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El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano continúan, ha advertido hoy Amnistía Internacional.
“La operación militar estadounidense en Venezuela constituye una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Es un acto de agresión que pone en peligro a la población civil y destruye las salvaguardias del derecho internacional. El uso de la fuerza por parte del gobierno de Trump no sólo fue ilegal, sino que también podría tener efectos devastadores sobre los derechos humanos de la población venezolana, alentar acciones ilícitas por parte de otros Estados y anunciar acciones similares por parte de Estados Unidos en el futuro”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Como ha declarado el propio presidente Trump, el control de los recursos y el poder geopolítico en la región han sido en gran medida los motivos del ataque del 3 de enero. Desde entonces, ha reivindicado abiertamente su autoridad para dirigir la política en Venezuela, incluso cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene una retórica desafiante mientras coopera con Estados Unidos. En medio de la incertidumbre generada por la volátil situación interna y la persistencia del aparato represivo del Estado, la población venezolana se enfrenta a un riesgo adicional: la creciente injerencia de Estados Unidos que, lejos de ofrecer soluciones en materia de derechos humanos, amenaza con infligir un daño adicional, potencialmente irreparable, a sus derechos y su seguridad.
“La impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades venezolanas bajo el mandato de Maduro durante más de un decenio continúa con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez. Las víctimas siguen esperando; no se han tomado medidas significativas para hacer justicia ni se han dado garantías de no repetición. Al mismo tiempo, el espacio de la sociedad civil sigue reduciéndose, y las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones se enfrentan a una persecución y criminalización persistentes”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Seamos claros: Amnistía Internacional condena inequívocamente tanto el uso ilícito de la fuerza por parte de Estados Unidos como los múltiples crímenes cometidos por las autoridades venezolanas contra el pueblo de Venezuela. La denuncia de la acción militar ilegal de Estados Unidos no debe eclipsar en modo alguno la urgente necesidad de rendición de cuentas y reparación por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano”.
“Un error no se corrige con otro. Debe haber una rendición de cuentas y una reparación completas por el ataque ilegal del gobierno de Trump contra Venezuela y por los crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas.”
Las amenazas abiertas del presidente Trump de intensificar la acción militar unilateral en otros lugares, junto con la retórica sobre “dirigir” Venezuela y controlar su petróleo, aceleran el desmantelamiento de las normas del derecho internacional destinadas a proteger a la población civil y prevenir los conflictos, lo que amenaza los derechos humanos en todo el mundo. Desde que atacó Venezuela, el presidente Trump ha amenazado con utilizar la fuerza militar contra Colombia, Cuba, Groenlandia, Irán y México. Mientras tanto, China sigue llevando a cabo acciones amenazadoras contra Taiwán y sus vecinos, y Rusia continúa su agresión contra Ucrania y ha sobrevolado el espacio aéreo de la OTAN.
“No nos equivoquemos, se trata de esfuerzos calculados para normalizar un enfoque de ‘la fuerza hace el derecho’ en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de derechos humanos y otros pilares del orden internacional. Otros Estados deben oponerse a estos esfuerzos imprudentes por desmantelar las normas mundiales diseñadas para mantener la paz, proteger a la población civil en los conflictos y garantizar los derechos humanos de todas las personas en todo lugar.”
Por qué se trató de un uso ilícito de la fuerza y un acto de agresión
El derecho internacional no puede ser más claro: El artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El artículo 2, párrafo 3, exige el arreglo pacífico de las controversias. La Declaración sobre Relaciones de Amistad (Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU) establece la prohibición de la intervención armada. Por otra parte, la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU define la agresión, señalando que el primer uso de la fuerza armada por parte de un Estado en violación de la Carta constituye prueba prima facie de un acto de agresión, incluidos el bombardeo o los ataques contra las fuerzas armadas de otro Estado. La operación del 3 de enero implicó precisamente esas modalidades.
El gobierno de Estados Unidos inició su escalada militar con ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales y llevó a cabo la captura ilegal de Nicolás Maduro con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, sólo para revelar sin ambigüedades su verdadera motivación: el control de los recursos naturales de Venezuela. Más allá de la justificación oficial, siempre cambiante, los hechos son inequívocos y constituyen graves violaciones del derecho internacional. Incluso si se aceptaran las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que se trata de combatir el narcotráfico, seguiría siendo ilícito ejercer la jurisdicción coercitiva en el territorio de otro Estado sin su consentimiento, lo que constituye una violación de la soberanía largamente reconocida en el derecho internacional. Las acusaciones de narcotráfico no constituyen un “ataque armado” que pueda desencadenar la legítima defensa en virtud del artículo 51 de la Carta.
