Una oportunidad histórica para garantizar verdad, justicia, y memoria a las madres buscadoras.

México, cuenta con una oportunidad histórica para prevenir, investigar, sancionar, y erradicar la grave crisis de derechos humanos en materia de desaparición forzada que enfrenta el país. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, (CED, por sus siglas en inglés), de remitir la situación de las desapariciones forzadas en el país, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el “Informe Anual 2026, La situación de los derechos humanos en el mundo”, de Amnistía Internacional; así como la reciente visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk son claves para lograrlo.  

De 2012 a la fecha, como resultado de un diálogo continuo entre el Comité, el Estado parte, víctimas, y otros actores de la sociedad civil,  , así como el Informe del Comité sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención, CED/C/MEX/VR/1, de fecha 16 de mayo de 2022, el Comité urgió al Estado mexicano a adoptar una política nacional eficaz y efectiva de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas. En este sentido se hicieron ochenta y cuatro recomendaciones específicas, entre las que se encuentran: 

Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública; implementar debidamente el marco normativo, jurisprudencial e institucional en todo el país; fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio; facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data; atender la crisis forense; facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial; reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección; proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones; y atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones. 

Sin embargo, al 28 de febrero de 2026, fecha del último Informe Periódico del Comité sobre las Acciones Urgentes, se  habían registrado un total de 819 peticiones de acción urgente relacionadas con desapariciones   en México, donde se señala la colusión entre autoridades y organizaciones criminales, desde detenciones ilegales por autoridades seguidas de entregas de víctimas a grupos delincuenciales, hasta la omisión deliberada de investigar los casos de desaparición cometidos por particulares o por integrantes de organizaciones criminales. 

Por lo anterior, a pesar de las recomendaciones del Comité tras su visita, y aunque México ha promulgado leyes y políticas para hacer frente a las desapariciones forzadas y permitir la investigación de estos delitos, el número de personas desaparecidas sigue aumentando, y la crisis forense y la impunidad continúan prevaleciendo, toda vez que ésta obedece a la existencia de corrupción, en particular por parte de la judicatura local y los gobiernos estatales, lo que impide llevar a cabo investigaciones genuinas, y hacer rendir cuentas a los responsables de alto nivel.  

En este sentido, el pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada, consideró en el documento CED/C/MEX/A.34/D/1, que “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México, es decir, como crimen de lesa humanidad”.  

La anterior consideración del Comité deriva de que, al 19 de febrero de 2026,   existen en el país más de 132 mil 400 personas desaparecidas , conforme al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, además de que el número de personas desaparecidas registradas, y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia a la baja. 

Cabe destacar que la amplitud del fenómeno también se ve reflejada en el incremento de fosas clandestinas localizadas en los últimos años. Si bien las cifras de fosas comunes localizadas en el país varían entre autoridades, actualmente en México, existen más de 4  mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6  mil 200 cuerpos y 4  mil 600 restos humanos.  

A inicios de 2026, las cifras oficiales estimaban alrededor de 72  mil restos humanos sin identificar, en comparación con 52  mil en el momento de la visita del Comité en 2021. En 2025, tres estados representaban el 37% del total de fosas reportadas en el país, de acuerdo con las fiscalías estatales: Sonora, 972 fosas; Veracruz, 523 fosas y Tamaulipas, 541 fosas. 

Por otra parte, conforme a la información recibida por las organizaciones de la sociedad civil, al amparo del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Comité también observó que, en la  mayoría de los casos, ha recibido denuncias fundadas de que los ataques se han llevado a cabo siguiendo patrones en los que han participado directamente algunos servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, o contando con su autorización, apoyo o consentimiento.   

Dentro de los ejemplos proporcionados, destacan los campamentos de reclutamiento forzado encontrados en Tala y Teuchitlán, en Jalisco, que operaron durante años con plena visibilidad, sin que las autoridades actuaran -a pesar de las denuncias de colectivos y comunidades- y que el contexto actual de hallazgo ha demostrado una participación activa del presidente municipal en la operación de dicho municipio, quien presuntamente apoyaba al Cártel Jalisco Nueva Generación con patrullas, armas y maquinaria del municipio. 

El uso clandestino de fosas comunes estatales para ocultar cuerpos que fue descubierto en Morelos, en Tetelcingo y Jojutla, evidenciaron la participación directa de instituciones forenses en el ocultamiento ilegal de restos humanos, lo que llevó a acuñar el término “fosas clandestinas del Estado”, utilizado por colectivos de búsqueda para denunciar estas prácticas. 

