Integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida.

Desde 2015, las migraciones han pasado a ocupar un lugar destacado en los programas de los gobiernos y socios para el desarrollo, tras su inclusión histórica en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. De acuerdo con datos recientes del Informe sobre las migraciones en el mundo 2024, se tiene registro de un total de 281 millones de personas migrantes durante 2020, de las cuales, 135 millones, son mujeres, mientras que 28 millones, son niños y niñas, que huyen de guerras, conflictos armados, persecuciones, o desastres naturales; o en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, debido a la falta de mecanismos que garanticen el ejercicio de derechos fundamentales en las comunidades de origen. 

Como respuesta a los grandes flujos de personas migrantes y refugiadas en diferentes partes del mundo, en septiembre de 2016, los gobiernos adoptaron la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes. En dicha Declaración, se pide el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de migración y desplazamiento forzado; se alienta a los países de acogida para que abran sus mercados de trabajo a los refugiados, así como el desarrollo y la adopción de dos instrumentos colaborativos: el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre Refugiados.  

En ambos pactos se hace énfasis en la integración socioeconómica tanto de las personas migrantes como de las personas refugiadas, incluido el apoyo al empleo por cuenta propia y el emprendimiento. Estos pactos se basan en la premisa de que las personas migrantes y refugiadas pueden contribuir positivamente al desarrollo de las comunidades en sus países de origen o en sus nuevos lugares de residencia, siempre y cuando sus habilidades, competencias y espíritu emprendedor, reciban suficiente apoyo y reconocimiento.  

En este sentido, la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida, incluyendo la promoción del emprendimiento puede constituir un mecanismo importante para promover la inclusión social;  acelerar las contribuciones de las personas migrantes y refugiadas como agentes de desarrollo en el proceso; y apoyar soluciones duraderas para las comunidades de acogida y los Estados que luchan con una mayor competencia por el acceso a servicios básicos, mercados de trabajo y vivienda.  

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 ha reconocido que la migración es un poderoso agente impulsor del desarrollo sostenible, tanto para los migrantes como para sus comunidades, aportando beneficios significativos en forma de capacidades, fortaleciendo la fuerza de trabajo, la inversión y la diversidad cultural, además de contribuir con el mejoramiento de las vidas de las comunidades en sus países de origen por medio de la transferencia de capacidades y recursos financieros, sin embargo, los beneficios de la migración no deben ser vistos únicamente desde la perspectiva de lo que los migrantes pueden aportar a un determinado territorio.  

La relación entre migración y desarrollo es mucho más compleja. Los procesos políticos, económicos y sociales de los potenciales países de destino también determinan el modo, el lugar y el momento en el que la migración ocurrirá. Si la migración no cuenta con una gobernanza adecuada, puede tener un impacto negativo sobre el desarrollo, los migrantes pueden ser puestos en riesgo, y las comunidades pueden quedar sujetas a una gran presión. 

Por otra parte, las personas migrantes y refugiadas también enfrentan obstáculos y desafíos particulares para poder integrarse en la comunidad de acogida, toda vez que las políticas migratorias muchas veces se construyen como estructuras que por un lado, sustentan un sistema que discrimina y por otro, ejercen racismo institucional, desde fundamentos ideológicos y normativos, aunado a factores estructurales como la  discriminación racial, la falta de derechos laborales, las barreras lingüísticas y el no reconocimiento de cualificaciones y destrezas extranjeras; que crean barreras para su incorporación en el mercado laboral.  

Es por ello que, los Estados y la sociedad, deben asegurarse de promover una migración segura, ordenada y regular, aplicando un enfoque de gobernanza mediante políticas públicas, leyes y regulaciones, en materia de salud, educación, políticas comerciales y fiscales, donde las personas migrantes se encuentren al centro de las mismas, garantizando el bienestar y la protección de sus derechos humanos como lo establece la Agenda 2030, así como la Organización Internacional para las Migraciones. 

