Desde el 29 de noviembre de 2024, la población de Georgia viene protestando constantemente contra leyes represivas y la decisión del gobierno de suspender el proceso de adhesión a la UE.
Las autoridades han reprimido con violencia estas protestas, con informes de tortura y otros malos tratos a cientos de manifestantes. El gobierno georgiano debe investigar estas violaciones de derechos humanos, exigir a los agentes de policía que respondan de sus actos y prevenir futuros abusos.
¿Cuál es el problema?
Al desvanecerse la atención internacional, la represión de manifestantes se ha intensificado. Las autoridades han hecho uso de fuerza ilegítima, detenciones y procesamientos arbitrarios y tortura y otros malos tratos, así como violencia de género. Las personas que se manifiestan se han enfrentado a gas lacrimógeno y otras sustancias químicas irritantes, cañones de agua y palizas a manos tanto de la policía como de grupos no identificados. Se ha atacado a periodistas y activistas por medios como campañas de desprestigio en las que se los ha calificado de “agentes extranjeros”.
Según la Defensoría del Pueblo, se han documentado más de 300 casos de tortura y otros malos tratos, y se ha reconocido oficialmente a una serie de víctimas, aunque la cifra real probablemente es más alta.
A pesar de algunas investigaciones recientes, apenas ha habido una rendición de cuentas significativa por estas violaciones de derechos humanos, lo que ha permitido que continúen los abusos.
El hecho de que los presuntos responsables no rindan cuentas alimenta la impunidad y constituye un incumplimiento de los compromisos de derechos humanos tanto constitucionales como internacionales contraídos por Georgia. La población georgiana sigue reclamando justicia. La comunidad internacional debe estar a su lado.
¿Cómo puedes ayudar?
Exige que se investigue y ponga fin a la violencia policial para acabar con la impunidad. Pide al fiscal general de Georgia que garantice que todo caso de tortura y otros malos tratos se investiga con prontitud, independencia y eficacia, que los presuntos responsables son obligados a rendir cuentas y que las víctimas obtienen justicia y una reparación adecuada.
