Declaración Conjunta por ACAT-France; Amnistía Internacional; Front Line Defenders; Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR México; Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia e.V.(Múnich, Alemania); El Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT/FIDH); Protection International Mesoamérica;Taula per Mèxic (Barcelona);Servicio Internacional para la Paz – Sipaz, con la observación internacional de las Brigadas Internacionales de Paz – PBI-.
Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por el intento de criminalización en contra el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, defensor de derechos humanos de pueblos y comunidades del estado de Chiapas que, desde la fe y por medio de peregrinaciones y mediación en conflictos, trabaja de forma pacífica para alcanzar la paz en el estado.
De acuerdo con 26 organizaciones de la sociedad civil, existe una solicitud de orden de aprehensión en contra del defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez, solicitada por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de junio de 2022 al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas. El Padre Marcelo ha sido víctima de criminalización anteriormente en 2014, además ha sido víctima de amenazas, hostigamiento, intimidaciones y agresiones físicas que han aumentado considerablemente desde 2020. Es a partir de esta situación de riesgo relacionada con su trabajo de defensa de derechos humanos que el Padre Marcelo cuenta con medidas cautelares emitidas en 2016 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales actualmente siguen vigentes.
Varias de las organizaciones firmantes de este comunicado, ya han expresado en otras ocasiones la preocupación por la situación de riesgo en la que vive el Padre Marcelo y, pese a los llamamientos realizados, no se ha generado un entorno seguro y propicio para que pueda ejercer su derecho a defender derechos humanos.
Las organizaciones firmantes recuerdan la obligación internacional del gobierno mexicano de adoptar respuestas inmediatas frente a procesos de criminalización, especialmente de archivar los procesos judiciales en contra de las defensoras y defensores que hayan sido iniciados para reprimir, sancionar y castigar el derecho a defender los derechos humanos, y que no tengan sustento.
Por ello, estas organizaciones instan al gobierno federal a proteger y garantizar libertad personal del Padre Marcelo Pérez Pérez. Asimismo, hacen un llamado a quese reconozca la legítima labor de defensa de los derechos humanos realizada por parte del Padre Marcelo Pérez Pérez y se lleven a cabo todas las acciones pertinentes para garantizar el ejercicio de sus derechos, así como su integridad física y emocional.
