En la tarde del 24 de junio de 2026, dos terremotos golpearon la región norte de Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5. Los terremotos afectaron principalmente a estados densamente poblados, incluyendo La Guaira, Caracas, Carabobo, Falcón, Aragua, Miranda y Yaracuy. Al 29 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que al menos 1.719 personas habían muerto, 5.000 resultaron heridas y 15.000 habían sido desplazadas de sus hogares. Cientos de bloques de apartamentos y otros edificios colapsaron o sufrieron daños estructurales. Estas cifras se consideran ampliamente como insuficientes para reflejar plenamente la magnitud total del daño humano y material causado por los terremotos, ya que se informa que miles siguen desaparecidos y continúan ocurriendo réplicas.

El 25 de junio, Amnistía Internacional emitió un comunicado de prensa alertando sobre el devastador impacto que estos terremotos probablemente tendrían en la población de Venezuela, tras una emergencia humanitaria compleja que ha durado una década y una política sistemática de represión y, de manera crítica, un sistema de salud colapsado. En este sentido, la organización señaló que “el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido severamente restringidos como resultado de años de censura patrocinada por el Estado, incluyendo el cierre de docenas de medios de comunicación, el bloqueo de plataformas de redes sociales como X, y la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos. En el contexto de la actual emergencia humanitaria, la organización enfatiza la importancia crítica de levantar de manera inmediata todas las restricciones indebidas sobre la prensa, las plataformas de redes sociales y los canales esenciales de comunicación en línea. El impacto potencial de no hacerlo podría medirse en vidas perdidas y derechos irreparablemente afectados”. En respuesta a los informes públicos sobre las continuas restricciones y la censura del trabajo de los periodistas en el terreno, este llamamiento sigue siendo fundamental para un plan de respuesta humanitaria efectivo y basado en los derechos. 

Además, Amnistía Internacional declaró que “las ONG de derechos humanos y humanitarias están operando actualmente en un entorno sumamente restrictivo como resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y a atacar cualquier forma de disidencia percibida. Para ofrecer un plan de respuesta de ayuda eficaz, las autoridades venezolanas deben derogar de inmediato la llamada Ley Antiong y todos los demás mecanismos legales que restrinjan, controlen y limiten las actividades lícitas y necesarias de estas organizaciones de la sociedad civil.” Este llamado se ha vuelto aún más urgente para asistir a aquellos grupos más vulnerables a la discriminación y la marginación, a saber, los niños y las personas mayores. La organización ha registrado informes iniciales sumamente preocupantes sobre presuntos casos de niños que podrían haber sufrido graves violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional está monitoreando de manera continua y cercana la situación en el país, en plena solidaridad con el pueblo venezolano, los defensores de los derechos humanos, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos afectados trágicamente por este desastre.