La inclusión y cohesión social promovidos por el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, así como por el Pacto Mundial sobre los Refugiados, son factores y procesos que trabajan juntos cuando se trata de la sana integración de las personas migrantes en las comunidades de acogida, e implica la adaptación mutua de los migrantes y la sociedad receptora. En este orden de ideas, la inclusión social se refiere al proceso de mejorar la capacidad, oportunidad y dignidad de personas en condiciones desfavorables en función de su identidad, para participar en la sociedad, mientras que la cohesión social, tiene que ver con el sentido de pertenencia a una comunidad, y con la solidaridad y tolerancia entre sus miembros.  

Beneficios del emprendimiento para las personas migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida 

Para las personas migrantes y refugiadas, los emprendimientos representan importantes beneficios y oportunidades, en muchos contextos donde enfrentan barreras para su integración en el mercado laboral, como la falta de derechos laborales, y el no reconocimiento de cualificaciones extranjeras, y los conlleva a experimentar tasas más altas de desempleo y subempleo.  

Beneficios económicos 

Para las personas migrantes y refugiadas, un emprendimiento puede ser una ruta importante que ofrece mejores perspectivas económicas y autosuficiencia, en el proceso de construir sus vidas de forma temporal o permanentemente en las comunidades de acogida. 

Beneficios sociales 

Mediante el emprendimiento, las personas migrantes y refugiadas, pueden construir redes de apoyo interculturales en el país y en la diáspora, incluidas las redes religiosas y las redes políticas, para tener acceso a mentores, capital financiero, proveedores de confianza y una base de clientes leales, y de esta forma obtener independencia y autonomía.  

Beneficios psicológicos 

El emprendimiento puede contribuir al bienestar psicológico de las personas migrantes y refugiadas, toda vez que se evita la dependencia en las prestaciones sociales. Por otra parte, el emprendimiento, puede representar un trabajo más interesante y significativo para las personas migrantes y refugiadas que encuentran trabajo pero que están sobrecalificados para sus funciones. El emprendimiento, también puede ser un nicho único en el que no estén compitiendo con los trabajadores locales, lo que puede ayudar a superar la xenofobia.  

Oportunidades de los emprendimientos de personas migrantes para las comunidades de acogida 

Para los países de acogida, las personas migrantes y refugiadas suelen aportar valiosas habilidades y experiencia. Para los países de origen, la diáspora y las personas refugiadas pueden contribuir al desarrollo del emprendimiento, capitalizando recursos, redes y conocimientos que adquieren a través de la migración, actuando como mentores para los emprendedores locales, o como facilitadores de la comercialización transfronterizos. 

Innovación y creación de nuevas empresas  

La diversidad que las personas migrantes y refugiadas aportan a las economías de acogida crea valor porque las personas con experiencias, formas de pensar, y contactos sociales diferentes, pueden aportar nuevos conocimientos, habilidades, competencias, ideas y enfoques para la innovación y resolución de problemas, catalizando el crecimiento económico en la comunidad de acogida, al introducir nuevos productos y procesos, y ampliando los mercados a través de los emprendimientos, o trabajando en las organizaciones existentes.  

Desarrollo económico local y creación de empleos 

Los emprendimientos de las personas migrantes y refugiadas pueden desempeñar un papel importante en la revitalización de las zonas económicas locales, incluidos los barrios de bajos ingresos en los que a menudo se concentran las personas migrantes y refugiadas. Estas empresas no sólo apoyan la movilidad social de los propios emprendedores, sino que también ofrecen oportunidades de empleo y formación vocacional a los miembros de sus comunidades migrantes, quienes son vulnerables a la exclusión del mercado laboral, así como a otros miembros de la población local.  

Cohesión social y bienestar comunitario 

Los emprendimientos de las personas migrantes y refugiadas pueden tener efectos más amplios a nivel comunitario, desempeñando un importante papel de liderazgo, en la eliminación de barreras y la construcción de puentes entre diferentes pueblos y culturas, así como en la facilitación del intercambio de información, fomentando así la inclusión y la cohesión social, debido a que la mayoría de las veces, los comerciantes migrantes atienden las necesidades del vecindario proporcionando bienes y servicios especializados, ofreciendo precios asequibles a los consumidores de bajos ingresos. 

