Las comunidades indígenas están trabajando para garantizar la seguridad de sus miembros en respuesta a la pandemia del COVID-19. Diferentes comunidades enfrentan diferentes amenazas y desafíos,y están desarrollando soluciones efectivas
Este amicus curiae, presentado por Amnistía Internacional ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, busca apoyar el análisis del Amparo en revisión 33/2024, aportando estándares nacionales e internacionales sobre el derecho a la salud. El documento destaca cómo las políticas punitivas sobre drogas pueden violar derechos humanos, particularmente al limitar el acceso a tratamientos como la terapia de sustitución con opioides (TSO), incluida la metadona.
El informe detalla las obligaciones del Estado mexicano para garantizar el acceso a servicios de salud basados en evidencia científica, incluyendo la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los tratamientos para la dependencia de opioides. Subraya que la falta de acceso a la TSO, especialmente en contextos de criminalización, puede traducirse en violaciones al derecho a la salud, a la integridad personal e incluso en tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Amnistía Internacional argumenta que el tratamiento voluntario y con consentimiento informado es un componente esencial del derecho a la salud. A través de este amicus curiae, la organización hace un llamado al Poder Judicial para que promueva políticas centradas en los derechos humanos y basadas en evidencia, como vía para proteger la salud y dignidad de las personas que usan drogas en México.
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