Sin convocar ninguna audiencia ni consulta pública, el Senado de Paraguay aprobó el 8 de julio de 2024 el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. El texto se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara de Diputados. A continuación se enviará al presidente de la República, quien puede promulgar la ley o vetarla. Si se aprueba, Paraguay impondrá condiciones sumamente restrictivas a las organizaciones de la sociedad civil en el país.

La propuesta legislativa aprobada por el Senado es en muchos aspectos contraria a los tratados internacionales de derechos humanos en los que Paraguay es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a la libertad de asociación y de expresión, el derecho a la privacidad y el derecho a participar en los asuntos públicos.

Uno de los puntos más preocupantes del texto adoptado es la falta de precisión y claridad sobre su alcance y su implementación. El texto no establece distinción entre las organizaciones que reciben fondos públicos o privados, y las somete a todas a los mismos requisitos de inscripción en registro y control del Estado. Además, sin justificar la necesidad de introducir estas nuevas restricciones, el proyecto de ley hace caso omiso del amplio marco normativo existente que en la actualidad permite al Estado paraguayo garantizar la transparencia y la rendición de cuentas necesarias para que actúen las organizaciones sin ánimo de lucro.

El amplio ámbito y la vaguedad de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley, incluidas las obligaciones detalladas de presentar informes, también amenazan la independencia necesaria para que las organizaciones de la sociedad civil actúen, y ponen en peligro la privacidad, la intimidad y la seguridad de sus miembros y de las personas cuyos derechos intentan defender.

Por último, el proyecto de ley establece sanciones por incumplimiento no sólo para las entidades jurídicas, sino también para las personas físicas encargadas de la gestión y administración de las organizaciones, incluidas multas desorbitadas hasta el cese definitivo de sus actividades, sin especificar en qué casos se aplicaría cada sanción. La imposición de estas sanciones sin la claridad y el debido proceso necesarios viola el principio de legalidad y los derechos a la libertad de asociación y de expresión, que en ningún caso deberían ser objeto de restricciones que sean desproporcionadas o tan onerosas que pongan en peligro el derecho en sí.

En resumen, el proyecto de ley constituye una seria amenaza para el espacio cívico en Paraguay. Este marco normativo, si se aplica en la práctica, tendrá un efecto disuasorio que inhibirá a la gente a la hora de ejercer libremente sus derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de asociación y de expresión.