Obstáculos y desafíos de los emprendimientos de las personas migrantes en las comunidades de acogida 

Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en su “Guía Informativa sobre políticas de emprendimiento para personas migrantes y refugiadas”. (2018), muchas personas migrantes y refugiadas experimentan obstáculos y desafíos, que generan barreras para su integración socioeconómica. 

Entorno regulatorio y de políticas del país de acogida 

En muchos países, las políticas restrictivas sobre inmigración, refugiados y visados limitan los derechos al trabajo y al trabajo autónomo, dependiendo de la duración de su estancia en el país o del empleo o trabajo autónomo para determinadas profesiones.  

Por otra parte, las restricciones a la seguridad social también pueden plantear dificultades para las personas migrantes y refugiadas que aspiran a emprender, especialmente debido a su falta de acceso al financiamiento. En muchos países, el registro de un emprendimiento, implica la pérdida del derecho al desempleo o a las prestaciones sociales. Con frecuencia, se exige a los emprendedores que paguen impuestos y contribuciones a la seguridad social antes de que su negocio sea rentable. 

El cumplimiento de requisitos regulatorios y administrativos para la creación y gestión de una empresa, como el registro de la empresa, permisos y licencias, obligaciones laborales de seguridad social, y fiscales, pueden resultar difíciles y complejos para los emprendedores locales, y suponen obstáculos aún mayores para los emprendedores migrantes y refugiados, que pueden tener conocimientos lingüísticos limitados y poco conocimiento de los sistemas administrativos y de las instituciones pertinentes en el país de acogida.   

Otro punto a considerar son las políticas de ubicación y alojamiento de las personas migrantes y refugiadas, que tienen un efecto determinante en su integración socioeconómica en la comunidad de acogida y en sus oportunidades para crear medios de vida sostenibles. El hecho de que una persona migrante se encuentre en un centro especializado o en la comunidad de acogida, en una zona urbana o rural, debe tenerse en cuenta en el diseño de los programas de fomento del emprendimiento. En específico, los campamentos limitan la libertad de circulación, el contacto con la sociedad de acogida y el acceso a oportunidades de educación y empleo. En situaciones prolongadas, los campamentos pueden suponer riesgos como el desarrollo de una dependencia a la ayuda. 

Derivado de lo anterior, es importante que las políticas de ubicación sean diseñadas con enfoque de derechos humanos. Puede que el alojamiento en campamentos facilite la distribución y entrega de la asistencia, debido a que la población objetivo está concentrada geográficamente e identificada, sin embargo, la ejecución de un programa de fomento al emprendimiento en un campamento, puede ser problemática si no se garantiza un acceso efectivo y seguro, si el campamento está situado a una distancia significativa de los centros urbanos, o si no se cuenta con la infraestructura física necesaria. 

Los Estados tienen la obligación de garantizar que el diseño de políticas públicas para la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas, se encuentren articulados los marcos regulatorios para las empresas, y las políticas de migración con enfoque de derechos humanos, toda vez que el derecho a trabajar y el derecho a crear una empresa, están vinculados a los sistemas de gestión de la migración y a las vías de migración regular a través de los cuales las personas migrantes entran a un país. 

Barreras lingüísticas, culturales y educativas 

Muchas personas migrantes y refugiadas experimentan una pérdida de capital humano a su llegada al país de acogida debido a barreras lingüísticas y culturales. Esto puede limitar los tipos de negocios que pueden emprender, y tener dificultades para comprender las necesidades y preferencias de los consumidores, así como la cultura empresarial y las normas de la comunidad de acogida, además de verse afectados por el estigma y la discriminación, especialmente si no dominan el idioma del país.  

