Este 24 de marzo, se formalizó que la empresa Itaipú Binacional financie la compra de tres mil hectáreas de tierra en Brasil para restituir parte del territorio Avá Guaraní Paranaense que fue despojado e inundado para la construcción y funcionamiento de la central hidroeléctrica Itaipú. La represa, una de las más grandes del mundo, fue construida en las décadas de los 70 y 80, por iniciativa conjunta de los gobiernos de Paraguay y Brasil.
Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló: “El compromiso de comprar tres mil hectáreas en Brasil con recursos de Itaipú Binacional es fruto de la resistencia del pueblo Avá Guaraní Paranaense. Sin embargo, no salda la responsabilidad que tienen la empresa y los gobiernos de Brasil y Paraguay de reparar plenamente a un pueblo que ha luchado más de 40 años por recuperar su territorio”.
El compromiso de comprar tres mil hectáreas en Brasil con recursos de Itaipú Binacional es fruto de la resistencia del pueblo Avá Guaraní Paranaense. Sin embargo, no salda la responsabilidad que tienen la empresa y los gobiernos de Brasil y Paraguay de reparar plenamente a un pueblo que ha luchado más de 40 años por recuperar su territorioAna Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Hace una semana, el Supremo Tribunal Federal de Brasil homologó un acuerdo de conciliación en el marco de una acción judicial interpuesta por la Procuraduría General de la República de Brasil, en representación de los intereses de comunidades indígenas Avá Guaraní Paranaenses, contra entidades del Estado brasileño y la empresa Itaipú Binacional. En este proceso judicial, que contó con el apoyo de la Comisión Guarani Yvyrupa y otras organizaciones, se busca reparación a las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades residentes en Tekoha Guasu Ocoy Jacutinga y Tekoha Guassu Guavirá en Brasil. El acuerdo establece, entre otras cosas, la difusión de un pedido de disculpas que reconozca la responsabilidad de la empresa con el pueblo indígena por las violaciones y “daños” sufridos al construir la represa; así como el financiamiento de la compra de tres mil hectáreas para las comunidades que suman más de cinco mil personas en los municipios São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Santa Helena, Terra Roxa e Guaíra del estado de Paraná.
En su propia declaración, las comunidades tomaron esta restitución como un alivio inmediato, al tiempo que denuncian que de ninguna manera corresponde a la dimensión real del daño causado al territorio Avá Guaraní Paranaense. En particular, las comunidades del lado brasileño reiteran que esta restitución no corresponde a toda la tierra que reivindican; y que las tres mil hectáreas por adquirirse no son suficientes para evitar un hacinamiento que impida recuperar sus medios de vida tradicionales asociados a la siembra, caza, pesca y manejo forestal.
Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional Brasil, declaró: La represa que internacionalmente presumen Brasil, Paraguay e Itaipú Binacional como un proyecto ejemplar de energía supuestamente limpia en realidad se sostiene en el dolor del pueblo Avá Guaraní Paranaense. Sin su territorio y los medios de vida asociados a éste, la misma identidad cultural del pueblo está en riesgo».
La represa que internacionalmente presumen Brasil, Paraguay e Itaipú Binacional como un proyecto ejemplar de energía supuestamente limpia en realidad se sostiene en el dolor del pueblo Avá Guaraní Paranaense. Sin su territorio y los medios de vida asociados a éste, la misma identidad cultural del pueblo está en riesgoJurema Werneck, directora de Amnistía Internacional Brasil
Por su parte, las comunidades del pueblo Avá Guaraní Paranaense al otro lado de la frontera compartieron con Amnistía Internacional su alegría por los pasos en Brasil; y la inconformidad por la falta de avances equivalentes en Paraguay. Desde hace más de una década, Amnistía Internacional ha denunciado la violación continuada de los derechos humanos del pueblo Avá Guaraní Paranaense en Paraguay por la falta de reparación, la precariedad que afecta a buena parte de las personas desplazadas y la violencia contra las comunidades que, tras años de espera, han decidido reocupar parte de sus territorios ancestrales no inundados.
«El pueblo Avá Guaraní Paranaense es uno solo que comparte la herida abierta que les dejó la hidroeléctrica de Itaipú. Entonces es inexplicable que los reconocimientos de responsabilidad y los pasos hacia la reparación no sean simultáneos. Los gobiernos de Paraguay y Brasil, así como la empresa Itaipú Binacional, deben rendir cuentas y atender los reclamos del pueblo Avá Guaraní Paranaense en ambos lados de la frontera», señaló Rosalía Vega, directora de Amnistía Internacional Paraguay.
El pueblo Avá Guaraní Paranaense es uno solo que comparte la herida abierta que les dejó la hidroeléctrica de Itaipú. Entonces es inexplicable que los reconocimientos de responsabilidad y los pasos hacia la reparación no sean simultáneos. Los gobiernos de Paraguay y Brasil, así como la empresa Itaipú Binacional, deben rendir cuentas y atender los reclamos del pueblo Avá Guaraní Paranaense en ambos lados de la fronteraRosalía Vega, directora de Amnistía Internacional Paraguay
Por estas razones, Amnistía Internacional presentó un pedido de acceso a información a Itaipú Binacional, en ambos lados de la frontera, consultando a la empresa sobre la integralidad de las medidas tomadas para respetar el derecho del pueblo Avá Guaraní Paranaense a la consulta libre, previa e informada, así como para reparar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la construcción de la represa. El pedido también aborda la responsabilidad de debida diligencia de la empresa para asegurar que los derechos humanos siempre sean respetados por sus operaciones.
Amnistía Internacional reconoce la resistencia del pueblo Avá Guaraní Paranaense y reitera el compromiso de acompañar su lucha hasta alcanzar justicia y reparación efectiva por las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra en ambos lados del río Paraná.
