Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la ley que concede amnistía a perpetradores de crímenes de derecho internacional y que, bajo la figura de “amnistía humanitaria”, permite liberar a personas mayores de 70 años con sentencias firmes o en trámite de ejecución de sentencia.
Esta ley viola las obligaciones de derecho internacional que el Estado peruano ha contraído y sienta un grave precedente. Su implementación impactará en al menos 156 casos con sentencia firme, permitiendo que responsables por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, puedan recuperar su libertad.
La cancelación de procesos en investigación o en juicio transmite un mensaje de indiferencia e impunidad frente al dolor y derecho de las víctimas y sus familias, que llevan décadas buscando justicia, verdad y reparación. Esto incluye casos como el de Putis, Ayacucho de 1984, donde 123 personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, fueron asesinadas.
La organización recuerda que el derecho internacional y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que las amnistías son inadmisibles para casos de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional, como aquellos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. Entre estos crímenes se cuentan desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, y violencia sexual, entre otros.
Amnistía Internacional advierte sobre el avance de prácticas autoritarias y de impunidad en Perú a través de normas que debilitan el espacio cívico y el acceso a la justicia, así como de iniciativas para incumplir compromisos internacionales. Frente a ello, la organización reitera a las autoridades peruanas su deber de garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de toda la sociedad, lo cual es solo posible fortaleciendo investigaciones y condenando a quienes cometen graves violaciones de derechos humanos.
Para cerrar este capítulo doloroso de la historia, las autoridades deben garantizar la no repetición. Ello exige enfrentar decididamente la impunidad y encontrar a los responsables de crímenes tan atroces como los cometidos en Perú por todas las partes involucradas en el conflicto armado.