La interconexión de los asuntos de competencia cultural y lingüística con el diseño y la sostenibilidad de las empresas pone de relieve la necesidad de adaptar los sistemas de apoyo con enfoque diferenciado para hacer efectiva la integración socioeconómica de las diferentes poblaciones de personas migrantes y refugiadas. 

Otro obstáculo al que se enfrentan las personas migrantes y refugiados es la inaccesibilidad a programas de fomento al emprendimiento en las comunidades de acogida, debido a barreras lingüísticas y culturales, así como pedagogías inapropiadas, así como la falta de articulación de programas de apoyo con la educación emprendedora, debido a que los programas de educación vocacional disponibles para personas migrantes y refugiadas con frecuencia descuidan el desarrollo de habilidades empresariales que podrían conducir a mejores resultados en el mercado laboral más allá del empleo.  

Es necesario que los Estados trabajen en el diseño de iniciativas y programas educativos a largo plazo en materia de emprendimiento, para apoyar a las personas migrantes y refugiadas en el desarrollo de sus proyectos y el lanzamiento de sus negocios, para hacer efectiva su integración socioeconómica. 

Entorno socioeconómico para la creación de empresas 

La migración y el desplazamiento forzado limitan la actividad económica productiva y la movilidad social de las personas migrantes y refugiadas quienes suelen residir en las zonas más pobres de las comunidades de acogida, enfrentándose a vulnerabilidades agravadas, como viviendas inseguras, riesgos sanitarios, falta de acceso a una educación de calidad y a medios de vida sostenibles. En tales entornos, las personas migrantes y refugiadas, y de hecho otros miembros de bajos ingresos de la comunidad de acogida, pueden ser empujados hacia fuentes de empleo con bajos beneficios y prácticas económicas informales, inseguras o peligrosas. 

Esto da lugar a vínculos débiles entre los ecosistemas más amplios de emprendimiento, innovación, y tecnología, y las personas migrantes y refugiados emprendedores, lo que limita el acceso a espacios de trabajo, infraestructura o instalaciones de incubación de nuevas empresas.  

Para superar estos problemas, los Estados deben garantizar que los programas de apoyo y políticas públicas para las personas migrantes y refugiadas, sean igualmente accesibles para los miembros de la comunidad de acogida. Adicionalmente los nuevos vínculos que las personas migrantes y refugiadas realicen durante la diáspora y la comunidad de acogida, pueden apoyar a los emprendedores migrantes como a los locales, con información sobre las condiciones del mercado, así como los marcos normativos de las comunidades de acogida.  

Acceso a financiamiento 

Los emprendedores migrantes y refugiados, y especialmente los de países menos desarrollados, suelen tener dificultades para acceder a financiamiento a través del sector bancario formal debido tanto a la falta de antecedentes crediticios como a la falta de garantías para obtener préstamos. Estas dificultades afectan particularmente a las personas refugiadas que tuvieron que huir de sus países de origen apresuradamente y no pueden regresar, y que por lo tanto no tienen acceso a su capital y documentación. Por lo anterior, las instituciones financieras pueden percibir a las empresas de personas migrantes y refugiadas, como empresas de alto riesgo y baja rentabilidad, y pueden ser desconfiados debido a los prejuicios por su condición jurídica. 

Además, el acceso al financiamiento también puede verse limitado por bajos niveles de conocimientos financieros, y la ausencia de apoyo lingüístico. Por estas razones, las personas migrantes y refugiadas a menudo recurren a la financiación informal mediante préstamos de la familia, y la comunidad local, o dependen de sus ahorros personales para la creación de sus empresas. 

Derivado de lo anterior, sería importante que los Estados integren dentro del diseño de programas educativos para las personas migrantes y refugiadas, la educación financiera; así como la creación de iniciativas que promuevan el acceso a fuentes tradicionales de financiación, así como otras que impulsen el acceso a fuentes alternativas e innovadoras de financiación como cooperativas locales de autofinanciamiento. 

