Las autoridades y las fuerzas afiliadas a Hamás en la Franja de Gaza ocupada deben poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de colaborar con Israel, unas ejecuciones que se llevan a cabo sin ningún procedimiento judicial. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Tan sólo el mes pasado, agentes de seguridad de las Brigadas de Al Qassam, brazo militar de Hamás, anunciaron públicamente la ejecución sumaria de un hombre por colaborar con Israel, y manifestaron su intención de ejecutar a otro “informante” unos días después, en el contexto de lo que calificaron de una campaña de seguridad en gran escala.
Un informe de la ONU publicado en junio de 2026 identificó 249 casos de ejecución extrajudicial y violencia física severa en Gaza entre agosto de 2024 y principios de 2026; en al menos 60 de esos casos estaban implicadas fuerzas afiliadas a Hamás. Amnistía Internacional ha investigado y documentado nueve ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilícitos cometidos por fuerzas afiliadas a Hamás inmediatamente después del alto el fuego anunciado entre Israel y Hamás en octubre de 2025.
Aunque las autoridades de Hamás han declarado que han abierto investigaciones preliminares internas sobre esos sucesos, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya hecho rendir cuentas a ningún responsable hasta la fecha. En las últimas semanas, el colapso de la ley y el orden en Gaza, junto con la extrema privación provocada por el genocidio que Israel sigue perpetrando, ha alimentado las tensiones sociales, incluidos los enfrentamientos entre familias.
“Cuando estamos casi en el tercer año del genocidio que está llevando a cabo Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, la traumatizada población civil ya ha soportado un sufrimiento inimaginable y no puede ser sometida a más homicidios, abusos y crueldad. Las autoridades de Hamás deben detener de inmediato todos los homicidios ilícitos, los actos parapoliciales y las detenciones arbitrarias. La restauración del orden público no debe ser nunca una tapadera para cometer violaciones graves de derechos humanos, llevar a cabo represalias o castigar colectivamente a familias enteras”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“Los responsables de ordenar y llevar a cabo tanto ejecuciones extrajudiciales como detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos deben rendir cuentas de sus actos. A pesar de haber anunciado la disolución del comité de gobierno que administra Gaza, Hamás sigue teniendo la plena responsabilidad de prevenir violaciones graves de derechos cometidas por sus organismos y por personas bajo su control, incluidas las Brigadas de Al Qassam y el ‘Sistema de Seguridad de Resistencia’. El nuevo liderazgo del buró político de Hamás debe romper con la arraigada impunidad por los abusos cometidos por sus fuerzas y sus afiliados, y tomar medidas urgentes y concretas para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.”
Un miembro de alto rango no identificado del “Sistema de Seguridad de Resistencia”, un grupo secreto de seguridad e inteligencia que actúa bajo los auspicios de los brazos militares de Hamás y otros grupos armados palestinos, anunció también en la plataforma oficial del grupo en Telegram, Al-Hares, que la ejecución extrajudicial del 1 de julio era el comienzo de una “campaña de seguridad en gran escala” y que “los próximos días serán testigos de las ejecuciones de otras personas implicadas en actos de colaboración con la ocupación”.
Desde el comienzo del genocidio, los grupos palestinos de derechos humanos, incluidos Al Mezan y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, han condenado repetidamente las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilícitos en Gaza, incluidos los cometidos por grupos armados no identificados, y han pedido a las autoridades que investiguen a los responsables y garanticen la rendición de cuentas.
Un informe publicado recientemente por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, de la ONU, identificó 249 casos de ejecución extrajudicial y violencia física severa en Gaza entre agosto de 2024 y enero de 2026, que se saldó con al menos 108 muertes. En al menos 60 de estos casos estaban implicadas fuerzas afiliadas a Hamás. Algunas de estas ejecuciones se llevaron a cabo en público, se filmaron y se anunciaron en páginas afiliadas a Hamás, principalmente en canales de Telegram.
Por ejemplo, el 21 de septiembre de 2025, durante el momento culminante de la campaña de desplazamiento forzado masivo llevada a cabo por Israel en la ciudad de Gaza, un grupo autodescrito como “Sala de Operaciones Conjuntas para la Resistencia” se atribuyó la responsabilidad de la ejecución pública en una calle de la ciudad de Gaza de tres hombres acusados de colaborar con Israel.