El Comité Jurídico Interamericano ha afirmado igualmente que, para los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las únicas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza son la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, límites cuyo objetivo es precisamente salvaguardar la paz y los derechos humanos en la región.
El ataque de Estados Unidos cumple claramente tres de los siete actos prohibidos que la Resolución 3314 define como actos de agresión: “La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado”; “el bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado”; y “el ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea”.
El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo momento. La Observación general núm. 36 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja claro que los actos de agresión que provocan la privación de la vida violan el artículo 6 del PIDCP ipso facto, y que no resolver las controversias por medios pacíficos puede suponer un incumplimiento del deber de proteger la vida.
“Ninguna etiqueta puede convertir un bombardeo en ‘hacer cumplir la ley’. Son los hechos, y no la retórica política, los que determinan el derecho aplicable. Sin la autorización del Consejo de Seguridad ni un caso genuino de legítima defensa, el uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela fue ilícito y constituyó un acto de agresión. El derecho a la vida no se suspende cuando un gobierno decide ignorar la Carta de las Naciones Unidas”, ha afirmado Agnès Callamard.
Dentro de Venezuela: una maquinaria de represión que no se detuvo el 3 de enero
Durante años, Amnistía Internacional y múltiples investigaciones internacionales han documentado la política sistemática de represión, que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, dirigidos especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, personas opositoras políticas, personas manifestantes, periodistas y críticas —reales o percibidas— del gobierno.
En 2019, Amnistía Internacional estableció la existencia de un ataque generalizado y sistemático por parte de las autoridades venezolanas bajo el mandato de Nicolás Maduro contra la población civil, y concluyó que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde 2014. Desde entonces, la organización ha publicado nuevas pruebas de persecución y desapariciones forzadas, así como otros crímenes de lesa humanidad, al tiempo que ha pedido y respaldado las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), así como las investigaciones penales en curso en virtud del principio de jurisdicción universal en Argentina.
“Los crímenes de lesa humanidad no terminan con la destitución de Maduro. Los crímenes continúan cometiéndose, las víctimas venezolanas, las personas sobrevivientes y sus familias conservan las cicatrices físicas y psicológicas, y la maquinaria estatal responsable de esos crímenes sigue firmemente en su lugar, ahora exacerbada por el involucramiento de las autoridades estadounidenses”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Aunque, días después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, el gobierno venezolano anunció la liberación de un número significativo de personas detenidas por razones de motivación política, sólo una pequeña proporción ha sido realmente puesta en libertad. Las personas excarceladas siguen sometidas a procesos penales arbitrarios, lo que convierte la medida en un gesto cruel para las víctimas de detenciones por motivos políticos y sus familias. Existe un alto riesgo de que la agresión de Estados Unidos haga que las autoridades venezolanas impongan graves consecuencias a quienes consideren que critican al gobierno o apoyan las acciones de Estados Unidos. Es probable que se amplíe significativamente el espectro de quiénes se consideran personas críticas o partidarias, lo que expondría a muchas más personas a la política de represión del gobierno.
Durante el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia (el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, de carácter civil, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, de carácter militar) y los grupos armados progubernamentales han seguido deteniendo personas, vigilando comunidades e intimidando a los sospechosos de apoyar el ataque del 3 de enero, entre otras cosas mediante el establecimiento de puestos de control y obligando a las personas a desbloquear su teléfono para revisiones arbitrarias. Los reportes desde el terreno también confirman nuevas detenciones arbitrarias —entre ellas, la de 14 periodistas que cubrían una rueda de prensa oficial y que ya han sido puestos en libertad—, amenazas y represalias, lo que se hace eco de los patrones bien documentados del último decenio.
“Las autoridades de Venezuela deben poner en libertad inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, poner fin a las desapariciones forzadas y la tortura de inmediato, y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Medidas que no alcancen estos cambios perpetúan nuevos ciclos de violaciones, afianzan la impunidad y niegan a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, ha afirmado Agnès Callamard.
