al descubierto los inimaginables horrores sufridos por las mujeres y las niñas yazidíes mantenidas en cautiverio y sometidas a esclavitud sexual por el llamado Estado Islámico en Irak, y demuestra que las que sobrevivieron a la violencia sexual y otros abusos no serán silenciadas ni ignoradas”.
“Tal es el horror que padecen, que he oído hablar de distintas formas de suicidio: beber queroseno, cortarse las arterias, saltar de vehículos en marcha o desde edificios altos, e incluso prenderse fuego. Lo han hecho decenas de niñas en Aaj, Tal Afar y Mosul, en Irak; y en Al Tabaka y Palmira, en Siria”
Para mujeres y niñas tanto la paz como la guerra son tiempos de discriminación y violencia. La labor de Amnistía Internacional a lo largo del tiempo ha puesto de manifiesto el continuo que subyace a la violencia sexual en uno y otro momento.
La regulación de la sexualidad y la reproducción de las mujeres está en el centro de la discriminación hacia las mujeres y llega incluso a ser “violencia institucional”, como denunció la organización en 2016 en su informe “El Estado ʻaparato reproductorʼ de violencia contra las mujeres” cuando los Estados legislan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, incluido el derecho al aborto, al mismo tiempo que no las protegen debidamente de la violencia sexual. El incremento de la maternidad forzada infantil en la región de América Latina y el Caribe, donde la violencia sexual sobre las menores alcanza tasas endémicas, es una realidad apabullante con muchas consecuencias negativas para estas.
Activistas de Amnistía Internacional en Dinamarca se manifiestan a favor de solo Sí es Sï. © Amnesty International Denmark
En Europa el debate sobre la autonomía y la integridad sexual de las mujeres se ha centrado en la incorporación del consentimiento a las legislaciones nacionales relativas a la libertad sexual. No se puede olvidar que hay al menos nueve millones de mujeres en Europa que han sido víctimas de violación. Hasta ahora sólo en 12 países europeos de los 31 analizados por Amnistía Internacional hay leyes que definen como violación las relaciones sexuales sin consentimiento: Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y Suecia. España está en estos momentos tramitando una nueva ley de libertad sexual que recoge el consentimiento y que será el marco para las próximas luchas feministas relativas a la cuestión.
Desde Amnistía Internacional se viene realizando un trabajo profundo, en comunidad con organizaciones de mujeres y activistas de los derechos humanos de las mujeres para provocar estos cambios normativos y trasladarlos también al terreno social con campañas como la de #HablemosDelSí.
Las actitudes sociales que culpan a las mujeres y a las niñas en lugar de al autor de los abusos tienen como efecto silenciar a las sobrevivientes en todos los países y continentes. Los elevadísimos datos ocultos que acompañan a este tipo de violencia hablan por sí mismos. Sin embargo, los movimientos de mujeres en todo el mundo especialmente en los últimos años están provocando cambios significativos que están abriendo horizontes para las nuevas generaciones.
A este respecto es importante que los Estados adopten medidas precisas para evitar retrocesos en materia de violencia género, incluida la violencia sexual, con motivo de los confinamientos domiciliarios establecidos para frenar la COVID-19. Las cifras de denuncias hablan de un aumento generalizado de la violencia sexual dentro de uno de los espacios históricamente más peligrosos para mujeres y niñas: el hogar. Una reciente investigación de Amnistía Internacional titulada “Tratadas como muebles. Violencia de género y la respuesta a la COVID-19 en África Austral” (Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, Zambia y Zimbabue) expone como algunos hogares son auténticos focos de crueldad, donde la violencia sexual y estructural es fácilmente invisibilizada.
Huelga de mujeres realizada el 8 de marzo en la Ciudad de México para exigir el fin de la violencia contra las mujeres. © Itzel Plascencia López / Amnistía Internacional México
Ha costado mucho esfuerzo hacer ver que la división entre “espacio público” y “espacio privado” ha sido una dicotomía falaz en términos políticos y que no exime al Estado de intervenir en la violencia contra las mujeres en ningún caso. “Lo personal es político” por lo que compete a las sociedades y a sus instituciones dar respuestas contundentes a todas las violencias sexuales ocurran donde ocurran.
Amnistía Internacional ha estado y estará junto a los movimientos de mujeres y a las personas defensoras de los derechos humanos de ellas exigiendo justicia e igualdad de género, consciente de que las transformaciones que las movilizaciones colectivas están provocando van a mover los cimientos patriarcales de la historia y van a ir procesualmente cerrando la cultura de la violación. Lo dijimos y lo repetimos: con las mujeres en primera línea, siempre.
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