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Llamamiento a “proteger a la población civil y no el petróleo” tras la suspensión del suministro eléctrico a Ucrania

Ante las aseveraciones realizadas por el primer ministro eslovaco Robert Fico relativas a la suspensión del suministro eléctrico a Ucrania como respuesta a una disputa sobre el tránsito del petróleo, Rado Sloboda, director de Amnistía Internacional Eslovaquia, ha declarado:

“En un momento en que la Federación Rusa está llevando a cabo ataques sistemáticos y reiterados sobre infraestructuras energéticas ucranianas y en que la población civil está sufriendo cortes del suministro eléctrico, de calefacción y de agua durante los meses de invierno, la electricidad tiene una trascendencia inmediata para el ejercicio de sus derechos humanos básicos, como el derecho a la vida y el derecho a la salud.”

“Esto no se puede presentar como una simple discusión técnica sobre el suministro de petróleo. Cuando los hospitales están funcionando con la energía de reserva, las consecuencias de esa suspensión con temperaturas gélidas pueden poner en peligro las vidas de la población civil. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha dejado claro en reiteradas ocasiones que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de manera predecible y directa puedan afectar negativamente a los derechos humanos fuera de su territorio.”

“Los Estados no tienen derecho a perseguir sus intereses de una manera que previsiblemente pueda poner en peligro los derechos humanos de la población civil. Si el gobierno es consciente de las posibles consecuencias para los hospitales, la red de distribución de agua y los hogares en invierno y aun así emplea como instrumento de negociación la amenaza de cortar el suministro eléctrico, está jugando con vidas humanas.”

“Instamos al primer ministro Fico a que, a la hora de tomar decisiones sobre cualquier medida, tenga en cuenta sus consecuencias humanitarias y actúe de conformidad con las obligaciones internacionales de Eslovaquia.”

Información complementaria

El 10 de febrero, Amnistía Internacional advirtió de que los ataques sistemáticos de Rusia contra el sistema energético de Ucrania tienen consecuencias humanitarias extremadamente graves. Los daños deliberados o la destrucción de los sistemas de suministro de energía, calefacción y agua, especialmente durante las olas de frío, están causando sufrimiento a millones de personas. Están incrementando la vulnerabilidad de una población que ya corre peligro, y están perturbando gravemente la prestación de atención sanitaria, educación y otros servicios. Estas acciones tienen graves consecuencias directas que van mucho más allá de los daños físicos inmediatos.

Tales actos constituyen una violación directa de las leyes de la guerra. Indican la intención de negar necesidades básicas como medio de coerción sobre la población civil.

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