En 2020, la Fiscalía de la CPI declaró que creía que había “motivos razonables para concluir” que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017, y en noviembre de 2021 la Fiscalía abrió formalmente una investigación. Desde entonces, la Sala de Cuestiones Preliminares I y la Sala de Apelaciones de la CPI han autorizado la continuación de la investigación, pese a los intentos de Venezuela de detenerla, señalando que las autoridades nacionales no han demostrado que existan procedimientos genuinos contra las mismas categorías de responsables, a saber, altos funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Ante estos consistentes hallazgos, incluida la cadena de mando documentada, el papel central de la presidencia en el aparato de seguridad e inteligencia de Venezuela, y la magnitud y el carácter sistemático de las violaciones, Nicolás Maduro es una de las personas con más probabilidades de entrar en el ámbito de investigación y enjuiciamiento de la CPI, si las pruebas alcanzan el umbral establecido en el Estatuto de Roma para la responsabilidad penal individual.
“Las víctimas venezolanas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes de lesa humanidad sufridos. Instamos a la Corte Penal Internacional a que agilice su trabajo, incluida la emisión de órdenes de detención cuando se cumpla el umbral probatorio. La justicia demorada es justicia negada, especialmente para la población venezolana que ha esperado años para ser escuchada. Sin embargo, las acciones del gobierno de Estados Unidos actualmente hacen que la perspectiva de cualquier posible proceso judicial contra Nicolás Maduro sea mucho más difícil y compleja”, ha afirmado Agnès Callamard.
Un peligroso precedente más allá de Venezuela
Desde que tomó esta medida, el presidente Trump ha afirmado que no se considera obligado por el derecho internacional y que el hemisferio occidental es una región que Estados Unidos tiene derecho a controlar, incluso mediante la fuerza armada, según considere oportuno, posición que se conoce cada vez más como “doctrina Don-roe”. No es la primera vez que Estados Unidos recurre al uso unilateral de la fuerza, pero sí puede ser la primera vez que intenta justificar sus acciones de una manera que contraviene flagrantemente los principios del derecho internacional. En cambio, el presidente Trump y sus principales asesores parecen decididos a declararse libres de las restricciones del marco jurídico internacional que su propio país contribuyó a diseñar después de la Segunda Guerra Mundial.
El ataque del 3 de enero culmina también meses de ataques letales de Estados Unidos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, conducta que Amnistía Internacional y numerosos expertos jurídicos han denunciado como constitutiva de ejecuciones extrajudiciales. Se ha producido al menos un ataque adicional desde el acto de agresión. La acumulación de recursos navales estadounidenses en el Caribe y la intención declarada de utilizar la fuerza contra los grupos criminales han difuminado aún más la línea entre la aplicación de la ley y la guerra, alimentando los temores de una escalada regional.
Qué debe suceder ahora: nuestras demandas de protección y justicia
Todos los Estados deben reafirmar la primacía de la Carta de las Naciones Unidas y el consenso mundial sobre el carácter imperativo de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En los foros multilaterales y los compromisos bilaterales, los gobiernos deben rechazar la normalización del uso unilateral de la fuerza como herramienta política y centrarse en la protección de la población civil y los derechos humanos.
“El silencio de hoy será el permiso de mañana. Los Estados deben trazar una línea clara, aquí y ahora. El sufrimiento de las personas perjudicadas por el uso ilícito de la fuerza y el sufrimiento de quienes sufren la brutalidad de sus propias autoridades no son tragedias que compitan entre sí. El único camino que respeta su dignidad es el que se basa en el derecho: cumplir el derecho internacional, proteger a la población civil, investigar las violaciones y garantizar la justicia”, ha declarado Agnès Callamard.
Estados Unidos debe cesar cualquier uso o amenaza de fuerza contra Venezuela. Cuando existan pruebas creíbles que demuestren la muerte de civiles u homicidios ilícitos, debe investigar de forma rápida, independiente e imparcial, y proporcionar reparaciones. Estas medidas son esenciales no sólo en virtud del derecho internacional, sino también para restablecer la confianza mínima de que la población civil no es moneda de cambio en una estrategia geopolítica.
Las autoridades venezolanas deben poner fin a los crímenes de lesa humanidad: garantizar el derecho a la vida y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente; acabar con las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos; desmantelar los grupos armados progubernamentales, que también son responsables de graves violaciones de los derechos humanos; y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación, participación política y reunión pacífica. Las autoridades deben desmantelar la política de represión en su conjunto y establecer garantías de no repetición, comenzando por reforzar la independencia del poder judicial y otras instituciones del Estado. Los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas. Se deben cumplir los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Este contexto de emergencia renovado no puede servir de pretexto para afianzar la maquinaria de la represión.
