©International Criminal Court/Handout/Anadolu via Getty Images
En respuesta al anuncio de la Corte Penal Internacional (CPI) que confirma todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y allana así el camino a procedimientos judiciales completos, Ritz Lee Santos, director de Amnistía Internacional Filipinas, ha declarado:
“Las familias de víctimas y supervivientes de la ‘guerra contra las drogas’ han esperado demasiado a que se haga justicia. La confirmación por la CPI de todos los cargos contra el expresidente Duterte es un momento histórico para las víctimas y para la justicia internacional. Transmite un claro mensaje de que todas las personas a las que se acuse de haber cometido asesinatos generalizados y sistemáticos como crimen de lesa humanidad se verán algún día en el banquillo, siendo juzgadas. La justicia puede ser lenta, pero no puede retrasarse eternamente”.
“Este juicio no trata de política. Trata de una campaña en la que se dio muerte a sangre fría a miles de personas, y de un sistema judicial, el de Filipinas, que ha fallado sistemáticamente a las víctimas. La CPI actúa porque las autoridades no lo hacen. Durante años, los responsables de homicidios ilegítimos han actuado impunemente, pero esa era está llegando a su fin.”
“Para las personas supervivientes y las familias de las víctimas que han llevado su dolor en silencio, el día de hoy es una afirmación de que sus voces se han escuchado y de que su persistencia no ha sido en vano. Mientras estos procedimientos siguen adelante, la comunidad internacional será testigo no sólo de los delitos presuntamente cometidos por Duterte sino también de la valentía de quienes nunca dejaron de reclamar justicia.”
“La CPI ahora debe garantizar los derechos de las víctimas a participar en el juicio y debe asegurar que los y las testigos gozan de protección para que el juicio pueda decidir sobre las acusaciones a las que se enfrenta Duterte. Mientras tanto, los esfuerzos no deben detenerse ante nada para garantizar que todas las personas individualmente responsables de crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos rindan cuentas de sus actos, ya sea en Filipinas o ante la CPI.”
Información complementaria
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional ha decidido hoy que el expresidente Duterte debe ser juzgado por los tres cargos formulados contra él de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad.
En marzo de 2025, el gobierno filipino detuvo al expresidente Duterte y lo entregó a la CPI para que se enfrentase a cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad ligados a la llamada “guerra contra las drogas” de su gobierno y anteriormente, durante el tiempo que fue alcalde de la ciudad de Davao, entre 2013 y 2016. La comparecencia inicial de Duterte ante la Corte se produjo el 14 de marzo de 2025.
Desde su detención, Duterte está en espera de juicio bajo custodia de la CPI en Países Bajos. El equipo jurídico del expresidente ha impugnado la competencia de la Corte, su detención actual y su aptitud para ser juzgado.
En enero de 2026, una Sala de Cuestiones Preliminares determinó, tras un reconocimiento a cargo de especialistas médicos, que Duterte era apto para ser juzgado. El 22 de abril de 2026, la Sala de Apelaciones confirmó que la Corte puede ejercer jurisdicción sobre los presuntos delitos.
Durante el gobierno de Duterte, entre 2016 y 2022, la policía —o individuos armados presuntamente vinculados a ésta— mataron ilícitamente a miles de personas, en su mayoría de comunidades pobres y marginadas, como parte de la “guerra contra las drogas”.
Amnistía Internacional ha publicado importantes investigaciones en las que se detallan ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y sus superiores. La organización ha determinado que los actos cometidos alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.
La CPI sigue investigando otros posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra contra las drogas” y por el Escuadrón de la Muerte de Davao en la ciudad de Davao cuando Duterte era alcalde, de 2011 a 2016. El 13 de febrero de 2026, una “versión pública menos censurada” del documento que contiene los cargos enumeraba a otras ocho personas como coperpetradoras de crímenes junto con Duterte. No se ha hecho pública aún ninguna orden de detención más.