Para esta investigación, Amnistía Internacional ha documentado nueve ejecuciones extrajudiciales y un homicidio ilícito; todos estos incidentes menos uno tuvieron lugar inmediatamente después del denominado alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025. Los datos revelan cómo ese mes de octubre de 2025 Hamás y sus fuerzas afiliadas ejecutaron de forma sumaria y pública a ocho miembros de la familia Dughmush, del barrio de Al-Sabra de la ciudad de Gaza, tras acusarlos de colaborar con Israel. Amnistía Internacional también documentó otra ejecución el 1 de julio de 2026.
Asimismo, la organización documentó el homicidio ilícito, a manos de hombres armados enmascarados, de un hombre en octubre de 2025, durante una aparente operación de detención en el campo de personas refugiadas de Al-Bureij, cerca de la calle Salaheddine.
Amnistía Internacional verificó fotos y vídeos, recopiló testimonios de 11 familiares de personas muertas y dos profesionales de la salud, y analizó declaraciones de las autoridades de Hamás y cuentas de Telegram de su brazo militar y grupos armados afiliados.
Amnistía Internacional hizo llegar al liderazgo de Hamás un resumen de sus conclusiones en noviembre de 2025 y envió una consulta de seguimiento en julio de este año. En su respuesta de noviembre de 2025, las autoridades de Hamás declararon que habían abierto investigaciones sobre los incidentes, sin revelar más detalles. En el momento de la publicación este año, no se había recibido respuesta.
Desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas y autoridades de Hamás en Gaza han establecido fuerzas paralelas que actúan casi en su totalidad fuera de cualquier norma legal y llevan a cabo regularmente —y a menudo filman— castigos sumarios contra palestinos, incluidos presuntos saqueadores, interrogan a disidentes y sospechosos de actos delictivos en ubicaciones civiles, asaltan casas de civiles y amenazan a las familias de quienes se les oponen. Los datos recopilados por Amnistía Internacional coinciden con las conclusiones del informe de la Comisión de Investigación de la ONU.
Hamás ha justificado lo que ha calificado de “medidas excepcionales” invocando el “principio del estado de necesidad”, y citando la destrucción, por parte de Israel, de las instituciones judiciales y de seguridad y la necesidad de abordar el caos y hacer frente a las “bandas delictivas”.
“Los homicidios ilícitos no pueden nunca justificarse. El derecho a la vida, a no sufrir tortura y a un juicio justo y el debido proceso debe respetarse en todo momento, incluso en situaciones de emergencia o incluso cuando el sistema judicial se haya colapsado a consecuencia de hostilidades militares activas. Toda persona sospechosa de haber cometido un delito penal, incluidas la traición o la colaboración, debe gozar de pleno respeto de sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la seguridad de la persona y a un juicio justo, sin recurrir a la pena de muerte”, ha declarado Erika Guevara Rosas.
Ejecuciones sumarias de julio de 2026
El 1 de julio, el “Sistema de Seguridad de Resistencia” anunció la ejecución pública en la ciudad de Gaza de un hombre, al que se refirió por sus iniciales y al que acusaba de espiar para Israel. Tras su ejecución, el nombre completo y los datos del hombre en cuestión circularon por las redes sociales, inicialmente en cuentas afiliadas a Hamás, lo que puso a su familia, incluidos sus hijos, en un gran peligro, en un patrón conocido como desanonimización (revelación de datos personales).
Al hombre se le acusaba de informar a las fuerzas israelíes de la ubicación de miembros de alto rango de las Brigadas de Al Qassam, incluido su comandante militar, Ezziddine al Haddad. El grupo lo acusaba de entregar a las autoridades israelíes información que condujo al homicidio, por parte de Israel, de Ezziddine Al Haddad y numerosas personas civiles palestinas. El grupo afirmó que había llevado a cabo la ejecución tras agotar lo que denominó “procedimientos revolucionarios” e investigaciones internas.
Días después, los canales de Telegram asociados a las Brigadas de Al Qassam anunciaron que el “Sistema de Seguridad de Resistencia” había detenido e interrogado a otro presunto informante, sin desvelar más detalles, y tenía intención de ejecutarlo en “unos días”.
Esta declaración se produjo tras la afirmación de un miembro del “Sistema de Seguridad de Resistencia” de que la ejecución del 1 de julio sería el inicio, lo que suscitó la preocupación de que pudieran producirse más ejecuciones sumarias.
