Foto: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
Con motivo del segundo aniversario de la muerte bajo custodia del político de la oposición rusa y preso de conciencia Alekséi Navalny, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha realizado las siguientes declaraciones:
“Han transcurrido dos años desde que Alekséi Navalny, preso de conciencia y una de las voces más valientes frente a la corrupción y a la represión estatal en Rusia, muriera en una remota colonia penal del Círculo Polar Ártico. Aunque las autoridades rusas siguen eludiendo la rendición de cuentas, la verdad no ha quedado enterrada. Por el contrario, las últimas revelaciones que indican que Navalny fue asesinado con epibatidina, una sustancia altamente tóxica, demuestran que los intentos de ocultar las circunstancias de su muerte han fracasado.”
“Estos hallazgos fueron posibles no solo por la cooperación internacional, sino también por el coraje, la determinación y el compromiso de quienes, desde dentro de Rusia, se aseguraron de que las pruebas fundamentales se conservaran y estuvieran disponibles para el examen pericial. Corriendo riesgos extraordinarios, las amistades y colegas de Alekséi Navalny aseguraron lo necesario para revelar la verdad cuando Putin trató de enterrarla.
Esa misma determinación explica por qué las autoridades rusas mantienen su represión. Están tratando de destruir el movimiento que Alekséi Navalny creó criminalizando su Fundación Anticorrupción (ACF/FBK), enjuiciando a sus simpatizantes y castigando la más mínima expresión de remembranza y solidaridad.”
Aunque las autoridades rusas siguen eludiendo la rendición de cuentas, la verdad no ha quedado enterrada. Por el contrario, las últimas revelaciones que indican que Navalny fue asesinado con epibatidina, una sustancia altamente tóxica, demuestran que los intentos de ocultar las circunstancias de su muerte han fracasado. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“El año pasado se dictaron largas penas de prisión para los abogados de Navalny —Alekséi Liptser, Vadim Kobzev e Igor Sergunin—, así como para cuatro colaboradores —los profesionales de medios de comunicación Antonina Favorskaya, Sergei Karelin, Konstantin Gabov y Artyom Kriger— únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.” Deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones, y deben anularse las condenas injustas que se les impusieron.
“Estos enjuiciamientos forman parte de una oleada de represión mucho más amplia. Las autoridades rusas han abierto más de 100 causas penales por supuestas donaciones a la FBK, a la que, de hecho, han etiquetado arbitrariamente de organización “extremista” y, más recientemente, “terrorista”. La persecución generalizada y sistemática de simpatizantes de Navalny aumenta en escala y ferocidad cada año. Bajo la nueva etiqueta de “terroristas”‘, los y las simpatizantes podrían enfrentarse a sanciones aún más duras, incluida la cadena perpetua.”
“Las autoridades rusas deben liberar inmediatamente y sin condiciones a todas las personas que han sido encerradas por el simple hecho de estar vinculadas con Alekséi Navalny o con su trabajo, y anular sus sentencias condenatorias injustas. Rusia debe cesar en el abuso de las leyes contra el “extremismo” y el “terrorismo” para perseguir a quienes critican de manera pacífica a las autoridades. Pedimos asimismo a los Estados y a las organizaciones internacionales que divulguen casos individuales, apoyen los esfuerzos internacionales en materia de vigilancia y rendición de cuentas, y brinden protección internacional, incluido asilo, a simpatizantes de Navalny que corren el riesgo de sufrir procesamientos penales por motivos políticos en Rusia.”
Información complementaria
El 14 de febrero de 2026, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia hicieron un anuncio conjunto basado en una investigación coordinada entre servicios de inteligencia en el que afirmaban que Alekséi Navalny había sido asesinado con epibatidina —una sustancia altamente tóxica detectada, según informes, en muestras biológicas tomadas antes del entierro—, y que solo “el Estado ruso tenía los medios, los motivos y la ocasión de emplearla”. Reino Unido dijo que remitiría el asunto a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, señalando que la producción y el uso de tales toxinas están prohibidos en virtud de la Convención sobre Armas Químicas y la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, ambas vinculantes para Rusia.
En diciembre de 2025, el Tribunal Municipal de Moscú confirmó las condenas de cinco años y medio de prisión impuestas a Antonina Favorskaya y Artyom Kriger —periodistas del proyecto mediático SotaVision, que cubrían la actualidad de Alekséi Navalny y la FBK—, así como a Sergei Karelin y Konstantin Gabov, profesionales independientes del canal de YouTube Navalny Live. En septiembre de 2025, un tribunal confirmó también las condenas que se habían impuesto en enero de ese año a los abogados de Alekséi Navalny, Vadim Kobzev (cinco años y medio), Aleksei Liptser (cinco años) e Igor Sergunin (tres años y medio).
Sólo en 2025, los tribunales rusos examinaron al menos 79 causas penales relacionadas con donaciones a la FBK, lo que representa un fuerte aumento en comparación con años anteriores: dos casos abiertos en 2022, cuatro en 2023 y 27 en 2024. En 2025 se procesó al menos a 96 personas, a menudo por donaciones que oscilaban entre los 100 y 14.000 rublos (entre 1,30 y 180 dólares estadounidenses). En ocho casos, los tribunales dictaron penas de cárcel de entre tres meses y cinco años, y en uno se impuso una condena de 12 años. Es probable que el número real de casos sea mayor, dado que no se publican estadísticas oficiales y los datos de los tribunales siguen estando incompletos.
