México enfrenta una crisis de derechos humanos sin precedentes: más de 128,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 1952. Esta crisis no ha sido enfrentada con la responsabilidad que exige, las autoridades mexicanas, usualmente, no han sido eficientes en su labor de búsqueda y protección. En muchos casos, han dejado vacíos que han obligado a las propias familias, principalmente mujeres, a asumir la dolorosa y peligrosa tarea de buscar a sus seres queridos.
Estas mujeres, madres, hermanas, hijas y esposas, salen a rastrear fosas, recorren territorios controlados por el crimen organizado, enfrentando amenazas, ataques y estigmatización. Lo hacen sin garantías mínimas de seguridad, muchas veces sin apoyo legal ni psicológico. Mientras tanto, las autoridades ignoran sus necesidades, incumplen la ley y, en algunos casos, las revictimizan o criminalizan.
Amnistía Internacional documentó, con base en más de 600 testimonios y cuestionarios aplicados a mujeres buscadoras en 30 estados de México y en países de Centroamérica, que el 97% ha enfrentado al menos una forma de violencia. Estas agresiones incluyen amenazas, extorsión, acoso, tentativa de secuestro, y en casos extremos, asesinato o desaparición.
Además, muchas han perdido su trabajo, sus bienes y su salud. Viven con insomnio, ansiedad, enfermedades crónicas y el aislamiento social que implica su lucha. Pese a ello, siguen buscando, enfrentando instituciones que no las protegen, no las escuchan y, muchas veces, ni siquiera las reconocen.
Exigimos a las autoridades mexicanas:
Reconozcan públicamente el derecho a buscar y a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos.
Que se garantice su seguridad e integridad física, psicológica y emocional durante las labores de búsqueda, y se les brinde acceso a medidas de protección y reparación integral.
Que se investiguen y sancionen todas las formas de violencia contra mujeres buscadoras.
Que se adopten políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad que aseguren condiciones dignas para la búsqueda.
Que se les brinden apoyos reales: atención médica, psicológica, legal y medidas de reparación integral.