La ejecución extrajudicial de ocho miembros de la familia Dughmush
En torno al 10 de octubre de 2025 estallaron los enfrentamientos entre Hamás y miembros de la familia Dughmush, justo después de anunciarse el alto el fuego con Israel. Los enfrentamientos comenzaron cuando las fuerzas afiliadas a Hamás trataron de llevarse a miembros de la familia de un hospital de campo cerca de Al-Sabra, en la ciudad de Gaza, donde habían buscado refugio de los ataques israelíes, y los acusaron de saquear el hospital y utilizarlo para almacenar armas y explosivos.
Durante los enfrentamientos armados con miembros armados de la familia Dughmush, las fuerzas de Hamás rodearon el barrio de la familia en Al-Sabra durante una semana; murieron al menos cuatro miembros de la familia Dughmush y al menos un miembro de Hamás. Durante el asedio de Al-Sabra, las fuerzas de Hamás y sus afiliados también saquearon, quemaron y destrozaron casas en la zona. Amnistía Internacional recibió imágenes de dos casas del barrio en las que se veía el estado en el que habían quedado después de los daños y el saqueo.
En paralelo a los enfrentamientos, el 13 de octubre de 2025, ocho miembros desarmados de la familia Dughmush fueron ejecutados extrajudicialmente en público, acusados de colaborar con Israel.
Un vídeo distribuido en las cuentas de redes sociales afiliadas a Hamás y verificado por Amnistía Internacional muestra a ocho hombre encadenados y con los ojos vendados —algunos de los cuales están vestidos sólo parcialmente y parecen mostrar señales de heridas anteriores— a quienes unos hombres enmascarados arrastran hasta un espacio abierto en la calle Al-Thalathini, una de las calles principales de la ciudad de Gaza. A los ocho los mataron por disparos a corta distancia.
Entre los ocho hombres ejecutados extrajudicialmente se encontraban los familiares de una mujer palestina que habló con Amnistía Internacional y cuyo nombre se oculta para protegerla.
“Los ocho se habían entregado tras habérseles prometido un juicio justo, sólo para ser ejecutados públicamente dos horas después”, contó.
El relato de esta mujer coincide con la información proporcionada a Amnistía Internacional por otros dos residentes a quienes se entrevistó por separado y que dijeron que la decisión de que los hombres se entregaran se tomó para poner fin a los combates, tras recibir garantías de que no sufrirían daño.
La esposa de una de las víctimas contó que su esposo la había llamado la noche antes de que lo mataran, pidiéndole que cuidara de sus hijas. La mujer dijo:
“Tanto mi esposo como mi hijo fueron ejecutados. A mi hijo lo torturaron antes de su ejecución, tenía las uñas rotas […] Mi esposo era un hombre amable y honrado que siempre se opuso a la ocupación israelí […] Quiero que todo el mundo sepa que nuestra familia no fue colaboradora, y que quienes ordenaron sus muertes deben comparecer ante la justicia”.
Los familiares que asistieron al entierro de las ocho víctimas dijeron a Amnistía Internacional que los cadáveres mostraban señales visibles de tortura.
Algunos familiares informaron más tarde de que habían recibido llamadas de miembros de Hamás disculpándose y sugiriendo que algunos hombres habían sido ejecutados por error.
En su respuesta a Amnistía Internacional, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y Jurídicas de Hamás, el Dr. Mousa Abu Marzouk, declaró que habían abierto una investigación preliminar interna sobre el incidente de la familia Dughmush, y afirmó que las fuerzas de seguridad habían actuado como una “reacción inmediata sin consultar con las autoridades superiores”.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguno de los implicados en los homicidios, o en cualquier otra ejecución extrajudicial en los últimos tres años, ha sido investigado, no digamos ya obligado a rendir cuentas. Eso incluye a los autores de homicidios de civiles a manos de hombres armados afiliados a Hamás tras “errores de identidad”.
Un caso destacable es el homicidio de Islam Hijazi, trabajadora de ayuda humanitaria palestina, cuyo automóvil fue alcanzado por 90 balas en Jan Yunis en septiembre de 2024. A su familia le dijeron más tarde que su homicidio se debía a un error en la identificación, pero según la información de que dispone Amnistía Internacional ninguno de los responsables de realizar los disparos o de ordenar la emboscada fue investigado.