En este sentido, el Comité encontró que la información disponible revela indicios fundados de que la mayoría de las desapariciones forzadas denunciadas tuvieron lugar en el marco de varios ataques perpetrados en distintos lugares y momentos sobre el territorio mexicano, de conformidad con una política estatal u organizativa, es decir, políticas concebidas y llevadas a cabo por organizaciones, actuando de forma autónoma, o con la complicidad  de servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal.  

Aunado a la situación de desapariciones generalizadas, en el país imperan la impunidad y la revictimización, toda vez que desde 2018 en sus observaciones finales, el CED ha señalado la falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación, y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio. Esto señala la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, y para la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los procesos de búsqueda e investigación.  

Derivado de lo anterior, las mujeres buscadoras, madres, esposas, hijas, hermanas, no sólo son las principales protagonistas en la búsqueda de sus seres queridos, adentrándose en centros de privación de la libertad, calles, zonas peligrosas, y terrenos baldíos -muchos de ellos donde opera el crimen organizado-, algunas incluso han cruzado fronteras y realizado la ruta migratoria, y , Aante la ausencia y respuesta deficiente de las autoridades, han tenido que convertirse en peritos, investigadoras y acompañantes de otras víctimas, y se han formado en diversos temas como leyes, identificación y análisis de restos, excavación de fosas, y apoyo psicosocial a otras mujeres y familias, además de participar en la exigencia por verdad, justicia y memoria ante la crisis de desaparición.  

Sin embargo, conforme a lo documentado en el Informe Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadores en México, de Amnistía Internacional, al realizar la búsqueda de sus seres queridos, las mujeres buscadoras enfrentan abusos y violaciones a sus derechos humanos, que la mayoría de las veces, se traducen en asesinatos, desapariciones, amenazas, ataques, extorsiones, y desplazamiento forzado, así como también la estigmatización, criminalización, y revictimización, tanto de las autoridades, como de sus propias familias y comunidades a las que pertenecen. Sólo en 2025 se reportó el asesinato de, al menos, siete personas buscadoras.  

Por lo anterior, en 2025, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendó al Estado Mexicano que reconociera formalmente a las mujeres buscadoras como personas defensoras de los derechos humanos, monitoreara las violencias específicas que sufrían y garantizara medidas de protección con perspectiva de género, proporcionara reparación integral del daño y las incluyera en los procesos de verdad y memoria.  

En este contexto, el Comité contra la Desaparición Forzada, puso a consideración de la Asamblea General la necesidad de adoptar acciones orientadas a: 

1. Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado; 
2. Establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan.

En este sentido, a pesar de la desafortunada narrativa de rechazo, , a las declaraciones de integrantes del Comité entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado, la decisión del CED, representa un faro de luz para las mujeres buscadoras, madres, esposas, hijas, y hermanas, que todos los días caminan frente al abismo y enfrentan la oscuridad por la incertidumbre sobre lo que les ocurrió a sus seres queridos, en una profunda soledad. 

Mientras el Estado Mexicano, siga sin garantizar verdad, justicia y memoria, como un derecho humano, desde el momento en que niega el reconocimiento estatal de los hechos, y su responsabilidad, en consecuencia, también niega el acceso pleno a la justicia, la reparación integral del daño, la difusión y preservación de la memoria histórica orientada a la no repetición de los hechos; así como la reivindicación de la dignidad de las víctimas, y el dolor de las madres buscadoras, frente a la importante labor que realizan en la búsqueda de sus familiares víctimas de desaparición forzada.  

Conocer la verdad de los hechos que dieron lugar a las desapariciones, así como sus circunstancias específicas, además de identificar y juzgar a los responsables, coadyuva en una reparación integral del daño,  garantiza su derecho de acceso a la justicia, y es una forma de reconocer la dignidad de las personas víctimas y sus familias. 

Verdad con justicia, reparación integral, y garantías de no repetición en materia de desaparición forzada, permite a las madres buscadoras, reelaborar el duelo, resignificar la vida, construir memoria colectiva, reivindicar la dignidad de las víctimas de desaparición, sostener un espacio de humanidad, resistir ante la indiferencia, y habitar el mundo con esperanza, siendo lluvia en un enorme desierto sin fin.