Ciudad de México, 23 de diciembre de 2021
AIMX/DE/0248/2021
Asunto: Respuesta a oficio de 21 de diciembre de 2021
José Antonio Romero Tellaeche
Director General del Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Sede Santa Fe
P R E S E N T E
Distinguido Director General del CIDE,
Agradecemos el tiempo y dedicación que ha tomado para dar respuesta a nuestro oficio AIMX/DE/0245/2021, a través del cual externamos nuestra más grande preocupación por el ingreso del Servicio de Protección Federal (SPF) a las instalaciones del Centro que usted dignamente dirige para brindar los servicios de seguridad y vigilancia, durante el periodo 2022-2023, lo cual puede contravenir los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana y derechos humanos en recintos educativos o de carácter académico.
En su carta, señala que el nuevo contrato contraído con el SPF es producto de la necesidad de mantener los servicios de vigilancia y resguardo de las instalaciones educativas con los que actualmente cuenta, para lo cual mantendrá las condiciones existentes de seguridad y resguardo, con personal femenino y sin que porte armas. Sin embargo, queremos reiterar nuestra posición, ya que más allá de cubrir la necesidad de vigilancia y resguardo, vemos con preocupación que el cambio de proveedor de servicio de uno particular a las fuerzas de seguridad del Estado, facultadas para intervenir en la comisión de delitos y hacer uso de la fuerza. En un contexto donde se han suscitado diversas manifestaciones y protestas encabezadas por estudiantes y personal académico, puede ser un factor de riesgo para el ejercicio pleno de la libertad académica, el cual es un derecho humano independiente e interdependiente, que cumple con una función habilitante para el ejercicio de una serie de derechos, entre los que están la protección del derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación[1].
En ese sentido, consideramos que la presencia de fuerzas de seguridad del Estado en las instalaciones académicas puede inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica. Como recientemente lo han señalado organismos internacionales de derechos humanos, la intervención de las fuerzas de seguridad pública de los Estados en las instituciones académicas genera un efecto amedrentador sobre la comunidad académica[2]. Por lo anterior, desde Amnistía Internacional, reiteramos nuestra petición hacia usted para que reconsidere la decisión de solicitar la intervención del SPF para las medidas de seguridad pública y privilegie el diálogo con la comunidad estudiantil.
No omito manifestar que continuaremos atentas al cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos que garanticen el ejercicio pleno de la libertad de expresión y protesta social dentro y fuera de las instalaciones del CIDE, así como a cualquier vulneración a derechos humanos que pudiera cometerse en el contexto de vigilancia y resguardo de las instalaciones.
Sin más por el momento, agradecemos la atención prestada a este oficio y reiteramos nuestra mejor disposición para brindar la información necesaria respecto a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia de así requerirlo.
Cordialmente,
Mtra. Edith Olivares Ferreto
Directora Ejecutiva
Amnistía Internacional México
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría de Expertos para la Libertad de Expresión y la Relatoría Especial sobre los derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, Principios interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria.
[2] Íbidem