El homicidio ilícito de Hisham al Saftawi
Amnistía Internacional también documentó el homicidio ilícito de Hisham al Saftawi, de 57 años, en el campo de personas refugiadas de Al-Bureij el 17 de octubre de 2025. Su esposa, Najah, presenció cómo unos 30 hombres armados y enmascarados, que se identificaron como miembros de las Brigadas de Al Qassam, irrumpieron en su casa poco después de la oración del amanecer. Cuando Hisham al Saftawi se negó a obedecer la orden de detención, uno de los hombres le disparó por la espalda.
Najah oyó al hombre que parecía estar al mando del grupo preguntar al que había abierto fuego: “¿Quién te ordenó que dispararas?”. Hisham al Saftawi murió en el hospital a causa de sus heridas un día después.
Su hermano, Said al Saftawi, expresó la falta de fe de la familia en la investigación emprendida por Hamás: “No puedes confiar en que el verdugo se investigue a sí mismo. Pedimos una investigación independiente y que quienes dispararon a mi hermano y quienes ordenaron su detención rindan cuentas de sus actos”.
En su respuesta a Amnistía Internacional, Hamás confirmó una investigación oficial sobre el homicidio de Hisham al Saftawi, alegando que le habían “disparado accidentalmente“ cuando intentaba huir y que se le buscaba por delitos penales. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades de Hamás no han informado a la familia de los resultados de su presunta investigación, y ninguno de los implicados en el homicidio de Hisham al Saftawi ha rendido cuentas de sus actos. Las autoridades de Hamás no han indicado que vayan a considerar otorgar reparación por el homicidio.
“Deben llevarse a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre todos los homicidios que hayan tenido lugar en el contexto del enfrentamiento armado entre Hamás y la familia Dughmush, incluidos los homicidios que parecen haber sido cometidos fuera de cualquier intercambio de disparos, así como la ejecución pública de los ocho miembros de la familia Dughmush. Asimismo, la familia de Hisham al Saftawi debe recibir justicia por el homicidio ilícito de su ser querido”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Información complementaria
Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha impuesto a la población palestina de la Franja de Gaza unas condiciones a la vida que han contribuido al desmantelamiento del orden público, la destrucción del tejido social de Gaza y el aumento del caos y la anarquía. Las fuerzas israelíes atacaron las estructuras tradicionales judiciales y de cumplimiento de la ley y, al parecer, lanzaron ataques contra policías y agentes de seguridad, al tiempo que armaban y respaldaban a las milicias locales opuestas a Hamás, que actúan en zonas en las que las fuerzas israelíes están totalmente desplegadas. Estas milicias también han participado en abusos y violaciones del derecho internacional, incluidos homicidios públicos al estilo de ejecuciones de presuntos miembros de Hamás.
Desde la ocupación de la Franja de Gaza en 2007, las autoridades de Hamás han eludido investigar de forma independiente presuntos abusos y actos indebidos cometidos por sus miembros y fuerzas. Hasta que comenzó el genocidio perpetrado por Israel, los tribunales de Gaza bajo la autoridad de Hamás continuaron dictando y ejecutando condenas a muerte por delitos tales como el asesinato, la colaboración y la traición, a menudo tras juicios plagados de irregularidades.
Durante las ofensivas pasadas lanzadas por Israel en la Franja de Gaza ocupada y después de ellas, las fuerzas afiliadas a Hamás recurrieron también repetidamente a las ejecuciones sumarias públicas de presuntos colaboradores fuera de todo marco judicial y con total impunidad; algunos de esos casos fueron documentados por Amnistía Internacional durante la ofensiva de 2014.
Amnistía Internacional ha documentado violaciones de derechos cometidas por Hamás y sus afiliados a lo largo de muchos años, entre ellas ejecuciones extrajudiciales de presuntos colaboradores, castigos sumarios, restricciones a la libertad de expresión y represión de la disidencia pacífica, por medios como amenazas, desanonimización (revelación de datos personales), intimidación y tortura y otros malos tratos.
Amnistía Internacional, mientras sigue documentando estas violaciones de derechos, reitera sus llamamientos a Israel para que ponga fin a su genocidio en curso, su apartheid y su ocupación ilegal de territorio palestino, y que cumpla con sus obligaciones como potencia ocupante, con medidas como garantizar que la ayuda humanitaria y los productos y servicios esenciales pueden llegar a todas las partes de la Franja de Gaza, y permitir que la población palestina desplazada regrese sin peligro a sus hogares.
