La señora Araceli Rodríguez Nava, madre del policía Luis Ángel León Rodríguez, al hablar en el acto de disculpa pública a nombre de las familias de los policías federales desaparecidos y de la persona civil que les acompañaba. (Foto: Amnistía Internacional)
- El Estado mexicano se disculpó por la desaparición, la incertidumbre y la revictimización que han padecido las familias desde que denunciaron la desaparición de sus seres queridos hace más de 15 años
- Al hablar a nombre de las familias, la señora Araceli Rodríguez dijo que la violencia institucional que sufrieron constituyó un proceso de tortura psicológica continuada
- Amnistía internacional advierte que la disculpa pública es un paso en la reparación integral del daño y que sigue pendiente el acceso de las familias a la verdad de los hechos, a la justicia, y a garantías de no repetición
Hoy se llevó a cabo un acto de disculpa pública para honrar la memoria de los policías federales Luis Ángel León Rodríguez, Juan Carlos Ruiz Valencia, Bernardo Israel López Sánchez, Jaime Humberto Ugalde Villeda, Pedro Vázquez Hernández, Israel Ramón Usla y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, quienes desaparecieron el 16 de noviembre 2009 en el Estado de Michoacán, mientras cumplían con su deber, acompañados por la persona civil Sergio Santoyo Garcías.
La disculpa pública fue aceptada a nombre de las familias de los policías desaparecidos y de la persona civil, por la señora Araceli Magdalena Rodríguez Nava, madre del policía Luis Ángel León Rodríguez. La disculpa fue ofrecida por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, en nombre del Estado mexicano a las familias de las víctimas por la desaparición, la incertidumbre y la revictimización que han padecido a lo largo de más de 15 años, tiempo en que no han cesado de buscar a sus familiares.
Deficiencias en la actuación de la autoridad
Tras de la denuncia por la desaparición de los seis policías y la persona civil, las circunstancias exactas derivadas de ese hecho no fueron esclarecidas de manera inmediata; tampoco se activaron de manera oportuna los mecanismos de búsqueda. Además, hubo omisiones en la recolección de información clave sobre el operativo en que participaban, y sobre los posibles responsables. Igualmente se perdió un tiempo fundamental para su localización y hubo fallas en la coordinación entre autoridades federales y estatales.
La señora Araceli describió que las familias promovieron quejas ante el órgano interno de control de la policía federal, así como en asuntos internos; en la Secretaría de la Función Pública; acudieron a la Cámara de Diputados; al Senado de la República e instancias internacionales. La desaparición de su hijo fue documentada por Amnistía Internacional en el informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México.
En su búsqueda de justicia fueron víctimas de violencia institucional. Al solicitar la intervención de la autoridad, ésta les respondió que si querían saber de sus familiares los buscaran ellos mismos; les dijeron que habían desacatado sus órdenes; que eran unos desertores y que les estaban iniciando actas por abandono de trabajo.
Al hablar a nombre de las familias, la señora Araceli precisó que esas respuestas constituyeron para ellas un proceso de tortura psicológica continuada que tuvieron que soportar. Las familias llevaron el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió la Recomendación 66/2017, el 4 de diciembre de 2017.
Araceli advirtió que la disculpa pública llega después de años de dolor, silencio y lucha y que asistieron al acto con el peso de la ausencia de sus familiares desaparecidos. Precisó que la disculpa pública “es un paso importante pero no borra el daño ni devuelve lo que les ha sido arrebatado, ninguna palabra llena el vacío que dejó la ausencia, por eso hoy no estamos aquí sólo para escuchar, estamos aquí para recordar que las víctimas tenemos derecho a algo más que palabras, tenemos derecho a la verdad concreta, sin ocultamientos ni medias respuestas”.
Exigió de las autoridades garantías de que los hechos no vuelvan a repetirse, que el Estado transforme sus palabras en políticas públicas y acciones de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno; destacó la necesidad de que haya cursos de capacitación para las autoridades municipales, estatales y federales en proximidad ciudadana y primer contacto, en derechos humanos, entre otros temas diversos, para una diga atención a las víctimas y a la sociedad en general.
Manifestó su esperanza de que en México “nunca más se repitan estas injusticias y que la verdad prevalezca. Las víctimas, dijo, seguirán recordándole al Estado su responsabilidad con la verdad, la justicia, la memoria, la reparación digna y justa y la no repetición de los hechos”.
Por su parte la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto declaró: “hoy acompañamos a las familias de las ocho personas desaparecidas en este gran logro que implica para ellas haber obtenido esta disculpa pública del Estado mexicano, que es un paso significativo para honrar la memoria de sus familiares en su lucha por la reparación integral del daño. Cabe destacar que sigue pendiente que tengan acceso a la verdad de los hechos, a la justicia, así como a garantías de no repetición”.
“En Amnistía Internacional nos mantendremos atentas de que el Estado cumpla el compromiso de continuar la investigación sobre la desaparición de las ocho personas hasta dar con su paradero.
“Es importante destacar también que la desaparición de una persona genera un daño continuo en el tiempo, caracterizado por la incertidumbre y la falta de respuesta del Estado. Luis Ángel y sus compañeros no debieron desaparecer, las familias de los policías y de la persona civil no debieron hacer la búsqueda solas, no debieron verse afectadas en su salud física y mental por la desaparición de sus familiares, no debieron escuchar que éstos eran un expediente, un caso, un número. Hoy estamos aquí para nombrar que el Estado no cumplió y sigue sin cumplir con su deber de prevenir, investigar y sancionar las desapariciones”, agregó Edith Olivares Ferreto.
Información de contexto:
Informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México
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