Basado en 2026 Cifras oficiales, ahí son 805 personas reportadas como desaparecidas en Oaxaca, un estado en México. Según datos de informes de la sociedad civil tales como Red Lupa, Las cifras han ido aumentando en los últimos años, pasando de unos 418 casos en 2022 a más de 700 en 2024–2025, mostrando una clara tendencia al alza. Oaxaca es uno de los estados con el menor número de desapariciones en comparación con otros estados del país. Sin embargo, existe la posibilidad de que las cifras estén infranotificadas, dado que en este estado El 69% de la población se identifica como indígena, el 31% habla una lengua nativa y el 4,7% se identifica como afromexicano, y que en muchas comunidades indígenas el acceso a la justicia es prácticamente inexistente debido a factores como la distancia, la falta de traductores en las fiscalías, etc. 

Según la información disponible, el retraso en la aprobación de la Programa Estatal para el Programa sobre Personas Desaparecidas en el Estado de Oaxaca constituye una violación de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas (Artículo 2)1 y la Ley sobre la Desaparición de Personas del Estado de Oaxaca (Art. 2 Secciones IV y V). 2El Programa tiene como objetivo implementar cursos de acción y estrategias para la colaboración interinstitucional que aborde el problema de las desapariciones forzadas en el estado de Oaxaca. Sirve como marco orientador para la política estatal en la búsqueda de personas desaparecidas, con el objetivo de mejorar la capacidad de las autoridades para responder a las familias, los grupos de la sociedad civil y la población de Oaxaca. 

Según tratados internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas, los Estados están obligados a tomar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y abordar las desapariciones forzadas, incluidas las acciones destinadas a determinar el destino y el paradero de las víctimas. Además, deben adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que los Estados deben fortalecer las instituciones y mecanismos dedicados al registro, localización e identificación de personas desaparecidas, asegurando que dispongan de recursos y coordinación adecuados para llevar a cabo esfuerzos de búsqueda sistemáticos y efectivos.   

En abril de 2026, la Comité de la ONU sobre el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (CED) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), solicitó a la Asamblea General de la ONU que considerara la situación de las desapariciones forzadas en México, señalando las graves y persistentes carencias en los esfuerzos de prevención, investigación y registro. Esta preocupación es especialmente relevante para Oaxaca, donde la falta de aprobación y la implementación efectiva de un programa de búsqueda estatal ha generado alarma entre las familias y los colectivos de búsqueda. La ausencia de un mecanismo de registro plenamente operativo y adecuadamente financiado socava la capacidad del Estado para localizar a las personas desaparecidas y garantizar la verdad y la justicia, reforzando la urgente necesidad de una acción institucional inmediata y el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.