Las organizaciones de la sociedad civil que conforman y acompañan al Colectivo #SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional, condenamos los hechos de violencia ocurridos en múltiples lugares de Sinaloa como Culiacán, Los Mochis y Guasave, que tienen lugar desde la madrugada del 5 de enero.
Lo que ocurre en Sinaloa es un ejemplo claro de la violencia que viven diversas comunidades en gran parte del país, promovida por la presencia del crimen organizado, que incluso ha tomado el control en diversas ciudades ante la respuesta fallida del Estado para contener a dichas organizaciones delincuenciales.
La militarización no es ni será la solución
Vemos con preocupación que la política de militarización implementada no es efectiva para resolver en el largo plazo la crisis de violencia que vivimos, pues la presencia de elementos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no ha conseguido disminuir sustancialmente los homicidios, ni ha demostrado proveer protección integral a la población con base en los estándares internacionales de derechos humanos.
Por el contrario, se ha observado un aumento en la comisión de los delitos perpetrados por la delincuencia organizada contra la libertad personal, así como la extorsión. Además, han aumentado las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, tales como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Además de que las instituciones de seguridad civiles han sido gravemente debilitadas.
Desde Amnistía Internacional y el Colectivo #SeguridadSinGuerra hemos exigido en diversas ocasiones al gobierno poner fin a la militarización de la seguridad pública, e instado a crear una estrategia nacional para lograr el desarme del país, un plan para el retiro progresivo de las fuerzas armadas, y una estrategia efectiva para lograr el cese de la violencia. Sin embargo, en respuesta, hemos visto no sólo el incremento de la presencia de fuerzas armadas en las calles para atender la seguridad pública, sino también, como lo señaló el Centro de Investigación y Docencia Económicas, se les ha delegado tareas de orden meramente civil como la construcción de infraestructura pública y privada; la distribución de gasolina, libros de texto para la educación básica y fertilizantes, entre muchas otras1.
En ese sentido, hemos advertido la necesidad de reglamentar el artículo 129 constitucional que señala que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” con lo cual se brindará mayor protección a la población y se garantizarán controles legislativos y judiciales que supervisen las acciones de las fuerzas armadas.
Por lo anterior, exigimos a las autoridades estatales y federales:
- Establecer e implementar las medidas urgentes para garantizar, la vida, la seguridad y la integridad de la población en Sinaloa.
- Implementar políticas integrales que conduzcan a la disminución y contención del delito y la prevención social y de la reincidencia delictiva.
- Presentar un plan a corto, mediano y largo plazo de desmilitarización del país.
1 CIDE (2021). Inventario Nacional de lo Militarizado. Una radiografía de los procesos de militarización en México.