Falta de redes de apoyo y sensibilización de la comunidad 

En ciertos contextos, las personas migrantes y refugiadas pueden no tener redes de apoyo en su país de destino, especialmente si no es uno de los países de acogida tradicionales de su país de origen. Además, durante el proceso de migración o desplazamiento forzado, las personas migrantes y refugiadas pueden haber perdido sus redes de apoyo anteriores. En este sentido, al carecer de ese capital social local, las personas migrantes y refugiadas pueden tener mayores dificultades para acceder al apoyo y a la información para conocer el entorno institucional y regulatorio de las empresas en el país de acogida.  

Otro punto a considerar es que las personas migrantes y refugiadas sufren discriminación y estigmatización en muchos de los países de acogida, lo que tiene un impacto significativo en su capacidad para desarrollar negocios exitosos. Los procesos de exclusión y despliegue del racismo se expresan en diferentes espacios como el económico, en el cual se ha identificado el abuso, explotación y precarización laboral; el espacio político-institucional, formulado mediante la irregularidad administrativa y limitación de derechos; y el espacio social y cultural, relacionado con estereotipos, prejuicios, y violencia.  

El racismo como otra forma de exclusión social es una realidad que las personas migrantes y refugiadas enfrentan; discursos y actitudes que establecen una distinción negativa y que como consecuencia provocan marginación, aislamiento, desarraigo, desigualdad social, y segregación laboral. La transmisión de información en plataformas digitales, y el trato mediático que se da al tema migratorio, contribuye a la difusión de prejuicios y actitudes xenófobas. 

Derivado de lo anterior, los desafíos para hacer efectiva la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida, parecen insuperables, y los programas, iniciativas y políticas han sido insuficientes hasta el día de hoy, para atender la crisis humanitaria que se vive en el mundo, mientras se siga discriminando y criminalizando a las personas migrantes.  

Los Estados y las instituciones tienen la obligación de promover una migración segura, ordenada y regular, mediante el diseño e implementación de programas y políticas públicas, -formales o informales, públicas o privadas-   integrales, sostenidas, y transformadoras, donde las personas migrantes y refugiados se encuentren al centro de las mismas, garantizando el bienestar y la protección de sus derechos humanos, con la finalidad de disminuir las brechas de exclusión, ayudando a enfrentar la discriminación y marginación a nivel de inclusión social, y a disminuir los riesgos de tensiones, desórdenes y disturbios a nivel de cohesión social, y de esta forma, las personas migrantes y refugiadas puedan superar la pérdida del capital humano, financiero y social que experimentan durante la migración, y hacer efectiva su integración socioeconómica en la comunidad de acogida, desde reformas a la legislación que otorguen derechos a la libertad de circulación, y al empleo; hasta una política pública sobre el reconocimiento de cualificaciones, y acceso a prestaciones sociales; hasta la participación activa de la sociedad y las empresas, con programas como instituciones financieras inclusivas, o programas de apoyo al empleo en empresas locales. 

Con el objetivo de optimizar las oportunidades de inclusión; es necesario que las políticas públicas sean diseñadas con la participación de instancias locales y las personas migrantes, es decir, considerando las opiniones y experiencias de las personas migrantes, y el conocimiento que transcurre a nivel local, para que personas migrantes y refugiadas sean agentes transformadores durante el proceso en las decisiones que impactan sus proyectos de vida. 

Por último, es importante señalar que la inclusión social es una experiencia personal y variada en cada persona migrante, lo que implica necesidades particulares, como los trabajadores poco cualificados, las víctimas de trata o las diásporas, por mencionar algunas, por lo que para facilitar la integración socioeconómica de las personas en las comunidades de acogida, es importante que los Estados, consideren los impactos diferenciados de las migraciones, y garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través del diseño de acciones y políticas públicas de manera integral e incluyente, garantizando que los requisitos solicitados a las personas migrantes para acceder a ciertas iniciativas (como la participación política, la naturalización, o la reunificación familiar), sean razonables y acojan antes que alejen a quienes quieran optar por ellas.