Más allá de las declaraciones poselectorales, quienes integran el Congreso de la Unión, senadoras, senadores, diputadas y diputados, tienen que demostrar su compromiso con las víctimas, la construcción de paz y el respeto al pacto civilista que creó una Guardia Nacional civil en la constitución y que el presidente de la república ha desnaturalizado pintándola de verde olivo.
Ya no solo es el hecho de que han colmado la guardia de soldados y marinos, en una proporción de solo 3 civiles de cada 10 integrantes, ahora sabemos que se está ordenando imponer el mando militar sobre los pocos civiles que quedaron de la Policía Federal violando la constitución y el derecho internacional. A la militarización plena de la seguridad que López Obrador quiere perpetuar, se suma el militarismo avanzando en la vida pública con el enorme poder económico y político que el gobierno le está entregando a la SEDENA y SEMAR en cada obra y contrato asignado a las Fuerzas Armadas.
Entregar la Guardia Nacional a la SEDENA sería el último clavo en el ataúd del Estado democrático de derecho. Aunque el presidente insista en que las fuerzas armadas actúan ahora con responsabilidad, hay al menos 8 eventos de ejecuciones extrajudiciales en su sexenio (con datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), cientos de quejas ante una CNDH omisa y la identificación que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha hecho sobre al menos 15 mandos que en este sexenio ascendieron de puesto en una lista de 58 que de 2007 a 2018 fueron acusados de cometer tortura.
RECHAZAR DESDE AHORA LA REFORMA MILITARISTA DE LÓPEZ OBRADOR ES UN COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS QUE DEBERÍAN ASUMIR TANTO QUIENES ASEGURAN SER OPOSICIÓN RESPONSABLE COMO QUIENES PROMETIERON UNA TRANSFORMACIÓN.
#SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional buscarán las firmas de legisladores y legisladoras que desde ahora se comprometan a no aprobar la reforma militarista y defender la que creó una Guardia Nacional civil en la constitución y mandató el regreso del ejército y la marina a sus cuarteles antes del 26 de marzo de 2024.
