Foto: © Maryorin Mendez / AFP via Getty Images
A casi dos meses de la aprobación de la ley de amnistía que otorgaría libertad a las personas procesadas y detenidas por motivos políticos en Venezuela, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades venezolanas que su aplicación no puede hacerse con criterios discrecionales que perpetúen la represión por motivos políticos que, en teoría, dicha ley propone subsanar. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional ha dicho:
“La misma arbitrariedad con la que en Venezuela ha encarcelado a miles de personas en los últimos años, hoy día marca la forma en que los tribunales aplican a conveniencia la ley de amnistía, materializando el riesgo denunciado por las organizaciones de derechos humanos sobre la urgencia de reparar a decenas de miles personas que han sido detenidas por motivos políticos en el país”.
“Aunque cientos de personas han sido beneficiadas por la ley, otros cientos han visto sus solicitudes de amnistía rechazadas, sin criterios claros o procedimientos que garanticen que podrán acceder a una justicia imparcial. Por ejemplo, la amnistía les ha sido negada sin explicación a Samantha Hernández, adolescente de 16 años con imputación de ‘terrorismo’, y a Perkins Rocha, abogado que había recibido una medida de casa por cárcel”, continuó Piquer.
“Esto es una pequeña muestra del patrón de arbitrariedad y discrecionalidad con el que las autoridades venezolanas continúan violando derechos humanos de manera sistemática. Todo esto debe ser investigado hasta el más alto nivel. La justicia internacional debe abrirse paso y darles a las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto la reparación que merecen”, concluyó Ana Piquer.
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